Sentencia STC114719 de agosto 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CIVIL

STC11419-2017

Radicación 11001-02-03-000-2017-01900-00

(Aprobado en sesión de dos de agosto de dos mil diecisiete)

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la acción de tutela interpuesta por Fair Lady Olarte Mojica contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, trámite al que fueron vinculados el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la misma ciudad y la parte pasiva del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela.

Antecedentes 

1. La accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al revocar la decisión de instancia, para en su lugar, negar las pretensiones incoadas dentro del proceso declarativo que promovió en contra de la Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Por tal motivo, pretende que por esta vía se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, «revoc[ar] la sentencia proferida el 23 de junio de 2017» dentro del citado litigio y, en consecuencia, «conceda la totalidad de las pretensiones de la demanda tal y como lo hizo el [a quo]» (fl. 38).

2. Como sustento fáctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que tuvo una pérdida de capacidad laboral de un 96% tras ser diagnosticada el 23 de enero de 2014 con «disfonía crónica, laringitis crónica y tiroides», por lo que le fue reconocida por parte de la Secretaría de Educación y Cultura de Yopal, una pensión de invalidez, en su calidad de docente de ese municipio, lo que la condujo a presentar reclamación ante la Compañía de Seguros Bolívar S.A., para hacer efectiva la «Póliza de Seguro Vida Grupo Educadores de Colombia GR-5321» que había adquirido desde el año 1997, cuyo valor incrementó el 16 de abril de 2009 a la suma $100.000.000,oo, para la cobertura de incapacidad total y permanente, la cual fue objetada por la citada aseguradora el 6 de junio de 2014, aduciendo que su incapacidad no fue superior a 150 días, circunstancia que la motivó a incoar la demanda que dio origen al litigio referido en líneas precedentes, libelo que fue conocido por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta capital, quien accedió a sus pretensiones mediante sentencia del 29 de marzo hogaño.

Indica que la anterior decisión fue revocada el pasado 23 de junio por la Sala Civil del Tribunal Superior de ese mismo distrito judicial, en virtud del recurso de apelación que presentó su contraparte, tras declarar probada la excepción de «nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia y/o inexactitud en la declaración del estado de riesgo», en los términos del artículo 1058 del Código de Comercio, conclusión que, asegura, no fue debidamente motivada, ya que no precisó el sustento para haber negado la prescripción que propuso frente a esa defensa, sumado a que inaplicó el artículo 1081 del mismo compendio normativo, con desconocimiento de los pronunciamientos que sobre el particular ha emitido esta Corporación, teniendo en cuenta que los dos (2) años que tenía la aseguradora para alegar válidamente esa particularidad «le empezaron a correr a partir del momento en que conoció o ha debido conocer los eventos de disfonía con 6 años de evolución», lo que ocurrió, dice, el 24 de junio de 2014, cuando objetó la reclamación directa que se le hizo del seguro, a la cual se adjuntó toda la información médica pertinente, por lo que para el 6 de julio de 2016, data en que elevó la mentada excepción, ya había operado el fenómeno extintivo.

Afirma que en todo caso también se completó el término prescriptivo extraordinario, porque entre el momento en que propuso aquélla defensa y la fecha de adquisición del seguro o, incluso, la de incremento del monto asegurado cuando hizo la última declaración de estado del riesgo, pasaron más de cinco (5) años, máxime cuando con la presentación de la demanda no se interrumpió dicho lapso, pues, conforme el artículo 94 del Código General del Proceso, dicha figura aplicó solo para él como demandante, más no para la compañía demandada, que estaría sacando provecho de la diligencia que tuvo al accionar en término, circunstancias todas por las cuales considera que la referida autoridad judicial vulneró las garantías superiores que por esta vía pretende le sean amparadas (fls. 25 al 39).

3. Una vez asumido el trámite, el 24 de julio de los corrientes se admitió la acción de tutela y se ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 41).

