Sentencia STC11391-2017 de agosto 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC11391-2017

Radicación: 15693-22-08-002-2017-00097-02

Magistrado Ponente:

Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

(Aprobado en sesión de dos de agosto de dos mil diecisiete).

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el 28 de junio de 2017 por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la acción de tutela promovida por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy, a cuyo trámite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.

Antecedentes

1. La entidad accionante reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la administración de justicia, al «patrimonio público» y al «acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios», presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado.

En consecuencia, solicita se declare la nulidad del «proceso agrario de pertenencia adelantado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy… con radicado 2012-0002… de[jando] sin efecto la sentencia de… 18 de mayo de 2016» (fls. 1 a 9, cdno. 1).

2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en síntesis, en lo siguiente:

2.1. José Donato Suescún González promovió proceso ordinario de pertenencia contra personas indeterminadas con el fin de obtener por la vía de la prescripción extraordinaria el dominio de los predios rurales denominados «La Ramada» y «Capellanía», ubicados en la vereda Taucasí, del municipio de Chiscas - Boyacá; asunto cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy.

2.2. Surtido el trámite de rigor, el 18 de mayo de 2016 el estrado judicial accionado accedió a las pretensiones y ordenó a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de ese municipio «abrir folio de matrícula inmobiliaria para cada uno de los inmuebles señalados… e inscribir la sentencia dentro del mismo»; lo anterior, al considerar que el demandante probó los presupuestos exigidos para acceder al derecho real de dominio.

2.3. Indicó la entidad accionante que en cumplimiento a lo establecido por la Ley 1579 de 2012, la Oficina de Instrumentos Públicos de El Cocuy suspendió el trámite de registro de la sentencia, comunicándole dicha decisión el 9 de noviembre de 2016, momento en el que se enteró del juicio promovido por Suescún González.

2.4. Sostuvo que con la determinación de la sede judicial se quebrantaron las garantías invocadas, pues, en su sentir, existió una indebida valoración probatoria sobre los actos posesorios alegados, máxime cuando los aludidos inmuebles carecían de «antecedentes registrales, titulares de derechos reales sobre el predio o titulares inscritos», por lo que resultaban ser bienes baldíos, cuya administración, cuidado y custodia correspondía al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras de conformidad al D. 2363/2015); resaltando que, incluso, en la sentencia cuestionada, el fallador acusado anotó que los fundos «no contaba[n] con certificado[s] de tradición y libertad», con lo que, afirmó la tutelante, se confirmaba que tales heredades no eran de dominio privado.

2.5. Destacó que el Incoder inició un proceso de registro de predios baldíos, informando que los bienes objeto de prescripción no se encontraban allí inscritos, pero ello era insuficiente para que el juzgador censurado pudiera afirmar que su propietario era un particular, desconociendo que oficiosamente debía acudir a otras pruebas para «hallar la verdad como presupuesto de justicia»; a más que de conformidad con los artículos 2512 y 2518 del Código Civil en concordancia con el 375 del Código General del Proceso, el proceso de pertenencia «no procede contra bienes corporales que poseen una condición de imprescriptibilidad, propia de los bienes baldíos de la Nación».

2.6. Agregó que el despacho accionado desconoció la normatividad aplicable al caso concreto y la jurisprudencia constitucional, en especial la Sentencia T-488 de 2014, toda vez que al no existir certeza respecto de la naturaleza jurídica del bien objeto de litigio, el fallador no podía declarar la procedencia de la prescripción extraordinaria de dominio sobre los fundos, en la medida en que «la presunción legal de la propiedad opera[ba] a favor del Estado y no del particular».

La respuesta del accionado y los vinculados

1. La Procuraduría 2 Judicial II Ambiental y Agraria de Boyacá apoyó las pretensiones de la acción tuitiva debido a que los predios objeto de pertenencia no contaban con antecedentes registrales ni «tampoco se extremó el acervo probatorio para desvirtuar que estos no [eran] bienes baldíos o h[icieran] parte de uno de mayor extensión», por lo que «surgían elementos de juicio para pensar, razonablemente, que el predio en discusión podría tratarse de un bien baldío y en esa medida no era susceptible de apropiación por prescripción», conclusión respaldada en los precedentes jurisprudenciales frente al particular (entre ellos, T-488/2014, T-549/2016 y STC11024-2016); destacó que no intervino en el juicio criticado y que el llamado a responder por la situación denunciada era el juzgado convocado (fls. 47 a 52, cdno. 1).

2. La Oficina de Instrumentos Públicos Seccional de El Cocuy - Boyacá manifestó que con Resolución 11 de 26 de octubre de 2016 suspendió el registro de la sentencia dictada por la sede judicial accionada, bajo las facultades que le otorgó el artículo 18 de la Ley 1579 de 2012 y lo estipulado en la Sentencia T-488 de 2014, tras considerar que ante la inexistencia de matrícula inmobiliaria de los fundos se presumía su naturaleza baldía, pero ante la ratificación de la determinación del despacho acusado, procedió a la apertura de los folios con matrícula 076-27424 y 076-27425, inscribiendo en ellos la mentada providencia. Resaltó que la Procuraduría 3 Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá con oficio PJAA-1-2542-16 le solicitó la revocatoria directa de la resolución atrás referida (fls. 57 a 59, cdno. 1).

3. El Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy historió las actuaciones surtidas al interior del juicio criticado, relievando que en cumplimiento de lo ordenado en el fallo T-488 de 2014 integró al contradictorio al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, garantizando de esa manera el debido proceso; instó la improcedencia de la solicitud de resguardo al advertir ausentes los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues, por una parte, la sentencia criticada databa de mayo de 2016, y por otra, que al estar vinculado al proceso el Incoder, era evidente que éste desperdició las oportunidades procesales otorgadas para controvertir las decisiones judiciales (fls. 84 a 89, cdno. 1).

