Sentencia STC004-2016/2015-02659 de enero 13 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC004-2016

Rad.: 11001-02-03-000-2015-02659-00

Magistrado Ponente

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

(Aprobado en sesión de dieciocho de diciembre de dos mil quince)

Bogotá, D.C., trece de enero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «1. Consideraciones

1. Los antecedentes que se acaban de relatar, permiten establecer que la Embajada de la República Árabe de Egipto en Colombia pretende que a través de este mecanismo se deje sin efecto la providencia dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual declaró la nulidad de la actuación surtida en el señalado compulsivo, tras advertir que allí se había transgredido la inmunidad jurisdiccional de la aquí tutelante.

2. Las relaciones internacionales, con apoyo en los principios de soberanía, independencia, autonomía, e igualdad, históricamente han reconocido las denominadas inmunidades, esto es, la prerrogativa otorgada a los Estados, a sus dignatarios, y a quienes pertenecen a su delegación diplomática, para no ser sometidos a la jurisdicción de otros países, extendiéndose incluso tal privilegio a otros organismos internacionales(1).

En consecuencia, subsisten varias clases de inmunidad frente a los sujetos de derecho público internacional: (i) la de los Estados; (ii) los organismos internacionales; y (iii) la diplomática y consular, esta última concedida a los miembros de las misiones plenipotenciarias de otros países, a sus familiares “(…) conforme regula la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada en Colombia mediante la Ley 6ª de 1972 (…)”(2).

Ahora, en relación a las misiones diplomáticas, la doctrina también ha distinguido entre los actos que sus miembros realizan “(...) i) a título privado y no en nombre del Estado acreditante (…)”; y ii) los actos que aquéllos realizan “(…) por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión (…)”(3).

Atinente al segundo tópico, es decir, aquéllos actividades realizadas “por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión”, debe distinguirse si se trata de: a) actos “ius imperii”, considerados como actos políticos propiamente dichos, que tienen sustento en el poder soberano del sujeto de derecho extranjero; y b) actos “ius gestionis”, relacionados con gestiones accesorias a la actividad de representación, que excluyen el ejercicio de las potestades políticas.

Sobre el asunto, en tesis sostenida en su momento por esta Sala de Casación, en auto de 28 de julio de 2011, rad. 2011-00521-00, se expresó:

“(…) [D]e ese modo, frente a los actos «iure imperii» existe una inmunidad absoluta del Estado acreditante, pues su poder soberano no podría ser sometido al escrutinio de las autoridades jurisdiccionales del Estado receptor. Mientras tanto, frente a los actos «iure gestionis», la costumbre internacional propende por reconocer una inmunidad relativa, al punto que tales actos, en principio, podrían ser juzgados por las autoridades del Estado receptor (…)”.

“Ahora bien, si la inmunidad de jurisdicción se torna relativa en tratándose de actos ‘iure gestionis’, por no obedecer al cumplimiento de funciones de carácter estrictamente oficial, debe entenderse que, en tratándose del juzgamiento de ese tipo de actos es posible la renuncia de la inmunidad, pues el sometimiento de los miembros del cuerpo diplomático a los jueces nacionales, por efectos prácticos y para materializar el principio de eficacia de los derechos, no entrañaría un irrespeto a la soberanía extranjera, ni podría generar un conflicto político entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Por el contrario, con tal medida se abona terreno para lograr la realización del derecho sustancial, de manera pronta y con respeto a las formalidades adjetivas internas, cuestión que, por demás, garantiza de mejor manera las posibilidades de contradicción y defensa para el demandado (…)” (se resalta)(4).

3. No obstante, otros precedentes vienen expresando que las sedes extranjeras de otro país no pueden fungir como sujetos activos o pasivos de la acción de tutela, ni de otros litigios de índole legal, pues cuentan con inmunidad de jurisdicción, por cuanto:

“(…) [E]n virtud de la denominada inmunidad de jurisdicción de los Estados, reconocida a nivel mundial, un Estado no puede ser demandado ni sometido a juicio ante los Tribunales de otro, como tampoco puede ser objeto del imperio de las decisiones judiciales y administrativas, adoptadas por los órganos de otra organización política estatal”.

