Sentencia STC1145-2015/2015-00180 de febrero 12 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC1145-2015

Rad.: 11001-02-03-000-2015-00180-00

(Aprobado en sesión de once de febrero de dos mil quince)

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá D.C., doce de febrero de dos mil quince.

Decide la Corte la acción de tutela promovida por José Gregorio Guzmán Anacona, contra la Sala civil - familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y el juzgado cuarto civil del circuito de la misma ciudad, trámite al que se ordenó vincular a las partes e intervinientes en el proceso allí adelantado.

I. Antecedentes

A. La pretensión.

El ciudadano solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia e igualdad, que considera vulnerados por las autoridades judiciales acusadas en el trámite del proceso ejecutivo hipotecario instaurado en su contra, al librarse mandamiento de pago y proferirse sentencia en segunda instancia ordenando seguir adelante la ejecución, sin tener en cuenta que la sociedad ejecutante no realizó la reestructuración del crédito, quien además de manera unilateral lo convirtió de pesos a UVR sin su consentimiento.

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efectos las referidas providencias.

B. Los hechos.

1. Central de Inversiones S.A. —CISA—, en calidad de cesionaria del Banco Central Hipotecario, inició juicio ejecutivo con garantía hipotecaria en contra del accionante, a fin de que éste le cancelara las sumas contenidas en el pagaré 4104062-4, suscrito por el actor en virtud de un crédito para vivienda que le fuere otorgado (fl. 17, c. 1).

2. El conocimiento del asunto correspondió al juzgado cuarto civil del circuito de Popayán, autoridad que en auto de 15 de noviembre de 2002, libró mandamiento de pago en la forma solicitada (fl. 49, c. 1).

3. Notificado el ejecutado, propuso las excepciones de «falta de uno de los requisitos contenidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil referente a títulos ejecutivos, desconocimiento de la obligatoriedad del tenor literal del título valor, abuso del derecho en virtud del llamado “poder de negociación” de las entidades crediticias, deber de reliquidar y derecho del deudor a solicitar la revisión de la reliquidación efectuada con base en la Ley 546 de 1999, modificación unilateral de las condiciones del acuerdo del mutuo al redenominar el crédito otorgado en pesos a UVR, cobro de lo no debido, incumplimiento de normas claras y precisas para vivienda», entre otras.

4. Surtido el trámite pertinente, se profirió sentencia el 30 de septiembre de 2011, en la cual se declaró probada la excepción de falta de uno de los requisitos contenidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil y se ordenó la terminación del proceso (fls. 487-499, c. 3).

5. Apelada la decisión, fue revocada por el Tribunal Superior de Popayán en fallo de 30 de mayo de 2014, declarando no probadas las excepciones de mérito y decretando la venta en pública subasta del bien inmueble hipotecado (fls. 57-88, c. tribunal).

6. Mediante proveído de 27 de enero de 2015, se señaló como fecha para adelantar la diligencia de remate el 26 de febrero del año en curso (fl. 603, c.4).

7. En criterio del peticionario del amparo las autoridades judiciales vulneraron sus derechos deprecados, porque tanto en el mandamiento de pago como en el fallo de segunda instancia se configuró una vía de hecho al desconocerse lo previsto en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y el precedente constitucional, cercenándole el derecho a escoger el sistema de amortización de acuerdo a sus condiciones económicas.

C. El trámite de la instancia.

1. El 2 de febrero de 2015, se admitió la acción de tutela y se ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa.

2. El Tribunal Superior de Popayán solicitó que se declarara la improcedencia del amparo por no constituir su decisión una vía de hecho, aunado a la falta del requisito de la inmediatez por datar su decisión del 30 de mayo de 2014.

Central de Inversiones S.A., manifestó que no está llamada a responder por los perjuicios a que hace referencia el tutelante por cuanto esa compañía no está vulnerando ningún derecho fundamental y no está legitimada por pasiva en la presente acción.

El juzgado cuarto civil del circuito de Popayán, señaló que en el presente caso no se cumple con el requisito de la inmediatez, además de no vislumbrarse que en el trámite del proceso ejecutivo se le hubiese cercenado al actor los derechos cuya protección pretende.

II. Consideraciones

1. Ha sido invariable la posición de la jurisprudencia de esta Corte al señalar que los principios esenciales que orientan la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos señalados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jurídica y en fuente de vulneración de garantías constitucionales de terceros, como también que se desnaturalice el trámite mismo, en tanto la protección que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneración o amenaza actual.

Así las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a esta herramienta excepcional, pues no se puede convertir en generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de otras personas.

En relación a los presupuestos en mención, cuando se trata de procesos ejecutivos por créditos de vivienda, se ha hecho énfasis por parte de la jurisprudencia constitucional en que el juez debe revisar para conceder la protección que: (i) la acción haya sido interpuesta oportunamente y (ii) que se hayan ejercido los mecanismos de defensa con los que se cuenta dentro del proceso como una diligencia mínima.

