Sentencia 40871 de julio 16 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP9853-2014

Radicación 40.871

(Aprobado acta 226)

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D.C., dieciséis de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

La Sala no se detendrá en los defectos de la demanda puesto que esta fue admitida y con ello, la impugnante adquirió el derecho a que se le responda de fondo sobre las censuras presentadas en contra de la sentencia de segunda instancia; por tanto se procede a analizar los cargos aducidos por la demandante.

El primer ataque formulado apunta a que durante el desarrollo de las diligencias, de manera sistemática, se presentaron violaciones al derecho al debido proceso, generando así nulidad. Por tal motivo, le corresponde a esta Sala analizar los problemas jurídicos que en desarrollo del proceso pudieron originar esta violación, no sin antes advertir que el debido proceso es un derecho de estirpe constitucional vinculado directamente con el Estado de derecho, que supone el cumplimiento de las formas propias del juicio.

El artículo 29 de la Carta Política, en relación con el derecho fundamental al debido proceso, señala que nadie podrá ser juzgado sino conforme a ley preexistente, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la “plenitud de las formas propias de cada juicio”. La Constitución igualmente se refiere a otros principios que complementan esta garantía, tales como el de favorabilidad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la asistencia profesional de un abogado, la publicidad del juicio, la celeridad del proceso sin dilaciones injustificadas, la aducción de pruebas en su favor y la posibilidad de controversia de las que se alleguen en contra del procesado, el derecho a la doble instancia en caso de condena —salvo que se trate de casos de única instancia—, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho así se le dé una denominación jurídica distinta.

Ahora bien, dentro de la connotación de las formas propias del juicio la ley adjetiva consagra dos clases de proceso a saber, uno ordinario y otro abreviado, siendo presupuesto de este último la renuncia al derecho a ser vencido en juicio y la aceptación de una sentencia de naturaleza condenatoria a cambio de una significativa ventaja punitiva.

Al mismo tiempo, la ley consagra dos vías de producción del proceso abreviado: una a partir de la aceptación de la imputación y la otra de la celebración de preacuerdos entre imputado o acusado con la fiscalía. Cada una de estas posibilidades entraña una serie de pautas normativas a las que obligatoriamente debe ceñirse la judicatura.

En el presente asunto la censora solicita la declaración de nulidad por la violación sistemática del debido proceso y del derecho a la defensa.

La Sala ciertamente pudo constatar, como lo manifestaron al unísono el casacionista, y los delegados de la fiscalía y del Ministerio Público, que en el proceso existieron varias irregularidades, originadas todas en que los juzgadores tenían su propia teoría del caso y querían imponerla sobre la de la fiscalía, y en esas condiciones se opusieron a cualquier vía consensuada orientada a evitar el juicio.

Resulta conveniente aclarar que el primer preacuerdo era ciertamente ilegal, en tanto no sólo se modificaba la adecuación típica expresada en la audiencia de imputación —puesto que se eliminaban las circunstancias de agravación de cada delito— sino que además se reconocía un descuento del 40% de la pena; contrariando con ello lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, según el cual, si hubiere un cambio favorable para el imputado en relación con los hechos y sus consecuencias, tal será la única rebaja compensatoria por el acuerdo.

Tal y como lo denuncia el casacionista, las irregularidades fueron: 1) la desaprobación del segundo preacuerdo realizado entre el fiscal y el acusado con el argumento de no compartir la adecuación típica recogida en él, 2) el haberse abstenido el tribunal de declararse impedido para seguir conociendo del asunto luego de emitir juicios de valor que comprometieron gravemente su imparcialidad; y 3) el negarse a terminar el proceso cuando en el transcurso de la audiencia preparatoria el acusado aceptó los cargos.

Los jueces de instancia hicieron control material de la acusación, al negarse a aceptar el segundo preacuerdo y la aceptación de cargos realizada en la audiencia preparatoria, con lo cual agraviaron el debido proceso previsto para los procesos abreviados.

