Sentencia STC10342-2018 de agosto 10 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Margarita Cabello Blanco

STC10342-2018

Rad.: 08001-22-13-000-2018-00177-02

(Aprobado en sesión de nueve de agosto de dos mil dieciocho)

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de mayo de 2018, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla negó la acción de tutela promovida por Carlos Antonio Muvdi María contra el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, vinculándose a Gloria Esther Jamette Llinás y a todas las partes e intervinientes dentro del juicio objeto de estudio de la Sala.

ANTECEDENTES

1. El gestor, demandó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y «defensa», presuntamente vulnerados por el despacho acusado, dentro de la sucesión intestada de Salomón Muvdi Abufhele (q.e.p.d.) (Rad. 2013-00301).

2. Arguyó, como sustento de su reclamo, en síntesis lo siguiente:

2.1. Que en el asunto de marras, «se adelanta de manera conjunta la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes que conformaban el finado SALOMÓN MUVDI ABUHELE y la señora GLORIA ESTHER JAMETE LLINÁS».

2.2. Sostuvo, que la célula judicial recriminada, «no ha decretado la partición dentro del presente proceso, razón por la cual no se tiene certeza de cuáles son los bienes que deberán distribuirse en la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y los bienes que hacen parte de la masa herencial», como tampoco ha señalado la forma en que han de distribuirse los frutos de la sociedad Inmobiliaria Salomón Sales y Cía. S.A.

2.3. Manifestó, que a pesar de lo anterior, «mediante auto de fecha diciembre 4 de 2017, se dispuso oficiar a la INMOBILIARIA SALOMÓN SALES Y CÍA. S.A., para que de manera implícita o tácita procediera a la entrega de los frutos civiles que producen los dineros que se encuentran depositados en dicha inmobiliaria [...]».

2.4. Reprochó, que «al estar insolutos, es obvio que se desconoce el monto de las hijuelas que le corresponde a cada heredero de la sucesión, resultando a todas luces lesiva la decisión del Juzgado accionado, por lo que la entrega de los frutos civiles comportaría una confusión en el monto del acervo social a liquidar y el acervo herencial a heredar».

3. Pidió, conforme a lo relatado, «dejar sin efecto los autos de fecha 4 de diciembre de 2017 y febrero 15 de 2018» en lo referido a la entrega de frutos civiles, y ordenar al despacho recriminado «incluir los frutos civiles en el trabajo de partición y adjudicación de los bienes a liquidar en la sucesión» (fls. 22-25 y 162-166, cdno. 1).

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

El despacho recriminado, manifestó que de cara a los frutos civiles que reclama, aquellos «se encuentran depositados en una empresa comercial de arrendamientos, no están retenidos de ninguna manera, ni se los ha apropiado nadie, tampoco pueden ser embargados, ni secuestrados, ya que no le pertenecen al causante, salvo demandas personales de los herederos. En ese sentido se oficiará a la entidad INMOBILIARIA SALOMÓN SALES CÍA. S.A. para lo de su competencia o cual se ordenó en la parte resolutiva».

Agregó, que «esta decisión generó solicitud de aclaración por parte del apoderado de la cesionaria INVERSIONES MANZANA VERDE S.A., al igual que recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del citado auto por parte de CARLOS MUVDI MARÍA a través de apoderado judicial, que una vez resuelta la aclaración, lo cual se negó, pues los frutos que están bajo estudio, son de propiedad de los herederos y la compañera permanente del causante, no puede indicarse que los cesionarios también tengan derecho a ellos, recursos que se resolvieron por auto de fecha 24 de abril de 2018» (fls. 26 y 27, ibidem).

El abogado Carlos Ernesto Quiñones Gómez, quien adujo ser apoderado de Julio Mario Muvdi Duarte y la sociedad Inversiones Manzana Verde SAS, relievó que «la decisión contenida en el auto de 4 de diciembre de 2017, en la forma en que ha quedado expuesta, sí constituye un agravio al derecho al debido proceso, como al derecho a la igualdad», toda vez que «se deja al arbitrio de un tercero (inmobiliaria) la aplicación de una disposición legal, lo que puede y debe evitar ordenando el señor juez de forma precisa los porcentajes en que debe hacerse el pago y/o entrega de los frutos civiles tantas veces mencionados» (fls. 43-47, idem).

LA SENTENCÍA IMPUGNADA

El tribunal constitucional negó el amparo, al considerar que «por auto de fecha diciembre 4 de 2017, de acuerdo con lo manifestado por el Juzgado Quinto de Familia y la providencia obrante en copia de folios 11 a 13 del informativo, se resolvió oficiar a la Inmobiliaria Salomón Sales y Cía. SA, informando lo dispuesto en el artículo 1395 del Código Civil y negando el embargo de los frutos que produce esa sociedad. Tal providencia fue objeto de recurso de reposición y en subsidio apelación por el hoy accionante, siendo el primero resuelto negativamente mediante proveído fecha abril 24 de 2018 y el segundo concedido para que conozca en segunda instancia este Tribunal Superior».

