Sentencia STC10437-2017/2017-00227 de julio 19 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 25000-22-13-000-2017-00227-01

(Aprobado en sesión de dieciocho de julio de dos mil diecisiete)

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

Decídese la impugnación formulada frente a la sentencia dictada el 22 de junio de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acción de tutela promovida por Luz Esperanza Ruiz Mariño, frente a la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial Seccional Cundinamarca, el Ministerio de Trabajo, Coomeva E.P.S., y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, trámite extensivo al Juzgado Civil del Circuito de Chocontá y al Consejo Superior de la Judicatura.

1. Antecedentes

1. La gestora reclama el amparo de los derechos al mínimo vital, seguridad social y trabajo, entre otros, presuntamente quebrantados por los convocados.

2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente:

Señala que laboró como empleada de la Rama Judicial desde el 12 de enero de 1989, ocupando como último cargo el de “Secretaria en propiedad del Juzgado Civil del Circuito de Chocontá”.

Argumenta que el 13 de febrero de 2017 “present[ó] con premura” la renuncia a su empleo, “(…) inducida (…) por el mal ambiente laboral (…) y la afectación psiquiátrica y psicológica en la que [se] encontraba (…)”, dimisión aceptada ese mismo día mediante acto administrativo Nº 005.

Sostiene que el 14 de ese mes informó a su empleador la decisión de “retractarse” de su retiro, sin embargo, su petición fue desestimada, aun cuando “(…) el titular del despacho [tutelado] (…) conocía de [sus] dolencias (…)” y de las condiciones por las cuales había tomado la determinación de separarse de su trabajo.

Arguye que medicina laboral de Coomeva E.P.S. generó una serie de recomendaciones a la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, “(…) como parte del proceso de adaptación ocupacional (…)” para el cargo que desempeñaba, las cuales “(…) nunca fueron atendidas (…)” por el titular del estrado de Chocontá.

Acota que su padecimiento fue calificado por su E.P.S. como “enfermedad de origen común y no profesional”, dictamen remitido en octubre de 2014 a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca para su validación, sin embargo, dicha verificación no se ha podido efectuar por cuanto, la “AFP Colpensiones no ha girado los emolumentos” necesarios para ello.

Refiere ser madre cabeza de familia y no tener los recursos económicos para el sostenimiento propio y el de su hija de 15 años de edad.

3. Exige, en concreto, i) ordenar su reubicación “(…) a un (…) [cargo] con iguales o similares condiciones [al] que venía [desempeñando] (…)”; ii) requerir a la Junta convocada “(…) determinar [su] grado de pérdida de capacidad laboral (…)”; e iii) instar a Colpensiones establecer “(…) la procedencia del reconocimiento de la pensión por invalidez (…)” a la que tendría derecho.

1.1. Respuesta de los accionados y convocado

a) El Juzgado Civil del Circuito de Chocontá arguyó que la memorada renuncia fue presentada por la quejosa de forma libre y voluntaria, por tanto, conocía las consecuencias de su retiro (fls. 88 a 91).

b) La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, sostuvo que “(…) se encuentra pendiente [de] defini[r] el origen de la patología que presenta (…)” la querellante, sin embargo, la E.P.S. a la cual se encuentra afiliada “(…) no ha remitido la documentación con el lleno de los requisitos mínimos (…)” para su resolución (fls. 150 a 152).

c) Coomeva E.P.S. requirió su desvinculación por no ser competente para resolver las pretensiones invocadas en este ruego (fls. 172 a 175)

d) El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca pidió su exclusión de este trámite, por cuanto, en el resguardo impetrado “(…) no se hacen cargos contra (…)” esa autoridad (fls. 190 a 192).

e) El Consejo Superior de la Judicatura señaló que la actora cuenta con otro mecanismo judicial eficaz como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para lograr la protección de las prerrogativas que considera conculcadas (fls. 194 a 185).

f) El Ministerio de Trabajo guardó silencio.

1.2. La sentencia impugnada

Concedió la protección reclamada, porque,

“(…) no es razonable que una persona en pleno uso de sus facultades renuncie sin justificación atendible al empleo que le ha generado una estabilidad por casi 28 años, de manera intempestiva sin detenerse a considerar las consecuencias, y que al día siguiente manifieste retractación a su decisión, máxime cuando, como lo dice su superior inmediato, no tenía ningún tipo de problemas en el juzgado (…)”.

“(…) [L]a enfermedad que padece [la actora], sus manifestaciones y estado de desarrollo, evidencian que su actuación se explica desde su afectación de salud, que producto de su padecimiento, tomó la decisión que resulta lo más contrario a sus derechos y a la estabilidad suya y de su menor hija, sin que exista otro motivo que lo justifique (…)”.

“(…) [L]a convicción de que es su padecimiento mental la causa que explica su irracional proceder al renunciar, lo que, a la luz de la doctrina (…) justifica la intervención del juez constitucional por la especial condición de vulnerabilidad de la accionante Luz Esperanza Ruiz Mariño (…)”.

En consecuencia, dejó sin efecto el acto administrativo por el cual se aceptó la renuncia presentada por la quejosa, y el que negó la retractación a esa dimisión, ordenando al juez querellado preceder a su reintegro laboral.

Igualmente, instó a Coomeva E.P.S. para que remitiera la documentación pertinente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, a efectos de definir el origen de las afecciones sufridas por la tutelante (fls. 220 a 231).

