Sentencia SP9809-2015 de julio 29 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 43.776

(Aprobado Acta 259)

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá, D.C., veintinueve de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En orden a derruir la doble presunción de acierto y legalidad que recae sobre el fallo de segundo grado, el recurso extraordinario de casación debe ser elaborado respetando las formalidades técnico-jurídicas previstas en la ley y la jurisprudencia, según se trate de cada una de las causales establecidas en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000.

En ese sentido, la demanda debe ser íntegra en su formulación, suficiente, clara y precisa en su desarrollo y eficaz en la pretensión, de tal suerte que se debe soportar en los principios que rigen este mecanismo de impugnación, en especial, los de claridad, fundamentación, prioridad, no contradicción y autonomía, sin que sea viable argumentar a la manera de un alegato de instancia. La proposición de los cargos requiere escoger adecuadamente la causal y el sentido de la violación y, concretar el disenso en términos de trascendencia.

De conformidad con el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal del 2000, la Sala inadmitirá el libelo, porque no reúne las exigencias mínimas previstas en el canon 212 del mismo estatuto.

1. Frente al primer cargo, se impone establecer que cuando se predica un error de hecho, en el sentido de falso raciocinio, se debe demostrar que el ejercicio valorativo del funcionario judicial es trasgresor de los postulados de la lógica, de las leyes de la ciencia o de las reglas de la experiencia, es decir, de los principios de la sana crítica como método de apreciación probatoria.

Con tal fin, el demandante debe señalar con exactitud el medio de prueba sobre el que recae el yerro, identificar aquello que expresamente dice y se deduce de él, el mérito persuasivo otorgado al mismo por el juzgador, indicar y desarrollar con precisión la regla lógica, la ley de la ciencia o la máxima de la experiencia aplicada erradamente al realizar el proceso valorativo de los medios de prueba, así como la que apropiadamente le debió servir de apoyo, la norma de derecho sustancial que indirectamente resultó excluida o indebidamente aplicada o interpretada y, finalmente, demostrar que de no haberse incurrido en el defecto, el sentido de la decisión adversa habría sido sustancialmente opuesto.

1.1. En el caso de la especie, los yerros del defensor son protuberantes, en especial, porque no identifica en ningún apartado de su extensa argumentación, el axioma que equívocamente habría sido empleado, ni el que, en su lugar, tendría que regir el asunto. En otras palabras, no indica ni mucho menos prueba que alguna regla de la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia concreta fue mal empleada por la judicatura al realizar el proceso valorativo del plexo probatorio, ni detalla la que acertadamente debió fungir de soporte.

1.2. A su turno, expuso el recurrente que los juzgadores no motivaron razonadamente sus decisiones en relación con la prueba aportada al plenario. Con tal aserción, no solo equivoca la ruta de ataque al confundir las falencias de motivación con el error de hecho por falso raciocinio, sino que vulnera el principio de autonomía que rige el recurso de casación, por cuanto no es posible apoyar el ataque en un sentido (vía indirecta), y desarrollarlo por otro totalmente opuesto, incluso por sus consecuencias jurídicas, como es el de la nulidad, en punto de la ausencia o falta de motivación de las sentencias.

1.3. Infringe el libelista también, el postulado de claridad del recurso, en la medida que desconoce los medios indiciarios como métodos de construcción lógica para acreditar la responsabilidad penal, puesto que manifiesta que a su poderdante ningún declarante lo acusa de manera directa del delito imputado; en sí, propone, de manera sesgada, una tarifa probatoria para condenar que de suyo es obsoleta en la ley procesal colombiana.

1.4. Si a lo precedente se le adiciona la postulación de un supuesto cercenamiento probatorio, en relación con las declaraciones traídas por el letrado al caso, la ruptura del principio de autonomía se hace nuevamente patente, porque del falso raciocinio se pasa ipso facto al falso juicio de identidad, esto, cuando alude a los testimonios de F.P. y J.Q., los que según el abogado fueron apreciados a medias

1.5. En verdad, como si fuese un escrito de libre sustentación, el libelista enuncia una multiplicidad de temas, sin percatarse que el sentido de ataque aludido no se presta para acudir voluntariamente a una indiscriminada argumentación porque ello conlleva el inmediato rechazo del cargo propuesto.

Véanse algunos puntos concretos de la censura para acreditar lo recién expresado:

1.5.1. Asevera el demandante que i) P.M. incriminó a su poderdante al manifestar que era una cabeza visible del paramilitarismo de la región, ii) su renuncia no obedeció a nada distinto sino a los celos del comandante alias “Danilo”, porque la mencionada dama tenía una relación sentimental simultánea con un enfermero de nombre J.M., iii) la intención de ella no era dimitir de la gerencia del hospital, sino pedir una licencia y iv) su retiro de la entidad nada tiene que ver con la responsabilidad de su asistido.

Como se puede observar, el defensor no hace más que oponer su criterio por encima del de los falladores, pues construye su reproche en sede de credibilidad, aspecto este que no es susceptible de ser atacado en casación sino únicamente cuando se demuestra que las estimaciones de los juzgadores han vulnerado el sistema crítico de persuasión racional, que no es el caso, dado que el censor no hizo ningún esfuerzo por establecerlo.

Por vía de ejemplo, nótese cómo el actor, de manera sesgada, señala que la entonces gerente del referido centro de salud quería pedir una licencia y no renunciar, cuando es ella misma, quien aclara que los paramilitares le insistieron en que solicitara una licencia, pero ella, por temor, prefirió declinar del cargo.

De igual manera, más allá de su solo parecer, el demandante no explica cuál es la incidencia de los supuestos celos de alias “Daniel”(sic) en la renuncia de P.M., máxime si se considera que, ella fue específica en sostener que la razón que motivó su renuncia fueron las amenazas que, a través de N.P. recibió de las AUC.

1.5.2. Advera el libelista, asimismo, que los juzgadores desestimaron las pruebas que demostraban que su prohijado solo presentó su hoja de vida, sin que él hiciera alguna manipulación ilegal para que lo nombraran como gerente del hospital, además que nadie puede decir que el procesado insultaba o maltrataba a sus trabajadores.

Al respecto, se tiene que, si los funcionarios judiciales desecharon los medios aportados por la defensa, ello no vislumbra ningún yerro, y menos por falso raciocinio. En verdad, al corroborar la eficacia demostrativa del acervo probatorio, los jueces de conocimiento le imprimieron mayor valor al conglomerado probatorio incriminatorio y, de contera, rechazaron aquellos que no tenían dicha entidad. Es así que los falladores optaron por creer, por ejemplo, conforme al testimonio de J.Q., que el acusado fue presentado en la Casa de la Cultura por N.P., el día en que se votó el cuarto renglón para la Cámara de Representantes.

Se desvela así, pues, el verdadero ejercicio crítico de los juzgadores, más ningún defecto de los que pretende acreditar el profesional del derecho.

1.5.3. Para el censor no es entendible que los falladores le hayan otorgado mérito a las declaraciones de A.N. y J.Q., principalmente, por estar siendo o haber sido cuestionados por delitos contra la administración de justicia colombiana y el patrimonio económico, en su orden. No es lo mismo, dice, darle credibilidad a una persona honrada que a un delincuente, además, porque el primero no estaba en la región para la época de los hechos y no podría haberse enterado de las conductas ilegales atribuidas a su prohijado, y el segundo es un mentiroso, entre muchas otras afirmaciones con las que sustenta el cargo.