Respuesta del accionado y los vinculados

a. La Compañía de Seguros Bolívar S.A., a través de gestora judicial, se opuso al éxito del auxilio invocado, tras manifestar, en lo esencial, que al haber sido interrumpido con la presentación de la demanda de la aquí accionante el término de prescripción de dos años que tenía para solicitar la nulidad relativa del contrato de seguro objeto del litigio cuestionado, la excepción de fondo a través de la cual propuso esta, fue oportuna, a lo que se suma el hecho que la tutela no está instituida para que «se continúe el debate probatorio y jurídico que ya fue concluido por parte de los jueces de instancia», quienes ciñeron sus pronunciamientos a lo dictado sobre el particular por la jurisprudencia y la doctrina (fls. 51 a 56).

b. La titular del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, luego de hacer un recuento de las principales actuaciones que se surtieron hacia el interior del referido juicio, resaltó que la determinación que emitió dentro del mismo, se ajustó a la normatividad procesal y sustancial aplicable al asunto (fls. 62 y 63).

c. La Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, se remitió a los argumentos que expuso en el fallo que profirió dentro de la causa criticada (fl. 65).

Consideraciones 

1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la corporación, que, en línea de principio, la acción instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.

No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial.

2. En el presente asunto, sin duda, la censura está encaminada contra la sentencia proferida el 14 de junio de los corrientes, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se resolvió, entre otras, revocar la que el 29 de marzo anterior emitió el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la misma ciudad, para en su lugar, negar las pretensiones elevadas dentro del proceso declarativo que la aquí interesada promovió en contra de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., tras declarar probada la excepción de «nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia y/o inexactitud en la declaración del estado del riesgo», pues en criterio de la actora, dicha defensa fue inoportuna, por haber sido propuesta cuando había operado el término de prescripción del artículo 1081 del Código de Comercio, conforme alegó dentro del juicio.

3. De la revisión de la documental adosada al expediente, la Corte observa probados los siguientes hechos:

3.1. El 1º de junio de 1997, la señora Fair Lady Olarte Mojica, aquí accionante, suscribió con la Compañía de Seguros Bolívar S.A., la “Póliza de Seguro de Vida Grupo Educadores Colombia GR-5321”, con cobertura por incapacidad total y permanente por diez millones de pesos ($10´000.000,oo) (fl. 3).

3.2. El 16 de abril de 2009 y tras varios incrementos al aseguramiento, éste quedó en cien millones de pesos ($100´000.000,oo), fecha en la cual también suscribió la “declaración de asegurabilidad seguro de vida grupo No. 1497556”, con que se actualizó el estado del riesgo asegurado (fl. 10).

3.3. El 23 de enero de 2014, la señora Olarte Mojica fue calificada por la Fiduprevisora S.A. con una pérdida de capacidad laboral del 96%, debido al diagnóstico de «disfonía crónica y tiroides», lo cual le significó el reconocimiento de una pensión de invalidez por enfermedad profesional.

3.4. Por virtud de lo anterior, el 6 de junio siguiente reclamó por escrito a la aludida compañía aseguradora el pago del valor asegurado contenido en la póliza referida líneas atrás, adjuntando con este su información médica (fl. 12).

3.5. El día 24 de ese mismo mes y año, aquélla entidad respondió negativamente dicha solicitud, aduciendo que no procedía el pago indemnizatorio instado, ya que la incapacidad sufrida por la beneficiaria no fue mayor a 150 días, sumado a que la enfermedad sustento de su reclamo «la incapacit[ó] en forma parcial y no total para desempeñar cualquier labor remunerativa, como expresamente lo exige el anexo» (fl. 24).

