Sentencia 2014-00014 de mayo 8 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

STC 5552-2014

Rad.: 70001-22-14-000-2014-00014-01

(Aprobado en sesión de siete de mayo de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., ocho de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de la Corte que la acción de tutela no procede, en línea de principio, contra el proveído que resuelva el incidente de desacato de que trata el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991; empero, se ha admitido su interposición frente a una burda trasgresión del debido proceso, como cuando se omite la citación de los inculpados, se soslaya explicar los motivos en que se fundamenta, o se dejan de apreciar elementos demostrativos relevantes o su valoración es contraevidente, bajo el entendido que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas, so pena de desatender el deber de imparcialidad y menoscabar el derecho a la igualdad de las partes litigantes.

2. Observada la censura planteada, emerge que la misma tiende a que, mediante orden impartida en este excepcional escenario de resguardo, se destierre del ámbito jurídico la providencia de 8 de octubre de 2013, confirmada por vía de consulta el día 16 de diciembre del mismo año por parte del despacho promiscuo del circuito enjuiciado, a propósito de que decaigan las sanciones que allí le fueron impuestas a la gestora por hallarse desobediencia en su actuar frente a la protección tutelar dispuesta en fallo que, fungiendo como ad quem, emitió el aludido juzgado el 30 de abril del año próximo pasado, parcialmente “aclarado de oficio” el 30 de mayo siguiente.

3. A fin de efectuar el presente pronunciamiento, con vista en las acreditaciones arrimadas, se realizará un sucinto recuento de las actuaciones adelantadas en el sub judice, atañederas con el preciso motivo de reclamación.

3.1. Fallo de tutela de 28 de febrero de 2013, por el cual el juzgado municipal acusado denegó el amparo instado por Jorge Ramírez Mattar (fls. 36 a 42, ídem).

3.2. Sentencia revocatoria dictada el 30 de abril de ese año por el despacho del circuito encartado, que otorgó el resguardo reclamado (fls. 43 a 67, ídem), la cual fue “aclarada de oficio” parcialmente el día 30 de mayo de la pasada anualidad, disponiéndose entonces, en definitiva, que el “gobernador del departamento de Córdoba, Dr. Alejandro José Lyons Muskus, en su calidad de nominador, deje sin efectos el Decreto 869 del 3 de agosto de 2012, por el que se designa al Director de la empresa social del Estado San Juan de Sahagún”; luego, que “la Junta Directiva de la ESE Hospital San Juan de Sahagún ordenara a la Corporación Universitaria Ideas, reevalúe la etapa de valoración de antecedentes de experiencia y estudio a (...) Luis Alberto Mercado Anaya, según el instructivo de la convocatoria, respetando plenamente las reglas trazadas, específicamente deberá corregir los errores en que la universidad incurrió y que fueron señalados y advertidos en la parte motiva de esta providencia, asignándole el puntaje a que realmente tiene derecho”; y, finalmente, que el señalado ente académico estructure “la nueva lista de elegibles” y la remita “a la Junta Directiva de la ESE Hospital San Juan de Sahagún, la cual deberá conformar la tema (...) en estricto orden descendente según los puntajes obtenidos, y la remitirá (...) al gobernador [de Córdoba] quien procederá a nombrar al gerente de la ESE Hospital San Juan de Sahagún”.

Lo señalado, en compendio, en vista de que “se evidencia la violación en la que incurre la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, al haber valorado los antecedentes definitivos de la hoja de vida del aspirante Luis Alberto Mercado Anaya, con una calificación de hoja de vida igual a nueve (9) cuando en verdad su calificación real y cierta correspondía a solo dos (2) puntos”, lo cual “denota a primera vista que la universidad al momento de valorar sus antecedentes definitivos omitió que debía hacerlo sólo en relación a la experiencia y estudios adicionales a los requisitos mínimos y con la consideración [de] que debía ser en el área de la seguridad social en salud, conforme a la exigencia del inciso quinto del artículo 5º de la Resolución 165 de 2000”, motivo por el que así resultaron “viol[ados] los pliegos de condiciones que constituyen la ley del concurso, las normas reglamentarias anotadas y de paso conculc[ados] los derecho[s] del tutelante Jorge Ramírez Mattar, pues al permitirle pasar [a aquel] la etapa de inscripción pese a no tener las funciones acreditadas y excluir a otros por el mismo motivo, [se] genera una discriminación”.