La credibilidad no es un concepto frágil como para pretender resquebrajarla con simples aseveraciones individuales. Se requiere que la censura sea desarrollada partiendo de los eventuales yerros de la judicatura al aplicar las leyes de la sana crítica, tópico completamente ignorado por el defensor, pues nada aporta acerca de la razón por la que habría que desecharse, necesariamente, el dicho de personas sometidas a investigación penal.

Repárese, en este punto, que para el tribunal no fueron ajenas las razones argüidas por la defensa para demeritar el testimonio de A.N., concretamente, las relativas a la ausencia del testigo en el municipio para la época de los hechos y su “personalidad querulante”(78), cuestión que llevó al ad quem a conferirle mérito suasorio indirecto, solo en la medida que “sus asertos son ratificados por las personas a las que directamente atañen, denotando coherencia y soporte en otros elementos de convicción”(79).

1.5.4. El jurista rechaza cualquier vinculación de su mandante con los líderes de las AUC y niega que se hubiese reunido en alguna ocasión con ellos para asociarse en lides políticas. En sí, expresa que los testigos de cargo son falaces porque su prohijado nunca presentó su hoja de vida a los paramilitares, jamás ingresó de la mano de N.P. a una de esas reuniones para evidenciar el apoyo que le estaba dando ese grupo ilegal y tampoco nombró a familiares o gente de las AUC cuando se desempeñaba como era (sic) gerente del hospital(80). Igualmente, destaca que un desmovilizado declaró que J.Q. le ofreció dinero para que declarara contra el acusado, entre otras aserciones hechas por el recurrente, por medio de las cuales hace hincapié en que los referidos aspectos fueron desatendidos por los sentenciadores.

Estos tópicos lo único que muestran, como la Sala lo viene indicando, es la absoluta ausencia de metodología en la sustentación de la censura propuesta, en tanto su desarrollo no se puede asumir como un alegato de libre importe, acumulativo de ideas que no consolidan la verdadera naturaleza del falso raciocinio evocado.

Obsérvese, además, que el censor incurre en múltiples incoherencias lesivas del principio de no contradicción, al negar, por un lado, la asistencia de su cliente a las reuniones convocadas por las AUC, admitir su comparecencia a una de ellas, por otro, aceptar que alias “Danilo” indagó por su ausencia en alguno de esos mítines e ignorar, convenientemente, que si bien no fue elegido para ocupar el cuarto escaño en la lista para la Cámara de Representantes, ello generó en dicho comandante paramilitar cierta molestia porque quien gozaba del apoyo del grupo armado al margen de la ley era, precisamente, E.B., tal como la misma esposa del sujeto finalmente elegido lo narró.

La falencia demostrativa es aún mayor, cuando sostiene el casacionista que sus afirmaciones fueron ignoradas por la judicatura, alejándose abruptamente del yerro denunciado, en la medida que si no fueron tenidas en cuenta por los falladores, el ataque no podía ser intentado por la ruta enunciada, sino por la del falso juicio de existencia por omisión de los medios allegados legalmente al proceso.

1.5.5. Así mismo, manifiesta el letrado que los testimonios no fueron sometidos “al tamiz de la verificación”, en punto de si eran testigos directos o de oídas, demostrando con tal planteamiento, su profundo rechazo a las inferencias realizadas por las instancias y, en el fondo, insistiendo en una anacrónica tarifa legal.

1.5.6. Finalmente, la fuente indiciaria presentada a favor de su prohijado o los llamados contraindicios, hace parte de ese arsenal de argumentos insustanciales en sede extraordinaria, justamente, porque no están a tono con la filosofía propia del falso raciocinio.

El tribunal confirmó la decisión de condena contra el procesado E.B., otorgándole credibilidad a los testimonios de A.N., J.Q., F.P., R.M. y M.M., quienes lo relacionan fehacientemente con los paramilitares. De ahí que, la pertenencia del inculpado a la empresa política liderada por integrantes de ese grupo ilegal armado, se obtuvo por el método de inferencia lógica —como bien lo acredita el defensor al inicio de la sustentación del cargo—, a partir de la cual, los aludidos testigos expresan que él fue observado de la mano de varios de los líderes de las AUC que se asentaron en la región, quienes le brindaron su apoyo desde su arribo al cargo de gerente del hospital, hasta su culminación como burgomaestre del municipio de Astrea, Cesar.

Así concluye el tribunal la responsabilidad del acriminado:

Al vincularse los procesados con el proyecto político de las AUC en el municipio de Astrea, como parte del denominado G8, se patentiza la existencia de una alianza de gran envergadura con distintos componentes como el militar, el económico y el político, que acarreaba actividades tendientes al afianzamiento y promoción del grupo armado ilegal, cuya estrategia se enfocaba en el dominio territorial que sirviera de plataforma al apoderamiento del aparato estatal en los diversos niveles, participando del propósito de impulsar e imponer candidatos a cargos de elección popular a fin de obtener y preservar el control en las instancias de decisión.

Así las cosas no se requería probar que los precitados se concertaron para cometer otros delitos, bastando demostrarse, como ocurrió, que lo hicieron para promover el grupo armado ilegal. Tampoco es imprescindible para la configuración del ilícito la obtención de un beneficio específico, habida cuenta que la conducta ilegal se estructura con la sola incorporación al contubernio(81).

El primer párrafo citado trae consigo las conclusiones de las inferencias lógicas realizadas por el juez pluripersonal, que no fueron desarrolladas por el defensor. Ignora el jurista que, a partir de dichas consideraciones, construidas con base en los testimonios relacionados, le correspondía iniciar un verdadero ataque conforme al juicio incriminatorio empleado por los juzgadores.

Por lo demás, el libelista tampoco propuso una argumentación objetiva y puntual para descartar la coautoría por cadena de mando de funcionarios públicos de la categoría de su prohijado, puesto que este era un aspecto trascendental que determina la vinculación o no de su mandante a las AUC, y, a su turno, su potencial responsabilidad penal. En otras palabras, si el defensor únicamente menciona el referido asunto, sin ningún otro sustento coherente, su pretensión deviene insustancial por no abarcar los supuestos esenciales de la imputación atribuida a su prohijado.

Repárese, frente a la responsabilidad penal del procesado, que la primera instancia plasmó, entre otras, las siguientes reflexiones:

Y como consecuencia de la programación del control de las autodefensas que vemos, otro tanto ocurre con E.B., cuyo nombramiento se hiciera para la dirección del hospital, de quien dan cuenta los testimonios ampliamente reseñados, que fue N.P., quien lo trajo de vuelta al municipio de Astrea, cuando estaba desempeñándose en la gerencia de la EPS Medico Social, en la ciudad de Santa Marta, y de estar en esta distinguida posición, sin una razón realmente válida se traslada a un municipio del cual en voces de los propios encausados lo único que tiene relevante fuera de la Alcaldía es el Hospital, sin embargo la entidad constituye como tal un centro de poder y control, que para las autodefensas resultaba útil en sus propósitos y requerían de una persona de su lado. Es el propio E.B., quien informa acudió al llamado de J.S., quien estaba de alcalde, y le pidió le colaborara, porque no había otra persona en el pueblo que se encargada (sic) de la gerencia dado que: “la doctora P.M. estaba realizando una excelente gestión en la gerencia del hospital y que el hospital no se podía entregar a una persona que llegara a improvisar” (sic) sin embargo, como la misma P.M. y su progenitor A.M., dieron cuenta se le presionó e intimidó de tal manera que temiendo por su vida prefiere renunciar y alejarse del municipio.