4. La Superintendencia de Notariado y Registro coadyuvó las pretensiones de la salvaguarda al considerar que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 160 de 1994, los bienes que carecen de propietario pertenecen al Estado y, en esa medida, sólo pueden adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por éste; que en principio los poseedores «que pretendan ser propietarios están habilitados para acudir a la jurisdicción agraria a solicitar se les declare dueños por haber usucapido el bien, [sin embargo] es menester dentro del proceso que el juez como garante del patrimonio público, acopie las pruebas necesarias para establecer que no se trata de un terreno baldío»; que la Ley 1579 de 2012 le dio la facultad de desatender las órdenes judiciales al advertir irregularidades como la relatada; y pidió aplicar al caso concreto lo dispuesto en la Sentencia T-488 de 2014 (fls. 90 a 103, cdno. 1).

5. José Donato Suescún González, a través de apoderado judicial, extemporáneamente, solicitó denegar el amparo argumentando que como demandante demostró los presupuestos axiológicos para el buen suceso de su demanda de pertenencia; que como «particular está amparado por la presunción que es de su “propiedad privada” en términos de ley, la tierra cuya usucapión pretende por vía de la prescripción adquisitiva, la cual no es considerada baldía, sin perjuicio de que el estado en este caso el Incoder (Hoy Agencia Nacional de Tierras) desvirtúe esa presunción que así lo amerite y de la cual no hay presencia en la actuación agraria»; que la sentencia atacada se edificó en las probanzas recolectadas al interior del juicio, a más que, de acuerdo con el artículo 762 del Código Civil, dicha acción «usualmente no se ampara en título o documento alguno sino en los actos positivos de explotación percibidos por terceros y allegados al proceso en los testimonios de la vista ocular» (fls. 63 a 65, cdno. 1).

La sentencia impugnada

El a quo constitucional concedió el amparo al considerar que los predios objeto de la declaratoria de prescripción adquisitiva de dominio, denominados «La Ramada» y «Capellanía», carecían de antecedente registral y, por ende, de titulares de derechos reales, evidenciándose así un indicio de que los fundos eran baldíos, por lo que en aplicación de la Sentencia T-549 de 2016, «al estar en duda [la] naturaleza privada [de los predios] el juez incurrió en defecto orgánico por adolecer de competencia por el factor funcional al adelantar el proceso, la cual residía en el funcionario administrativo»; en consecuencia, dispuso:

DECLARAR la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de pertenencia radicado bajo el Nº 1524408090012012-00002-00 tramitado ante el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DEL COCUY, a partir del auto admisorio de la demanda, inclusive, a fin de que la juez valore nuevamente los requisitos de la admisión de la demanda teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente providencia.

ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS proceda a dar inicio al proceso de clarificación de los predios objeto del proceso de pertenencia, con el fin de determinar su naturaleza y el trámite a seguir respecto de su adjudicación, lo cual deberá realizar dentro del término perentorio de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia quedando en la obligación de allegar a este proceso judicial la constancia del cumplimiento de esta orden (fls. 45 a 59, cdno. 1).

La impugnación

La formuló José Donato Suescún González reiterando los argumentos expuestos al contestar la tutela (fls. 68 y 69, cdno. 1).

Consideraciones

1. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.

Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley» (CSJ STC, mayo 11/2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.

2. Del examen de la demanda de amparo se extrae que a través de ella se cuestiona el fallo proferido el 18 de mayo de 2016 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy, el cual declaró que José Donato Suescún González, por la vía de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, obtuvo la propiedad de los predios denominados «La Ramada» y «Capellanía», ubicados en la vereda Taucasí del municipio de Chiscas - Boyacá; determinación que critica la accionante porque, en síntesis, sostiene que a la misma se arribó sin atender que como tales inmuebles no tenían antecedentes registrales, se presumían baldíos y, por ende, eran imprescriptibles.

2.1. Delimitado lo anterior, de entrada debe advertirse que en un asunto de similares contornos al de ahora, recientemente la Corte Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, a través de la Sentencia T-548 de 2016 revocó la de 16 de febrero de 2016, mediante la cual esta Sala de Casación Civil había denegado el resguardo allí rogado por el Incoder respecto a un juicio de pertenencia diferente al aquí criticado (STC1776-2016); para tal efecto, la primera colegiatura señaló allí la forma en que debe interpretarse lo prescrito en los artículos 1º y 2º de la Ley 200 de 1936, aquel modificado por el 2º de la Ley 4ª de 1973(1), y 48 de la Ley 160 de 1994(2), que desarrollan la consagración de dos presunciones en lo que tiene que ver con los bienes baldíos desde la hermenéutica constitucional, indicando:

...el mismo sistema jurídico ha reconocido la existencia de dos presunciones, una de bien privado y otra de bien baldío, que pareciesen generar un conflicto normativo. No obstante, cuando se analizan de forma sistemática permiten entrever la interpretación adecuada ante la cual debe ceder nuestro sistema jurídico.

En tal sentido, los artículos 1º y 2º de la Ley 200 de 1936 no entran en contradicción directa con las referidas normas del Código Civil, el Código Fiscal, el Código General del Proceso, la Ley 160 de 1994 y la Constitución Nacional, ya que al leerse en conjunto se descubre que el conflicto entre estas es apenas aparente. Lo anterior, debido a que la presunción de bien privado se da ante la explotación económica que realiza un poseedor, y, como se observó, en lo que se refiere a los bienes baldíos no se puede generar la figura de la posesión sino de la mera ocupación.