“En suma, un Estado soberano jamás podría ser sometido a la jurisdicción interna de otro, pues ello sería tanto como declinar la soberanía y aplicar la extraterritorialidad de las leyes de un Estado que así subyugaría o sojuzgaría a otro”.

(…)

“En reciente decisión esta Sala, cuando expuso sobre el tema de la inmunidad de jurisdicción de los Estados señaló ‘que la competencia del juez constitucional está limitada al territorio de su jurisdicción; en tratándose de hechos o presuntas violaciones de derechos fundamentales endilgados a un país extranjero, como ocurre en este caso, carece de competencia para dirimir el conflicto, pues su jurisdicción no puede traspasar las fronteras del Estado. En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de tutela No. 1931 de 12 de septiembre de 1995, donde al respecto dijo: ‘En efecto, el juez constitucional no tiene competencia para resolver conflictos jurídicos que involucran Estados extranjeros, pues su jurisdicción territorial no trasciende los límites del Estado colombiano; tampoco la tiene frente a sus agentes diplomáticos, teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas incorporadas a nuestro derecho interno por medio de la Ley 6ª de 1972, gozan de inmunidad de jurisdicción’. Argumento que entre otras es coincidente con la jurisprudencia constitucional al respecto’. Acción de tutela de 2 de noviembre de 2004, exp. Nº 110010203000200401196”.

(…)

“Precisamente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado consideró que “la comunidad internacional, tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, ha convenido el establecimiento de normas sobre relaciones, deberes, derechos, prerrogativas e inmunidades de misiones, oficinas, agentes diplomáticos y consulares, con el objeto de garantizar mediante su observancia el desempeño de sus labores en condiciones de libertad e independencia, de manera que permita el normal desarrollo de las relaciones mutuas”.

“Tanto el derecho internacional, particularmente el diplomático, como la costumbre internacional, han desarrollado diferentes instrumentos que otorgan facilidades a las misiones, oficinas y funcionarios para el pleno ejercicio de sus actividades. Han sido denominados por las normas, la costumbre y la doctrina, privilegio, inmunidad e inviolabilidad, y son consecuencia de la llamada extraterritorialidad o extrajurisdicción”.

“Así, se distingue la inmunidad como una exención de sometimiento a la jurisdicción local de ciertas personas o cosas, que tiene por objeto principalmente una abstención (non facere) del Estado ante el cual está acreditado el diplomático y trae como consecuencia que las autoridades locales no puedan realizar ningún acto de intromisión en ellas, ya sean autoridades judiciales, administrativas, policiales o militares, salvo que el agente acreditado lo solicite expresamente. Por su parte la inviolabilidad impone al Estado receptor una acción (facere), de protección especial contra los ataques ilícitos” (Concepto de 9 de febrero de 2000. Radicación No. 1244)”.

“En ese orden de ideas, la Misión Diplomática como son el Estado mismo del gobierno que lo acreditó, y por ende se halla protegido por las normas jurídicas que regulan las relaciones internacionales, aparte que no están subordinados a la jurisdicción del Estado que los recibe y gozan de inmunidad en relación con el ejercicio de sus funciones; tales misiones diplomáticas no pueden ser sujeto pasivo de la acción de tutela, en vista de que, además, no son autoridades públicas del Estado Colombiano, ni un particular contra quien excepcionalmente pueda plantearse el recurso de amparo (…)”(5).

En consonancia con esa misma línea argumentativa, se precisó que ni el numeral 5º del artículo 235 de la Constitución Política(6), como tampoco el numeral 5º de la regla 25 del Código de Procedimiento Civil(7), facultaban a esta Sala para conocer de los juicios en donde fueran parte los Estados con sede en nuestro país, sino para adelantar aquéllos trámites a través de los cuales un agente diplomático acreditado ante el gobierno colombiano, promueva o fuera convocado a un juicio de naturaleza civil(8).