Cierto es que se allegó el testimonio de personas como L.P., quien siendo habitante del municipio, afirma no tener conocimiento de la presencia de las autodefensas, otros como H.R., reconoce en una primera intervención la presencia de las autodefensas, pero dando a entender estaban solamente en el área rural, sin embargo en ampliación reitera la presencia del grupo armado en el municipio y su intervención directa en las actividades políticas como la elección al cuarto renglón de la Cámara, en la que dej[ó] en claro el control de la organización ilegal y la conformación del G-8 (grupo de municipios del área), para reforzar la fuerza del poder de las AUC en la zona, así como la presencia en tales eventos de personajes como N.P. y E.B., siendo enfático en señalar, las autodefensas sí forzaron la salida de la doctora P.M. del hospital, develando con ello que los sucesos narrados por el denunciante, ocurrieron del modo en que este los indicó y fueran ratificados por otros de los testigos de cargo, como la tía de P.M., señora M.M., que a su vez es la esposa de J.S., y de quien se entendería presentara dichos comentarios a la verdad, a sabiendas del perjuicio que pudiera causarle a este. Y en la secuencia del control del poder y tal como señalaron los testigos en la actuación, efectivamente llega a la Alcaldía E.B., quien no tuvo oportunidad de culminar su período dado el avance de la investigación de la Fiscalía, que terminó con su vinculación a este (sic) actuación dado el caudal probatorio en su contra.(82)

Así mismo, la juez de conocimiento esgrimió, respecto al delito imputado, las siguientes reflexiones:

Pues bien, bajo tales precedentes, debe advertir esta funcionaria, que con las pruebas allegadas al plenario, se logró establecer y deducir la existencia de un acuerdo de voluntades entre un número plural de personas con el fin de cometer delitos con permanencia en el tiempo, encaminados a obtener, el control institucional de la población, y quienes no seguían las políticas trazadas por la organización delincuencial se veían sometidos a las represarías, de las cuales los propios acusados como expresamente lo dijera en su indagatoria y en sus posteriores intervenciones J.S., dando cuenta (…) por ejemplo cuando avisa al aquí denunciante A.N., para que no vuelva a Astrea, cuando este era alcalde del municipio, porque “los paramilitares lo iban a matar”, y cuando da cuenta el propio N.P., que desobedecer órdenes de los comandantes conlleva a exponer la propia vida, lo cual indica que estando dentro de la organización armada al margen de la ley, tenían claras las consecuencias de incumplir las órdenes programadas en su mando vertical [por] los cabecillas de la organización.

Frente a la responsabilidad que se atribuye a N.P., J.S., G.L. y E.B., resulta claro que su comportamiento tal y como la fiscalía instructora lo endilgó, resulta agravado dado que conforme a la descripción normativa, por ser cabecilla, miliciano el primero de ellos y coautores, de una coautoría (…) impropio o (…) funcional, por el dominio frente al hecho, dado que se encuentra un acuerdo común, la división de tareas y el aporte esencial, lo cual implica actuar conscientemente, cuando se presenta el consenso para lograr los fines del grupo al margen de la ley por personas quienes en su condición privilegiada de contar con el apoyo de la comunidad, asumen la responsabilidad frente a la sociedad que debe ahora reprocharse jurídicamente con una pena agravada (…).

[…] y en cuanto a E.B., en sus condiciones como médico, no tiene esta juzgadora para poner en duda sus actividades en el área de la salud por la comunidad. Definitivamente no pone en duda esta juzgadora la capacidad de estos tres personajes para manejar la comunidad, pero es justamente de esa capacidad de liderazgo y reconocimiento público que se valieron para desarrollar sus actividades en pro de la organización armada al margen de la ley, y este es el tópico que les resulta aún más reprochable, porque aprovechando su condición frente a la comunidad, es que permiten el desarrollo de las actividades paramilitares que lograron el público y reconocido dominio de dicho grupo armado ilegal en el Municipio de Astrea - Cesar(83).

Las anteriores consideraciones no se pueden ignorar o desviar con simples anuncios descalificatorios contra los testigos de cargo. Debe evidenciarse un real dislate judicial para desquiciar los argumentos plasmados en los fallos condenatorios —que por tener una identidad confirmatoria— se muestran sólidos y atados de manera inescindible a un solo cuerpo.

Estas razones abundan aún más para entender que la censura se debe inadmitir. En efecto, se insiste en que, la sustentación del mismo obedece a un escrito de instancia por las constantes críticas probatorias sin ningún hilo conductor, por el rechazo de tajo a las mismas reflexiones judiciales, al decir por ejemplo que los testigos mienten o que lo que dicen es falso.

2. En relación al segundo cargo concebido por la ruta del falso juicio de existencia por suposición probatoria, los yerros también son evidentes.

Se incurre en la infracción indirecta de la ley sustancial por error de hecho en el sentido aludido, cuando el sentenciador desatiende o inventa un medio de persuasión no allegado al plenario, confiriéndole entidad probatoria. Para demostrar esta clase de error el recurrente tiene la carga de señalar la prueba materialmente supuesta e indicar, cómo de no haber sido valorada al tiempo con los demás medios de persuasión, las conclusiones adoptadas en el fallo habrían sido sustancialmente diferentes y favorables a su pretensión.

2.1. En el caso de la especie, de entrada se advierte la ausencia de suficiencia del cargo propuesto, en la medida que, de un lado, no es cierto que algunos de los medios de prueba que se estiman ignorados, no hayan sido sopesados por las instancias y, de otro, el recurrente no demostró la trascendencia del mismo, es más ni la menciona, con lo cual todo el ataque convoca a su ineludible inadmisión por falta de idoneidad.

2.1.1. Cuando el profesional del derecho reclama, para cimentar la sentencia condenatoria, un informe oficial sobre las personas que componen determinada organización criminal, sus niveles de mando, estructura y demás, lo que está sugiriendo —en el fondo y en la forma— es que en Colombia no se puede condenar a nadie sino con base en una determinada tarifa probatoria, la cual se encuentra proscrita de la legislación procesal penal.

2.1.2. Así mismo, arguye el defensor que no puede condenarse a su mandante porque los postulados de justicia y paz no lo han nombrado, como para pensar que él cooperaba con ellos o era parte integral de esa fuerza ilegal paramilitar. Tal afirmación además de ser insustancial para sus pretensiones, muestra lo desafortunado del pensamiento del casacionista, en tanto no solo pretende la absolución de su procurado con pruebas que no se han allegado legalmente a esta actuación, y que —en gracia de discusión— en nada contradicen o desmienten las incriminatorias que aquí se recopilaron, sino que insiste en contrariar el sistema de libertad probatoria.

2.1.3. Al indicar el letrado que las conclusiones del tribunal son suposiciones, porque expresó que para verificar la materialidad del delito de concierto para delinquir, no se requería convalidar los demás delitos acordados, ni los fines, solo la demostración objetiva de su conformación ilegal organizada, se advierte la irrelevancia del yerro enrostrado, porque su ataque es de comprensión dogmática, más exactamente la ajustada por esta Sala en múltiples decisiones, algunas de ellas citadas en el fallo de primer nivel, que explican de modo claro y objetivo cuándo se presenta la consumación del punible en mención.

