Sentencia STC11819-2016/2016-00151 de agosto 25 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

STC11819-2016

Rad.: 11001-22-10-000-2016-00151-02

(Aprobado en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis)

Bogotá D.C., veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.

Se decide la impugnación formulada frente al fallo proferido el 11 de julio de 2016, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Andrés Ricaurte Mc. Douall, en su calidad de curador de Eduardo Ricaurte Mc. Douall, contra el Banco de la República, a cuyo trámite fueron vinculadas las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, Gabriel Felipe Ricaurte Echeverry y el Agente del Ministerio Público.

Antecedentes

1. El promotor reclama la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social y mínimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.

En consecuencia, solicita “se reconozca a Eduardo Ricaurte Mc. Douall como persona que por su discapacidad mental absoluta, es un sujeto de especial protección constitucional”, quien tiene “derecho a la pensión de sustitución de su fallecida madre Rosa Mc Douall de Ricaurte, como hijo mayor de edad con discapacidad mental permanente y progresiva, que siempre ha sido dependiente de sus padres, y que no tiene otros medios de subsistencia”; y se ordene al Banco acusado “reconocer la pensión de sustitución de María Rosa Mc. Douall de Ricaurte, a su hijo Eduardo Ricaurte Mc. Douall en un cincuenta por ciento (50%) de manera inmediata” y el otro 50% “al fallecimiento de su padre Gabriel Felipe Ricaurte Echeverry (…), quien hoy detenta el derecho por un cien por ciento (100%), teniendo hoy el derecho a dicha pensión de sustitución en el otro cincuenta por ciento (50%)” (fl. 100, cdno. 1).

2. La queja constitucional se sustenta, en síntesis, en lo siguiente:

2.1. Indicó el accionante que es curador de Eduardo Ricaurte Mc. Douall, persona de 54 años de edad, que desde su infancia ha mostrado dificultades de interrelación y adaptación a grupos sociales, por lo que siempre ha contado con terapia psiquiátrica.

2.2. Adujo que por el bajo rendimiento académico de su representado, este duró más de cinco años en terminar sus estudios; además que no es consciente de sus limitaciones, por lo que su madre lo ayudó para que adelantara sus estudios superiores, iniciando por veterinaria, pero fracasó, luego zootecnia, pero tampoco logró su objetivo, y tras siete años, se graduó de una Tecnología de Administración Agropecuaria.

2.3. Sostuvo que después de que su representado fracasara laboralmente en distintas ocasiones, su madre abrió una papelería con el fin de ofrecerle una oportunidad de trabajo y una terapia ocupacional, pues siempre ha sido dependiente de sus padres, por lo que si ellos faltan no tendría otra fuente de ingreso.

2.4. Aseveró que María Rosa Mc Douall falleció en un accidente de tránsito el 27 de agosto de 2006, siendo pensionada del Banco de la República, prestación que sustituyó en un 100% a su cónyuge Gabriel Felipe Ricaurte Echeverry; que éste cuenta con 86 años, deriva su sustento y el de su hermano Eduardo Ricaurte, de dicha mesada, y tiene problemas de salud, por lo que le preocupa la situación de Eduardo.

2.5. Refirió que tras la muerte de la señora Mc Douall la papelería quebró por los manejos de Eduardo, pero con la ayuda e intervención de sus tíos sacaron adelante el negocio, sin que su representado pueda realizar labores administrativas, manejo de caja o atención al público.

2.6. Señaló que la psiquiatra y la neurocirujana, le diagnosticaron a su hermano y representado un “trastorno de personalidad dependiente acompañado de un trastorno cognitivo leve y un trastorno del aprendizaje de carácter permanente e irreversible”, por lo que debe permanecer al cuidado de un adulto responsable (fl. 94, cdno. 1).

2.7. Narró que en el año 2012 Gabriel Felipe Ricaurte Echeverry promovió el proceso de interdicción de Eduardo Ricaurte, en el que este último fue valorado por Medicina Legal, dictaminándose que padecía de retardo mental leve, presentaba una discapacidad mental absoluta, su pronóstico era negativo por la progresión deteriorante del retardo, que no podía administrar sus bienes y que se le recomendaba tratamiento psiquiátrico regular con medicación.

2.8. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Quince de Familia de Bogotá, despacho que dictó sentencia el 21 de febrero de 2013 declarando la interdicción judicial definitiva de Eduardo Ricaurte, nombrando a Andrés Ricaurte Mc. Douall como su curador.

2.9. Afirmó que con fundamento en esa decisión, él y su padre le solicitaron al Banco de la República la sustitución del 50% de la mesada pensional a favor de Eduardo, por lo que dicha entidad les informó que para proceder al estudio de la misma requería un dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, razón por la que adelantaron los trámites correspondientes.