Así, que en la Sentencia SU-813 se estableció:

Los jueces que estén conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos ejecutivos que se refieran a créditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente Sentencia de unificación. Por lo tanto, a) deberán conceder la acción de tutela cuando i) este haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia mínima dentro del mismo (Sentencia SU-813 de 2007, reiterada en Sentencia T-1240-08) (negrilla fuera del texto).

En un reciente pronunciamiento, el Alto tribunal de lo Constitucional indicó:

En tratándose de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, esta Corporación ha especificado que el principio de inmediación se cumple —para efectos de proteger a terceros adquirientes de buena fe— si la acción de tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en pública subasta sea registrado (Sentencia T-881-2013).

2. En el caso sub judice, se advierte que si bien el cobro compulsivo no fue iniciado con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, es lo cierto que la obligación para adquirir vivienda si fue otorgada antes de tal época y para dicha fecha el deudor se encontraba en mora en el pago de las respectivas cuotas, de donde surge con claridad que debió ser beneficiado también con la reestructuración del saldo insoluto, como requisito de procedibilidad para iniciar el proceso ejecutivo.

Ahora bien, de la reseña procesal se extrae que el actor alegó la inexigibilidad de la obligación, mediante las excepciones de mérito propuesta en su oportunidad, las cuales fueron resueltas en forma desfavorable en el fallo de segunda instancia, sin que a la fecha se haya efectuado la diligencia de remate allí ordenada, actuación que se sabe, está programada para el próximo 26 de los cursantes mes y año, por tanto, se cumple con el principio de inmediatez, echado de menos por los juzgadores accionados.

En tal sentido, cabe aclarar que por ser un proceso ejecutivo hipotecario, que efectivamente no termina con la ejecutoria de la sentencia, para el cotejo de la oportunidad temporal en la interposición de la tutela, debe atenderse al hecho de que después del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realización y del cumplimiento del objeto del juicio, que es la efectividad de la garantía para satisfacer el crédito cobrado, antes del remate, y que mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia(1), el accionante debe agotar los medios procesales para que cese la posible vulneración a sus derechos fundamentales, como acá ocurrió.

3. En cuanto al requisito de subsidiariedad, encuentra la Sala que también fue atendido, toda vez que el ejecutado ha hecho uso dentro del proceso de los mecanismos de defensa judicial, tales como las excepciones de mérito en el que planteó la imposibilidad de continuar con el cobro por no existir título exigible al no cumplirse con las exigencias establecidas en la Ley 546 de 1996, lo que conllevó a que el juez ad quem en su pronunciamiento frente a las mismas tuviese por cumplido lo estatuido en el artículo 42 de la citada normatividad, en cuanto a la reliquidación del crédito.

Lo que demuestra que tal como lo requiere la jurisprudencia, el deudor ha actuado con un mínimo de diligencia, en especial cuando la controversia no ha trascendido a terceros, porque la almoneda no se ha llevado a cabo.

4. Sentado lo anterior, establecido que se reunieron los requisitos de procedibilidad, debe decirse que tratándose de la reestructuración de créditos de vivienda, como exigencia esencial para promover un cobro compulsivo, luego de haberse reliquidado una obligación en virtud de lo previsto por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corte ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto, por incumbir propiamente a la exigibilidad del título, de modo que no consumar con esa premisa impide la ejecución.

En tal sentido, ha expresado la Sala que: “En efecto, la citada reestructuración es obligación de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades económicas de los obligados, cuestión exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aquéllos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporación en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecución cuando no se encuentra acreditada la reestructuración del crédito (CJS STC 31 oct. 2013, rad. 02499-00).

Este mismo criterio se expresó en sentencias de 20 de mayo de 2013, rad. 00914-00, 22 de junio de 2012, rad. 00884-01, 19 de septiembre de 2012, rad. 00294-01 y 13 de febrero de 2014, rad. 2013-0645-01.

De ahí, que la falta de la realización del procedimiento mencionado, se convierte en una limitación insuperable para que se presente una demanda y se continúe con la ejecución del juicio hipotecario donde específicamente se cobran créditos de vivienda.

5. En estricta sujeción a los anteriores lineamientos, deviene evidente que la ejecución adelantada por Central de Inversiones CISA S.A., cedido a CIGFP COLOMBIA S.A., no podía llevarse a cabo, sino una vez que hubiera finalizado el proceso de reestructuración del crédito, pues de no hacerse, como se ha dicho, hace que la obligación sea inexigible, toda vez que desconoce la expresa condición impuesta por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que previó que reliquidado el crédito, debía proceder en la forma en que se ha explicado.

Sin embargo ello no ocurrió, toda vez que el ejecutante consideró que por la mora del deudor podía hacer exigible la totalidad de la obligación solamente con la presentación de la demanda y luego de haber efectuado unilateralmente la reliquidación del crédito, aludiendo a lo establecido en el cuerpo del pagaré, la Ley 546 de 1999, la Sentencia C-955 de la Corte Constitucional y la Circular Externa 007 de 2000 de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera).