El libelista lo que cuestiona, entonces, es la adecuación típica y, como ello es así, la vía de ataque jamás será la seleccionada por él, sino la directa, de tal suerte que, al intentar este reproche por la senda del falso juicio de existencia se lleva de tajo el principio de autonomía, varias veces aquí recordado.

Es más, en este punto, resulta valioso recordar lo establecido por la Corte —citado por la a quo—, acerca del delito en cuestión (CSJ SP, sep. 15/2010, Rad. 28.835):

Igualmente, considerando genéricamente la estructura del punible “la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que:

El delito de concierto para delinquir, presupone la existencia de una organización, así esta sea rudimentaria, conformada por un grupo de personas que previamente se han puesto de acuerdo, o han convenido llevar a cabo un número plural de delitos y de ese modo lesionar o poner en peligro indistintamente bi[e]nes jurídicos bajo circunstancias no necesariamente singularizables “bien concurriendo cada uno de los plurales agentes a realizar de manera integral y simultánea el comportamiento reprimido en la ley —coautoría propia—, o mediante una división de trabajo con un control compartido del hecho o con dominio, de manera que cada autor al brindar un aporte objetivo a la ejecución del delito realiza la voluntad colectiva(84).

También tiene dicho la Sala que el delito de concierto para delinquir es autónomo, que para su consumación basta el acuerdo de cometer indeterminados ilícitos, que estos, si se cometen, alcanzan vida jurídica propia e independiente de aquel. Vale decir, el concierto punible existe independientemente de si los delitos indeterminados que resultaren pueden catalogarse como continuados, o como concurso genérico y simple(85).

Nótese como nada dice el censor acerca del aludido marco jurisprudencial, además que se observa que la omisión a tales parámetros dogmáticos, por parte del jurista, es producto de la subjetividad que impregna todo el ataque, con el fin de pretender desacreditar, sin ninguna clase de rigor, lo puntualizado en instancias.

Así las cosas, como el quehacer jurídico del demandante se nutre de simples especulaciones, que no se avienen al caso, la censura será inadmitida.

3. De cara al tercer cargo, postulado conforme al falso juicio de existencia por omisión probatoria, debe advertirse que tampoco tiene la entidad para ser seleccionado. Los motivos son los siguientes:

3.1. Desconoce el censor las amplias y juiciosas consideraciones de los juzgadores, en punto de las declaraciones que involucran a su defendido en el delito por el que se le condenó, las cuales diezmaron paso a paso aquellas pocas que lo favorecían, como la de C.D. y M.O., quienes informaron que el procesado era ajeno a los paramilitares.

Además, el censor vulneró el principio de corrección material pues los testimonios aludidos sí fueron traídos a las consideraciones por la juez de conocimiento, en el acápite de “Análisis jurídico, procesal y probatorio”(86), cuando los resumió por separado a folios 129 y 130 del cuaderno original número 10, donde reposa la sentencia que condenó a E.B.

3.2. Advera el abogado que a su protegido jamás lo apoyaron las AUC para ser nombrado como gerente en provisionalidad del hospital de Astrea, que en ningún momento asistió a alguna reunión con los paramilitares, y que es falso que hubiera aportado su hoja de vida —según lo narra F.P.—, para aspirar a un cargo público. Estas premisas muestran la intranscendencia de la censura, por cuanto son simples afirmaciones, carentes de todo apoyo probatorio, que hacen parte de un escrito libre y sin ninguna metodología.

3.3. Añade que debieron estudiarse los antecedentes criminales de los testigos de cargo A.N. y J.Q., quienes fueron o están siendo investigados por delitos contra la administración pública y el patrimonio económico, respectivamente. Es cierto que nada se dijo acerca de este aspecto en los fallos, pero, tampoco explica el censor por qué motivo deben excluirse estos testimonios sin que previamente hubiesen sido sentenciados por el punible de falso testimonio, como para iniciar el juicio suasorio sobre tales manifestaciones.

Menos aún indica el recurrente por qué razón cuando solicita etiquetar personas que están siendo investigadas o que se encuentran condenadas, es prohibido en la legislación procesal colombiana tenerlas como testigos de cargo, tanto como para impedirles narrar los hechos y circunstancias que les conste, hayan percibido, distinguido o apreciado. Y por qué un derecho penal peligrosita como el que propone el casacionista, tiene que perdurar en el tiempo, soslayando los más mínimos derechos judiciales de los ciudadanos, verbi gratia, el deber de declarar.

3.4. Anuncia el letrado que era necesario valorar todos los testimonios, entre ellos, los de N.P., H.A. y M.V., que narraron la relación sentimental entre el jefe paramilitar alias “Danilo”, con la médica P.M. (ex gerente del hospital). Sin embargo, el censor omitió, convenientemente, la tarea de traer a sus consideraciones la valoración que del tema propuesto, inmerso en la declaración de M.M., se hizo en la sentencia de primera instancia, la cual es del siguiente tenor:

(…) da cuenta que su sobrina [P.M.] había viajado a Bucaramanga para un seminario con permiso, pero cuando llegó la noticia que los “señores” (se refiere a los paramilitares), querían que ella tomara una licencia de 3 meses, ella regresa y la abordan para insistir en la licencia que no fuera a renunciar porque los ponía en evidencia, porque ella no les servía a los propósitos de la organización. Indica que N.P. constantemente la hacía ir donde “Danilo”. Recuerda en febrero 3 de 2003, mandaron llevar a P.M. y ella la acompañó, entonces N.P. la insultaba, pero ella le dijo “si me quiere matar, mátame, pero no voy a dejar ir sola a P.M.”, con armas las amenazó e insistió nadie iba a dañar su proyecto político de llevar a E.B. primero a la dirección del Hospital y luego a la Alcaldía.

Dice N.P. se creía como un dios, y hostigaba a todo el mundo, que a ella misma le daño la vida y tuvo que salir de su casa, siendo la esposa de J.S., y primera dama del municipio para ese momento. Afirma se ha mantenido callada por más de siete años, por miedo. Afirma es falso P.M. tuviera relación sentimental con “Danilo”, que con ese señor casi ni hablaban y todo era a través de N.P.(87).

Repárese cómo, los juzgadores le otorgaron credibilidad, entre otros, al anterior medio probatorio y partiendo de esa base, el libelista tenía que traer a colación todas aquellas declaraciones opuestas —como la destacada—, junto con los argumentos esgrimidos en las sentencias condenatorias, para iniciar la crítica relevante en tales tópicos de análisis en conjunto de las pruebas. Pero, como se trata de desvirtuar el grado de credibilidad otorgado a unos testimonios, es claro que el camino más expedito para ese fin, no es el empleado en el ataque enunciado por el casacionista, sino el del falso raciocinio, siempre que se acreditara la violación de las leyes de la sana crítica.

Ahora, para corroborar la supuesta relación sentimental entre alias “Danilo” y la médica P.M., el defensor trae un extracto de la declaración de A.N. No obstante, de la misma transcripción que hace el recurrente en el cargo, la Sala advierte que, en tres oportunidades, el declarante afirma que a él nada le consta sobre estos hechos(88). Si ello es así, carece de idoneidad su propuesta, en la medida que la basa en hipótesis e imaginaciones personales opuestas a la naturaleza objetiva del recurso extraordinario, amén que en nada se relacionan con el falso juicio de existencia elevado.