La anterior conclusión, fundada en la distinción entre inmunidad de jurisdicción predicada sobre un agente diplomático y por el otro, respecto de un Estado, la primera regulada por la Convención de Viena de 1961, incorporada a nuestra legislación mediante la Ley 6ª de 1972, tiene correlación procesal con el numeral 5º del artículo 235 de la Carta y el numeral 5º del precepto 25 del Código de Procedimiento Civil; y la segunda, por la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes de 2004, no siendo ratificada por Colombia, situación que prima facie “impide hoy tenerla como fuente de derecho interno por mucho que contenga preceptos del derecho internacional consuetudinario”(9).

Sobre el asunto, reiteró esta Corte:

“(…) [A] la luz de la anterior argumentación, armonizada con la afirmación que realizara la parte actora en el sentido de que el acto que dio origen a la demanda es un acto de soberanía o “iure imperri”, por recaer sobre un inmueble que posee por cuenta del Estado Egipcio y para los fines de la misión diplomática de ese país, resulta poco o nada relevante el hecho de que el agente diplomático haya o no renunciado a la inmunidad, o que esa eventual renuncia sea o no procedente según la especie de la inmunidad (relativa o absoluta) que se invoque; pues, tratándose, como se trata, de una demanda promovida por la República Árabe de Egipto a través de uno de sus representantes, lo cierto es que esta Corte carece de jurisdicción para conocer de esa controversia dado que ni la Constitución ni la ley se le han atribuido de modo expreso (…)”(10).

4. Empero, múltiples argumentos doctrinarios y jurisprudenciales han surgido para revaluar las vigentes consideraciones tendientes a relativizar el criterio de inmunidad de jurisdicción de los Estados, en materia civil y mercantil, como consecuencia de la globalización del derecho, el notable crecimiento de las relaciones comerciales y el tráfico jurídico internacional, permitiéndose así la aplicación restringida de dicha figura.

4.1. En efecto, no debe dejarse de lado que la teoría absoluta de la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero se halla hoy superada por un lado, en el ámbito del derecho internacional contemporáneo; y por el otro, en la práctica interna de los Estados.

En cuanto al primero, debe precisarse que la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes, aprobada en el año 2004, tuvo como principal antecedente la recopilación de reglas de carácter consuetudinario, pues la misma surgió como respuesta a la unificación de criterios hermenéuticos que sobre la materia, venían implementado varios países.

Al respecto, vale señalar que previo a la creación de tal instrumento jurídico, ya se había realizado un intento de codificación, como es el caso del “Convenio Europeo sobre Inmunidad de los Estados”, suscrito en Basilea el 16 de mayo de 1972, siendo el primero en su especie, pero escasamente ratificado por los allí firmantes(11).

En nuestro hemisferio, la Organización de Estados Americanos –OEA- aprobó el 21 de enero de 1983 el “Proyecto de Convenio Interamericano sobre la Inmunidad de Jurisdicción de los Estados”, incluyéndose allí la lista de circunstancias en las que un Estado extranjero podía quedar sometido a las autoridades judiciales de otro país, denominadas “excepciones a la inmunidad de jurisdicción”, entre ellas los “procedimientos sobre responsabilidad por daños y perjuicios”(12), aunque únicamente aquéllos derivados de “actividades comerciales o de negocios llevadas a cabo en el Estado del foro (sic)”.

Con igual propósito varias comisiones redactoras desarrollaron esbozos normativos para regular y restringir el alcance absoluto de la comentada prerrogativa estatal, como fueron el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre “las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (1991)”(13); la resolución de problemas actuales concernientes a la inmunidad de los Estados en relación con “las cuestiones de jurisdicción y ejecución (1991)”(14); y los borradores de reglas “sobre una Convención de Inmunidad de los Estados (proyecto de Montreal de 1982, revisado en Buenos Aires en 1994)(15).

En torno al segundo, han sido algunos Estados, pertenecientes a la tradición jurídica del common law quienes en un intento de imponer límites a la inmunidad plena de jurisdicción de una sede extranjera de otro país en su territorio, decidieron someter a ésta a su potestad jurisdiccional solo para ciertos asuntos, regulando tal circunstancia a través de su propia legislación. Por ejemplo, el Reino Unido expidió el “State Immunity Act (SIA)” de 1978, los Estados Unidos de América el “Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)” de 1976(16), Canadá la “Bill on State Immunity (CSIA)” de 1982, Australia la “Foreign State Immunity Act (ASIA)” de 1986, Singapur la “State Immunity Act of 1979”, Sudáfrica la “African Foreign States Immunities of 1981” y en Pakistan la “State Immunity Ordinance of 1981”. Igualmente, por fuera del ámbito de la referida familia jurídica, Argentina expidió la ley sobre “Inmunidad Jurisdiccional de los Estados extranjeros ante los Tribunales Argentinos”(17).