Recabó, además, que en tratándose de la “experiencia acreditada”, las “constancias laborales” aportadas “no todas llenan el requisito de la convocatoria para ser valorad[a]s como experiencia adicional al mínimo para desempeñar el cargo en concurso” dado que no indican las “funciones desempeñadas” (fls. 68 a 71, ídem).

3.3. Acta contentiva de la “revaluación de la valoración de antecedentes para la selección del gerente de la ESE Hospital San Juan de Sahagún”, llevada a cabo el 8 de junio de 2013, en la que a Luis Alberto Mercado Anaya se le otorgó un nuevo puntaje, conforme al “instructivo para calificar antecedes de hoja de vida en el proceso de la ESE de Sahagún, y ello dado que “[revisada minuciosamente la hoja de vida del concursante (...), encontramos que la experiencia más amplia está en el campo de lo profesional y no en el de asesor. El comité en pleno y por unanimidad decide revaluar el puntaje obtenido y de acuerdo con la consideración anterior, resultado de la revisión y revaluación que se describe en el anexo y que forma parte integral de la presente acta] (fls. 72 a 74 ídem).

3.4. Auto de 8 de octubre de 2013, a través del que el juez a quo enjuiciado halló en rebeldía a la querellante en su condición de “representante legal de la Corporación Universitaria IDEAS”, disponiendo, entre otras cosas, su arresto domiciliario durante 7 días y la imposición de multa por 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ello, comoquiera que, en suma, “la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, manifestó que después de la evaluación cualitativa y cuantitativa de las hojas de vida y de haber emitido concepto mediante las actas respectivas de evaluación a las diferentes pruebas, (...) procedieron a revaluar la etapa de valoración de antecedentes de experiencia y estudio de (...) Luis Alberto Mercado Anaya”, señalando al efecto que “la calificación de la experiencia pasa de 5 a 4 puntos y la calificación de estudios se mantiene en 4 puntos, arrojando como resultado un total de 8 puntos en la prueba de antecedentes, quedando la puntuación obtenida por el concursante (...) en 81.6 puntos”.

Empero, agregó, la actitud desplegada por la promotora “es alevosa con la sentencia de tutela que ordena amparar los derechos fundamentales del incidentista, en razón a que no da cumplimiento a lo indicado por el juzgador de segundo grado al momento de realizar la valoración de los antecedentes de experiencia y estudio de (...) Luis Alberto Mercado Anaya, toda vez que la sentencia de amparo ordena que al momento de valorar los antecedentes se reponga como calificación real y cierta dos (2.0) puntos” (fls. 105 a 110, ídem).

3.5. Proveído adiado 16 de diciembre inmediatamente anterior, por el que el funcionario ad quem acusado resolvió el grado de consulta respecto de la determinación de marras, “confirmándola parcialmente”, dado que revocó el numeral 5 de la misma en el cual se dispuso que la reclamante “proceda a dar cumplimiento inmediato al ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de segundo grado (...), esto es, imponiendo una calificación [a Luis Alberto Mercado Anaya] de dos (2.0) puntos en el ítem antecedentes, y una vez reevaluado [este] envíe la nueva terna a la Junta Directiva de la ESE Hospital San Juan de Sahagún (...) para que [se] designe el gerente (...)”.