3.5. De otro lado, hay tres pruebas que según el defensor no fueron valoradas por las instancias, como son: i) un reporte de gestión presentado por su prohijado cuando se desempeñaba como alcalde, donde se dice que logró recuperar las arcas de la administración municipal, ii) un informe de la Sijin que demuestra que el acusado no nombró en el hospital a alguna persona, vinculada con las AUC, como es el caso de D.C., Y.G., R.O. y F.C. y iii) la respuesta a un derecho de petición emitido por la policía del lugar, en el sentido que no había constancia de heridos por enfrentamientos entre ellos y las fuerzas ilegales armadas.

Sobre el particular, ignora el defensor que los juzgadores le brindaron mérito suasorio positivo a la prueba testimonial, desde la cual construyeron las inferencias pertinentes para probar los acuerdos a los que había llegado su poderdante con los paramilitares. Siendo ello así, no demuestra la debida transcendencia de las evidencias citadas, ni mucho menos reflexiona sobre el análisis integral del plexo probatorio.

Además, se advierte que volvió a faltar al postulado de corrección material al aseverar que no se apreció el referido informe policial y el documento emitido por el ente hospitalario sobre el nombramiento de las mentadas damas, pues no solo la juzgadora alude a que la certificación del técnico operativo del hospital de Astrea, del 21 de mayo de 2009, señala que “F.C., D.C., R.O. y Y.G., no aparecen vinculados con el hospital ni por vinculación directa, ni por contrato”(89), sino porque los siguientes apartes de la referida providencia desdicen aquella premisa:

Fácil resulta decir que en Astrea no se presentaron combates y con las respuestas del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, que certifican entre 2001 y 2007 no se realizaron combates en la zona, y resulta evidente que no existieran si desde la propia administración municipal se facilitaba su despliegue y acción, sin encontrar oposición de la fuerza pública, no tenían necesidad de que se presentaran combates, porque actuaban en plena libertad levantando gente, desplazando personas, cobrando vacunas a los comerciantes y ganaderos y participando de la contratación municipal, sin límite alguno (…)(90).

Las fallas argumentativas del defensor evidencian una absoluta ausencia de metodología, en tanto, se recaba, procura hace prevalecer un precario enfoque individual y subjetivo. En consecuencia, la censura será inadmitida.

4. En cuanto al cuarto cargo en el que se acude a la fórmula del falso juicio de identidad por cercenamiento probatorio, es imperioso recordar que este error de hecho se perfecciona cuando el sentido literal de un medio de prueba es cambiado para ponerlo a decir lo que no revela, lo cual ocurre porque se suprimen hechos fundamentales del medio probatorio.

En cualquier caso, la postulación y fundamentación de este tipo de yerro exige del casacionista el deber de identificar la prueba sobre la que recae, revelar en términos exactos tanto lo que dimana de ella de acuerdo con su estricto contenido material, así como lo apreciado por parte del sentenciador del mismo medio de convicción, y concretar el tipo de desfiguración en que haya incurrido el juzgador, para lo cual se debe efectuar el correspondiente cotejo entre los dos textos y rematar enseñando la incidencia del defecto en la decisión final.

4.1. El libelista no cumplió, con rigor, las fases argumentativas precisadas, empezando porque no ubicó los apartes puntuales y objetivos de la prueba sobre la que a su juicio recayó el defecto (declaración de A.N.) y, mucho menos, la confrontó con lo acreditado por los falladores a partir de ella.

Así mismo, se confunde el recurrente, pues un determinado medio de convicción cercenado lleva consigo impresa su literalidad en la narración, es decir, aquella información trascendente, inadvertida por los falladores; pero, en el caso denunciado no se perfila un yerro de esa connotación, ni mucho menos alguno que se le parezca, en el entendido que el defensor lo asimila al hecho de que el testigo no podía saber nada porque no vivía en el municipio y, en su sentir, es un testimonio de oídas, cuestión no comprendida en el defecto alegado.

4.2. Vulnera, de nuevo, el libelista el principio de corrección material, atrás mencionado, por cuanto rechaza de plano cualquier vínculo de su prohijado con los paramilitares, como el derivado de que estos últimos hubieran hecho renunciar a P.M. del cargo de gerente del hospital municipal, desconociendo la realidad judicial corroborada por los juzgadores, en el sentido que eso fue lo contado por ella, algunos familiares y demás testigos de cargo.

Y es que, cuando en la sustentación de una demanda de casación se ignoran las estimaciones de jueces unipersonal y plural, la censura de inmediato se torna individual, etérea y sin ninguna objetividad. Olvida así el actor que la acreditación de cualquier yerro no se logra mediante confrontaciones radicales indemostradas, como en el caso objeto de estudio, en el que, a manera de ejemplo, el defensor se limita a aseverar que la atestación de A.N., no es idónea, ni creíble, al tiempo que señala, quebrantando el principio de no contradicción que, también es coherente.

4.3. Por último, el recurrente nutre la censura con cuestiones procesales típicas del sistema de procesamiento penal con tendencia acusatoria, como cuando se refiere a la prueba de referencia, para solicitar que no se le otorgue credibilidad a la declaración, varias veces ampliada, del denunciante A.N. En estas condiciones, el abogado deja de explicar cómo se puede aplicar el concepto, naturaleza y consecuencias jurídicas de dicha figura, a un asunto —como el aquí juzgado— tramitado con base en la Ley 600 de 2000, máxime si se considera que en el sistema acusatorio ella solo procede conforme a las finalidades y condicionamientos plasmados en los artículos 437 y 438 del nuevo Estatuto Adjetivo Penal y en el procedimiento que aquí se sigue, tales eventualidades no son presupuestos para su validez suasoria.

5. En relación con el quinto cargo, debe decirse que fue presentado por la vía indirecta, por violación al principio de in dubio pro reo, pero no indicó cuál es la modalidad específica de ataque, sumiendo, entonces, el reparo en la indefinición.

5.1. El contexto argumentativo de la censura es llamativo, por cuanto el profesional del derecho realiza un elenco de supuestas falencias atribuidas a los falladores. Sin embargo, su lista es selectiva y subjetiva, sin que acopie todas las pruebas contenidas y valoradas en el plenario —como era su obligación—, con el propósito de demostrar los yerros judiciales al momento de valorar los diferentes medios probatorios.

Era su deber traer a estudio las valoraciones de instancias, mostrar objetivamente cómo se acredita la duda, las divergencias entre las apreciaciones de los funcionarios y las ventajas de la realizada por el casacionista; en sí, demostrar los defectos de la construcción de la prueba incriminatoria y su correlativa ganancia defensiva. Es un trabajo que requiere respetar el umbral de las estimaciones de instancia, a efecto de hacer ver el equívoco de la judicatura.

El abogado critica las declaraciones de F.P. y A.N., pues no concibe que se les haya otorgado valor suasorio. Por otro lado, cita los testimonios de P.M., A.M. y R.M., en especial, por no estar de acuerdo cuando expresaron que las AUC hicieron renunciar a la primera para incrementar sus finanzas, sin que se hubiera advertido que su prohijado nunca desangró esa institución médica, sino que la salvó de la quiebra. Además, sostiene que incurren en falsedad quienes digan que su mandante fue apoyado por los paramilitares para escalar puestos públicos, porque en el año 2007 ellos ya se habían desmovilizado.