Esto por cuanto en el sistema adversarial no se permite al juez imponer su particular lectura de los hechos —su propia teoría del caso—, mediante la cual obligue al fiscal a imputarle al indiciado un fragmento del acontecer delictual distinto del que el fiscal considera hasta ese momento probado y por el que debe responder, dado que con ello se desestructura la sistemática adversarial, toda vez que el juez no tiene iniciativa probatoria con la cual pudiera, como en el sistema inquisitivo o incluso mixto, demostrarla(5).

De ser así, se comprometería al juez con el programa metodológico, y por sobre todo, con la iniciativa y responsabilidad de la fiscalía en el quehacer propio de un sistema con tendencia acusatoria, pues desborda sus posibilidades, usurpando el papel del fiscal, funcionario llamado a organizar el trabajo probatorio y argumentativo de cara al juicio, a quien constitucionalmente se le ha asignado el ejercicio de la acción penal.

Respecto de la ausencia de control material de la acusación, ya la Sala se ha ocupado en extenso. Sentó el criterio según el cual de acuerdo con lo ordenado en el artículo 443 del Código de Procedimiento Penal del 2004, solo el fiscal está autorizado para realizar la “tipificación circunstanciada” de los hechos:

La acusación es un acto de parte, de la fiscalía, y por tanto el escoger qué delito se ha configurado con los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación supone precisar el escenario normativo en que habrá de desarrollarse el juicio, el cual se promueve por excitación exclusiva de la Fiscalía General de la Nación a través de la radicación del escrito de acusación (razón por la que el único autorizado para tipificar la conducta punible es la fiscalía, de acuerdo con lo planteado por el art. 443); acto que como se dijo no tiene control judicial, y en cambio sí sustenta todo el andamiaje de la dinámica y la lógica argumentativa y probatoria que se debatirá en el juicio (ver CSJ, 15 jul. 2008, rad. 29994, tesis reiterada en AP, 14 ago. 2013, rad. 41375, entre otras providencias).

La Corte reafirmó su anterior postura en AP de 21 de marzo de 2012, radicado 38256, al señalar:

En la audiencia de formulación de acusación al juez y a las partes les está vedado cuestionar la adecuación típica realizada por la fiscalía en su escrito, pues, hacerlo, implicaría interferencia en el ejercicio de la acción penal y en la decisión de acusar que corresponde a ese ente, y a nadie más. Por lo demás, tal cuestionamiento implicaría un ejercicio de debate probatorio, que solamente puede hacerse en el juicio oral (auto jul. 15/2008, rad. 29.994).

… La fiscalía, entonces, cumple como titular de la acción penal y dueña de la acusación, parámetros a partir de los cuales ni el juez ni las partes pueden imponérsela total o parcialmente, desde donde se infiere que las observaciones realizadas por las partes pueden y deben ser incorporadas para que conformen un todo con la acusación, única y exclusivamente cuando el fiscal las acoge.

En sentencia proferida el 6 de febrero de 2013, radicado 39892, subrayó la Sala que aunque la regla general consiste en que en el modelo acusatorio de la Ley 906 de 2004, la calificación jurídica acogida por el ente acusador no puede ser cuestionada, esta regla admite excepciones; al indicar:

En esas condiciones, la adecuación típica que la fiscalía haga de los hechos investigados es de su fuero y, por regla general, no puede ser censurada ni por el juez ni por las partes.

2. Lo anterior igual se aplica en temas como la admisión de cargos y los preacuerdos logrados entre la fiscalía y el acusado, que, como lo ha dicho la jurisprudencia, son vinculantes para las partes y el juez, a quien se le impone la carga de proferir sentencia conforme lo acordado o admitido, siempre y cuando no surja manifiesta la lesión a garantías fundamentales (auto, mayo 16/2007, rad. 27.218).

(…).

No obstante, respecto de la admisión de cargos, se ha advertido que el juez debe controlar no solo la legalidad del acto de aceptación, sino igual la de los delitos y de las penas, en el entendido de que esta estructura un derecho fundamental, enmarcado dentro del concepto genérico del debido proceso a que se refiere el artículo 29 constitucional. Por tanto, de resultar manifiesto que la adecuación típica fractura el principio de legalidad, el juez se encuentra habilitado para intervenir, pues en tal supuesto la admisión de responsabilidad se torna en simplemente formal, frente a esa trasgresión de derechos y garantías superiores (sents. jul. 15 2008 y jul. 8/2009, rads. 28.872 y 31.280, en su orden).