Por lo anterior, no se puede concluir que una norma implique la derogatoria de la otra o su inaplicación, sino que se debe comprender que regulan situaciones jurídicas diferentes y que deben ser usadas por el operador jurídico según el caso. Es por ello que el legislador, de forma adecuada, previo cualquiera de estas situaciones en el Código General del Proceso, brindándole al juez que conoce del proceso de pertenencia las herramientas interpretativas para resolver el aparente conflicto normativo, así como las herramientas probatorias para llevar a una buena valoración de la situación fáctica. Reconociendo, sin lugar a dudas, que en todos los casos en los que no exista propietario registrado en la matrícula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien baldío.

En conclusión, el juez debe llevar a cabo una interpretación armónica y sistemática de las diferentes normas existentes en torno a tan específico asunto, tales como los artículos 1º de la Ley 200 de 1936; 65 de la Ley 160 de 1994, 675 del Código Civil, y 63 de la Constitución Política, sin desconocer que existe una presunción iuris tantum en relación con la naturaleza de bien baldío, ante la ausencia de propietario privado registrado, pues tal desconocimiento lo puede llevar a incurrir en un defecto sustantivo por aplicar una regla de manera manifiestamente errada, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable (CC T-548/2016 y T-488/2014).

2.2. Por ende, no es que exista una interpretación errada, lo que aconteció fue que la Corte Constitucional acudiendo a la hermenéutica del balance o ponderación(3) frente a un conflicto interpretativo de estas dos presunciones (una que beneficia al particular que explota el terreno del que se desconoce dueño, que puede consolidar el dominio a través del modo de la ocupación, siempre y cuando cumpla los presupuestos de los artículos 1º y 2º de la Ley 200 de 1936; la otra señalada en el canon 48 de la Ley 160 de 1994, prevé ante la inexistencia de propietario conocido se presume que es un bien baldío), mediante una interpretación, crea una jerarquía axiológica no dada por el legislador, derogando para el caso en particular la primera de aquellas presunciones y privilegiando la segunda.

2.3. Por su parte, esta Sala de Casación Civil, a través de la sentencia revocada por la Corte Constitucional, llegó a una conclusión diferente, privilegió la presunción de la explotación económica a favor del particular; y sacrificó la que beneficia al Estado, partiendo de la base que el fin que se busca con la Ley 200 de 1936 es la explotación económica del predio y no su inactividad, que no genera ganancia alguna, ni para el propio Estado, y sí se le garantiza el derecho que tiene el campesino de acceder a la tierra.

2.4. Por lo tanto, se trata de dos interpretaciones diversas ante un conflicto —no de yerro alguno— ante lo cual la guardiana de la Constitución adoptó una decisión aplicando la interpretación de ponderación de intereses, sobre la cual la doctrina ha dilucidado(4).

2.5. En ese orden, teniendo en cuenta el mentado pronunciamiento de la Corte Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, así como por respeto a la institucionalidad en tratándose de precedentes, que deben observarse en virtud del principio de igualdad y la coherencia del sistema jurídico, la presente providencia se edificara en la interpretación adoptada por esa corporación.

Tal acogimiento va en concordancia con lo que ha venido señalando la doctrina especializada, según la cual «[u]na decisión de un tribunal o un juez, tomada después de un razonamiento sobre una cuestión de derecho planteada en un caso, y necesaria para el establecimiento del mismo, es una autoridad, o precedente obligatorio, para el mismo tribunal y para otros tribunales de igual... rango, en subsiguientes casos en que se plantee otra vez la misma cuestión; pero el grado de autoridad de dichos precedentes depende necesariamente de su acuerdo con el espíritu de los tiempos o el juicio de subsiguientes tribunales sobre su corrección como una proposición acerca del derecho existente o real»(5).

2.6. Se destaca, también, que para arribar a las conclusiones contenidas en la referida Sentencia T-548/16, el máximo órgano patrio en lo constitucional, además de lo atrás expuesto, consignó, en lo medular, que:

…la acción de tutela se presenta con el fin de que se revoque el fallo del 14 de noviembre de 2014 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, el cual decretó la prescripción adquisitiva del domino en favor de… Rosa Lilia Ibagué Cuadrado, respecto del predio denominado “Miravalles” ubicado en la vereda Casa Blanca del municipio de Sora…

Según la entidad accionante (Incoder en liquidación) el referido fallo incurrió en distintas causales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias. Principalmente por cuanto: (i) el juzgado… debió identificar que el predio… al carecer de antecedentes registrales era baldío, (ii) el juzgado debió vincular al Incoder al proceso de prescripción para que esta entidad estableciera con certeza la naturaleza del bien objeto de litigio y (iii) se sustrajo de la propiedad del Estado el referido predio sin tener competencia para ello.

Tanto el juzgado accionado como los jueces de tutela que conocieron del amparo consideran que: (i) la acción de tutela no es procedente para anular el proceso adelantado y (ii) no es claro que el predio… sea baldío, y en esa medida la carga de la prueba respecto de la naturaleza del bien, recae en el Incoder y no en el prescribiente. Así mismo, ponen de presente que la Sentencia T-488 de 2014 habilitó al Incoder para adelantar el mayor proceso de recuperación de bienes baldíos en la historia, pero que al no estar acompañada de un proceso de titulación masiva, estas acciones han sido vistas por un amplio sector social como injustas políticas expropiatorias.

8.2. Estudio de la procedencia de la acción de tutela…

De los antecedentes expuestos esta Sala encuentra que en el caso concreto la acción de tutela es la herramienta idónea para perseguir la salvaguarda de los derechos alegados por el Incoder, como se pasa a exponer:

8.2.1. Relevancia constitucional del asunto.

En el presente caso cumple con este requisito. En primer lugar, porque la discusión se circunscribe a la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al principio de justicia material y la prevalencia del derecho sustancial, con ocasión de la decisión proferida en instancia judicial respecto al decreto de la prescripción adquisitiva de dominio a favor de un particular, de un bien cuya naturaleza pareciera no estar bien definida.