La credibilidad conferida a un determinado medio probatorio por los falladores no es atacable en casación por ninguna de sus causales, excepto que para arribar a esa creencia judicial se hubiere vulnerado alguna regla de la lógica, ley de la ciencia o máxima de la experiencia aplicada erradamente al realizar el proceso valorativo de las pruebas. En el caso de estudio, el letrado solo presenta su descontento con el grado de certidumbre dado por los funcionarios al plexo probatorio, sin precisar su real demostración, a tono con las pautas jurisprudenciales, y en franco equívoco de la causal seleccionada para este fin.

Al oponer su criterio sobre el de los juzgadores, lo único que hace el defensor es convertir el recurso de casación en una tercera instancia que, como es obvio, no tiene cabida en el ordenamiento procesal. Esto es patente, al lanzar afirmaciones indemostradas y del todo personales, como cuando dice el abogado que para el 2007 las AUC no pudieron apoyar al procesado para ser nombrado como gerente del hospital y luego alcalde municipal de Astrea, sin que explique coherentemente dónde ubica todo el actuar antecedente y concomitante de su prohijado, de cara a la relación que tenía con los paramilitares, advertidas por los testigos de cargo.

Igualmente, nada precisa acerca del motivo por el que debería ser más, o, menos confiable una u otra de las declaraciones rendidas por F.P. y la Corte no puede suponerlo sin birlar el principio de limitación.

5.2. Aduce el recurrente que todas sus afirmaciones presentadas en el contexto de la presente demanda, las puede corroborar la Corte con los diferentes testimonios allegados al plenario. Ante esto, es oportuno señalar al letrado que en casación los enunciados genéricos, inciertos, precarios e indefinidos, no son ningún soporte idóneo, adecuado o disciplinado para sustentar el recurso extraordinario, pues, según lo informa el principio de limitación, la Sala jamás puede relevar al casacionista de esa innegable obligación jurídica.

5.3. Las supuestas contradicciones de los declarantes para aplicar la duda a favor del reo no fueron plasmadas con la debida crítica vinculante, ni mucho menos las hace evidentes a través de la verificación de algún falso raciocinio. Son simples argumentos de instancia, que no se corroboran con las apreciaciones judiciales, para desplegar el estudio sistemático y efectivo de los diferentes medios, a fin de probar los dislates de los juzgadores.

5.4. Finalmente, dice el abogado que si las AUC operaron en la región, ese hecho no demuestra que su mandante los hubiera apoyado y ayudado, o cooperado y militado en ese grupo de alguna manera, porque no está probado en el expediente. Aquí una vez más infringe el letrado el principio de corrección material al desconocer lo sopesado por los falladores.

Baste lo anterior para acreditar que el letrado no integró la prueba incriminatoria, en todos sus aspectos cognoscentes para, a partir de ahí, estructurar su ataque, vulnerando continuamente los principios de objetividad y claridad.

En realidad, como bien se puede apreciar, son indiscutibles los errores de metodología del libelista al confundir una demanda de casación con un escrito de instancia. Todo es una sumatoria de ideas inconclusas y de hipótesis indemostradas, puesto que no se desarrollaron de acuerdo con la naturaleza inherente al recurso extraordinario.

La censura así propuesta será inadmitida.

6. En los cinco reproches es notaria la ausencia de comprobación del principio de trascendencia que irradia el recurso, tanto que con su omisión el libelo se presenta restringido y queda convertido en un escueto escrito que no logra expresar el alcance jurídico de los defectos alegados.

Cuestión final. La casación de oficio

Siendo el recurso extraordinario de casación un control constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde salvaguardar los derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los procesos penales. En vigencia de esa tarea, debe velar por el irrestricto respeto de sus garantías esenciales en aras de posibilitar su efectividad.

En aplicación de ese compromiso y en el marco del Estado social y democrático de derecho, cuando quiera que se advierta la existencia de alguna trasgresión sustancial de los derechos constitucional o legalmente reconocidos, la Corte deberá remediarla oficiosamente.

Esto es lo que sucede aquí, pues la Sala advierte múltiples errores que conjuran contra los principios de legalidad y congruencia, los cuales tienen directa incidencia en el monto de pena impuesto a uno de los coprocesados no recurrentes en casación: N.P.

En efecto, el primero de los desafueros en que incurrió la juez de primer nivel, no corregido por el tribunal, consiste en haber impuesto condena por el delito de secuestro extorsivo, agravado, teniendo en cuenta, para el efecto, las circunstancias de intensificación punitiva específicas previstas en los numerales 2º y 11 del artículo 170 de la Ley 599 —modificado por el canon 3 de la Ley 733 de 2002—, relativas al sometimiento de “la víctima a tortura física o moral o a violencia sexual durante el tiempo que permanezca secuestrada” y la comisión del injusto en “persona que sea o haya sido periodista, dirigente comunitario, sindical, político, étnico o religioso, o candidato a cargo de elección popular, en razón de ello, o que sea o hubiere sido servidor público y por razón de sus funciones”.

Ciertamente, de entrada, se advierte que si bien el ente investigador, en el acápite correspondiente a la calificación jurídica provisional de la resolución de acusación dedujo en contra de dicho procesado, las mentadas agravantes, lo hizo únicamente en su componente jurídico, no fáctico, porque mención alguna efectuó al respecto a lo largo de esa providencia o de la de segundo nivel y, de igual manera, tampoco ningún juicio de valor se elaboró en las sentencias para establecer si había lugar a elevar juicio de reproche por las mismas.

Así, en cuanto hace al pliego de cargos, en sus dos instancias de decisión, se observa que más allá de la sola enunciación jurídica de las agravantes, no se justifica, en lo absoluto, cómo, el comportamiento del acusado, en términos de tipicidad estricta, se adecua a la descripción normativa señalada en las referidas disposiciones.

Así mismo, verificados los fallos de instancias, se constata que los juzgadores unipersonal y plural se ocuparon de examinar la materialidad del punible de secuestro extorsivo y la responsabilidad que le cabe a N.P. en el mismo, pero ningún juicio de reproche, en absoluto, se formuló para acreditar que, mientras la víctima permaneció privada ilícitamente de la libertad, fue sometida a tortura física o moral o a violencia sexual o que se cometió en persona que sea o haya sido periodista, dirigente comunitario, sindical, político, étnico o religioso, o candidato a cargo de elección popular, en razón de ello, o que sea o hubiere sido servidor público y por razón de sus funciones.

Ahora, aunque en el examen de la materialidad de la conducta punible de secuestro extorsivo se alude a que el secuestrado apoyaba la campaña política de O.L. y que, justamente, por ello fue sacado de su vivienda, conducido ante uno de los jefes paramilitares y retenido por dos o tres días a efecto de que se abstuviera de seguir haciendo proselitismo en su favor, es lo cierto que, ningún análisis probatorio y jurídico específico se evidencia en las providencias en punto de la atribución de responsabilidad por la agravante consagrada en el numeral 11 del canon 170 ejusdem.

Algo parecido ocurre, en relación con algún potencial acto de tortura moral o física en el ofendido, pues en las decisiones ni siquiera se especula que tan injusta privación de la libertad podría haberle causado a M.V. una aflicción intensa de su integridad corporal o intelectual compatible con acciones de dicha especie.