(…).

3. La ley y la jurisprudencia han decantado igualmente que, a modo de única excepción, al juez, bien oficiosamente, bien a solicitud de parte, le es permitido adentrarse en el estudio de aspectos sustanciales, materiales, de la acusación, que incluyen la tipificación del comportamiento, cuando se trate de violación a derechos fundamentales.

Es claro que esa permisión excepcional parte del deber judicial de ejercer un control constitucional que ampare las garantías fundamentales.

La trasgresión de esos derechos superiores debe surgir y estar acreditada probatoriamente, de manera manifiesta, patente, evidente, porque lo que no puede suceder es que, como sucedió en el caso estudiado, se eleve a categoría de vulneración de garantías constitucionales, una simple opinión contraria, una valoración distinta que, para imponerla, se nomina como irregularidad sustancial insubsanable, por el prurito de que el Ministerio Público y/o el superior funcional razonan diferente y mejor” (resaltado fuera del texto original).

En AP de octubre 16 de 2013, radicado 39886, consideró la Sala:

La función requirente, no cabe duda, está en manos de la fiscalía, y la jurisdiccional en las del juez; axioma que se desdibuja cuando el juzgador se ocupa de corregir, cuestionar o enmendar —a su manera— el contenido de la acusación.

… 3.3.1. En estas condiciones, ha de entenderse que el control material de la acusación, bien sea por el trámite ordinario o por la terminación anticipada de la actuación, es incompatible con el papel imparcial que ha de fungir el juez en un modelo acusatorio. Aun cuando existen disposiciones de la Ley 906 de 2004, que consagran su función a la consecución de la justicia y la verdad como normas rectoras(6), estos principios operan dentro de la mecánica del sistema y no dan aval para adjuntarle postulados ajenos a su naturaleza intrínseca. Así, el horizonte al que ha de estar dirigida la hermenéutica” (resaltado fuera del texto original)

Con base en la jurisprudencia citada, se debe concluir que por regla general el juez no puede hacer control material a la acusación del fiscal en los procesos tramitados al amparo de la Ley 906 de 2004, pero, excepcionalmente debe hacerlo frente a actuaciones que de manera grosera y arbitraria comprometan las garantías fundamentales de las partes o intervinientes.

Ahora bien, en el presente asunto, la Sala ha podido establecer que los jueces de instancia se negaron a aceptar el segundo preacuerdo y la aceptación de cargos realizada en la audiencia preparatoria, con lo cual ejercieron control material de la acusación agraviando el derecho fundamental al debido proceso previsto para formas abreviadas de terminarlo al suplantar al fiscal en la función de acusar.

Justamente al examinar las facultades con que cuenta el fiscal al momento de celebrar un preacuerdo con la defensa, la Corte Constitucional, en sentencias C-1260 de 2005 y C-059 de 2010, ha encontrado que se respeta el principio de legalidad cuando el fiscal adecúa la conducta en correspondencia con su tipicidad plena pero la enmarca en un delito relacionado de menor pena con miras a disminuir su consecuencia punitiva.

Por ello es importante recordar que en nuestro sistema procesal las partes pueden acordar el contenido fáctico y jurídico-penal de la pretensión punitiva, determinando con ello el alcance de la decisión jurisdiccional, pues el juez se encuentra a él vinculado, por expreso mandato del inciso 4º del artículo 351, salvo que ellos desconozcan o quebranten garantías fundamentales.

De manera que no cabe duda que el control material de la acusación realizado por los juzgadores, se convirtió en una irregularidad sustancial que afectó gravemente el debido proceso, por cuanto impidió la terminación anticipada del proceso, presupuesto operativo del sistema adversarial, de imprescindible acatamiento para el éxito del ejercicio del ius puniendi en dicho modelo procesal.