En segundo lugar, por la disparidad de posiciones existentes entre los jueces de la República al interpretar las normas referentes a las presunciones que deben imperar respecto de los bienes baldíos. Esto, al encontrarse que esta situación ha sido definida de una forma por la Corte Constitucional y de otra por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, siendo esta última la posición que adopta el tribunal que resuelve la segunda instancia de la tutela que aquí se revisa.

Finalmente, porque en el presente caso podría estar en juego un bien rural del Estado, cuya protección requiere de respuestas inmediatas y mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 64 de la Constitución Política y la salvaguarda del patrimonio público.

8.2.2. Agotamiento de los recursos judiciales.

Referente al requisito de subsidiariedad, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia indicó que “si la tesis central del resguardo presupuesto por el Incoder, se edifica en que el bien es baldío, esto es, imprescriptible, el ordenamiento le ofrece un recurso extraordinario eficaz para someter a juicio sus pretensiones constitucionales, en defensa del patrimonio público por medio del recurso extraordinario de revisión ante el juez competente, indicium rescindens del cual aún no ha hecho uso”.

Al respecto, resulta necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula lo atinente a la procedencia del recurso extraordinario de revisión en materia civil…

A continuación, el artículo 380 del mencionado estatuto procesal establece las causales taxativas de procedencia de dicho recurso…

Teniendo en cuenta lo anterior, así como los antecedentes de la demanda de amparo interpuesta por el Incoder (en liquidación), la causal contenida en el numeral 7º del artículo 380(6) del Código de Procedimiento Civil(7), sería la única que podría eventualmente ajustarse al caso bajo estudio. Sin embargo, tal como lo advierte la misma Sala de Casación Civil en el numeral 4.3. De las consideraciones del fallo de segunda instancia en sede de tutela, para la fecha en que fue adelantado y fallado el proceso de pertenencia, el ordenamiento procesal no contemplaba, como el actual, el deber de vincular al Incoder en ese tipo de actuaciones, lo que implica que no podría alegarse una indebida notificación o la omisión de haber sido citado al proceso.

Aunado a lo expuesto, advierte la Sala que lo alegado por parte del actor no es una indebida notificación, sino el defecto orgánico y fáctico del que adolece la sentencia, debido a la falta de competencia del juez para disponer sobre la adjudicación de un bien del que no se tiene certeza de ser privado, desconociendo el indicio de la ausencia de antecedentes registrales.

Ahora bien, el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso establece que en los asuntos ordinarios de mayor cuantía que se encontraran en curso al momento de entrar a regir la nueva normativa procesal, y ya se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior y, proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación.

No obstante, ha de recordarse que las causales de procedencia del recurso de revisión, son las mismas en los dos códigos y que estas son taxativas(8) y que ninguna de ellas hace referencia a la causa que motiva la presente acción de tutela, es claro que no existe otro mecanismo judicial idóneo para procurar la defensa de los derechos que el Incoder estima vulnerados, por lo que se desestima el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

8.2.3. Principio de inmediatez.

Encuentra la Sala que el tiempo para examinar la inmediatez en la presentación de la acción de tutela, no puede ser contado desde la fecha en que fue proferida la sentencia cuya nulidad se procura, sino desde la fecha en que el accionante tuvo conocimiento de dicha decisión y de que la misma podría recaer sobre un bien baldío.

Así, se observa en el expediente que el Incoder (en liquidación) fue informado, por parte de la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Tunja, acerca de la suspensión a prevención del registro de la sentencia de pertenencia a que se sustrae este asunto, mediante escrito radicado el 27 de mayo de 2015 y la demanda constitucional fue interpuesta 12 de agosto del mismo año. Es decir, que transcurrieron menos de 3 meses desde la fecha en que el Incoder fue informado sobre la declaración judicial de pertenencia y aquella en la que se presentó la tutela objeto de estudio, tiempo que se considera razonable por la Sala para haber dado inicio a la presente acción, máxime si se tiene en cuenta que mediante Sentencia T-488 de 2014 esta corporación ordenó al Incoder que, conforme al informe que debía remitirle la Superintendencia de Notariado y Registro, adelantara los procedimientos de recuperación de baldíos a los que hubiera lugar.

Con todo, corresponde advertirse que el requisito de inmediatez debe observarse con cierta flexibilidad en estos casos, ya que se busca la recuperación de bienes que son sustancial y constitucionalmente imprescriptibles, por lo que la procedencia de la acción que garantiza su defensa debe analizarse de acuerdo a la naturaleza de estos...

8.3. Requisitos especiales de procedibilidad…

8.3.1. Defecto fáctico.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se encuentra que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja siendo conocedor de que el bien objeto de litigio no contaba con antecedentes registrales y, por ende, el inmueble carecía de dueño reconocido(9), surgían elementos de juicio para pensar, razonablemente, que el predio en discusión podía tratarse de un bien baldío y en esa medida no era susceptible de apropiación por prescripción.

Tal y como establecen las normas citadas en el acápite 5 de la presente sentencia, existen motivos suficientes para presumir que un bien que no cuenta con antecedentes de registro es un bien baldío, situación que el juez de conocimiento no analizó en ningún momento, tal y como se desprende de la sentencia por medio de la cual declaró la prescripción adquisitiva del bien en cuestión.

En consecuencia, el juzgado no solo omitió valorar pruebas sobre la situación jurídica del predio “Miravalles” y desconoció las reglas de la sana crítica, sino que también omitió sus deberes oficiosos para la práctica de pruebas conducentes que determinaran si realmente era un bien susceptible de adquirirse por prescripción.

Si el juez tenía dudas con respecto a la calidad jurídica del bien, las mismas no se hicieron visibles en la argumentación del fallo, la inspección judicial realizada o demás pruebas practicadas. Por el contrario, se puede llegar a la conclusión de que se obró con premura, se concluyó de forma inmediata que el bien era privado y se omitieron dudas razonables que conllevaban el uso de las potestades oficiosas del juez.