3.6. El 14 de marzo de 2016, la interesada citó a audiencia de conciliación extrajudicial a la mentada aseguradora, para procurar el pago de la póliza, pero no arribaron a ningún acuerdo, por lo que el 29 de abril de esa misma anualidad, la peticionaria presentó demanda contra Seguros Bolívar S.A. por incumplimiento del contrato de seguro en comento, que por reparto correspondió al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, que admitida el 11 de mayo siguiente, fue notificada a la demandada el 9 de junio del mismo año.

3.7. Contra esa pretensión la aseguradora propuso el 6 de julio de la prenotada anualidad, entre otras, la excepción de mérito que denominó «nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia y/o inexactitud en la declaración del estado del riesgo», defensa que la demandante replicó en el término de traslado alegando que había prescrito (fl. 136, cdno. 1, expediente proceso cuestionado, CD. 1, min. 21:50).

3.8. Mediante sentencia de 29 de marzo hogaño, la citada oficina judicial accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó el pago de la indemnización pretendida (CD. 1, fl. 2).

3.9. En audiencia del pasado 23 de junio, la Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital revocó esa decisión y, en su lugar, declaró probada la defensa perentoria aludida líneas atrás, por lo que finalmente negó todas las pretensiones. En punto a la prescripción alegada respecto de esa defensa por la aquí accionante, dicha autoridad consideró que

«los argumentos del extremo demandante en torno a que operó la prescripción al tenor de lo preceptuado en el artículo 1081 del Estatuto Mercantil, no son de recibo ya que tomando como referencia el hecho 6 de la demanda, la convocante acepta, tal como lo hizo en esta oportunidad, que el conocimiento del hecho se produjo el 24 de junio de 2014, cuando la aseguradora objetó la reclamación. Luego, los dos años a que se refiere el togado no se consumaron. Nótese que el escrito genitor se presentó el 29 de abril de 2016, fue admitido el 11 de mayo y notificado el 9 de junio siguiente, razón por la cual, el fenómeno jurídico no se cristalizó según el artículo 94 del Código General del Proceso, pues la formulación de la defensa se produjo dentro del término con que contaba la compañía demandada» (fl. 76, reverso).

4. Establecido lo anterior y una vez examinada la providencia que se acusa, se concluye que la misma ostenta un defecto de carácter sustantivo, que tiene cabida, según ha dicho la Corte Constitucional, «cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada»(1), lo cual se dio en el presente asunto por la omisión del tribunal acusado en dar aplicación del penúltimo inciso del artículo 1081 del Código de Comercio, alusivo al término prescriptivo extraordinario de las acciones que derivan del contrato de seguro, desacierto que transgredió de forma directa el derecho fundamental al debido proceso de la accionante y, de contera, evitó su acceso efectivo a la administración de justicia, al implicar aquella desatención la negativa inmediata a todas las pretensiones de su demanda.

5. Ciertamente, se arriba a la anterior conclusión, porque la referida autoridad, al resolver de la manera como lo hizo en la mentada decisión, estableciendo que la nulidad relativa del contrato de seguro que por reticencia había excepcionado la aseguradora demandada, no había prescrito, en atención a que no transcurrió el término extintivo de dos años a que alude el inciso segundo del aludido precepto, contado «desde el momento que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción», dejó de analizar el siguiente inciso de la misma norma, que sobre la prescripción extraordinaria señala ko, a menos claro está que se haya consumado antes el término ordinario y, se contabiliza, a partir de presentadas las inexactitudes o reticencias por parte del tomador del seguro, con prescindencia de la fecha de su conocimiento por parte del asegurador.

6. Respecto a lo anterior, cabe acotar, que la Corte de antaño se ha referido a la intelección del reseñado precepto legal, de la siguiente manera:

«En consecuencia, la prescripción ordinaria y la extraordinaria corren por igual contra todos los interesados. La ordinaria cuando ellos son personas capaces, a partir del momento en que han tenido conocimiento del siniestro o han podido conocerlo, y su término es de dos años; no corre contra el interesado cuando éste es persona incapaz, según los artículos 2530 y 2541 del C.C., ni tampoco contra el que no ha conocido ni podido conocer el siniestro.