1.3. La impugnación

a) El Juzgado Civil del Circuito de Chocontá discrepó de la decisión del Tribunal arguyendo “(…) que no es la justicia constitucional quien debe resolver el asunto, pues el estudio del caso requiere de un mayor debate probatorio, el que solo se puede dar en el marco de un proceso ante la jurisdicción (…) administrativa (…)” (fls. 6 a 15 cuaderno Corte).

b) El Consejo Superior de la Judicatura impugnó sin argumentar su inconformidad (fls. 242).

2. Consideraciones

1. Circunscrita la impugnación, esta Sala estudiará únicamente los reproches efectuados por las autoridades inconformes con el fallo del a quo, pues Coomeva E.P.S. guardó silencio frente a la orden impartida contra ella en primera instancia y la querellante nada dijo sobre la decisión ahora analizada.

2. El presunto menoscabo deviene de las resoluciones 5 y 7 de 13 y 20 de febrero de 2017, aceptando la primera de ellas la renuncia presentada por Luz Esperanza Ruiz Mariño al cargo de “Secretaria en propiedad del Juzgado Civil del Circuito de Chocontá” y en la segunda, negando la “retractación” efectuada por aquélla a su dimisión, sin tener en cuenta la estabilidad laboral reforzada de la cual goza la convocante en atención a su enfermedad psiquiátrica.

Si bien la actora puede hacer uso de otros medios judiciales, para debatir las irregularidades que a través de este auxilio señala, acudiendo a la Jurisdicción Contencioso Administrativa para censurar la legalidad de los actos administrativos reprochados, el amparo reclamado es procedente por las especiales condiciones de salud de la tutelante.

En efecto, se observa que Luz Esperanza Ruiz Mariño padece una patología de orden psicológico, la cual ha generado de parte de su E.P.S., una serie de recomendaciones para que su empleador disponga las medidas necesarias en la “adaptación ocupacional” a su puesto de trabajo (fl. 3), demostrándose con ello las específicas circunstancias en las cuales la quejosa debe desempeñar sus funciones.

Igualmente, se advierte, para el 13 de febrero de 2017, fecha en la cual la interesada presentó la renuncia a su cargo, aquélla venía de ser incapacitada por un “episodio depresivo moderado” ocasionado por su enfermedad (fl. 10); por tanto, es factible deducir que para esa data, la actora no era totalmente consciente de su decisión, pues de haberlo estado, no hubiese desistido de su retiro al día siguiente de su determinación.

3. Frente al derecho a la estabilidad laboral ante la renuncia al empleo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido:

“(…) cuando se alegue la renuncia como modo de terminación, es labor del juez de tutela evaluar la espontaneidad con que ella se produjo, la oportunidad de su retractación para determinar su oponibilidad al empleador y lo referente a la aceptación de una y otra decisión del trabajador por el empleador. Con base en lo anterior, se tiene que en materia de estabilidad laboral reforzada, cuando la dimisión es espontánea, libre de coacción y producto de la voluntad, la acción de tutela resulta improcedente en virtud del principio de subsidiariedad (…)”(1).

Nótese, en el escrito de dimisión la interesada manifestó que las razones de su decisión obedecían a la imposibilidad de “continuar laborando en las condiciones ambientales” registradas al interior del Juzgado Civil del Circuito de Chocontá; es decir, existía un factor externo a su voluntad que la impulsó a tomar esa determinación, el cual aunado a la enfermedad psiquiátrica padecida por ella, permiten colegir que esos fueron los motivos que originaron el retiro de su cargo, sin ser aquéllos espontáneos, sino producto del estado emocional soportado en ese momento.

4. Así las cosas, la sentencia recurrida será confirmada, pues es palmaria la vulneración de las garantías de la accionante, por cuanto, la retracción a su renuncia debió ser analizada atendiendo la afectación mental que aqueja a la actora, situación que en el presente caso no aconteció.

5. Teniendo en cuenta el control de convencionalidad exigido a todas las autoridades públicas y judiciales, el cual no sólo prevé la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino demás instrumentos de orden internacional analizados por la Corte Interamericana, resulta pertinente advertir que Colombia ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —PIDESC— mediante la Ley 74 de 1968, el cual establece:

“(…) ART. 12.—(…) 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (…)”.

“2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

“a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

“b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

“c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

“d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (…)”.

Frente a esa prerrogativa, la Corte Interamericana, órgano autorizado para su interpretación, sostuvo que si bien el nivel de desarrollo de los países parte de la Convención Americana juega un papel fundamental para el cubrimiento total de los servicios de salud física y mental para toda la población, ello

“(…) no se debe entender como un factor que excluya el deber del Estado de implementar estos derechos en la mayor medida de sus posibilidades. El principio de progresividad exige más bien que, a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales (…)”(2).

6. Igualmente se exhortará a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca y a la E.P.S. Coomeva, para que de manera conjunta adelanten de forma rápida la verificación del origen de la enfermedad padecida por la actora, por cuanto, dicho dictamen es necesario para acceder a la pensión de invalidez requerida por la promotora.

7. De acuerdo a lo discurrido, se revalidará la providencia examinada.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.

2. Exhortar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca y a la E.P.S. Coomeva en los términos del numeral 6º del acápite considerativo de esta providencia, de la cual se les enviará copia.

3. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello BlancoÁlvaro Fernando García RestrepoAroldo Wilson Quiroz MonsalvoAriel Salazar RamírezLuis Armando Tolosa Villabona.

1 Corte Constitucional. Sentencia T- 674 de 2014.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-130 de 2002.