Sentencia SP9887-2015 de julio 30 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP9887-2015

Radicación 45416

(Aprobado acta 259)

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., treinta de julio de dos mil quince.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Corte

La Sala es competente para resolver este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 27 de la Ley 1592 de 2012.

Se trata, en este caso, de determinar si concurre uno en particular de los motivos que permiten acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad que pesaba contra el postulado, más exactamente el previsto en el numeral 5º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, que tiene que ver con la no comisión de delito doloso con posterioridad a la desmovilización.

La decisión impugnada sostiene, en síntesis, que aun cuando es cierto que contra A.O. obra una imputación por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la desmovilización y, al mismo tiempo, el artículo 37, inciso cuarto, del Decreto 3011 de 2013 (reglamentario de la L. 1592/2012, que introdujo el art. 18A a la L. 975/2002) dispone que para configurar el motivo que impide la sustitución de la medida de aseguramiento se requiere la formulación de imputación por delito doloso, también lo es que la norma reglamentaria no debe ser aplicada por ser inconstitucional. Lo anterior, porque para materializar la citada prohibición se requiere una sentencia en firme, toda vez que solamente dicho pronunciamiento es idóneo para definir la comisión de conductas punibles.

En contra de dicha tesis, la fiscalía apelante afirma que la reglamentación que contiene el artículo 37, inciso cuarto, del Decreto 3011 de 2013, no excede la norma reglamentada, pues dicha disposición es congruente con el deber que pesa sobre el postulado de cesar su actuar delictivo y con la finalidad de la medida de aseguramiento. Así mismo, la prohibición de sustitución se materializa con la inferencia razonable de autoría —requisito para la formulación de imputación—, pues si se exigiera una sentencia en firme la consecuencia sería la exclusión del procesado postulado del proceso de Justicia y Paz.

Vistos los argumentos enfrentados, la Sala anticipa su determinación en el sentido de revocar la decisión recurrida y, en consecuencia, negar la sustitución solicitada por la defensa del postulado.

Las razones son las siguientes:

1. Recuérdese, antes de abordar la solución del caso propuesto, que mediante el artículo 19 de la Ley 1592 el legislador adicionó un nuevo artículo a la Ley 975 de 2005, el 18A, mediante el cual se contempla la posibilidad de reconocer a los desmovilizados la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad por una distinta. Así dice la norma:

“ART. 19.—La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18A del siguiente tenor:

ART. 18A.—Sustitución de la medida de aseguramiento y deber de los postulados de continuar en el proceso. El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley. El magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento en un término no mayor a veinte (20) días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario;

2. Haber participado en las actividades de resocialización disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y haber obtenido certificado de buena conducta;

3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz;

4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley;

5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización.

Para verificar los anteriores requisitos el magistrado tendrá en cuenta la información aportada por el postulado y provista por las autoridades competentes.

No sobra advertir que aunque la naturaleza de la pena alternativa es diferente a la de la sustitución de la medida de aseguramiento, ésta es una especie de valoración previa del tiempo que los desmovilizados han estado privados de la libertad, para favorecerlos con dicha medida anticipadamente, pero quedando atados al proceso, dentro del cual muy posiblemente serían condenados con un pronóstico favorable a ser beneficiados con la pena alternativa.

2. El único requisito para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento cuya acreditación causó controversia en este caso, siendo precisamente el motivo para formular el recurso que se resuelve, fue el previsto en el numeral 5º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, que exige: “no haber cometido (el postulado) delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización”.

Al respecto, dígase que si bien es cierto que el texto legal no consagra en su contenido literal que para negar la sustitución de la medida de aseguramiento se requiera la existencia de una imputación, también lo es que tal cosa no le impedía al Ejecutivo determinar, a través del Decreto 3011 de 2013, de qué manera habría de materializarse el presupuesto.

Tal regulación era necesaria, por dos razones:

i) En primer lugar, porque en el proceso penal existen varias fases en las que se hace un estudio de atribuibilidad al agente de la conducta punible. Tal cosa ocurre en la imputación, en la formulación de acusación y, naturalmente, en la sentencia condenatoria. Sabido es que para concretar la primera se requiere una inferencia razonable de autoría, para la segunda probabilidad de verdad y para la última certeza más allá de toda duda.

Que en la sentencia se determine definitivamente el tema de la autoría y la responsabilidad, no significa que el juicio de autoría que se elabora en las fases anteriores al fallo no sea relevante o no pueda surtir efectos jurídicos: precisamente, tan decisivo es que permite sustentar la imputación, la medida de aseguramiento y la acusación.