“Pero contra estas personas si corre la prescripción extraordinaria, a partir del momento en que nace el derecho, o sea desde la fecha del siniestro. Por tanto, las correspondientes acciones prescriben en contra del respectivo interesado así: a) cuando se consuma el término de dos años de la prescripción ordinaria, a partir del conocimiento real o presunto del siniestro; y b) en todo caso, cuando transcurren cinco años a partir del siniestro, a menos que se haya consumado antes la prescripción ordinaria; la extraordinaria –se repite- corre aún contra personas incapaces o aquellas que no tuvieron ni pudieron tener conocimiento del hecho que da origen a la acción” (sent. de 7 de julio de 1977, G.J. CLV, pág. 139)» (CSJ SC, 3 de mayo de 2000, Exp. 5360).

En este sentido, debe entenderse que el término extraordinario de prescripción de la nulidad por reticencia o inexactitud del contrato de seguro, al principiar con la configuración de tales vicios del contrato, correrá siempre, con prescindencia de la fecha de conocimiento de los mismos por parte del asegurador y, eventualmente, operará incluso si éste no llegó a conocerlos, si es que antes, claro está, no lo hizo el término ordinario. Así lo ha considerado esta corporación, al precisar que

«cómo en punto tocante al inicio del referido decurso, se tiene establecido que la ordinaria correrá desde que se haya producido el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción (el siniestro, el impago de la prima, el incumplimiento de la garantía, la floración —eficaz— de la reticencia o de la inexactitud en la declaración del estado de riesgo, etc.), al paso que la extraordinaria, justamente por ser objetiva, correrá sin consideración alguna el precitado conocimiento. De allí que expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpirán los efectos extintivos o letales inherentes a la prescripción en comento.

Quiere decir lo anterior, que al contrario de lo que acontece en un apreciable número de naciones, el legislador colombiano, ex profeso, le dio carta de ciudadanía a una prescripción (la extraordinaria) fundada en razonamientos absolutamente objetivos, haciendo, para el efecto, tabla rasa de aquel acerado y potísimo axioma de raigambre romana, conforme al cual “contra quien no puede ejercitar una acción no corre la prescripción” (contra non valentem agere, non currit praescriptio), también conocido a través del enunciado jurídico: “la acción que no ha nacido, no puede prescribir” (actionis nondm natae, non praescribitur), postulado éste que tiene como plausible cometido el garantizar que el término respectivo se inicie a partir de que la acción, siendo cognoscible por parte del interesado, pudo ser ejercida, eliminando por tanto, de raíz, la posibilidad de que una acción prescriba sin que el interesado, incluso, se haya enterado de su previa existencia. Como lo expresa M. Planiol, no sería consecuente, desde esta perspectiva, “…que el derecho se perdiera antes de haberlo podido ejercer, lo que sería tan injusto, como absurdo” (Traité Elémentaire de Droit Civil, L.G.D.J, París, 1.912, p. 210)» (Subrayas de la Sala) (ejusdem).

Sobre el particular, más recientemente precisó la Sala que,

«[c]oncretándose al cómputo de la prescripción que corre frente al asegurador, ya sea para demandar o excepcionar la nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia o inexactitud, precisó la Sala que la ordinaria “operará a partir del momento en que el asegurador conoció o debió conocer el hecho generador de la rescisión del contrato, es decir la inexactitud o reticencia comentadas”, mientras que la extraordinaria es “desde la fecha de materialización de la inexactitud o reticencia que, en sede contractual, será estrictamente aquella en la cual se perfeccione el contrato viciado por la mediación de tales irregularidades”» (CSJ SC2803-2016).