Añadió, que «[t]al providencia, como se observa, fue objeto de los recursos antes aludidos conforme los artículos 318 y 321 del Código General del Proceso, encontrándose actualmente pendiente de ser resuelto el segundo de ellos, esto es el recurso vertical ante esta Sala Civil-Familia», por tanto, «se evidencia que en sede ordinaria no se encuentra zanjada la discusión, pues se hallan en curso los mecanismos ordinarios e idóneos para la valía del derecho fundamental invocado. Es esa la razón por la que frente a este aspecto, la acción de tutela resulta improcedente, pues no se está totalmente satisfecho el requisito de la subsidiariedad de acuerdo con los artículos quinto y sexto del Decreto 2591 de 1991» (fls. 49-51, ibíd.).

LA IMPUGNACIÓN

La formuló el quejoso, alegando que «[l]a sentencia objeto de este recurso es una providencia lacónica, que no analiza con detenimiento los hechos, causales, fundamentos y actuaciones por vías de hecho en el curso del proceso ante el juzgado accionado. No considera la Sala la falta de aplicación de normas sustanciales y procesales en los procedimientos dentro del proceso de sucesión, especialmente lo preceptuado en el artículo 1782 del Código Civil, y la condición de no heredera de la compañera permanente del causante, pues sus derechos se encuentran limitados, toda vez que los bienes del causante fueron adquiridos mediante una herencia y ésta solo tiene derecho a los gananciales y no a los frutos civiles».

Agregó, que «[t]ampoco considera la Sala la Ley 54 de 1990, que preceptúa que no forman parte del haber de la sociedad, los bienes adquiridos en virtud de donación, herencia o legado, ni los que se hubieran adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho. Es decir la sentencia se limitó a cuestiona que no se han violados los derechos fundamentales del debido proceso y defensa, sin tener en cuenta que ya el señor Juez accionado ordenó a la Agencia de Arriendo Salomón Sales, para que entregue el valor de los arrendamientos o frutos civiles a los herederos y a la compañero permanente» (fls. 75 y 76, ib.).

CONSIDERACIONES

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, Rad. 00329-00).

El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado social de derecho» y la disposición contemplada en el artículo 4º de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepción la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la Constitución» (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el quejoso, al estimar que se obró con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal específica de procedibilidad por defecto sustantivo y procedimental, enfila su queja contra la determinación de 24 de abril de 2018, que mantuvo la decisión de 4 de diciembre de 2017, y contra el auto de 15 de febrero de este año, que no aclaró el proveído de diciembre referido.

3. Del expediente allegado en calidad de préstamo, se observan las siguientes pruebas en relación con la solicitud de amparo:

3.1. Proveído de 2 de octubre de 2014, en que el despacho acusado no accedió a la petición del heredero Jaime Muvdi, quien pidió la entrega de unos cánones de arrendamiento y, también negó la solicitud elevada por la inmobiliaria Salomón Sales y Cía. S.A., que requirió se le informara a quienes y en qué proporción debía entregar los «cánones de arrendamiento» que tenía a cargo por contrato suscrito con el causante.

3.2. Audiencia de 16 de junio de 2016, en la que se resolvió la objeción a los inventarios y avalúos adicionales, el funcionario censurado tuvo oportunidad de señalar que los herederos debían esperar hasta el trabajo de partición a fin de obtener los «frutos causados con posterioridad a la muerte del señor Salomón [cánones de arrendamiento]» (fl. 292, cdno. 1 expediente original).

3.3. Interlocutorio de 2 de octubre de 2017, que negó nuevamente la petición elevada por la Inmobiliaria Salomón Sales el 23 de mayo de ese año, en el sentido de conocer si era procedente o no hacer la entrega de los dineros que los herederos reclaman por concepto de «cánones de arrendamiento» relacionados con los bienes del causante, por cuanto consideró el juzgado recriminado que en el proceso liquidatario aún no existía «partición» que indicara los porcentajes que correspondían a cada heredero.

3.4. Varios de los herederos reconocidos en el sub judice pidieron se ordenara a la Inmobiliaria aludida, la entrega de los cánones de arrendamiento pretendidos, frente a lo cual el despacho acusado en auto de 4 de diciembre de 2017, dispuso, entre otras, «4. Oficiar a la entidad INMOBILIARIA SALOMÓN SALES Y CÍA. S.A., en la forma arriba expuesta, indicando además que los frutos pertenecen a los herederos reconocidos de SALOMÓN MUVDI ABUFHELE, los que hayan fallecido antes de la muerte del causante son representados por sus hijos y los que mueran posteriormente se les entrega a sus herederos en la porción que establece el artículo 1047 del Código Civil que habla del tercer orden hereditario. Líbrese oficio respectivo. 5. Negar el embargo y secuestro solicitado por el señor CARLOS MUVDI MARÍA, a través de apoderado judicial, respecto de los cánones de arrendamiento en fecha 20 de noviembre de 2017».