En efecto, este último solo tuvo en cuenta las declaraciones de un vecino y dos hermanos de la accionante, así como las observaciones de una inspección judicial para concluir que el accionante había satisfecho los requisitos de posesión, pero al analizar si el bien era susceptible de prescripción, le bastó con concluir que era un bien prescriptible, sin traer a colación ningún razonamiento jurídico sobre el tema.

Ahora bien, al momento de contestar la presente acción de tutela realiza todo un ejercicio argumentativo en el que afirma que el bien objeto del proceso de pertenencia es un predio que se encuentra en el comercio y trae a colación jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tal como la proferida el 28 de agosto de 2000 en el expediente bajo radicado 5448 que, según afirma es una directriz que desde antaño ha sido acogida por juzgados y tribunales de todo el país, a partir de lo cual se ha dispuesto en numerosas ocasiones la apertura del correspondiente folio de matrícula inmobiliaria para fundos que carecían del mismo.

Al respecto, estima la Sala que estos argumentos no suplen la ausencia de valoración probatoria en el fallo aquí demandado.

Aunado a lo anterior, el juez omitió el deber que le asiste de ejercer sus potestades para esclarecer los hechos o circunstancias que rodean las pretensiones de la demanda y sus implicaciones. Si bien la normatividad que imperaba al momento de proferir el respectivo fallo de pertenencia no obligaba la vinculación del Incoder, al no tenerse la certeza de la calidad jurídica del inmueble objeto del proceso de pertenencia, el juez debió decretar pruebas oficiosas como disponer que el citado instituto precisara la naturaleza del inmueble objeto de prescripción.

Así, encuentra la Sala que el juez no solo omitió estudiar el certificado de tradición y libertad del inmueble, sino que omitió también solicitar un concepto al Incoder sobre la calidad del predio, presupuesto sine qua non para dar continuidad al proceso de pertenencia, toda vez que de la calidad del inmueble se deriva su competencia.

Sea esta la oportunidad para aclarar que la Sala no establece que la carga probatoria respecto a la naturaleza del bien deba recaer sobre el particular o sobre el Incoder, lo que se reprocha es la omisión del juez para procurar la certeza acerca de que el terreno ostente la calidad de ser un inmueble privado y no del Estado, característica determinante de la competencia del funcionario.

8.3.2. Defecto orgánico.

De igual manera, al haber omitido dilucidar la naturaleza jurídica del bien, incurrió el juzgador de instancia en una falta de competencia para decidir sobre la adjudicación del mismo, como quiera que de tal claridad depende establecer cuál es la autoridad competente para disponer sobre la posible adjudicación del inmueble.

Nótese entonces, que al no estar acreditado que el bien objeto del proceso de pertenencia es un inmueble privado, el juez tampoco puede tener clara su competencia para conocer del asunto, debido a que de tratarse de un bien baldío, la autoridad competente para pronunciarse acerca del reconocimiento del derecho de dominio sobre el predio sería el Incoder (en liquidación) ahora en la Agencia Nacional de Tierra, tal y como lo determina el numeral 11 del artículo 4º del Decreto 2363 de 2015, en concordancia con el artículo 65 de la Ley 160 de 1994.

De esta manera, tal como se indicó anteriormente, en el asunto objeto de esta providencia se observa la falta de competencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja para disponer sobre la adjudicación de un terreno respecto del cual no existe claridad ni certeza de que se trate de un bien privado, lo que constituye un defecto orgánico que no solo resulta insaneable, sino que además vulnera abiertamente el derecho al debido proceso, por lo que habrá lugar a declarar violado este principio.

8.3.3. Defecto Sustantivo.

Tal y como se desprende de la sentencia que aquí se juzga, así como de las diferentes manifestaciones del juez en el marco del proceso de tutela, este pareciese haberse remitido a hacer un análisis exclusivo de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley 200 de 1936.

Sin embargo, debe decirse que un análisis profundo de esta norma se extraña en el fallo de instancia. En tal decisión, el Juez Primero Civil del Circuito de Tunja trae a colación algunas normas del Código Civil, recalca lo relativo al proceso de pertenencia, la prescripción, la figura de la posesión y la suma de posesiones, pero no hace ninguna referencia a la Ley 200 en la parte dogmática, así como tampoco lo hace en el caso en concreto.

Sin embargo, es claro que el registro que existe en la oficina de instrumentos públicos muestra un predio que se encuentra debidamente inscrito, pero que nunca ha contado con un titular del derecho de dominio, situación que no suscitó ninguna clase de duda fáctica o sustantiva en el juez, como hasta ahora se ha visto.

En consecuencia, al no haberse generado tal duda en el juzgador este omitió por completo el estudio jurídico del asunto, y falló sin tener en cuenta ninguna de las normas estudiadas en el acápite 4 del presente fallo. Por lo anterior, terminó por omitir llevar a cabo una interpretación armónica y sistemática del ordenamiento jurídico a la luz de principios y valores constitucionales y tomó una decisión sin aplicar las normas pertinentes para el caso, que posiblemente lo hubiesen llevado a dictar un fallo diferente, o por lo menos a vincular al Incoder (en liquidación), ahora ANT, al proceso de pertenencia.

En este caso concreto, es de resaltar que el registrador de Tunja motivó una nota devolutiva invocando el principio de legalidad previsto en la Ley 1579 de 2012 y explicando que la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Incoder, hoy ANT.

Así las cosas, el yerro advertido por el registrador era evidente en tanto la decisión judicial recaía sobre un terreno que carecía de un propietario registrado, por lo cual era razonable pensar que se trataba de un bien baldío, tal y como lo presumen el Código Fiscal y la Ley 160 de 1994. De igual manera, en la nota devolutiva se advirtió que los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores sino una simple expectativa, de acuerdo al marco legal vigente. Dicha argumentación fue presentada oportunamente por el registrador en el acto administrativo mediante el cual se opuso inicialmente al registro y que puso sobre aviso al Incoder.