2.10. Consignó que las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez concluyeron que su hermano tiene 36.55% de pérdida de la capacidad laboral con fundamento en reglamentos técnicos que “evalúan la incapacidad de manera formal y matemática (…) haciendo caso omiso de lo peritado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y de las demás pruebas que se allegaron, incluida la sentencia (…) [que] decretó la interdicción”, lo cual no refleja la verdadera situación de su familiar, pues éste no tiene capacidad intelectual, no puede tomar decisiones, ni ser responsable de sus actos (fl. 96, cdno. 1).

2.11. Reseñó que el 26 de agosto de 2013 el Banco de la República negó la sustitución pensional a Eduardo Ricaurte, pese a que es un sujeto de especial protección debido a su discapacidad mental absoluta, razón por la cual formularon recurso de reposición y en subsidio de apelación, empero, el 13 de septiembre siguiente, dicha entidad les informó que tales censuras eran improcedentes por cuanto esa entidad se encontraba sometida a las reglas del derecho privado y sus actuaciones no eran actos administrativos.

2.12. Añadió que los mecanismos ordinarios de defensa no son idóneos ni eficaces; que el hecho de que se hubiese confirmado la calificación no convierte a su representado en una persona capaz de trabajar eficientemente para su propio sustento, ya que hasta ahora él depende de sus padres y las normas técnicas no pueden prevalecer sobre los derechos fundamentales; y que pese a que Eduardo se puede movilizar y no tiene limitación física, sí cuenta con una discapacidad mental.

La respuesta de los accionados y vinculados

1. El Banco de la República indicó que desde que el accionante y su padre solicitaron el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de Eduardo Ricaurte, les informó los requisitos que debían satisfacer para el efecto, entre ellos, acreditar la “condición de inválido, conforme al dictamen de la junta de calificación de invalidez que determine la pérdida de su capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 50%”, lo cual no fue demostrado, por lo que denegó el reconocimiento pensional; que conforme a los dictámenes de las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez el actor no probó su condición de inválido, pues solo justificó tener 36.55% de pérdida de capacidad laboral; que la decisión adoptada le fue informada a los interesados; que no existe perjuicio irremediable; que no se cumplió con el requisito de la inmediatez; que el representante de Eduardo pretende sanear su inactividad sin el cumplimiento de los requisitos legales; que la tutela no procede para resolver conflictos económicos o jurídicos en materia de sustituciones pensionales; y que no ha vulnerado derecho alguno (fl. 141 vto., cdno. 1).

2. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca señaló que en el dictamen Nº 73232922 de 1º de agosto de 2013 diagnosticó a Eduardo “retraso mental leve: otros deterioros del comportamiento, trastorno de personalidad dependiente. Pérdida de capacidad laboral: 36.55%, Origen: Enfermedad Común, Fecha de Estructuración: 30 de marzo de 2010”; que las experticias que emite no son arbitrarias, pues se sujetan al Manual Único de Calificación de Invalidez y en otros lineamientos; que frente a la determinación adoptada se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación; que la Junta Nacional confirmó la decisión emitida; que de acuerdo con la normatividad vigente, el porcentaje de pérdida de capacidad puede ser revisado teniendo en cuenta que es factible que se presenten detrimentos en la condición clínica del paciente o que surjan nuevas deficiencias que no existían o no eran susceptibles de ser valoradas; y que el reconocimiento de la pensión es una circunstancia ajena a las competencias de las Juntas de Calificación de Invalidez, por lo que solicitó su desvinculación por no haber transgredido garantía esencial alguna (fl. 188, cdno. 1).

3. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez refirió que el 7 de febrero de 2014 emitió el dictamen frente a Eduardo Ricaurte; y que no es la competente para pagar incapacidades ni resolver sobre dichos trámites.

4. La Procuradora 149 Judicial II para Asuntos de Familia adujo que para obtener el beneficio de la sustitución pensional se requiere el proceso de interdicción, mientras que para la pensión por invalidez sí es necesaria la calificación de la Junta Directiva de Calificación de Invalidez, razón por la cual, pese a que Eduardo tiene a su alcance mecanismos ordinarios de defensa, por su condición y en garantía de su interés superior, cuenta con una protección del Estado, y en esa medida deben ser amparados sus derechos.

5. Gabriel Felipe Ricaurte Echeverry manifestó que todos los hechos expuestos eran ciertos; que promovió el proceso de interdicción de su hijo por la preocupación que tiene frente a su futuro; que su descendiente siempre ha sido dependiente de sus padres, por lo que teniendo en cuenta su edad y estado de salud, quiere que él tenga una vida digna; que aquél no cuenta con capacidad económica, laboral ni maneja su cuidado personal; que el retardo mental es progresivo, tal como consta en las distintas evaluaciones, ratificadas por Medicina Legal, por lo que pretende se le reconozca el 50% de la pensión y, luego de su fallecimiento, el 100%.