Dicha falencia argumentativa del órgano acusador y de las instancias, no puede ser reparada por la Corte, en sede de casación, señalando ahora sí lo que dejaron de motivar dichas autoridades judiciales, sin lesionar, con severidad, el derecho al debido proceso, en sus componentes de motivación, defensa, congruencia y reformatio in pejus.

Recuérdese que, por más claro que un suceso o acontecimiento histórico juzgado pudiera revelarse como el que necesariamente tiene asiento descriptivo en las disposiciones legales, si la judicatura no especifica, con meridiana claridad, cuál es esa cuestión fáctica antijurídica que se predica del sujeto activo de la conducta y cómo se ve reflejada en la norma, no podrá entenderse debidamente atribuido el comportamiento con todas sus circunstancias.

En ese orden, a la Corte, como garante del principio de legalidad, no le queda otro camino que excluir dichas circunstancias de agravación para emitir condena, en contra de N.P., únicamente, por el delito de secuestro extorsivo, cuestión que, a su turno, deberá verse reflejada en la cantidad de pena a descontar por el procesado.

El segundo aspecto a ser dilucidado, tiene que ver con la infracción del principio de congruencia, por cuenta de la atribución de responsabilidad por la juzgadora de primer nivel de por lo menos tres circunstancias de mayor punibilidad no contempladas en el pliego de cargos, respecto del delito de desplazamiento forzado atribuido a N.P., falencia que comportó un incremento punitivo ilegal en contra de dicho sujeto, en tanto implicó que la funcionaria se ubicara en el segundo cuarto y no en el primero, como correspondía, si se considera la inexistencia real de circunstancias de mayor o menor punibilidad en la calificación del mérito del sumario.

En verdad, las siguientes fueron las estimaciones del fiscal al endilgarle al acusado el delito de desplazamiento forzado:

ART. 180.—Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de a 12 años, de 600 a 1.500 smlv(91).

Mientras tanto la a quo, al tasar las penas de prisión y multa, consideró al respecto:

a) Para el delito de desplazamiento forzado se parte de la sanción prevista en el artículo 180 del Código Penal, que impone una pena de seis (6 a doce (12) años de prisión, multa de mil (sic) (600) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b) Respecto de la pena de prisión, se dará aplicación al artículo 61 de la Ley 600 de 2000, en el sentido de que el ámbito de movilidad se dividirá en los siguientes cuartos, así: un cuarto mínimo que oscila entre los 72 meses y los 90 meses de prisión; un primer cuarto medio, que se mueve entre los 90 meses y 1 día y los 108 meses de prisión; un segundo cuarto medio, que va de 108 meses y 1 día a los 126 meses de prisión; y un cuarto máximo, que oscila entre los 126 meses y 1 día y los 144 meses de prisión.

c) Teniendo en cuenta la modalidad de la conducta y la gravedad de la ofensa causada por el desplazamiento forzado de que fue víctima O.L., teniendo en cuenta igualmente que en este asunto solo obran circunstancias agravantes, en razón de obrar por motivos abyectos, fútiles, aumentando deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de su víctima, obrando en coparticipación criminal entre otras; se impondrá la pena dentro del primer cuarto medio, esto es entre 90 meses un día y 108 meses de prisión, fijando en este caso la pena en concreto en noventa (96 (sic)) meses de prisión, como pena principal a imponer al sentenciado N.P., por el delito de desplazamiento forzado.

d) Respecto de la pena de multa ha de considerarse y siguiendo los mismos parámetros utilizados para la pena de prisión, el ámbito de movilidad se dividirá en los siguientes cuartos, así: un cuarto mínimo, que oscila entre los 600 smlmv y los 825 smlmv; un primer cuarto medio, que se mueve entre los 826 smlmv y los 10.050 smlmv; un segundo cuarto medio, que va de 1051 smlmv a 1.275 smlmv; y un cuarto máximo, que oscila entre los 1.276 smlmv y los (sic) smlmv.

Teniendo en cuenta lo analizado, se fijará el ámbito de movilidad en el que ha de determinarse la pena de multa en el denominado cuarto medio, cuyos límites se mueven entre los 826 smlmv y los 1.050 smlmv. En consecuencia, el despacho individualizará esta sanción en 826 smlmv(92) (subrayas originales, negrillas de la Corte).

Como es claro a partir de la precedente confrontación, la juez de primer grado y la colegiatura, por supuesto, al aseverar esta que la decisión de su inferior era correcta pese a que la defensa cuestionó la punibilidad, vulneraron directamente la ley sustancial cuando aplicaron, al caso concreto, las circunstancias de mayor punibilidad, descritas en los numerales 2º, 8º y 10 del artículo 58 del Código Penal, defecto que le sirvió, a su vez, para violentar el sistema de cuartos intensificando irregularmente la pena impuesta a N.P.

Entonces, con el fin de impartir justicia en el caso concreto y darle alcance al postulado de legalidad de la pena, se impone casar parcialmente de oficio el fallo impugnado para excluir tanto las circunstancias de agravación específicas del secuestro extorsivo, esto es, las consagradas en los numerales 2º y 11 del artículo 170 del Estatuto Sustantivo Penal, como las de mayor punibilidad, contempladas en los numerales 2º, 8º y 10 del canon 58 ejusdem.

Esta determinación contrae, por ende, la obligación de redosificar las sanciones impuestas, para lo cual, se debe partir por destacar que en el ejercicio de dosificación punitiva, la juez de primer nivel partió por imponer el mínimo del punible de secuestro extorsivo, agravado (delito base): veintiocho (28) años y cinco mil (5000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para, después, individualizar las penas por cada uno de los punibles concursantes; noventa (90) meses de prisión y ochocientos veintiséis (826) smlmv (mínimos del segundo cuarto) por el de desplazamiento forzado; setenta y dos (72) meses de prisión y dos mil (2000) smlmv (mínimos del primer cuarto), que redujo a sesenta (60) meses y mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (1666.66) smlmv al aplicar un descuento de la sexta parte por razón de la aceptación de cargos que por este reato realizó el procesado previa al juzgamiento(93); doce (12) meses de prisión y diez (10) smlmv por el de amenazas (mínimos del primer cuarto) y; doce (12) meses más de prisión (mínimo del primer cuarto) por el de constreñimiento ilegal.

Al aplicar las reglas del concurso de conductas punibles, la sentenciadora le adicionó al delito de secuestro extorsivo tasado en trescientos treinta y seis (336) meses de prisión un veinte por ciento (20%) de las sanciones individualmente consideradas, esto es, dieciocho (18) meses por el de desplazamiento forzado, doce (12) por el de concierto para delinquir, agravado, dos (2) meses y doce (12) días por el de amenazas e igual tiempo por el de constreñimiento ilegal, para un monto total de trescientos setenta (370) meses y veinticuatro (24) días.

En cuanto a la multa, la juzgadora sumó las cantidades determinadas para cada ilícito, lo que ascendió a siete mil quinientos dos punto sesenta y seis (7502.66) smlmv.

Por su parte, el tribunal, al advertir que los delitos de amenazas y constreñimiento ilegal prescribieron, se limitó a mermar los valores respectivos a fin de establecer como penas a descontar por N.P. las de trescientos sesenta y seis (366) meses de prisión y siete mil quinientos punto sesenta y seis (7500.66) smlmv de multa.