De tal forma que, tanto la Oficina de Registro, el Incoder y esta corporación han caído en cuenta de la ausencia de estudio que se hizo por parte del juez del proceso de pertenencia en un proceso en el que se adjudicó un bien que puede constituirse como baldío. Debe en consecuencia indicarse que el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja adolece de un defecto sustantivo…

8.4. Aclaraciones finales…

8.4.6. Finalmente, al notarse que la sentencia del 16 de Febrero de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha generado una serie de decisiones de jueces de nivel municipal y del circuito, contrarias a los precedentes de esta corporación, es necesario solicitar a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” que envíe copia de la presente providencia a todos los juzgados civiles, promiscuos y tribunales superiores de distrito del país, con el fin de recordar a los jueces que en el marco de los procesos de pertenencia, donde no se tenga claridad de la calidad del bien objeto del litigio, se debe vincular a la Agencia Nacional de Tierras, incluso en aquellos regidos por el Código de Procedimiento Civil. Igualmente deberá llevar a cabo un proceso de pedagogía sobre esta sentencia y la T-488 de 2014, con el fin de evitar una escalada de acciones de amparo por parte del Incoder (en liquidación), hoy Agencia Nacional de Tierras, en contra de decisiones de pertenencia adoptadas por jueces de la República (CC T-548/16).

3. De cara al caso concreto que en esta ocasión ocupa la atención de la Corte, con fundamento en las anteriores premisas, sin duda, se muestra necesaria la intervención del juez constitucional, en orden a salvaguardar los derechos invocados por la entidad accionante, habida cuenta de que el estrado judicial acusado incurrió en diferentes defectos fácticos y sustantivos, pues, además de omitir analizar las consecuencias derivadas de que los predios «La Ramada» y «Capellanía», objeto de usucapión, carecieran de antecedentes registrales, dejó de lado la práctica de pruebas a fin de establecer la naturaleza jurídica de los mismos y pasó por alto que, existiendo duda en punto a que su propietario fuera un particular, se debía presumir que eran bienes baldíos y, por tanto, imprescriptibles.

En el sub examine, se itera, en la sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy, se incurrió en «vía de hecho», al adjudicar la propiedad, por la vía de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, de los predios denominados «La Ramada» y «Capellanía» a José Donato Suescún González, considerando que éste había cumplido con todos los presupuestos axiológicos para resultar beneficiado con la mentada figura jurídica.

Lo anterior, porque ninguna trascendencia dio el juzgador accionado a la naturaleza jurídica de tales fundos, omitiendo el deber de efectuar un análisis conjunto del material probatorio respecto a tal aspecto e, incluso, de ser oportuno, decretar de oficio la práctica de las pruebas que se mostraran como necesarias para adoptar su decisión (CPC, arts. 179, 180 y 187 y CGP, arts. 169, 170 y 176), resaltando que de lo acopiado, en principio, dichos predios ni siquiera contaban con folios de matrícula inmobiliaria, con lo que, además, dejó de lado la valoración, incluso, de las documentales aportadas, como los certificados expedidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las inspecciones judiciales en punto a su valor suasorio de cara a determinar si realmente eran inmuebles susceptibles de adquirirse por prescripción, pasando por alto el principio de seguridad jurídica y las pruebas que de oficio hubiera podido decretar a fin de tener certeza en punto a la identificación puntual de los fundos.

En efecto, observa la Sala que respecto al valor probatorio dado por la sede judicial acusada a la certificación expedida por la Oficina de Instrumentos Públicos Seccional El Cocuy y a lo allí expuesto por el Incoder, en la sentencia del juicio de pertenencia se consignó que:

No tiene duda… respecto a que los bienes de la Nación, entre los que se hayan los baldíos, tienen el carácter de imprescriptibles y una decisión judicial no podría adjudicar su dominio pues ello sería atentar contra normas de orden público, yendo en contravía del ordenamiento legalmente establecido y la diversa jurisprudencia que ha sido enfática en señalar que los bienes públicos no se adquieren de esta forma; ahora, en efecto, tal y como ya se dijera, el hecho de que no aparezca inscrito titular alguno sobre el inmueble, en principio pudo llevar a pensar que no se trata de un bien de propiedad pública, y la obligación de este juzgador recayó entonces en la vinculación de la entidad administradora de los bienes baldíos como lo es el Incoder, para que esta hiciera la defensa de los derechos que sobre el bien le correspondían al Estado, acreditando la naturaleza jurídica del inmueble…

Ahora bien, itérese que contestada la demanda, el Instituto no acreditó que el bien inmueble objeto de este proceso apareciese registrado dentro de su base de datos como bien de propiedad del Estado ni mucho menos que sobre el mismo fuese la Nación quien ejerciera su dominio, y por ende, ninguna certeza tiene e[l] despacho acerca de que la naturaleza jurídica del mismo sea la de baldío, en tanto, si no existe folio de matrícula inmobiliaria y tampoco registro de dichos bienes en cabeza del Estado, …de otra parte, y si se insiste, que no existe certeza de que se trata de un bien baldío, pues no serán aplicables las normas propias del artículo 65 y subsiguientes de la Ley 160 de 1994, precisamente porque allí se establecen las pautas para la adjudicación de bienes baldíos, pero como se ha dicho de es[tos] inmueble[s] no se ha acreditado dicha calidad.