Lo que resulta injustificable, pues se itera, ese fue el fin primordial del legislador al expedir la Ley 546 de 1999, que buscaba proteger el derecho a una vivienda digna para los deudores en mora dada la volatilidad de los intereses y por ende, de las cuotas que debían pagar por sus créditos hipotecarios.

En tal sentido debe recordar la Sala que la Corte Constitucional también previó la imposibilidad de que el deudor y la entidad financiera no llegaran a un acuerdo en cuanto a la modificación de las condiciones del crédito, por lo cual indicó varias posibilidades en la Sentencia SU-787 de 2012, en la que se señaló:

En ausencia de un acuerdo de voluntades, ello supone que la ley, o en su defecto, la jurisprudencia, deben fijar las condiciones en las que esa reestructuración resultaría imperativa.

Para ese efecto era preciso fijar unos criterios, derivados de la Constitución y de la naturaleza de las cosas, el primero de los cuales sería el de que la reestructuración tiene como propósito restituir al deudor en su capacidad de pago, al menos en relación con el momento en el que inició la mora.

De este modo, una primera posibilidad, sería reconstituir las condiciones del crédito, asumiendo, para ese efecto, que no se hubiese presentado la mora. Ello implicaría que una vez reliquidado el crédito y aplicados los abonos, el deudor pagase, con sus respectivos intereses, las cuotas que para ese momento estuviesen en mora, y prosiguiese pagando el saldo de la obligación por lo que restase del tiempo inicialmente pactado (…)

La anterior solución, sin embargo, resulta insuficiente para el propósito de restablecer al deudor en su capacidad de pago que se vio alterada por unas condiciones inconstitucionales en la liquidación de los créditos.

Una segunda posibilidad, entonces, sería reestructurar la obligación, tomando como referencia la fecha en la que el deudor incurrió en mora, pero sin exigirle el pago inmediato de las cuotas atrasadas, sino proyectando la totalidad del saldo por el plazo que para ese momento estuviese pendiente conforme a las condiciones inicialmente pactadas.

Una tercera posibilidad sería aquella en la cual, sin perjuicio de los acuerdos a los que pudiesen llegar las partes, la reestructuración se hiciese tomando para ello el plazo máximo previsto en la ley, que es de quince años, contados a partir del momento en el que se realice la reestructuración. Las demás condiciones serían las del crédito reliquidado, con los ajustes que quepa hacer de acuerdo con la ley, y aplicando, en cualquier caso, el que resulte más beneficioso para el deudor.

En ese orden, es claro que el Tribunal Superior de Popayán transgredió el derecho al debido proceso del tutelante, pues dispuso continuar con la ejecución del crédito hipotecario sin que se reunieran los requisitos indispensables para que la deuda fuera exigible, de conformidad con la ley y la jurisprudencia(2), a pesar de que como lo ha referido esta Corte, el juez tiene el deber de volver sobre los presupuestos procesales, al momento de dictar sentencia, para examinar si los requisitos exigidos para que se librara el respectivo mandamiento de pago se encuentran presentes —artículo 497 del Código de procedimiento civil—, y así verificar si existen las condiciones que le dan eficacia al título base del recaudo, sin que en tal caso se encuentre el fallador restringido por la orden de apremio proferida al comienzo de la actuación procesal, para optar no continuar con la misma, si fuera el caso.

8. Por lo anterior, la Sala concluye que la protección debe otorgarse, razón por la cual se concederá el amparo suplicado y para poner a salvo los derechos reclamados, se ordenará al Tribunal Superior de Popayán que dentro de las 48 horas siguientes al recibo del respectivo expediente deje sin valor y efecto la Sentencia de segunda instancia que ordenó seguir adelante la ejecución de 30 de mayo de 2014, así como las actuaciones que de ésta se desprendan, con el propósito de que examine la temática relacionada con la exigencia de reestructurar el crédito cobrado en un juicio, como requisito para adelantar la ejecución, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones.

I. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, invocado por el accionante.

2. ORDENAR en consecuencia, al Tribunal Superior de Popayán, que dentro de las 48 horas siguientes al recibo del respectivo expediente, deje sin valor y efecto la Sentencia de segunda instancia de 30 de mayo de 2014 que revocó el fallo de primer grado y ordenó seguir adelante la ejecución, así como las actuaciones que de ésta se desprendan, con el propósito de que examine la temática relacionada con la exigencia de reestructurar el crédito cobrado en un juicio como requisito para adelantar la ejecución, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones.

3. ORDENAR al juzgado cuarto civil del circuito de Popayán, remitir de inmediato el expediente objeto de la queja constitucional al Tribunal Superior de la misma ciudad, para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral anterior.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, en caso de no ser impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Jesús Vall De Rutén Ruiz. 

(1) Sentencia T-7108 de 2012.

(2) CSJ STC 8 ago. 2012, rad. 00134-01.