Cuando el Juez Quinto Penal del Circuito de Santa Marta negó la aprobación del preacuerdo presentado en la audiencia del 10 de noviembre de 2011, con el pretexto de que, en su sentir la fiscalía tenía como probar las circunstancias de agravación mencionadas; trasgredió los marcos de su competencia y se alinderó en los de la fiscalía, violando el debido proceso.

Dicha infracción del debido proceso fue reiterada cuando en el curso de la audiencia preparatoria, realizada el 9 de marzo de 2012 (minuto 19.20 del récord), hizo caso omiso a la aceptación de cargos hecha por el acusado Hoyos Chaverra, absteniéndose de activar, también en esta ocasión, el trámite del proceso abreviado; tal como lo resaltó la misma fiscalía en su intervención oral en este recurso extraordinario.

Pero la afrenta se hizo más intensa con la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta proferida el 1º de marzo de 2012, en la que al desatar el recurso de apelación interpuesto contra el auto mediante el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento improbó el segundo preacuerdo, se pronunció con consideraciones propias de la fiscalía, instruyéndola como si fuera su superior; sino que además realizó el ejercicio de adecuación típica como si se tratara de la sentencia condenatoria, violando por completo la garantía de imparcialidad de que eran titulares las partes.

En uno de los párrafos de tal decisión, el tribunal concluyó:

“En segundo lugar, se observa que la circunstancia de agravación punitiva que se deduce de la situación fáctica y que se acomoda a la legalmente establecida, en lo que atañe al delito que atenta contra el bien jurídico protegido a la seguridad pública es la consagrada en el numeral 1º del artículo 365-4, que dice: “Utilizando medios motorizados”, al establecerse que el hoy acusado fue el encargado de conducir el vehículo automotor con el que se cometió el punible, tal como se acredita con elementos materiales probatorios obrantes en la foliatura —entrevista y diligencias de reconocimiento en fila de persona vertida por Marta Lucía Tejada Mattos—”.

Al realizar esta conclusión antes de iniciar el juicio, se menoscabó la garantía de imparcialidad que tenía el acusado y, en su lugar, se tuvo claro el pronóstico de la sentencia que se emitiría.

En suma, constata la Sala la violación del derecho fundamental al debido proceso por el ejercicio del control material de la acusación de la fiscalía, por parte del juzgador en los términos anteriormente referidos, al improbar el segundo preacuerdo.

Pero una nueva vulneración al debido proceso advierte la Sala, consistente en la omisión del tribunal de declararse impedido para seguir conociendo de dicho asunto, en el que prácticamente ya había emitido sentencia condenatoria antes del inicio del debate público.

Y si bien el juez si solicitó ser separado del cargo, lo cual le fue negado en una decisión altamente cuestionable, es de notar que la Sala del tribunal no hizo lo mismo.

Frente a una situación similar esta Sala manifestó, al declarar probada una recusación, en AP de 3 de diciembre de 2009, radicado 32826, lo siguiente:

Una primera cuestión que abordó el tribunal fue la existencia de la flagrancia para concluir que se produjo la captura en tal situación; para lo cual agotó el juicio de tipicidad, lo que resulta suficiente para considerar que se produjo una anticipación en el análisis, lo que hace que su participación en el proceso sea de tal intensidad que ya ha comprometido su criterio en tal sentido.

Concluyó el tribunal en reconocer la existencia del delito, lo cual hizo luego de analizar el tiempo y la forma de su ejecución y de consumación de la conducta investigada; situación que resulta suficiente para afirmar que dicha Sala de Decisión comprometió anticipadamente su criterio en una especie de prejuzgamiento nocivo, dejando huérfana cualquier expectativa de imparcialidad en relación con dichos tópicos.

Es claro dentro del presente asunto, que en sus distintas providencias, tanto el juez como el tribunal, siempre sostuvieron que Hoyos Chaverra participó en la comisión del delito e incluso, precisaron las circunstancias en que lo hizo, lo cual acababa con cualquier atisbo de imparcialidad, y no obstante siguieron adelante con el proceso, al punto que el juez presidió el juicio “imparcial”, y el tribunal se ocupó del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria, no sin antes intentar eludirlo con el argumento de la insuficiente sustentación, situación que fue oportunamente corregida por una Sala de Tutelas de esta corporación.