Lo anterior, por cuanto sostuvo que «[...] los herederos debidamente reconocidos en el presente proceso, NANCY TARUD DE ABDALA, MOISÉS ABDAL SAIEH MUVDI, CECILIA MUVDI DE CHAR, GLORIA ESTHER JAMETTE LLINAS, AIDA PATRICÍA MUVDI TORRES, LILIANA MUVDI TORRES, coadyuvados por sus apoderados judiciales, solicitan se le indique a inmobiliaria SALOMÓN SALES Y CÍA S.A., la proporción en que deben hacer entrega de los frutos (cánones de arrendamiento) a los herederos, pero no tienen en cuenta que la proporción que establece la ley, es en caso de una demanda de restitución de frutos, no obstante la petición de todos los herederos reconocidos, o cada uno de ellos, ya que son de su propiedad, les corresponden a ellos, mientras dure la indivisión de las sucesiones intestadas, como esta, o testadas, como son otras. Como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 11 de agosto de 1959, con relación al ordinal tercero del artículo 1395 del Código Civil, que consagra el derecho que tienen los herederos a los frutos y accesiones de la masa hereditaria: “(...), lo que indica que para la procedencia de una acción sobre restitución de frutos, es preciso que quien los demande comprueba debidamente la cuota hereditaria en la respectiva partición”. Este no es el caso ya que los frutos se encuentran depositados en una empresa comercial de arrendamientos, no están retenidos de ninguna manera, ni se los ha apropiado nadie, tampoco pueden ser embargados, ni secuestradas, ya que no le pertenecen al causante, salvo demandas personales de los herederos. En este sentido se oficiará a la entidad inmobiliaria SALOMÓN SALES Y CÍA S.A., para lo de su competencia».

Y, agregó, que «el señor CARLOS MUVDI MARÍA a través de apoderado judicial solicita el embargo de los cánones de arrendamiento que se encuentran en la INMOBILIARIA SALOMÓN SALES Y CÍA S.A. los cuales corresponden a los frutos de los bienes que son de propiedad del causante, a lo cual no se accederá por tratarse de frutos, que le corresponde a los herederos durante la indivisión en este caso los reconocidos, y hasta que sean adjudicados los bienes que los producen, por lo que es una petición sin fundamento legal», determinación que fue recurrida en reposición y en subsidio apelación por el aquí gestor frente a los numerales 4º y 5º» (fls. 860 y 861, cdno. 3 expediente original).

3.5. Interlocutorio de 15 de febrero de 2018, que al resolver la petición de aclaración o complementación elevada por la Sociedad Manzana Verde SAS dispuso «no acceder a aclarar, ni complementar el numeral 4º de la parte resolutiva del auto de fecha 4 de diciembre de 2017, tal como lo solicita la SOCIEDAD INVERSIONES MANZANA VERDE SAS, por lo antes expuesto» (fls. 914 y 915, ibidem).

3.6. Proveído de 24 de abril de esta calenda, que resolvió, entre otras, los medios impugnativos propuestas por el aquí querellante contra los numerales 4º y 5º de la decisión de 4 de diciembre de 2017, en la que señaló «3. No reponer el auto de fecha 4 de diciembre de 2017, en lo que respecta al numeral 4º que ordenó oficiar a la INMOBILIARIA SALOMÓN SALES Y CÍA, por lo arriba expuesto. 4. Negar el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de los interesados en contra del numeral 4º del auto de fecha 4 de diciembre de 2017, por improcedente. 5. Concédase la apelación interpuesta por el apoderado judicial del señor CARLOS MUVDI MARÍA respecto del numeral 5º del auto de fecha 4 de diciembre de 2017, en el efecto devolutivo».