Pues bien, entre los delitos de secuestro extorsivo(94), desplazamiento forzado(95) y concierto para delinquir, agravado(96), la conducta más gravosa (delito base), cuantitativamente hablando, sigue siendo la primera.

Como la falladora, por ese comportamiento —en la modalidad agravada— impuso el mínimo punitivo de veintiocho (28) años y cinco mil (5000) smlmv(97), lo propio, hará la Corte, fijando, entonces, las penas de prisión y multa para el secuestro extorsivo —sin las agravantes— en veinte (20) años y dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así mismo, dado que la juez unipersonal tasó tanto la sanción aflictiva de la libertad como la pecuniaria, frente al delito de desplazamiento forzado, en el mínimo del segundo cuarto —noventa (90) meses y ochocientos veintiséis (826) smlmv—, respetando su criterio, se impone determinarlas, igualmente, en el extremo inferior, pero del primer cuarto, de tal suerte que el procesado se hace acreedor a las penas de setenta y dos (72) meses de prisión y seiscientos (600) smlmv de multa por dicho reato.

En este punto, es necesario precisar que esta nueva pena de setenta y dos (72) meses, se debe reducir en un veinte por ciento (20%), de conformidad con los parámetros de la juzgadora de instancia, quedando, por consiguiente, en catorce punto cuatro (14.4) meses de prisión.

Habida cuenta que el delito de secuestro extorsivo concursa de manera heterogénea con el de desplazamiento forzado y el de concierto para delinquir, agravado, es indispensable aplicar las reglas del artículo 31 ibídem, seguir los lineamientos del juzgador de primer nivel y aplicar el principio de proporcionalidad para definir que a los veinte (20) años —o lo que es lo mismo, doscientos cuarenta (240) meses— de prisión, corresponde adicionarle el veinte por ciento (20%) del monto de las penas individualmente consideradas por dicha funcionaria respecto de cada punible concursante —eso sí, con el ajuste recién elaborado por la Corte respecto del injusto de desplazamiento forzado—, en cuantías de 10.28 meses(98) por este delito y 8.57 meses(99) por el de concierto para delinquir, agravado, para una pena definitiva de doscientos cincuenta y ocho punto ochenta y cinco (258.85) meses —o lo que es igual doscientos cincuenta y ocho (258) meses y veinticinco (25) días— de prisión.

La pena de multa, igualmente, se reduce a cuatro mil doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (4266.66) smlmv, producto de sumar 2000 smlmv por el delito de secuestro extorsivo, 600 smlmv por el de desplazamiento forzado y 1666.66 por el de concierto para delinquir, agravado.

Por último, la Sala no observa flagrantes violaciones de derechos fundamentales, causales de nulidad, ni motivos distintos a los recién señalados, que conduzcan a la necesidad de un pronunciamiento profundo frente al expediente en razón de las finalidades de la casación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de E.B. contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2013 por la Sala de del Tribunal Superior de Bogotá.

2. CASAR PARCIALMENTE DE OFICIO el fallo impugnado, en el sentido de excluir, a favor del procesado no recurrente N.P., tanto las circunstancias de agravación específicas del secuestro extorsivo, esto es, las consagradas en los numerales 2º y 11 del artículo 170 del Estatuto Sustantivo Penal, como las de mayor punibilidad, contempladas en los numerales 2º, 8º y 10 del canon 58 ejusdem.

En consecuencia, establecer que la penas a descontar por N.P. Cortés Mendoza son las de doscientos cincuenta y ocho punto ochenta y cinco (258.85) meses —o lo que es igual doscientos cincuenta y ocho (258) meses y veinticinco (25) días— de prisión y cuatro mil doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (4266.66) smlmv de multa.

En lo demás, la sentencia impugnada se mantiene incólume.

3. Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

78 Cfr. folio 37 del cuaderno del tribunal.

79 Ibídem.

80 Así lo expuso: “no es cierto que mi defendido haya puesto al servicio de los paramilitares el hospital”. Cfr. folio 82 ibídem.

81 Cfr. folios 43-44 del cuaderno original número 9.

82 Cfr. folios 151-153, ibídem.

83 Cfr. folio 172 del cuaderno original 10.

84 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de segunda instancia, 23 de septiembre de 2003, Rad. 17809.

85 Cfr. folio 164 del cuaderno original 10.

86 Cfr. folio 112 del cuaderno original 10.

87 Cfr. folio 138, ibídem.

88 Cfr. folio 95, ibídem.

89 Cfr. folio 143 del cuaderno original 10.

90 Cfr. folio 173 del cuaderno original 10.

91 Cfr. folio 4 del cuaderno original 6.

92 Cfr. folios 196-197 del cuaderno original 10.

93 En este punto es indispensable destacar que la juez de conocimiento hizo la siguiente precisión: “e) Sobre este delito ha de señalar el despacho que el procesado N.P., al dar inicio a la audiencia pública, de manera libre, voluntaria y espontánea manifestó ante quien tenía el conocimiento de la actuación (nuestro homólogo de Valledupar), que se acogía a sentencia anticipada, aspecto respecto del cual, si bien fue aceptado en sesión de audiencia de enero 13 de 2011 y el funcionario dispuso ruptura de la unidad procesal para emitir el fallo correspondiente; en abril del mismo año cuando se ordenó por la Corte Suprema el cambio de radicación por razones de seguridad, no se había emitido ese fallo, ni materializado la ruptura de la unidad procesal, tal y como lo ratifica el juez penal del Circuito Especializado de Valledupar, en comunicación visible a folio 167 del cuaderno original 9 (sic), por lo que “ni se realizó la ruptura, y menos se dictó el fallo” (sic), debiendo en consecuencia pronunciarse en este tópico este despacho. Situación que se hace dentro del mismo fallo ordinario por economía procesal, y evitar el desgaste administrativo de reproducción de la actuación a estas alturas, cuando el despacho conoce para la emisión de la sentencia ordinaria, pero en reconocimiento de los derechos y garantías fundamentales que corresponden al encausado, puesto que las fallas y moral del operador judicial, no pueden serle cargadas al sujeto procesal, quien se halla en condición de debilidad frente a la administración de justicia” Cfr. folios 198-199 del cuaderno original 10.

94 Sancionado con pena de veinte (20) a veintiocho (28) años de prisión y multa de dos mil (2000) a cuatro mil (4000) smlmv.

95 Sancionado con pena de seis (6) a veintiocho (sic) (12) años de prisión, multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1500) smlmv e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.

96 Sancionado con pena de seis (6) a veintiocho (sic) (12) años de prisión y multa de dos mil (2000) a veinte mil (20000) smlmv.

97 Recuérdese que el delito de secuestro extorsivo agravado tiene previstas en el artículo 170 del Código Penal las penas de veintiocho (28) a cuarenta (40) años de prisión y cinco mil (5.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa.

98 La operación aritmética es como sigue: 240 meses (nuevo mínimo del secuestro) x 14.4 meses (monto impuesto por la a quo en el concurso respecto al desplazamiento) ÷ 336 meses (anterior mínimo del secuestro con las agravantes) = 10.28.

99 La operación aritmética es como sigue: 240 meses (nuevo mínimo del secuestro) x 12 meses (monto impuesto por la a quo en el concurso respecto al concierto) ÷ 336 meses (anterior mínimo del secuestro con las agravantes) = 8.57.