Téngase en cuenta que, en el proceso penal ordinario, desde la formulación de imputación empieza a decaer el espectro de protección de la presunción de inocencia que ampara al investigado: de no ser así, no tendría explicación la imposición de medida de aseguramiento en el proceso regulado por la Ley 906 de 2004, pues se diría que a quien es inocente no se le priva de la libertad con fines preventivos.

Lo anterior supone que la garantía de la presunción de inocencia se mantiene vigente, pero que existen elementos de juicio —que conforman una inferencia razonable de autoría— que permiten afirmar el inicio de su decaimiento, el cual podrá ser definitivo o no, según la manera en que avancen las fases posteriores del proceso penal. Más se flexibiliza, entonces, la garantía de la presunción de inocencia en un trámite especial como el de Justicia y Paz, en el que necesariamente el postulado procesado no puede esperar otra cosa que un fallo condenatorio, a cambio de una pena alternativa.

En conclusión, no sobrepasa ni excede la intención de la ley el hecho de que el decreto reglamentario determine cuál de las fases procesales en las que se hace un estudio de autoría del delito doloso es la que se requiere para negar la sustitución de la medida de aseguramiento.

ii) En segundo término, téngase en cuenta que la existencia de una sentencia en contra del postulado, según lo dispone el numeral 2º del artículo 35 del Decreto 3011 de 2013 —en concordancia con el 11A de la Ley 975 de 2005— acarrea como consecuencia la exclusión de aquel del proceso de Justicia y Paz.

Por tanto, una interpretación de la norma reglamentaria, en el sentido de que se requiere de una sentencia para conceder la sustitución no puede ser de recibo, toda vez que se llegaría a la situación, evidentemente contradictoria e ilógica, de que un mismo supuesto de hecho (la existencia de sentencia contra el postulado) genera dos diferentes y excluyentes consecuencias: negar la sustitución de la medida de aseguramiento y, al mismo tiempo, excluir al postulado del proceso transicional.

Una sana hermenéutica aconseja entender que la certeza sobre la autoría del delito doloso que se declara en la sentencia condenatoria ha de acarrear la más gravosa consecuencia, esto es, la exclusión del postulado del trámite de Justicia y Paz; pero que la negativa a la sustitución de la medida de aseguramiento (que, obviamente, no supone la exclusión) no puede ser también la consecuencia del mismo supuesto de hecho, esto es, de la sentencia condenatoria.

Así, el alcance fijado al artículo 18A de la Ley 975 de 2005 por el inciso cuarto del artículo 37 del Decreto 3011 de 2013 no hace otra cosa que evitar que frente una misma razón de hecho se produzcan dos distintas consecuencias de derecho.

3. Ahora bien, al contrario de lo que asegura el Magistrado con funciones de control de garantías, el numeral 5º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005 no dice por parte alguna que la sustitución de la medida de aseguramiento exija como requisito la inexistencia de antecedente penal del postulado, por un hecho cometido con posterioridad a su desmovilización. Lo que requiere la norma es que aquel no haya cometido delito doloso; y, como ya se reseñó, la autoría del delito doloso es un estudio que se elabora en el proceso penal desde la formulación de la imputación.

De manera concordante con lo anterior, es preciso señalar que tal interpretación del inciso cuarto del artículo 37 del Decreto 3011 de 2013 no desconoce los principios de presunción de inocencia, libertad, igualdad e in dubio pro reo que la decisión apelada estima vulnerados.

Dichos principios, que configuran la regla general en los procesos penales de naturaleza adversarial que tramita la justicia permanente, y abarcan en ellos un ámbito de protección mucho mayor, naturalmente se flexibilizan, y en ocasiones dejan de ser la regla general, en el trámite de Justicia y Paz, pues en este el desmovilizado renuncia a la presunción de inocencia, admite la autoría y responsabilidad por la comisión de conductas violatorias de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y se somete, por regla general, a la detención preventiva intramural con la expectativa —a cambio de la renuncia a hacer valer su presunción de inocencia— de ser beneficiado con una pena alternativa.

Frente a este especial panorama, el compromiso que asume el procesado frente a los fines de la justicia transicional exige un mayor rigor de lealtad y cumplimiento que el que se puede esperar de un procesado en un trámite judicial ordinario.

Los compromisos que asume el desmovilizado postulado frente a la justicia transicional no deben entenderse como exigencias a cumplir solamente a partir del momento en que el fallo proferido por el Tribunal de Justicia y Paz cobre firmeza. Por el contrario, el postulado procesado debe mostrar su inclinación a acogerse a ellos mientras se desarrolla el trámite, aun cuando en su contra no obre todavía una sentencia ejecutoriada. Por lo mismo, no es del caso exigir la existencia de una sentencia ejecutoriada proferida por la justicia permanente para inferir razonablemente el incumplimiento por el postulado de uno de los requisitos para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento.