Lo anterior, al señalar que «este despacho mediante providencia de fecha 4 de diciembre de 2017, a raíz de las solicitudes por parte de los interesados en la parte motiva de la providencia se indicó que los herederos debidamente reconocidos en el presente, NANCY TARUD DE ABDALA, MOISES ABDAL SAIEH MUVDI, CECILIA MUVDI DE CHAR, GLORIA ESTHER JAMETTE LLINAS, AIDA PATRICÍA MUVDI TORRES, LILIANA MUVDI TORRES, coadyuvados por sus apoderados judiciales, solicitan se le indique a INMOBILIARIA SALOMÓN SALES Y CÍA S.A., la proporción en que deben hacer entrega de los frutos (cánones de arrendamiento) a los herederos, pero no tienen en cuenta que la proporción que establece la ley, es en caso de una demanda de restitución de frutos, no obstante la petición de todos los herederos reconocidos, o cada uno de ellos, ya que son de su propiedad, les corresponden a ellos, mientras dure la indivisión de las sucesiones intestadas, como esta, o testadas, como son otras. Como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 11 de agosto de 1959, con relación al ordinal tercero del artículo 1395 del Código Civil, que consagra el derecho que tienen los herederos a los frutos y accesiones de la masa hereditaria: “(...), lo que indica que para la procedencia de una acción sobre restitución de frutos, es preciso que quien los demande comprueba debidamente la cuota hereditaria en la respectiva partición.” Este no es el caso ya que los frutos se encuentran depositados en una empresa comercial de arrendamientos, no están retenidos de ninguna manera, ni se los ha apropiado nadie, tampoco pueden ser embargados, ni secuestradas, ya que no le pertenecen al causante, salvo demandas personales de los herederos. En este sentido se ordenó oficiar a la entidad INMOBILIARIA SALOMÓN SALES Y CÍA S.A».

Sostuvo, que «[i]gualmente se negó el embargo y secuestro de los frutos (CÁNONES DE ARRENDAMIENTO) que reciben los inmuebles que están en cabeza del causante SALOMÓN MUVDI ABUFHELE, por considerar que no son susceptibles de esa medida cautelar, por tratarse de bienes ajenos a la masa herencial, pues son posteriores a la muerte del causante y pertenecen a los herederos», y que «no es procedente reponer el numeral 4º ni el 5º del auto de fecha 4 de diciembre de 2017, que ordenó oficiar a la INMOBILIARIA SALOMÓN SALES Y CÍA S.A. y negó el embargo de los cánones de arrendamiento solicitados».

Añadió, que «el auto recurrido en su numeral 4º que ordena oficiar, no es susceptible de apelación, ya que no se encuentra enlistado en el artículo 321 del Código General del Proceso, se negará el recurso de apelación por cuenta de este numeral ordenando oficiar de manera inmediata y se concederá respecto al numeral 5º que negó el embargo de los cánones solicitados» (fls. 963-965, ídem).

3.7. Providencia de 13 de junio de 2018, que desató los recursos formulados por algunos de los herederos reconocidos, contra la determinación de 24 de abril de esta anualidad, negando lo pretendido (fls. 1027-1030, ib.).

3.8. Oficio de 20 de junio de este año, dirigido al gerente de la Inmobiliaria Salomón Sales y Cía. S.A., en que se le comunicó que el despacho en providencia de 4 de diciembre de 2017, ordenó «Oficiar a la entidad INMOBILIARIA SALOMÓN SALES Y CÍA. S.A., en la forma arriba expuesta, indicando además que los frutos pertenecen a los herederos reconocidos de SALOMÓN MUVDI ABUFHELE, los que hayan fallecido antes de la muerte del causante son representados por sus hijos y los que mueran posteriormente se les entrega a sus herederos en la porción que establece el artículo 1047 del Código Civil que habla del tercer orden hereditario. Líbrese oficio respectivo» (fl. 1043, cdno. 3 expediente original).

3.9. Memorial radicado el 25 de junio de hogaño, por la representante legal de la inmobiliaria referida, en que pidió «indicarnos de manera taxativa la identificación de cada heredero y la proporción en que deben entregárselos [los cánones de arrendamiento] o en su defecto si consignamos los frutos percibidos de los bienes del causante por concepto de cánones de arrendamiento a órdenes del juzgado, para que sea ese despacho el que proceda a la entrega de dichos dineros» (fls. 1046 y 1047, ibídem).

4. Analizado lo reseñado, es necesario precisar que el actor enfila los motivos de disconformidad frente a las siguientes providencias: i La de 4 de diciembre de 2017 (en sus numerales cuarto —4º— y quinto —5º— resolvió oficiar a la inmobiliaria para la entrega de cánones de arrendamiento a los herederos y, negó el embargo y secuestro de tales frutos civiles); ii La de 24 de abril de 2018 (que mantuvo el auto de 4 de diciembre de 2017, negando la alzada frente al numeral 4º y concediéndola respecto al 5º) y, iii La de 15 de febrero de este año que negó la aclaración solicitada por la Sociedad Manzana Verde SAS, respecto al numeral 4º del proveído de 4 de diciembre pasado.

4.1. En primer lugar, advierte la Sala que la queja expuesta frente al numeral 5º del auto de 4 de diciembre de 2017, que negó el embargo y secuestro de los frutos civiles solicitados por el aquí gestor, resulta prematura, en la medida en que tal determinación fue objeto de apelación y siendo concedido en el efecto devolutivo, a la fecha, no ha sido desatada la alzada por el superior, de acuerdo con la revisión del expediente allegado en calidad de préstamo, por tanto será el juez natural, en la oportunidad procesal correspondiente, quien deberá pronunciarse sobre los reparos expuestos mediante este mecanismo excepcional.