Así mismo, respecto de la presunción de los bienes baldíos dijo que:

…si bien puede que exista un indicio que ponga en duda la naturaleza jurídica del inmueble, para este juzgado el demandante no es el obligado a demostrar que el bien no es un baldío como requisito para poder acudir al proceso de pertenencia, precisamente porque la legislación la ha otorgado una presunción a su favor siempre que se demuestre la explotación económica del inmueble, y si en desarrollo de las diligencias se llama al Estado, a través de la entidad encargada de la administración de dichos bienes como lo es el Incoder, es a este a quien le corresponde establecer que el inmueble aparece registrado como tal y que a partir de ahí se derrumba la presunción de no baldío, si por el contrario la entidad encargada no certifica con exactitud la calidad del bien, pues simplemente no existe prueba de que estemos en presencia de un baldío y por tanto, nada limita al juez de conocimiento para valorar las pruebas allegadas al plenario, y a partir de ahí verificar que se hayan ejercido actos de dominio en él; si fuese de otra forma, simplemente los procesos de pertenencia habrían de ser rechazados ipso iure desde el momento en que se presenta la demanda si el registrador de instrumentos públicos, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, certifica que sobre el inmueble no existen titulares de derechos reales y no habría lugar a demandar a indeterminados; claro, compartimos plenamente el hecho de que debe vincularse al Incoder para dar garantía de que una decisión judicial no vaya a adjudicar inmuebles de dominio del Estado, pero nos apartamos del concepto según el cual es el demandante quien deba probar que el bien no es un baldío única y exclusivamente a través de la demostración de un título traslaticio de dominio por parte del Estado, cuando el artículo 1º de la Ley 200 de 1936 genera una presunción del dominio privado, siempre que haya probado la explotación económica (fls. 18 a 37, cdno. 1).

4. Basta volver sobre los apartes atrás transcritos de la decisión del despacho acusado para concluir que allí no existió una debida valoración de las probanzas recaudas de cara a las consecuencias sustanciales derivadas de las mismas, como lo exige el ordenamiento jurídico, relievando que los predios objeto de usucapión carecían de antecedentes registrales, por lo que, siguiendo las conclusiones de la Corte Constitucional a las que se hizo mención líneas atrás, debía presumirse que constituían baldíos imprescriptibles, a menos que al interior del juicio se demostrara lo contrario, lo que obligaba al funcionario judicial acusado a decretar y practicar los medios de convicción suficientes con el fin de esclarecer la real naturaleza jurídica de los predios, lo que no hizo.

Aunado a lo anterior, respecto a la presunción de la naturaleza jurídica de los predios, el accionado erró al apartarse del precedente jurisprudencial, pues, se reitera, al carecer dichos fundos de propietario privado registrado, los mismos debían presumirse baldíos.

En efecto, la Sala en casos de similares contornos, ha sostenido que:

…si bien el juez del conocimiento estudió la naturaleza del bien objeto del litigio, lo hizo con sustento en el artículo 1º de la Ley 200 de 1936 y con respaldo en dicha disposición dio por acreditado que el inmueble podía ser objeto de apropiación particular, sin reparar en que, en razón de no haberse consolidado la usucapión antes de entrar en vigencia la Ley 160 de 1994, la presunción contenida en esa norma no era aplicable.

Por otra parte, le otorgó valor probatorio a un certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que, por las circunstancias analizadas en acápites anteriores, no era idóneo, pues no revelaba con toda certidumbre la inexistencia de titulares de derechos reales, y adelantó el proceso contra el poseedor que precedió al actor, quien no tiene la condición de titular de un derecho real principal, con lo cual contravino lo estatuido por el numeral 5º del artículo 407 del estatuto procesal, que determina las personas contra las cuales debe dirigirse la acción… (STC12184-2016, sep. 1º/2016, rad. 00014-02).

5. Luego, la patente falta de ponderación de los medios de convicción obrantes en el expediente del proceso de pertenencia, la indebida presunción aplicada a la naturaleza de los fundos allí denunciados y la omisión del deber del juez de decretar pruebas oficiosamente, constituyen defectos que vulneraron el debido proceso; nótese que ante la ausencia de antecedentes registrales de aquéllos, que en sentir del fallador era insuficiente para establecer su condición de baldíos y no le correspondía desvirtuar al allí demandante, previo a dictar sentencia, el juzgador debió proceder al decreto de las pruebas que fueran necesarias, en tanto que las recaudadas eran insuficientes para determinar que el inmueble era de dominio privado y, por ello, susceptible de adquirirse por prescripción.

Además, el tutelado también debió proceder en la forma antedicha para establecer las personas contra las cuales debió dirigirse la acción de pertenencia, o la ausencia de ellas, ello al observar que si bien la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Cocuy certificó la falta de titulares de derechos reales sobre los predios denominados «La Ramada» y «Capellanía», lo cierto es que no ocurrió lo mismo con lo dicho por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el que informó la existencia de matrículas inmobiliarias en cabeza de particulares, sin que nada se dijera respeto de ello (fls. 8 a 11, cdno. Corte 2).

En cuanto a la procedencia del resguardo en tratándose de falencias en la valoración probatoria, ha dicho la corporación que:

Es preciso en este punto memorar que según el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil [hoy 176 del Código General del Proceso] “[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. (…) El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”. Precepto que armoniza con el artículo 304 del citado estatuto [hoy 280 del Código General del Proceso] que contempla que la motivación de la sentencia “deberá limitarse al examen crítico de las pruebas”, disposiciones que no fueron debidamente observadas por el funcionario de segundo grado al preterir, se insiste, el examen de los instrumentos de convicción referidos en el párrafo precedente, configurando así una vía de hecho.

Sobre el punto, ha explicado la Sala que “[u]no de los supuestos que estructura aquella es el defecto fáctico, en el que incurre el juzgador cuando sin razón justificada niega el decreto o la práctica de una prueba, omite su valoración o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere mérito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisión y formar libremente su convicción, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (CPC, art. 187), también es cierto que jamás pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderación de los medios de persuasión implica la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso” (CSJ STC, oct. 10/2012, rad. 2012-02231-00; reiterada en STC, mar. 7/2013, rad. 2012-00522-01; y STC, dic. 9/2014, rad. 2014-00210-01).