4. Y no se diga que es el Estado —por vía del ejecutivo, el legislador o la administración de justicia— quien defrauda la confianza en el proceso transicional, o por temor pretende burlar la expectativa del desmovilizado para obtener la libertad por pena cumplida. Al contrario: es el postulado quien, no obstante que el Estado le ofreció de buena fe la oportunidad de reintegrarse a la vida civil y de pagar una pena mínima por los graves crímenes cometidos, en todo caso resuelve mantener su actividad delictiva, en perjuicio de la legitimidad social del proceso, las víctimas y de la posibilidad de lograr una verdadera reconciliación frente a un pasado nefasto.

5. La tesis expresada por esta Colegiatura en el auto del 9 de abril de 2014, radicado 43178, no tiene el alcance que le atribuye el Magistrado con función de control de garantías para sustentar la postura plasmada en la decisión impugnada.

En efecto, en dicho pronunciamiento la Corte estimó que hacer recaer en el procesado la carga de demostrar el presupuesto de no comisión de delito doloso con posterioridad a su desmovilización (consagrado en la L. 975/2005, art. 18A, num. 5º), constituía una inversión de la carga de la prueba, pues la inocencia de aquel habría de presumirse, “hasta tanto la Fiscalía aparezca con una información certificada en sentido contrario”.

Pues bien, por parte alguna en aquella providencia esta Corporación precisó que esa “información en sentido contrario” que debe allegar la fiscalía debería ser necesariamente una sentencia en contra del postulado, ni descartó que la comisión del delito doloso pudiera representarse en una inferencia razonable de autoría, menos aún afirmó que tal información debería constituir un antecedente penal, en los términos en que lo consagra el artículo 248 de la Constitución Política.

Por el contrario, la postura que aquí defiende la Corte ya ha sido expuesta en otras decisiones, entre otras en el auto del 4 de febrero de 2015, radicación 44851, citado en el auto del pasado 18 de marzo, radicación 45242:

“… de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2011 de 2013 y como lo ha discernido esta Sala, “para negar la sustitución de la medida de aseguramiento por encontrar demostrada la configuración de esa exigencia, el decreto reglamentario fijó una condición clara y expresa consistente en que se entiende trasgredido el compromiso de no repetición de delitos, cuando al postulado, al menos, se le ha formulado imputación por una conducta punible dolosa” (resaltado en el original).

“Resulta apenas lógico exigir ese mínimo presupuesto, porque supone la existencia de una indagación preliminar en curso de la cual deba establecerse si realmente ocurrió el hecho que llegó a conocimiento de la fiscalía, si constituye infracción a la ley penal, así como la identificación o la individualización de los autores o partícipes y el aseguramiento de los medios de convicción que permitan ejercer debidamente la acción punitiva del Estado; y, sólo a partir de la convergencia de tales resultados podrá formularse la imputación, porque de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, podría inferirse razonablemente que el implicado es autor o partícipe del delito que se investiga”.

6. En el caso presente, se tiene que, como así lo admitió la defensa del postulado y lo acreditó la fiscalía con los documentos correspondientes (fl. 184 y ss. de la carpeta), por hechos ocurridos entre noviembre de 2008 y marzo de 2009, en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba, J.H.A.O. fue imputado, junto a otros, el 25 de marzo de 2014 por el Fiscal 4º Delegado, adscrito a la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado y Bandas Emergentes, como autor doloso de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de personas, extorsión agravada, doble homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, dentro del radicado SPOA 130016001128200807854, diligencia que tuvo lugar ante el despacho del Juzgado 79 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá.

En este orden de ideas, comoquiera que se trata de delitos dolosos cometidos e imputados con posterioridad a la desmovilización de A.O., que su gravedad es indiscutible y evidentemente sugieren una clara defraudación de los compromisos requeridos para acceder a la pena alternativa, y guardan estrecha vinculación con las actividades atribuidas a las bandas criminales emergentes, surgidas a raíz de la desmovilización de quienes integraron los bloques y frentes de las AUC, la Sala encuentra justificado revocar la determinación recurrida, negar la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad y disponer la captura del postulado, con el fin de que continúe cumpliendo la medida de aseguramiento intramural.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión impugnada del 9 de febrero de 2015, mediante la cual un Magistrado con funciones de control de garantías de Medellín accedió a la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural que pesaba contra J.H.A.O., por una no privativa de la libertad, y dispuso su libertad inmediata.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE LA CAPTURA del postulado J.H.A.O., con el fin de que continúe en detención preventiva, en el establecimiento carcelario que determine el INPEC. A través de la Secretaría de la Sala expídanse las comunicaciones correspondientes.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase la actuación al Despacho de origen.»