Lo precedente, en tanto que “la representante legal de la Corporación Universitaria IDEAS, quien al hacer la revaloración del puntaje asignado al ítem de experiencia profesional y formación académica, después de hacer un análisis de las hojas de vida, señala que (...) la documentación y certificaciones cumplen con las formalidades citadas confirmando en todo el procedimiento que esa misma entidad inicialmente hizo”, por lo que “se ratifica en la puntuación y evaluación inicialmente dada a (...) Mercado Anaya) aduciendo especialmente que cumplió con lo ordenado en el fallo de tutela pero luego que realizara un estudio serio, responsable y mesurado, conformó la tema iniciando por méritos con el nombre de Luis Alberto Mercado Anaya”, surgiendo que no se “encuentra (...) que la representante legal hubiese demostrado el cumplimiento de la orden específica de revaluar la etapa de valoración y antecedentes de experiencia y estudio, según el instructivo de la convocatoria, respetando plenamente tales reglas y específicamente dice corrija los errores en que se incurrió que fueron señalados en la parte motiva del fallo, y que ese incumplimiento se dio, por ende, con un conocimiento y voluntad de hacerlo” (fls. 111 a 120, ídem).

3.6. Invitación pública para participar en el proceso de selección del gerente de la ESE Hospital de San Juan de Sahagún (fls. 174 a 177, ídem).

3.7. Instructivo para “valorar los antecedentes de experiencia y estudio ESE Hospital de San Juan de Sahagún” (fl. 178, ídem).

3.8. Hoja de vida de Luis Alberto Mercado Anaya (fls. 33 a 87, cdno. de la Corte).

4. El precepto 27 del Decreto 2591 de 1991, prevé el procedimiento que debe agotarse para obtener el acatamiento de la orden de tutela.

4.1. A la luz de la mentada norma, el “desobedecimiento” al fallo acarrea una “responsabilidad objetiva”, a la vez que la “Sanción por desacato” implica, de necesidad, una “responsabilidad subjetiva del transgresor”, en tanto que para lo propio es cardinal discernir, no sólo la inobservancia, sino, también, las condiciones en las que tal se produjo, esto es, la indolencia o pigricia que sean imputables a aquel, mediante “juicios valorativos que den cuenta de su ánimo rebelde”; por ende, la “sanción por desacato” se transmuta, de suyo, en una de las derivaciones que se desenvuelven del soslayo de una disposición impartida por el juez tutelar, atribuible a la “incuria o negligencia del destinatario del mandato, o bien porque su inactividad o deficiente gestión es producto de su rebeldía manifiesta” (CSJ, ADC, sep. 14/2009, rad. 1417-00).

A su vez, la Corte Constitucional ha acotado sobre el particular, que la figura jurídica en comento “Se traduce en un medida de carácter coercitivo y sancionatorio con que cuenta el juez de conocimiento de la tutela para sancionar a quien desatienda sus órdenes expedidas para proteger de manera efectiva derechos fundamentales” (Sent. T-188/2002); asimismo, ha estimado que la facultad de sancionar otorgada al juzgador constitucional en ese concreto evento, se halla incrustada dentro de sus “poderes disciplinarios”, asimilables a los que el artículo 39-2 del Código de Procedimiento Civil le concede al juez, recalcando que “las sanciones que imponga tienen una naturaleza correccional” (Sent. C-092/97). Y añade que en el desacato, en tratándose de una expresión de la potestad disciplinante del fallador, lo concerniente con “la responsabilidad de quien en él incurra es subjetiva, lo que indica que no puede presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento sino que para que haya lugar a imponer la sanción se requiere comprobar la negligencia de la persona comprometida” (Sent. T-459/2003).