La jurisprudencia de la Sala ha sostenido que no resulta de recibo que el peticionario:

[E]n apresurado actuar, haya instaurado la presente acción sin siquiera conocer cuál era la postura jurídica del examinador natural, desatendiéndola de antemano, amén de soslayar el carácter residual y subsidiario que la presente vía alberga dado que el juzgador enjuiciado es quien está encargado de revisar lo concerniente al tema aquí planteado, conforme así lo determinan las reglas de competencia. [...]” (CSJ STC, 1° Feb. 2011, Rad. 2010-00958-01, reiterado el 10 feb. 2012 y 22 nov. 2012, Rads. 2011-0526 y 00537 y, 6 Mar. y 10 Abr. 2013, Rads. 00011 y 00251, respectivamente y recientemente en CSJ STC4303-2018 abr. 4 de 2018, Rad. 2018-00471-01).

4.1.1. Así las cosas, el reclamante no puede aspirar a que el fallador constitucional se pronuncie sobre un tópico que le corresponde decidir al juez natural, por cuanto, de admitirse, implicaría reemplazar los instrumentos ordinarios a través de los cuales se puede buscar la protección de tales prerrogativas dentro de la causa.

En relación con el tema la Sala ha precisado que:

[...] la acción de amparo no se instituyó con el propósito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan implícitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las diseñadas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular; así que si el accionante puso en marcha siquiera una sola de éstas, le está vedado formular de manera concomitante la presente vía, porque con ello estaría pretendiendo sustituir al juez natural por el constitucional, siendo que éste nunca se creó con ese objetivo; tal circunstancia lo que pone en evidencia es un comportamiento presuroso, pues es el funcionario que conoce del asunto quien ostenta la potestad, bajo los postulados de la independencia, desconcentración y autonomía, para resolver el conflicto de intereses que se le sometió a su composición (CSJ STC 10 ago. 2009 Rad. 00189-01, reiterada, entre otras, el 28 ago. 2015, rad, 01576-01 y en CSJ STC4303-2018 Abr. 4 de 2018, Rad. 2018-00471-01).

4.2. En segundo término y de cara al reproche endilgado frente al auto de 15 de febrero de 2018, en el que el despacho encartado no accedió a la aclaración y/o complementación requerida por Inversiones Manzana Verde S. A. S., respecto al núm. 4º del auto de 4 de diciembre de 2017, cumple denotar que la protección deprecada tampoco puede prosperar, toda vez que lo aquí expuesto no lo ha cuestionado o manifestado ante el juez del asunto de marras o por lo menos no acreditó haber acudido ante aquel; olvidando que la vía constitucional que ahora ocupa la atención, si bien se caracteriza por ser de naturaleza célere y breve, tal circunstancia no exime a los sujetos intervinientes de que, relativamente a las manifestaciones que elevan, alleguen, al menos sumariamente, las acreditaciones respectivas que demuestren lo que por este medio pretenden, según corresponde.

Por supuesto, en materia de la carga de prueba en «acciones de tutela», se ha dicho que:

[Q]uien pretende la protección judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su pretensión, comoquiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el daño o la amenaza de afectación” (Sent. T-835/2000). 

En aplicación de lo antes citado, es claro que en el sub judice no puede el juez constitucional, ante la ausencia de elementos probatorios, arribar a una decisión distinta que la denegación de la protección solicitada, pues correspondía a los accionantes aportar por lo menos elementos sumarios para sustentar su solicitud de amparo (CSJ STC, 5 jul. 2011, Rad. 01271-00. Reiterada, entre otras providencias, en CSJ STC, 24 jul. 2014, Rad. 00120-01).

4.2.1. Conforme al precedente que viene de verse y bajo el supuesto de que el tutelista no formuló reproche alguno ante el aludido despacho frente a la determinación recriminada, tendiente a lograr las resultas que aquí persigue, o por lo menos ello no fue probado ni siquiera sumariamente cuál era su carga de acuerdo al principio del onus probandi, es que emerge palmario que según el postulado de la residualidad que gobierna la presente acción, habrá de denegarse el amparo instado.

Por supuesto, concerniente con un asunto que, mutatis mutandis, es análogo al objeto de la presente actuación, esta corporación tuvo ocasión de señalar, en CSJ STC, 8 jun. 2011, Rad. 00058-01, que:

[L]a presente acción es un mecanismo residual de carácter excepcional y subsidiario, para la protección de los derechos fundamentales de las personas, que se encuentren amenazados o vulnerados por las acciones u omisiones de las autoridades y en determinados eventos por los particulares, [...]. 

[...] Examinadas las piezas procesales arrimadas, se colige que el señor Andrés Antonio Blanco Vejar acudió directamente a esta herramienta extraordinaria, sin haber peticionado previamente al interior de la entidad presuntamente causante del quebranto alegado, lo que ahora pretende obtener por esta vía, situación que torna improcedente el amparo deprecado dado el carácter residual de la acción de tutela.