Esta Sala es enfática en afirmar que la confianza de una sociedad democrática en la imparcialidad de sus tribunales, implica que deba ser removido del juicio todo juez del cual se pueda tener una duda legítima o queja de falta de imparcialidad “teniendo como elemento determinante en este análisis saber si los temores del interesado pueden estar objetivamente justificados”(7), lo cual, en el presente caso ha quedado demostrado.

La corporación no puede pasar por alto la ocasión para llamar la atención sobre la necesidad de que el sistema procesal que nos rige fluya de manera ágil por la vía abreviada, única forma de garantizar su operatividad; propósito al que hacen flaco favor actitudes como las de los juzgadores de instancia en el asunto de la referencia.

Del mismo modo, el actuar irregular de la fiscal, consistente en retirar el escrito de acusación en la audiencia dispuesta para su formulación oral adelantada el 8 de agosto de 2011, con el fin de presentar un preacuerdo —tardío para conseguir la aprobación de la rebaja de pena del 40%, esto es, superior a la tercera parte—, no favorece el buen funcionamiento de la administración de justicia, ni contribuye a conservar su prestigio, seriedad e importancia, los cuales la fiscalía debe engrandecer mediante la correcta y responsable aplicación del instituto de los preacuerdos y las negociaciones, así como evitar su cuestionamiento, en orden a fortalecer la legitimidad del poder judicial.

Siendo la nulidad un remedio extremo, solo puede declararse en presencia de los principios que la orientan, de suerte que solamente es susceptible de ser alegada por los motivos expresamente previstos en la ley (taxatividad); no puede invocarla el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo el caso de ausencia de defensa técnica, (protección); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales (convalidación); quien la alegue está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y/o el juzgamiento (trascendencia); y, además, que no existe otro remedio procesal, distinto a la invalidación, para subsanar el yerro que se advierte (residualidad).

En principio, las vulneraciones al debido proceso que se presentaron en el asunto objeto de decisión darían pie a que se analizara la posibilidad de invalidar la actuación, sino fuera porque, en atención al último de los mencionados principios, el de residualidad, la Corte observa que no es necesario acudir a esa medida extrema para restablecer el debido proceso de Hoyos Chaverra; más aun cuando el casacionista concreta su inconformidad en la desaprobación de los acuerdos, por lo cual solicitó a la corporación casar la sentencia y dictar el fallo de reemplazo, precisamente reconociéndole validez al primero, o en su defecto al segundo, petición en la que coincidieron los representantes, tanto de la fiscalía como del Ministerio Púbico en el curso de la sustentación oral de este trámite extraordinario.

Le corresponde ahora a la Sala analizar la legalidad del segundo preacuerdo alcanzado entre la fiscalía y el acusado, esto es, aquel presentado el 10 de noviembre de 2011, toda vez que, como ya se advirtió, el primero, vale decir, el que había sido presentado el 8 de agosto anterior es ilegal por cuanto no se podían modificar los cargos de la imputación y además otorgar la rebaja del 40% sobre el monto de la pena sin contrariar el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal.

Por tanto, a lo largo de este proveído, esta corporación ha venido refiriéndose al segundo de los consensos, esto es, el formalizado en la audiencia de 10 de noviembre de 2011, respecto del cual se ha podido constatar que las condiciones de información, voluntariedad y capacidad del procesado al momento de su celebración, estuvieron ajustadas a las exigencias constitucionales y legales.

De cara al análisis de la legalidad del mencionado preacuerdo la Sala encuentra que la adecuación típica formulada por la fiscalía corresponde a homicidio simple (art. 103), sancionado con una pena que va de 208 a 450 meses de prisión —ya incluido el incremento punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004—, en concurso material con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (art. 365, modificado por el canon 38 de la L. 1142/2007), conducta que tenía prevista para la época, pena de prisión de 4 a 8 años; con la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el artículo 58.10 del Código Penal (obrando en coparticipación criminal).