7. Bajo tal panorama hermenéutico, la omisión anotada vino a ser del todo trascendente para el caso cuestionado, pues habiéndose acreditado que el contrato de seguro se perfeccionó en el año 1997, o si se quiere, que la última actualización del estado del riesgo se dio con la ampliación de su cobertura en el 2009, es claro que para el 2016, cuando se pidió vía excepción su nulidad por reticencia, ya se había consumado el término de prescripción extraordinaria de cinco años para poder lograr la invalidación de ese acuerdo de voluntades y, por tanto, no era siquiera necesario en el asunto entrar a considerar sobre si había operado el término extintivo ordinario, pues, al ya haberse consumado el extraordinario, lo procedente era dar curso a la réplica que en tal sentido elevó la aquí interesada al momento de descorrer las excepciones de mérito, esto es, desestimar la excepción de nulidad relativa del contrato propuesta por la aseguradora accionada, pues como lo ha dicho la Corte, es claro que,

«[l]uego de fenecido el quinquenio en referencia, la relación jurídica se tornará inescrutable, con todo lo que ello supone, como quiera que no podrá acudirse, con éxito, al expediente prescriptivo, así se compruebe fehacientemente que el asegurador, por vía de elocuente ejemplo, no conoció el hecho detonante del surgimiento de su derecho impugnaticio (la reticencia o la inexatitud), que autorizan la petición de nulidad relativa del contrato celebrado (art. 1058, del C. de Co.), sino luego de expirado dicho período, en tal virtud fatal, concretamente cuando se le formuló la reclamación respectiva, acto éste que, de ordinario, es el que le permite enterarse al empresario, según las específicas circunstancias, de que su asentimiento fue arrancado en desarrollo de una declaración de asegurabilidad vacía de fidelidad o de sinceridad (art. 1.058, ibidem).

(…) Lo propio debe decirse en torno a la excepción de nulidad emergente de las citadas circunstancias, toda vez que ésta es disciplinada, igualmente, por el artículo 1.081 del C. de Co., así la norma se refiera, lato sensu, a las acciones, vocablo dentro del cual, en línea de principio, deben quedar cobijadas este tipo de excepciones, pues conforme quedó expuesto en los antecedentes legislativos de la citada disposición transcritos al inicio de estas consideraciones, al vencerse el término de los cinco (5) años el asegurador “…ya no podrá alegar la nulidad del contrato por vicios en la declaración de asegurabilidad” ni por vía de acción ni de excepción, se agrega» (CSJ, SC, 3 de mayo de 2000, Exp. 5360).

8. Así las cosas, para la Sala es evidente que las deducciones efectuadas por la Colegiatura censurada, en relación a la prescripción de la nulidad relativa del contrato de seguro invocada por la parte demandada en el juicio criticado, no son razonables, pues, se reitera, la determinación cuestionada no consultó a ese respecto la normatividad sustancial aplicable, situación ésta que es necesario conjurar, porque implica la vulneración de las iusfundamentales que se pidió proteger.

9. Por tanto, se concederá la protección deprecada y se ordenará al tribunal acusado que deje sin valor y efecto el fallo que generó la vulneración alegada, así como las decisiones que dependan del mismo, para que en su lugar, emita la decisión que en derecho corresponda, frente a la apelación presentada contra la sentencia emitida en primera instancia dentro del juicio de la referencia, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la protección al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante. En consecuencia, se dispone:

Primero: ORDENAR a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este fallo, deje sin valor y efecto la sentencia que emitió el 23 de junio pasado, dentro del proceso declarativo que la tutelante promovió en contra de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., así como todas las actuaciones que deriven de la misma y, en su lugar, emita la decisión que en derecho corresponda, frente a la apelación presentada contra la sentencia emitida en primera instancia, teniendo en cuenta lo discurrido en esta providencia.

Segundo: Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Luis Alonso Rico PuertaMargarita Cabello BlancoÁlvaro Fernando García RestrepoAroldo Wilson Quiroz MonsalvoLuis Armando Tolosa Villabona.

1 Ver entre otras C.C. T-781/11.