6. Por esa línea, también se evidencia que en su decisión el juzgador accionado incurrió en falta de motivación, pues dejó de lado aspectos relevantes que para el caso concreto demandaban pronunciamiento expreso de su parte, pues pasó por alto lo referente a la naturaleza jurídica de los predios y su imprescriptibilidad, desatendiendo sus deberes como juez respecto a motivar adecuada y suficientemente los fallos que se emitan como conclusión de los litigios puestos a su consideración.

Esta corporación, sobre la falta de motivación de las sentencias proferidas por los funcionarios judiciales, ha sido enfática en señalar que:

…la motivación de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garantía del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jurídico frente al caso materia de juzgamiento, razón por la cual no puede ser anfibológica… (CSJ STC, dic. 4/2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, oct. 10/2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ STC10689-2016, ago. 4/2016, rad. 2016-01267-01).

Y que:

…el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil [hoy 280 del Código General del Proceso] consagra que la sentencia deberá ser motivada, lo cual se limitará al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen, de suerte que la omisión de tal requisito o su motivación insuficiente o precaria son razones justificadas para tildarla de vía de hecho, en la medida que del cumplimiento cabal de tal exigencia depende, en grado sumo, que las partes puedan hacer uso del derecho de defensa y contradicción (CSJ STC, sep. 24/2010, rad. 2010-00913-00; reiterada, entre otras, en CSJ STC, jul. 19/2013, rad. 2013-01486-00; y en CSJ STC10689-2016, ago. 4/2016, rad. 2016-01267-01).

7. Corolario de lo discurrido en precedencia, se evidencia que la impugnación propuesta está llamada al fracaso, sin embargo, se impone modificar el fallo del a quo constitucional, en el sentido de invalidar únicamente la sentencia que puso fin al proceso criticado, que no todo lo actuado en éste, con el fin de que la autoridad judicial acusada proceda a recaudar los medios de prueba necesarios para verificar el cumplimiento de la totalidad de los presupuestos esenciales de la acción puesta en su conocimiento, principalmente los referentes a la prescriptibilidad de los inmuebles y a la titularidad de derechos reales sujetos a registro sobre éstos, y posteriormente profiera la decisión que en derecho corresponda a fin de resolver la litis, teniendo en cuenta lo expuesto en esta providencia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, modifica los ordinales «SEGUNDO» y «TERCERO» de la parte resolutiva del fallo objeto de impugnación, bajo el entendido de que con ocasión de la concesión del resguardo rogado se declara sin valor ni efecto la sentencia proferida el 18 de mayo de 2016, que declaró a José Donato Suescún González propietario por prescripción extraordinaria de dominio de los predios denominados «La Ramada» y «Capellanía», situados en la vereda Taucasí del municipio de Chiscas (Boyacá); y en consecuencia, se ordena al Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a efectuar las gestiones necesarias para recaudar los medios de prueba que le permitan verificar el cumplimiento de la totalidad de los presupuestos axiológicos de la acción de pertenencia, principalmente los relativos a la prescriptibilidad de los inmuebles y a la titularidad de derechos reales sujetos a registro sobre los mismos, y posteriormente, en un término que no podrá exceder de diez (10) días, profiera la decisión que en derecho corresponda a fin de resolver el litigio, atendiendo lo expuesto en la parte considerativa de esta determinación y disponiendo las comunicaciones de rigor ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva para que efectúe las correcciones y adecuaciones a que haya lugar.

En lo demás, se confirma el fallo objeto de impugnación.

Comuníquese lo aquí resuelto, por el medio más expedito y eficaz, a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 «ART. 1º—… Modificado, Artículo 2°, Ley 4ª de 1973. Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica.

El cerramiento y la construcción de edificios no constituyen por sí solos pruebas de explotación económica pero sí pueden considerarse como elementos complementarios de ella. La presunción que establece este artículo se extiende también a las porciones incultas cuya existencia se demuestre como necesaria para la explotación económica del predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de este, aunque en los terrenos de que se trate no haya continuidad o para el ensanche de la misma explotación. Tales porciones pueden ser conjuntamente hasta una extensión igual a la mitad de la explotada y se reputan poseídas conforme a este artículo.

ART. 2º—…Se presumen baldíos los predios rústicos no poseídos en la forma que se determina en el Artículo anterior».

2 «ART. 48.—… El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, previa obtención de la información necesaria, adelantará los procedimientos tendientes a:

1. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio del Estado.

A partir de la vigencia de la presente ley, para acreditar propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial, se requiere como prueba el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.

Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio de títulos debidamente inscritos con anterioridad a la presente ley, no es aplicable respecto de terrenos no adjudicables, o que estén reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público.

2. Delimitar las tierras de propiedad de la Nación de las de los particulares.

3. Determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos baldíos...».

3 Ricardo Guastini. Filosofía del Derecho. Distinguiendo. Estudio de teoría y metateoría del derecho. Editorial Gedisa, págs. 167 a 169.

4 Ob. cit.

5 Victoria Iturralde Sesma, El precedente en el common law, pág. 31, citando a la definición de Chamberlain, cit. en R. Moschzisker, 1924, pág. 409.

6 “ART. 380.—Causales. Son causales de revisión: //7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento empleados en el artículo 152, siempre que no haya saneado la nulidad”.

7 Ordenamiento procesal vigente al momento de ser fallado el proceso de pertenencia.

8 Artículo 380 del Código de Procedimiento Civil y artículo 355 del Código General del Proceso.

9 El artículo 675 del Código Civil se refiere a los baldíos y es así como prescribe: “Son bienes de la unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño”.