4.3. Finalmente, y en lo que refiere a la pretensión encaminada a dejar sin efecto el numeral 4º del auto de 4 diciembre de 2017, en el que se dispuso oficiar «a la entidad INMOBILIARIA SALOMÓN SALES Y CÍA. S.A. (...) indicando además que los frutos pertenecen a los herederos reconocidos de SALOMÓN MUVDI ABUFHELE, los que hayan fallecido antes de la muerte del causante son representados por sus hijos y los que mueran posteriormente se les entrega a sus herederos en la porción que establece el artículo 1047 del Código Civil que habla del tercer orden hereditario...» (Subrayado fuera de texto), determinación que el juez recriminado mantuvo el 24 de abril de 2018, ha de señalarse que tales proveídos albergan anomalía que corresponde conjurar, según pasa a exponerse:

4.3.1. Del análisis del expediente allegado en calidad de préstamo, se advierte que en cuanto a los cánones de arrendamiento (frutos civiles), se observó lo siguiente:

a) La célula judicial acusada en la audiencia de 16 de junio de 2016, en que desató la objeción a los «inventarios y avalúos adicionales», resolvió que los «cánones de arrendamiento» reclamados eran «frutos» causados con posterioridad a la muerte del causante, y que siendo de los herederos, estos debían esperar hasta el trabajo de partición para saber cuánto le correspondía a cada uno.

b) El 2 de octubre de 2017, el despacho cuestionado ante la petición elevada por la Inmobiliaria Salomón en el sentido de saber si era procedente o no hacer la entrega de los dineros que los herederos reclaman por concepto de cánones de arrendamiento, consideró que «no (era) procedente hacer la entrega de los frutos civiles o cánones de arrendamiento» pues no existía «partición» aún.

c) Los herederos reconocidos Nancy Tarud de Abdala, Moisés Abdal Saieh Muvdi, Cecilia Muvdi De Char, Gloria Esther Jamette Llinás, Aida Patricia Muvdi Torres y Liliana Muvdi Torres, deprecaron al juzgado querellado se le ordenara la precitada inmobiliaria, la proporción en que se les debía hacer la entrega de los referidos frutos civiles, siendo que por auto de 4 de diciembre de 2017 la autoridad acusada, dispuso que «[...] no obstante la petición de todos los herederos reconocidos, o cada uno de ellos, ya que son de su propiedad, les corresponden a ellos, mientras dure la indivisión de las sucesiones intestadas, como esta, o testadas, como son otras. Como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 11 de agosto de 1959, con relación al ordinal tercero del artículo 1395 del Código Civil, que consagra el derecho que tienen los herederos a los frutos y accesiones de la masa hereditaria: “(...), lo que indica que para la procedencia de una acción sobre restitución de frutos, es preciso que quien los demande comprueba debidamente la cuota hereditaria en la respectiva partición”. Este no es el caso ya que los frutos se encuentran depositados en una empresa comercial de arrendamientos, no están retenidos de ninguna manera, ni se los ha apropiado nadie, tampoco pueden ser embargados, ni secuestradas, ya que no le pertenecen al causante, salvo demandas personales de los herederos. En este sentido se oficiará a la entidad INMOBILIARIA SALOMÓN SALES Y CÍA S.A., para lo de su competencia».

Y, resolvió «[o]ficiar a la entidad INMOBILIARIA SALOMÓN SALES Y CÍA. S.A., en la forma arriba expuesta. Además que los frutos pertenecen a los herederos reconocidos de SALOMÓN MUVDI ABUFHELE, los que hayan fallecido antes de la muerte del causante son representados por sus hijos y los que mueran posteriormente se les entrega a sus herederos en la porción que establece el artículo 1047 del Código Civil que habla del tercer orden hereditario. Líbrese oficio respectivo», decisión que fue mantenida en proveído de 24 de abril de hogaño (Subrayado fuera de texto).

4.3.2. Los «cánones de arrendamiento», son considerados «frutos civiles» de conformidad al artículo 717 del Código Civil y en tratándose de aquellos producidos luego de la muerte del dueño, estos pertenecen a los herederos del causante, tal como lo prevé el canon 1395 de dicha normatividad, sin lugar a inventariarlos, por cuanto como frutos civiles no hacen parte de la masa sucesoral sino que son accesorios al bien que los produjo.

En punto de lo que viene de enunciarse, esta Sala, en sentencia de 31 octubre de 1995, Exp. Nº. 4416, sostuvo:

“Los frutos a que alude el artículo 1395 del Código Civil pertenecen de suyo a los herederos sin lugar a inventariarlos, a avaluarlos y adjudicarlos. Los interesados de suyo o por orden judicial pueden dejar establecida determinada base para la ulterior distribución de los frutos en cierto lapso de tiempo, sin que para ello pueda estimarse que viola el art. 1395 la partición que así lo reconozca o sobre tal base se funda y proceda” (CSJ, Sala de Casación Civil, Sentencia de 8 de abril de 1938). 