El ejercicio de individualización de la pena de prisión consignado en el preacuerdo, según el cual se fijan 208 meses por el delito de homicidio, el que se aumenta en 6 meses por el punible contra la seguridad pública, se encuentra ajustado a las disposiciones de los artículos 59, 60 y 61 del código de las penas, lo mismo que a la forma en que se dosifica la sanción cuando se está frente a un concurso de delitos, prevista en el artículo 31 del mismo texto legal; por lo que el monto de los 214 meses como pena básica a imponer, se encuentra acertado; sin que sea procedente ocuparse de la adecuación típica realizada por la fiscalía, por las razones que se expusieron en extenso en líneas anteriores.

Sobre los 214 meses se acordó una reducción de la tercera parte, quedando así en 142 meses y 20 días de prisión, lo cual se aviene a lo previsto en el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que si se realiza luego de presentada la acusación, la reducción será de una tercera parte.

En conclusión, el mencionado preacuerdo se considera ajustado a derecho y por tanto se le imparte aprobación, toda vez que en su confección se cumplen los parámetros previstos en los artículos 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, normas cuya falta de aplicación se encuentran en el sustrato de la censura contenida en el primer cargo de la demanda que ahora se resuelve.

La decisión de esta Sala de proferir el fallo de reemplazo impartiendo la aprobación del mencionado preacuerdo no violenta el eventual derecho de las víctimas de manifestarse sobre el mismo, ya que han tenido toda la posibilidad de referirse a aquel desde su presentación, a lo cual han renunciado guardando silencio permanente; más aún cuando la corporación ya se ha ocupado del interés que tienen para solicitar una pena más alta; al señalar (AP nov. 30/2011, rad. 36901):

Como nítidamente se expresa en el precedente citado(8), es claro que en aquellos asuntos en los que la investigación y juzgamiento de un delito termina —por la vía normal o anticipada— con sentencia condenatoria, la parte civil no siempre tiene interés para impugnarla, sobre todo si lo hace con el exclusivo propósito de que se irrogue una sanción más gravosa y se niegue cualquier sustituto o subrogado al penado, pues los valores de verdad y justicia, no tienen relación intrínseca con el monto de pena o el modo de ejecución de la sentencia. En verdad, siempre que la adecuación típica sea la correcta y la sanción penal se determine discrecionalmente dentro de los límites punitivos y los criterios de individualización consagrados por el legislador, los fines superiores reseñados quedarán satisfechos con la declaración de responsabilidad penal del procesado por el juzgador y la imposición de la pena correspondiente.

Así las cosas, se casará parcialmente la sentencia impugnada, y en su lugar, se declarará que las penas que se imponen a Cristian Andrés Hoyos Chaverra por el homicidio de Luis Marcelino Tejada Mattos, en concurso material con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, son de 142 meses y 20 días de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso.

Se negará la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por cuanto la sanción privativa de la libertad impuesta excede ampliamente el margen punitivo previsto por el legislador para su eventual reconocimiento.

No se analizará el cargo subsidiario planteado por carencia de objeto.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar parcialmente la sentencia y en su lugar aprobar el preacuerdo celebrado entre la fiscalía y Cristian Andrés Hoyos Chaverra, en cumplimiento del cual se le condena a 142 meses y 20 días de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción principal, como responsable del homicidio de Luis Marcelino Tejada Mattos, en concurso material con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

2. No conceder a Cristian Andrés Hoyos Chaverra la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

3. Líbrense las comunicaciones pertinentes a las autoridades indicadas en el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal, para lo cual se comisiona al juzgado de conocimiento, además para que cumplido lo anterior, remita las diligencias al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad que corresponda.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.»

(5) La Corte Constitucional mediante Sentencia 396 de 2007 claramente lo concluyó al declarar ajustado a la Carta el artículo 361 de la Ley 906 de 2004 que prohíbe la prueba de oficio.

(6) ART. 5º—“Imparcialidad. En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia”.

ART. 10.—“Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial… El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales… El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes”.

(7) Cfr. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Perote Pellón c. España, de 25 de julio de 2002.

(8) Reiterado en auto del 6 de junio de 2007, radicación 27.278, auto del 27 de junio de 2007, radicación 27.177, auto del 24 de octubre de 2007, radicación 24.561.