Dimana de lo de marras, que el correctivo que ha de imponerse por denotarse inobediencia emana de una indisimulada voluntad del accionado en aras de esquivar las órdenes provenientes del resguardo otorgado. Dicho de otra manera, el mero incumplimiento, per se, no constituye una evidente afrenta a la decisión del juez constitucional, pues, como ha tenido ocasión de señalar la Sala, en aras de fundar dicho aserto se requiere una paladina:

(...) desatención a la orden emitida, lo que exige corroborar la exteriorización de conductas dirigidas a evitar de alguna manera acatar el fallo de tutela, lo que haría surgir, claramente, un ánimo eminentemente subjetivo que el juzgador competente debe valorar en cada caso en particular, sopesando, itérase, si aflora en el funcionario acusado ese interés interno para apartarse de la decisión protectora (CSJ, ADC, sep. 14/2009, rad. 1417-00).

Lo anterior parejamente lo ha señalado la Corte Constitucional en diferentes providencias, verbigracia, los Autos 108 de 26 de mayo de 2005 y 126 de 5 de abril de 2006, y, las sentencias T-1038 de 9 de agosto de 2000 y 458 de 2003.

4.2. Asimismo, la Sala ha sostenido que el juez que conoce de la “consulta” tiene la “obligación —deber— constitucional” de “indagar cuáles fueron las razones por las que el accionado no cumplió con la decisión tomada dentro del proceso”, y ello “a fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente los derechos fundamentales invocados”, por cuanto que también es menester verificar si la conducta desplegada por el sujeto obligado a acatar está condicionada por “Circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para cumplir” (CSJ, STC, feb. 9/2011, rad. 128-00).

5. Analizada el “acta de revaluación de la valoración de antecedentes para la selección del gerente de la ESE Hospital San Juan de Sahagún”, que fue el soporte demostrativo allegado por la quejosa, durante el trámite del “incidente de desacato”, ante los juzgados acusados a fin de denotar su acatamiento a la orden tutelar impartida, advierte esta corporación que tal no refleja lo que precisamente había sido previsto en el fallo de tutela de 30 de abril de 2013 —aclarado el 30 de mayo del mismo año—, lo cual, prima facie, comportaría avalar lo decidido al respecto por los despachos enjuiciados.

Empero, es de ver que tal distanciamiento no traduce propósito ninguno de apartarse del mismo, sino que, a la luz del “instructivo para valorar los antecedentes de experiencia y estudio ESE Hospital de San Juan de Sahagún” y de la “hoja de vida de Luis Alberto Mercado Anaya”, es el resultado del debido apego a los parámetros al efecto fijados como directrices a observar para adelantar el proceso de selección que tiene como fin proveer el cargo de gerente de la aludida empresa social del Estado, los cuales, bien mirados, son distintos a los peregrinos ítems demarcados por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal en el aludido fallo, que se basó en una percepción equivocada del marco normativo y fáctico que para lo propio se debía tener en cuenta.

Por supuesto, dicha célula judicial encartada, basada en un desfigurado sustrato, por ese conducto erró a la hora de conceder el amparo otorgado, y por ende, parejamente al impartir la orden a ese propósito emitida, lo que, de cara a lo atrás demarcado, implica que si supuestamente pudiera colegirse un obrar imbuido en incumplimiento de parte de la petente, también lo es que el mismo no se ve revestido de una actitud rebelde, apreciada desde el punto de vista subjetivo, que apareje avalar los castigos impuestos a ella, sino que más bien de tal proceder dimana el acertado miramiento de las reglas propias del proceso de selección emprendido, de cara a la verdadera situación fáctica existente, lo que comporta que, en puridad, no obre desapego a la orden tutelar, puesto que la misma se trueca, como viene de verse, en una directriz que deviene anegada en una imposibilidad absoluta jurídica y fáctica de ser cumplida, dado que, por una parte, ha de tenerse en cuenta que, entre otras cosas, puntualmente se ordenó revaluar “la etapa de valoración de antecedentes de experiencia y estudio a (...) Luis Alberto Mercado Anaya, según el instructivo de la convocatoria, respetando plenamente las reglas trazadas” (se resalta) y, por otra, que el verdadero norte que guía el espíritu de la acción tutelar es la protección de los derechos fundamentales, y ello bajo el entendido constitucional de un debido proceso ajeno a capricho o arbitrariedad en la toma de la decisión de resguardo.