También puede reseñarse que algunos Estados, entre ellos, Austria, Italia, Francia, Alemania, Holanda(18), si bien no han elaborado legislaciones internas, han aplicado la teoría restringida de la inmunidad por intermedio de su jurisprudencia, distinguiendo para tal efecto entre actos de ius imperii y ius gestionis, gozando solo del memorado beneficio internacional las desarrolladas por el Estado bajo la primera clasificación, incluyéndose en la segunda aquellas funciones, como se expuso inicialmente en este acápite, a las ajenas de las tareas diplomáticas o consulares, por ejemplo, cuando se desarrollan actividades propias del derecho privado, como contratar bienes y servicios(19).

4.2. El anterior panorama internacional no ha sido tampoco soslayado por la jurisprudencia colombiana, quien también, desde distintos escenarios y con ciertas variaciones, han acogido la tesis de la inmunidad jurisdiccional relativa de los Estados.

Al respecto, en el año 2007 la Sala de Casación Laboral en auto de 13 diciembre, admitió la demanda presentada contra la Embajada del Líbano en nuestro país, luego de considerar que no sólo la Convención de Viena de 1961 no se ocupó de la inmunidad jurisdiccional de los estados en materia laboral, pese a la autonomía de esta rama del derecho adquirida desde comienzos del siglo pasado; sino que además, existen otras reflexiones que en el momento actual, llevaban a razonar que tal exención era relativa y no absoluta, para lo cual expuso:

“(…) [E]sta Sala adoctrinó, en auto de 13 de diciembre de 2007, sobre la viabilidad de aceptar la inmunidad relativa de jurisdicción de los Estados en materia laboral. Para edificar tal posición se valió de los principios generales del derecho internacional, así como de la costumbre vigente entre las naciones, ésta última, bajo el entendido de que no existía norma positiva que impusiera aquella prerrogativa de manera absoluta, amén de que el devenir histórico, obligaba a replantear tal postura, en aras de preservar los derechos de los trabajadores, en el marco de la globalización (...)”(20).

No obstante, a pesar de que la tesis arriba expuesta se mantuvo en vigor por la señalada Colegiatura hasta el año 2012(21), la Corte Constitucional, viene prohijando, y afirma hoy, que la aplicación del principio de inmunidad de jurisdicción restringida no es contrario a la Carta Política. Precisamente en decisión de control constitucional, por su naturaleza, con efectos vinculantes, por tratarse de doctrina erga omnes, ha dicho:

“(…) [E]sta Corporación ha definido en sede de tutela y en materia de control de constitucionalidad, las siguientes limitaciones a la inmunidad de los agentes de Estados extranjeros y organismos de derecho internacional que se encuentren en el territorio nacional:

“1. La jurisdicción laboral (…).

“(i) de manera progresiva, el derecho internacional ha reconocido que los Estados y los organismos internacionales tienen inmunidad restringida en materia laboral, es decir, ha aceptado que las misiones diplomáticas y los organismos supranacionales pueden ser llamados a juicio por tribunales locales “cuando se encuentran comprometidos derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional (…)”;

“(ii) cuando un Estado extranjero celebra un contrato laboral con un nacional colombiano, debe someterse irrestrictamente a las normas laborales internas, razón por la que “un Estado acreditante no puede alegar inmunidad por reclamos derivados del contrato de trabajo o de la ejecución de relaciones laborales.”; y

“(iii) la celebración de contratos de trabajo con nacionales colombianos obliga a las misiones diplomáticas y a los organismos supranacionales a asumir el riesgo de vejez, “mediante la afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales o incluso a otras entidades de previsión social que cubrieran tal riesgo.”