La sentencia impugnada

El Tribunal constitucional concedió el amparo al considerar que si bien la ley indica que para la sustitución pensional se aplica el criterio previsto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 y que Eduardo tiene a su alcance otro mecanismo de defensa judicial para atacar el dictamen proferido por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, lo cierto es que el actor cuenta con una protección especial por parte del Estado dada su condición de interdicto, por lo que no se le puede someter a un trámite dispendioso para el otorgamiento de su derecho, más si su congrua subsistencia depende de los resultados positivos de la reclamación del reconocimiento de la prestación económica de la gozaba la causante.

Agregó que era clara la transgresión de las garantías esenciales del peticionario, ya que fue declarado interdicto por discapacidad mental absoluta, “siendo como lo ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T. 730 de 2012 en caso análogo, (…) desproporcional y vulneratorio de los derechos (…) suspender la pensión de sobreviviente reconocida”, esto por “cumplir la mayoría de edad [o] por falta de dictamen médico de pérdida de capacidad laboral en los términos del art. 38 de la Ley 100 de 1993”, pues la valoración que realice la entidad encargada debe hacerla con fundamento en todos los elementos puestos a su consideración, como las historias clínicas que contienen los diagnósticos, las evaluaciones técnicas científicas, las declaraciones judiciales y los elementos que sirvieron de base para determinar las deficiencias del paciente; que debió analizar la solicitud de sustitución y decidir con fundamento en la sentencia de declaración de interdicción, toda vez que se trata de una patología congénita que tiene su origen desde la gestación, según el dictamen de Medicina Legal, siendo contradictorio pretender negar dicha sustitución mediante una valoración calificativa, pues el propósito del canon 38 ídem no es otro que “determinar los temporales a partir de los cuales la persona deja de trabajar y con ello determinar el porcentaje de capacidad laboral pérdida”, lo que es inaplicable porque se desconocería una sentencia judicial que concluyó que el interdicto por demencia es un discapaz absoluto (fls. 277 y 278, cdno. 1).

En consecuencia, ordenó a la Directora del Departamento de Servicio de Gestión Humana del Banco de la República que “proceda a analizar y decidir la solicitud de sustitución pensional elevada por el señor Eduardo Ricaurte McDauall (sic), mediante su guardador, sin tener en cuenta la calificación de invalidez de las juntas regional y nacional (…)” (fl. 279, cdno. 1).

La impugnación

El Banco de la República impugnó la referida decisión aduciendo que si bien no desconoce que el padecimiento del señor Eduardo Ricaurte sea una patología mental congénita, enfermedad por la que fue declarado interdicto, no era menos cierto que el legislador fijó en un 50% el porcentaje de discapacidad laboral que deben tener las personas para ser acreedoras de una pensión de sobrevivientes por invalidez, por lo que se apartaba de la interpretación efectuada por el a quo constitucional; que la Corte Constitucional ha indicado que el hecho de fijar un porcentaje mínimo de discapacidad para conceder beneficios prestacionales por invalidez no viola la Carta Política; que no cumple con el requisito de la inmediatez si lo que pretende es que no se aplique el dictamen señalado; que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se encuentra en cabeza de los jueces laborales; y que desde el fallecimiento de la causante pudieron acudir a los procedimientos ordinarios.

Solicitó que se revocara la decisión o, en caso de confirmarse la misma, se modulara su alcance, en el sentido de establecer que el pago de la pensión de sobrevivientes se disponga como mecanismo transitorio, mientras el curador adelanta las gestiones pertinentes para desvirtuar los dictámenes que fijaron en el 36.55% la discapacidad laboral, y de no hacerlo, se le releve de continuar pagando dicha mesada.

Consideraciones

1. Al tenor del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo singular establecido para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o, en determinadas hipótesis, de los particulares.

También se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acción constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.

2. De los elementos de convicción obrantes en las presentes diligencias, se advierte que mediante dictamen de 29 de noviembre de 2012 el Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó que Eduardo Ricaurte Mc Douall presenta un diagnóstico de retardo mental leve, una discapacidad mental absoluta en los términos de la Ley 1306 de 2009, y un pronóstico negativo por la progresión deteriorante del retardo mental. Además precisó que requiere de asistencia para satisfacer sus necesidades básicas de autocuidado y sobrevivencia, no tiene capacidad para administrar sus bienes y disponer de ellos, y le recomendó que como tratamiento recibiera asistencia regular del servicio médico de psiquiatría, así como la medicación indicada por esa especialidad.