“Los frutos naturales y civiles producidos con posterioridad a la muerte del causante, por los bienes que constituyen la mortuoria, no forman parte del haber sucesoral, como entidad separada que forma parte del activo; ni menos deben considerarse como parte específica de este, para los efectos de la liquidación de las respectivas asignaciones herenciales. Tales frutos no es procedente inventariarlos separadamente, ya que ellos pertenecen a los herederos, a prorrata de sus cuotas hereditarias y habida consideración de los bienes que los produjeron y a los asignatarios a quienes se adjudicaron. A lo que puede agregarse que ni aun por motivos fiscales es de rigor inventariarlos, por estar eximidos del pago de impuestos y no tomarse en consideración para la fijación y cobro de las respectivas contribuciones sobre las mortuorias” (ibídem, sentencia de 13 de marzo de 1942). 

4.3.3. Según se desprende de lo reseñado, la célula judicial encartada si bien, antes pregonó que se debía esperar hasta la «partición» para resolver sobre los frutos civiles solicitados por los herederos reconocidos (decisión de 16 de junio de 2016 y 2 de octubre de 2017), decisión que resulta acertada, en la medida que solo hasta ese momento se conocería a quienes y en qué proporción le corresponden los mismos, lo cierto es, que en auto 4 de diciembre de 2017, contrariando lo ya señalado en providencias anteriores, dispuso oficiar a la inmobiliaria que tiene a cargo los «cánones de arrendamiento» reclamados, para informarle no solo que «los frutos pertenecen a los herederos reconocidos de SALOMÓN MUVDI ABUFHELE, los que hayan fallecido antes de la muerte del causante son representados por sus hijos y los que mueran posteriormente se les entrega a sus herederos» sino también señalarle que la entrega debía ser «en la porción que establece el artículo 1047 del Código Civil que habla del tercer orden hereditario», cuando en el sub judice definitivamente aún no se ha realizado trabajo de partición, momento procesal oportuno para lo correspondiente con los frutos civiles requeridos.

Y, aunado a lo anterior se observa del referido proveído una decisión ambigua y carente de razones jurídicas que la sustente, de una parte, no expone los argumentos por los cuales varía su postura frente a una misma petición (entrega de frutos civiles), máxime cuando la etapa del sub examine no había variado, esto es, aun no se ha realizado ni aprobado trabajo de partición alguno y, de otra, no explica los motivos por los cuales finalmente accede a lo pretendido por los herederos, es decir, le indica a la inmobiliaria a quienes debe los frutos civiles «herederos reconocidos de SALOMÓN MUVDI ABUFHELE, los que hayan fallecido antes de la muerte del causante son representados por sus hijos y los que mueran posteriormente se les entrega a sus herederos» y en que porción le corresponde a cada uno, según lo «establece el artículo 1047 del Código Civil».

4.3.4. Entre las reglas civiles adjetivas se hallan los artículos 501 y 502 Código General del Proceso que tratan, en su orden, de los «inventarios y avalúos» y de los «inventarios y avalúos adicionales», que son, en breve, la relación de los bienes y de su cuantificación, mismos que van a ser considerados en el juicio mortuorio a fin de integrar la masa a ser repartida entre los herederos; por ende, solamente aquellos que están en dichos laboríos relacionados serán los que puedan hacer parte de las hijuelas de la partición por aprobar. Y, por supuesto, no se pueden incluir en tales trabajos ítems accesorios a los bienes de que dimanan, verbigracia, los «frutos civiles».

Eso quiere decir, entonces, que si bien pertenecen a los herederos los cánones de arrendamiento que pretenden ser reclamados en el sub lite y de los cuales el juzgado accionado dispuso su entrega, como atrás quedó visto, lo cierto es que no se hace necesario disponer sobre ellos al interior del litigio que aquí ocupa la atención (ni tampoco inventariarlos como si se tratara de bienes o activos distintos de aquellos que los producen), proceder que aquí se reprocha; es decir, los mentados frutos civiles no son bienes adicionales de la sucesión, sino accesorios al bien del cual emergen, por lo que le pertenecen a aquella persona (heredero) a quien se le llegue a asignar el determinado bien, y si este se adjudica a varios pues tales habrán de ser repartidos a prorrata.