“2. Las jurisdicciones civil y administrativa (…)

De acuerdo con el artículo 31 de la Convención sobre las Misiones Especiales, los representantes de un Estado y los miembros del personal diplomático gozan de inmunidad civil y administrativa, salvo en estos casos:

“a) una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del Estado que envía para los fines de la misión;

“b) una acción sucesoria en la que la persona de que se trate figure, a título privado y no en nombre del Estado que envía, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario;

“c) una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por la persona de que se trate en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales; [y] d) una acción por daños resultante de un accidente ocasionado por un vehículo utilizado fuera de las funciones oficiales de la persona de que se trate”. Con fundamento en las disposiciones anteriores, en la citada sentencia, luego de reiterar que el principio de inmunidad de jurisdicción restringida no contradice la Constitución pues no vulnera por sí mismo el principio de igualdad, la Corte afirmó que los artículos que abordan el tema contenidos en la Convención deben ser entendidos de conformidad con (i) la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo concerniente a la jurisdicción administrativa, y (ii) los demás artículos de la misma Convención que se refieren a las obligaciones generales que deben satisfacer los integrantes de una misión diplomática.

“3. La jurisdicción penal (…)

“En la sentencia C-863 de 2004, al estudiar la constitucionalidad de la Ley 877 de 2 de enero de 2004, “Por medio de la cual se aprueba ‘la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado’, suscrita en Nueva York el 9 de diciembre de 1994, la Corte afirmó que en concordancia con lo dispuesto en dicha convención, el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado tienen la obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. En este sentido, aunque la Corporación consideró constitucional el artículo de la Convención según el cual, el personal militar o de policía asociado a las Naciones Unidas no puede ser detenido ni interrogado cuando haya sido capturado en el curso del desempeño de sus funciones y se haya establecido su identidad, pues “debe ser devuelto a las Naciones Unidas o a las autoridades pertinentes, y en todo caso tratado de conformidad con las normas de derechos humanos universalmente reconocidas y con los principios y el espíritu de los Convenios de Ginebra de 1949” (…)”(22).

Por su parte, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expuso sobre la forma y los efectos de la renuncia de un Estado a su inmunidad de jurisdicción:

“(…) [L]a forma expresa no ofrece dificultad alguna, pues se trata de la renuncia manifiesta por parte del órgano de derecho internacional que redunda en la aceptación de sometimiento a la jurisdicción interna del estado receptor. La renuncia tácita, por su parte, opera cuando el beneficiario de la inmunidad despliega actuaciones procesales ante la jurisdicción interna, omitiendo alegar la circunstancia que lo ampara, de manera que implícitamente admite someterse a la jurisdicción local, no obstante, podría decirse que no opera cuando el instrumento a través del cual se concede la inmunidad señala inequívocamente que la renuncia sólo procede cuando es expresa, escrita y notificada al estado que pretende ejercer la jurisdicción (…)”(23).

4.3. En criterio de esta Sala de Casación Civil las inmunidades jurisdiccionales otorgadas a las sedes extranjeras de otro país no pueden ser absolutas, pues como se expuso en líneas precedentes, el reconocimiento de dicho beneficio de manera irrestricta, significaría ignorar:

(i) las atribuciones soberanas de la República de Colombia para asegurar la defensa de las prerrogativas de las personas sometidas a su autoridad, pues de no hacerlo, nuestros nacionales, incluso la propia nación, tendrían que responder en el exterior sin importar evaluar la procedencia del principio de territorialidad de la ley, pudiendo ser incluso juzgados bajo normas carentes de reciprocidad con las colombianas, ocasionando así una situación de desigualdad, privándolos de los recursos legales contemplados en nuestra propia legislación;

(ii) implicaría aceptar sin reservas que los Estados acreditantes desarrollan para todos los casos actos propios de la misión diplomática y consular (ius imperii), sin distinguir de aquellas del derecho privado (ius gestionis), estas últimas, como según se expuso delanteramente, relacionadas con contratos comerciales o de trabajo, acciones reales o posesorias y demandas indemnizatorias, situación ultima contemplada en el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes de 2004; y

(iii) se prescindiría, sin oportunidad de discernir los efectos jurídicos que ello implica, la renuncia a la inmunidad de jurisdicción de un Estado con sede en nuestro territorio, ya sea tácita o expresa, situación ocurrida en el presente caso, en donde según se reseñó, la Embajada de la República Árabe de Egipto en Colombia decidió someterse voluntariamente a la justicia patria, con el fin de obtener de ésta el reconocimiento o la satisfacción de un derecho originado de una relación civil o mercantil.

Con todo, lo anterior resulta compatible, como razón nodal, con el numeral 3º del artículo 32 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el cual establece que “(…) si un agente diplomático o una persona que goce de inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 37 entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención directamente ligada a la demanda principal (…)”.

De esa manera, el mencionado privilegio puede ser declinado por el titular del Estado acreditante cuando éste decide ejercer las acciones que considere pertinentes en el país receptor, como en este caso ocurre, sin resultarle luego admisible valerse de la inmunidad para atacar la contrademanda que le puedan llegar a formular.

5. Por lo anterior, pues como se reitera el accionante renunció a esa dispensa, la Corte concluye que la protección debe otorgarse, razón por la cual se concederá el amparo suplicado y para poner a salvo los derechos reclamados, se ordenará a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que dentro de las 48 horas siguientes al recibo del respectivo expediente, deje sin valor y efecto el auto de 10 de abril de 2015, por el cual declaró la nulidad del proceso materia del presente resguardo, así como las actuaciones que de éste se desprendan, con el propósito de que examine la temática relacionada con la inmunidad de jurisdicción relativa de los Estados extranjeros, la renuncia de tal privilegio, así como lo tocante con la competencia, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones y adopte las determinaciones respectivas frente al caso puesto a su conocimiento.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER la tutela solicitada por la Embajada de la República Árabe de Egipto en Colombia frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, específicamente, contra los magistrados Nubia Esperanza Sabogal Varón y Julio Enrique Mogollón González, con ocasión del juicio ejecutivo promovido por Inversiones Spygga S.A. respecto de Alexander Huertas Farfán y Baluarte Construcciones y Diseños Ltda.

En consecuencia, se ordena a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que dentro de las 48 horas siguientes al recibo del respectivo expediente, deje sin valor y efecto el auto de 10 de abril de 2015, por el cual declaró la nulidad del proceso materia del presente resguardo, así como las actuaciones que de éste se desprendan, con el propósito de que examine la temática relacionada con la inmunidad de jurisdicción relativa de los Estados extranjeros, la renuncia de tal privilegio, así como lo tocante con la competencia, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones y adopte las determinaciones respectivas frente al caso puesto a su conocimiento.

2. Notificar lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.

3. Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Esta Sala de Casación Civil sostuvo que la inmunidad jurisdiccional se predicaba también de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional de Aviación Civil, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Postal Universal, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Corte Penal Internacional, tal y como prevén la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946, la Convención Sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947 y el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, hecho en Nueva York el 9 de septiembre de 2002, instrumentos aprobados por Colombia mediante las Leyes 62 de 1973 y 1180 de 2007 (CSJ Auto de 28 de julio de 28 de julio de 2011, rad. 2011-00521-00).

(2) Ídem.

(3) Ibídem.

(4) Ídem.

(5) CSJ ATC de 29 de junio de 2004, Rad. 00659-00, CSJ ATC de 25 de enero de 2005, Rad. 01495-00, CSJ ATC de 21 de febrero de 2005, Rad. 00159-00, CSJ ATC 5779-2015 de 1 de octubre de 2015, entre otros.

(6) “Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (…) 5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional” (se resalta).

(7) “Artículo 25. (…) La Corte Suprema de Justicia conoce en Sala de Casación Civil: (…) 5. De los procesos contenciosos en que sea parte un agente diplomático acreditado ante el gobierno de la república, en los casos previstos por el derecho internacional” (se destaca).

(8) Al respecto, se acogió en escrito sentido la diferencia entre inmunidad de los Estados y la inmunidad diplomática. El primero relacionado con el criterio de inmunidad ratione materia y el segundo bajo la noción de inmunidad ratione personae (Kwasi Bankas, Ernest. “The State Inmunity Controversy in International Law. Private Suist Against Sovereig States in Domestic Courts”, Berlin, Springer, 2005).

(9) CSJ ATC de 23 de marzo de 2011, Rad. 00521-00. El mismo criterio se sostuvo recientemente en sentencia de exequátur de 27 de noviembre de 2015, SC16431.

(10) Ídem.

(11) Suscrito por Bélgica, Austria, República Federal de Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suiza. Entró en vigor el 11 de junio de 1976, tras aprobarse apenas por Chipre, Austria y Bélgica.

(12) Artículos 5 y 6 (literal e).

(13) Sobre el proyecto puede consultarse HEB, “The International Law Commission's Draft Convention on the Jurisdictional Immunities of States and their Property”, E.J.I.L., vol. 4, 1993, pp. 269 y ss.; KESSEDJIAN/SCHREUER, “Le project d'articles de la Commission du droitinternational des Nations-Unies sur les immunités des Etats”, R.G.D.I.P., vol. 96,1992, pp. 299 y ss.

(14) Aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en la sesión de El Cairo de 1987.

(15) Elaborado por el grupo de trabajo de la International Law Association (ILA) encargado del estudio de la cuestión de la inmunidad de los Estados, quien presentó un informe preliminar en la Conferencia de Belgrado de 1980. Posteriormente fue aprobado un proyecto de “Convención Internacional” en la Conferencia de Montreal de 1982, luego dicha comisión siguió sus estudios en 1987 y presentó informes en la Conferencia de Queensland en 1990 y de El Cairo en 1992. Junto con su tercer informe, se presentó una versión revisada del proyecto de convención que fue aprobado por la ILA en la Conferencia de Buenos Aires en agosto de 1994.

(16) Originalmente los Estados Unidos de América promovieron la tesis de aplicar de noción relativa la inmunidad jurisdiccional de los Estados, como ocurrió con el “Tate Later” de 19 de mayo de 1952, en donde por primera vez se expuso la diferencia de los actos iure imperii e iure gestionis. En aquel asunto, el Departamento de Estado americano le informó al Departamento de Justicia que a partir de esa fecha debía realizarse un enfoque restrictivo a la hora de declarar la inmunidad jurisdiccional de un Estado extranjero (Letter of State Department's Acting Legal Adviser, Jack B. Tate, to the Department of Justice, 15 May 1952, 2 6 Department of State Bulletin 98.4, 1952).

(17) Ley 24.488 de 31 de mayo de 1995, divulgada en el Boletín Oficial el 28 de junio de 1995.

(18) Al respecto puede consultarse a Esther Salamanca Aguado en “Inmunidad de jurisdicción del Estado y el derecho de acceso a un tribunal a propósito de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Mcelhinney c. Irlanda”. Anuario español de derecho internacional, ISSN 0212-0747, Nº 18, 2002, págs. 347-387.

(19) Señala Esther Salamanca Aguado que los asuntos “más habituales llevados a juicio tienen origen en reclamaciones por accidentes de tránsito, en los que se ha visto envuelto un vehículo oficial. Es el caso de un ciudadano austríaco que sufrió daños en su coche por la conducción negligente de un vehículo perteneciente a la embajada de Estados Unidos. Tras presentar una demanda de indemnización por daños contra el Gobierno de los Estados Unidos éste último reclamó sin éxito inmunidad, alegando que el coche oficial se encontraba trasladando el correo de la embajada en el momento de la colisión, considerándolo un ‘acto soberano’ de su Gobierno”.

(20) CSJ SCL de 18 de noviembre de 2009, Rad. 37321, la cual recogió la ratio decidendi de esa Corporación contenido en sentencia de 13 de diciembre de 2007, Rad. 32096, citada esta última en los fallos de 8 de septiembre de 2008, Rad. 41504, y 29 de octubre de 2014, Rad. 62866 (AL 7337-2014), entre muchos otros.

(21) CSJ SCL Rad. 37.637. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.

(22) Sentencia C -788 de 2011. En ese mismo sentido puede consultarse el fallo T-344 de 2013, entre otros.

(23) Consejo de estado, Sección Tercera. Auto de 26 de marzo de 2009. M.P. Myriam Guerrero de Escobar. Rad. 34460.