Posteriormente, el Juzgado Quince de Familia de Bogotá en sentencia de 21 de febrero de 2013 decretó la interdicción judicial definitiva de Eduardo Ricaurte Mc Douall, como medida de restablecimiento de sus derechos por discapacidad mental absoluta, al demostrarse que padece de retardo mental leve, enfermedad que lo hace absolutamente incapaz para administrar sus bienes, disponer de ellos y valerse por sí mismo.

Con fundamento en lo anterior, el curador solicitó ante el Banco de la República el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de Eduardo Ricaurte Mc Douall, pero tras ser evaluado el caso por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, aquella entidad no lo tuvo como beneficiario de la mentada prestación, porque el dictamen arrojó un 36.55% de pérdida de capacidad laboral y no el 50% requerido por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.

3. De manera que se impone la confirmación del resguardo otorgado por el a-quo constitucional, como quiera que se encuentran vulnerados los derechos fundamentales del accionante, puesto que la entidad acusada no hizo una valoración acorde con la situación particular de aquel, quien ya había sido declarado interdicto por discapacidad mental absoluta, incapaz de manejar sus bienes, disponer de ellos y valerse por sí mismo.

Es de advertirse que la Ley 1306 de 2009 prevé en el artículo 5º que “son obligaciones de la sociedad y del Estado colombiano”, entre otras, “garantizar el disfrute pleno de todos los derechos a las personas con discapacidad mental, de acuerdo a su capacidad de ejercicio”, y “proteger especialmente a las personas con discapacidad mental”, precisando al respecto que “una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le permite comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio (…)”.

Sobre las pruebas requeridas para el reconocimiento pensional, la jurisprudencia constitucional en un asunto de similares contornos al de ahora, precisó que:

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 —que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993—, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre otros, los hijos ‘inválidos’ si dependen económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez[,] norma [que] señala que para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que dispone: ‘(…)se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.’

El artículo 40 de esa normativa dispone que el estado de invalidez será determinado así: (i) por las empresas prestadoras de salud, las aseguradoras de riesgos laborales, o los fondos de pensiones, (ii) en caso de que haya discusión sobre la calificación, corresponderá a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional decidir el asunto, y (iii) si se apela la anterior decisión, resolverá la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (…).

Las normas antes citadas, deben ser analizadas en concordancia con el principio de libertad probatoria, que deriva del debido proceso administrativo. En efecto, aunque los artículos que regulan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de un hijo en situación de discapacidad, señalan que es ‘inválido’ quien presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y tal circunstancia se prueba mediante un dictamen expedido por las autoridades ya mencionadas, esto no obsta para que la autoridad administrativa admita la presentación de otros medios que sean igualmente conducentes para demostrar la pérdida de capacidad laboral y que la fecha de estructuración es anterior al fallecimiento del causante.

Así pues, si el hijo ‘inválido’ ha sido declarado interdicto por discapacidad mental absoluta, es decir, un juez ha determinado que sufre una afección o patología severa o profunda que impide que administre sus bienes; tal decisión judicial y las pruebas que sirvieron como fundamento para adoptar dicha sentencia, deberán ser aceptadas, valoradas y controvertidas por la autoridad administrativa que conozca del procedimiento y resuelva la solicitud (…). (se destacó)

Además, respecto del desconocimiento del principio de libertad probatoria, agregó que:

(…) exigir un dictamen expedido por una junta regional de calificación como único medio de prueba para demostrar la invalidez (…) desconoció el principio de libertad probatoria, que como se estableció, es un elemento del derecho fundamental al debido proceso.

En este caso, la administración contó con los elementos que conducían a demostrar la pérdida de capacidad (…) y omitió valorarlos (CC T-373/15).

4. Así las cosas, se observa que como la valoración efectuada por el Banco de la República se limitó al análisis de la calificación otorgada por las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, se transgredieron los derechos esenciales del accionante, toda vez que dicha entidad debió hacer un análisis de todas las pruebas aportadas para concluir si era o no procedente la sustitución pensional, principalmente, la sentencia dictada en el juicio de interdicción que declaró la discapacidad mental absoluta del actor.

Al respecto se advierte que el estudio debe adelantarse con fundamento en las historias clínicas, evaluaciones neuropsicológicas, declaraciones judiciales, en el dictamen de Medicina Legal, las experticias sobre el estado mental del actor y la sentencia que declaró su interdicción por discapacidad mental absoluta, todo lo cual permitirá un análisis completo con miras a resolver la solicitud de sustitución pensional elevada por el curador de Eduardo Ricaurte Mc Douall, lo que por sí mismo torna inviable la petición subsidiaria del impugnante en punto a que se module la concesión del resguardo como mecanismo transitorio.

5. Las anteriores consideraciones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco (comisión de servicios)—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.