5.- Así las cosas, deviene claro que la célula judicial entutelada, al dictar los autos de 4 de diciembre de 2017 y 24 de abril de 2018, dejó de manifestar, según correspondía, las concretas razones por las cuales arribó en el juicio sub judice al entendido de marras, aspecto sobre el que en verdad no brindó claridad a la hora de realizar sus manifestaciones, dejando entonces sólo contradicción y ambigüedad en sus pronunciamientos, amén que a la hora de resolver los medios impugnativos interpuestos, lo único que hizo fue volver a exponer los mismos argumentos que fueran refutados, con lo que, se insiste, se declinó la motivación que era de esperar, dejando entonces el punto jurídico en cuestión desprovisto de una verdadera decisión judicial.

Esta corporación ha señalado permanentemente, en torno a la carga de motivación que recae en cabeza de los juzgadores a la hora de emitir sus decisiones judiciales, que «la carencia de sustentación del juez [...] ciertamente impide a las partes conocer los reales alcances del respectivo pronunciamiento y su grado de convicción, razón por la cual, como lo determinó el Tribunal Constitucional de primera instancia, se requiere de mayor carga argumentativa del operador judicial para respaldar las conclusiones sobre el punto en cuestión» (CSJ STC, 10 ago. 2011, Rad. 00168-02).

Del mismo modo, ha sostenido que «sufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de [providencias] en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivación resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. Así, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente 2003-0526, se increpó al tribunal por no “fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jurídicas [...] con rotundidad y precisión...”; lo propio ocurrió en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recriminó al ad quem por no expresar las “razones puntuales” equivalentes a una falta de motivación; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatención de “la exigencia de motivar con precisión la providencia» (CSJ STC, 28 mar. 2008, Rad. 00384-00; reiterado, entre otras, en CSJ STC, 10 sep. 2012, Rad. 00588-01).

A más de ello, ha relevado que «la motivación de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, razón por la cual esta debe ser, para el asunto concreto, suficiente, es decir, “...la función del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisión que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideración”» (CSJ STC, 5 sep. 2013, Rad. 01254-01).

Siguiendo lo anterior, cumple relevar que sobre todo funcionario judicial recae el deber de pronunciarse motivadamente acerca de «los concretos argumentos en que se erige un medio impugnativo, lo que necesariamente implica que el juzgador de conocimiento, con fundamento en una argumentación que comprenda los puntos de disentimiento puestos a su consideración, emita sobre el particular postura jurídica según las competencias atribuidas» (CSJ STC, 14 jul. 2010, Rad. 2010-00154-01), entre otras cosas por cuanto «no otra connotación denote el que, dentro de las exigencias técnicas que son menester observar al momento de promoverse un medio de impugnación, se haya establecido que al efecto de su interposición se relacionen “las razones que lo sustenten” (ver artículos 348, 352, 363, 374, 378 y 382, entre otros, del Código de Procedimiento Civil), por cuanto que esa carga de concreción al rebatir comporta, correlativamente, que el operador judicial deba pronunciarse en su respecto, pues sólo quedará satisfecho cuando sean analizados todos los basamentos jurídicos en que se soporta» (Cfr. STC, 14 jul. 2010, Rad. 2010-00154-01).

6. Con base en lo anterior, habrá de enmendarse tal proceder disponiéndose que sean adoptados los correctivos a que haya lugar, es decir, que el juzgado accionado deberá nuevamente pronunciarse en punto de las unívocas peticiones elevadas por los herederos Nancy Tarud De Abdala, Moisés Abdal Saieh Muvdi, Cecilia Muvdi De Char, Gloria Esther Jamette Llinás, Aida Patricia Muvdi Torres y Liliana Muvdi Torres, atendiendo al efecto las pautas aquí trazadas y sin que lo expresado sobre el particular comporte imposición alguna del sentido decisorio que se deba adoptar.

Por ende, los proveídos de 4 de diciembre de 2017 (en su numeral cuarto —4º—) y de 24 de abril de 2018 (en sus numerales tercero —3º— y cuarto —4º—) se declararán sin valor ni efecto, a fin de que la célula judicial enjuiciada proceda a resolver acerca de aquellas, de acuerdo con lo anteriormente expuesto.

7. En lo restante, como atrás quedó verificado, no hay lugar a conceder el amparo rogado.

8. En consecuencia, se revocará -parcialmente- el fallo de tutela opugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA PARCIALMENTE el fallo de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede y, en su lugar, dispone:

1. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Carlos Antonio Muvdi María, según se consideró.

2. Dejar, en consecuencia, sin valor ni efecto, exclusivamente, los autos de 4 de diciembre de 2017 (en su numeral cuarto —4º—) y de 24 de abril de 2018 (en sus numerales tercero —3º— y cuarto —4º—) proferidos por el despacho encartado; ello, a fin de que nuevamente proceda al estudio de las unívocas peticiones elevadas por los herederos enantes referidos, relativas a «la entrega de frutos civiles», atendiéndose al efecto lo expuesto en las motivaciones. Por Secretaría, envíesele copia de la presente decisión.

3. En lo demás, la sentencia impugnada permanece incólume.

4. Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese

Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.