Y es que, adicional a que en el “acta de revaluación de la valoración de antecedentes para la selección del gerente de la ESE Hospital San Juan de Sahagún” no encuentra la Corte, se repite, manifestaciones dirigidas, de manera clara y contundente, a desviar la salvaguardia concedida, o sea, no hay esa actitud anímica de desconocer la determinación procedente del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal, máxime cuando por la gestora se indicaron las precisas razones que llevaron a la adopción de dicho laborío en los concretos términos allí señalados, esto es, que con fundamento en la “hoja de vida” no se le imponía a Luis Alberto Mercado Anaya un puntaje de 2 (como indebidamente se ordenó en el fallo de tutela que viene de memorarse) sino de 8 puntos respecto de sus “antecedentes de experiencia y estudio”, también lo es que en la providencia emitida, el 30 de abril de 2013, por el referido despacho acusado, sí se denotan crasos yerros de apreciación, los cuales la deslegitiman.

Lo últimamente enunciado, por cuanto que tal providencia se apuntaló en los erróneos entendidos de que, de un lado, en las “constancias laborales” aportadas por Luis Alberto Mercado Anaya no se indicaron las “funciones desempeñadas”, acaeciendo que, como se ve en la piezas procesales 35, 36, 78 y 79 de este cuaderno, las “funciones” que dicho sujeto desempeñó como “profesional universitario” desde el “7 de abril de 2008 hasta el 1º de abril de 2012”, actividad que en últimas fue la tenida en cuenta a fin de otorgar la puntuación ya que al efecto se dijo que “[r]evisada minuciosamente la hoja de vida del concursante (...), encontramos que la experiencia más amplia está en el campo de lo profesional y no en el de asesor” (se destaca), se verifican debida y ampliamente señaladas en la certificación arrimada; por ello, se le otorgó el puntaje de cuatro (4) por concepto de “experiencia profesional”, que es el estipulado en el respectivo “instructivo” para esa clase de experiencia.

Y, de otro, en que se tuvieron en cuenta “estudios adicionales a los requisitos mínimos y con la consideración [de] que debía ser en el área de la Seguridad Social en Salud”, siendo que el título que se consideró en aras de otorgar cuantificación a la “formación académica” de Mercado Anaya es el conferido por la “Corporación Universitaria del Caribe” como “Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud” (fls. 82 y 83, de este cuaderno), el que, de acuerdo al “instructivo” para valorar aquella, merecía cuatro (4) puntos que justamente fueron los otorgados, siendo, por demás, que dicho galardón es valedero de acuerdo a la “invitación pública” como demostrativo del requisito de “educación” que era del caso acreditar para puntuar dicho ítem, por lo que así fueron respetadas “plenamente las reglas trazadas” para regir ese concurso de méritos.

6. En esas circunstancias, sin duda alguna, es palpable que, en este concreto y puntual asunto, habida cuenta de las precisas connotaciones que encierra, no hay lugar a sanción por desacato impuesta el 8 de octubre y ratificada en consulta el 16 de diciembre de 2013, conforme ello quedará establecido en la parte resolutiva de este pronunciamiento.

7. Según lo discurrido, se revocará la resolución materia de impugnación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede y, en su lugar, dispone:

1. TUTELAR a favor de Ana Cristina Pedraza Alvarado, en su condición de rectora de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, el derecho al debido proceso.

2. En consecuencia, se DEJA SIN EFECTO la sanción impuesta, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chalán el 8 de octubre de 2013 y ratificada por vía de consulta por el Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal en determinación de 16 de diciembre de esa misma anualidad, a la reclamante Ana Cristina Pedraza Alvarado en su condición de “rectora de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS”, consistente en “arresto domiciliario de siete (7) días y multa de dos (2) smlmv”, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta determinación.

3. Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese».