Sentencia STC11958-2014 de septiembre 4 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2014-01809-00

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

(Aprobado en sesión de cuatro de septiembre de dos mil catorce)

Bogotá, D.C. cuatro de septiembre de dos mil catorce.

La Corte resuelve la acción de tutela interpuesta por Ecopetrol S.A. contra el Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Meta) y la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.

Antecedentes

1. La apoderada especial de Ecopetrol S.A., afirma que en el proceso abreviado de revisión del avalúo de los perjuicios derivados del ejercicio de servidumbre de hidrocarburos que fueron determinados mediante sentencia proferida en el trámite impulsado contra el señor José Ricaurte Díaz Herrera, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Castilla La Nueva (Meta), se incurrió en una actividad que le vulnera las garantías fundamentales al debido proceso, a la doble instancia y a la defensa.

2. Con el propósito de sustentar la acción interpuesta, en lo pertinente, destaca que el 24 de marzo de 2011 el aludido juzgado emitió sentencia en la que, tras imponer las servidumbres allí indicadas, le ordenó a Ecopetrol S.A. pagar al señor Díaz Herrera la suma de $16.055’132.220, como “contraprestación” por aquellas, sin considerar la “Observancia de la renuncia parcial de áreas hecha por Ecopetrol (...) y sin tener en cuenta que las áreas entregadas (...) no se encontraban cultivadas con palma” (fls. 306 y 307, cdno. 1).

2.1. Informa que, en virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por la Ley 1274 de 2009, se instauró la demanda abreviada orientada a revisar esa cuantificación, lo que condujo a que el Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Meta), luego de agotar el procedimiento de rigor, el 10 de octubre de 2013, emitiera sentencia en el sentido de declarar “infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por Ecopetrol S.A., en atención a que su promotor no alegó ni probó algunas de las causales taxativamente señaladas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil” y dispuso, por tanto, entregar las sumas de dinero previamente depositadas (fl. 308, ídem).

2.2. La accionante a continuación señala, que por el “desacierto jurídico plasmado” en la mencionada decisión, interpuso (i) acción de tutela orientada a proteger los “dineros correspondientes al erario público”, (ii) apelación, e (iii) incidente de nulidad “originado en la sentencia” (fls. 309 y 310, ídem).

2.3. Indica que el citado recurso de apelación no fue concedido y aunque acudió al mecanismo de la queja, el tribunal acusado, finalmente, declaró que estuvo bien denegado aquel medio de impugnación, con fundamento en que las normas especiales que disciplinan el memorado trámite de “revisión” del avalúo, no prevén el carácter apelable de la providencia atacada, lo que comporta señalar que se trata de un fallo de único grado.

2.4. Asegura que, en las indicadas condiciones, se incurrió en una actuación contraria al ordenamiento jurídico, puesto que, en síntesis, aparte de que las pretensiones planteadas en la demanda abreviada no fueron cabalmente examinadas por el funcionario competente, no se concedió el recurso ordinario que está garantizado por la Constitución Política.

2.5. Añade, para terminar, que en relación con la petición de amparo constitucional, la Corte revocó el fallo que, en principio, concedió la protección y ordenó tramitar la alzada porque, en esa oportunidad, estaba pendiente de decidir el aludido recurso de queja, pero dejó “incólume la decisión” que atañe al “resguardo de los dineros por corresponder al erario público” (fls. 310 y 311, ídem).

3. Reclama, en concreto, que en el terreno de la acción regida por el artículo 86 de la Carta Política, se “declare la procedencia del recurso de apelación toda vez que, por ser el trámite ajustado a los postulados del procedimiento abreviado artículo 408 a 414 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del numeral 10 artículo 5º de la Ley 1274 de 2009, goza del principio de doble instancia consagrado en el artículo 31 de nuestra Carta Política” (fl. 314, ídem).

4. El 22 de agosto de 2014, tras corregirse el defecto advertido, se admitió a trámite la demanda de tutela y se adoptaron las determinaciones consecuenciales.

Consideraciones

1. Es pertinente recordar, en primer término, que la acción de tutela es un mecanismo procesal establecido por la Constitución Política de 1991, para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, precisándose que no puede constituirse en una vía sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma Carta y el ordenamiento jurídico, en general, consagran para la salvaguarda de la mencionada clase de prerrogativas.

Reiteradamente se ha señalado que, en línea de principio, la acción de tutela no procede contra actuaciones o providencias judiciales, pues estas no pueden ser modificadas o sustituidas por un juez ajeno al competente para conocer del proceso, criterio derivado de la naturaleza de la función pública de administrar justicia ya que, conforme a los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, se trata de una atribución que se cumple en forma independiente, desconcentrada y autónoma, en cuanto solo está sometida al imperio del ordenamiento jurídico aplicable, con lo que se busca proteger y garantizar la seguridad jurídica.

No obstante, si se advierte un proceder del funcionario judicial alejado de lo razonable, fruto exclusivo de su ánimo subjetivo, o sin sustento suficiente en el ordenamiento aplicable, es pertinente que el juez constitucional actúe, con el propósito de conjurar el agravio que con la actuación censurada se haya podido causar a las partes o intervinientes en el proceso.

2. Del examen realizado al expediente se concluye, que la demanda de amparo constitucional promovida por la apoderada especial de Ecopetrol S.A. contra la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, debe prosperar, particularmente, en relación con la actuación cumplida a propósito de la queja interpuesta por la accionante frente a la negativa a conceder la apelación formulada frente a la sentencia emitida el 10 de octubre de 2013 por el Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Meta), dado que efectivamente esa autoridad judicial incurrió en un proceder que vulnera los derechos fundamentales reclamados por la sociedad promotora del amparo.

En efecto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Castilla La Nueva (Meta) cerró el trámite impulsado por Ecopetrol S.A. de cara al señor José Ricaurte Díaz Herrera para obtener las servidumbre reclamadas en materia de hidrocarburos y, al propio tiempo fijó, a cargo de aquella y a favor de este, la cifra correspondiente por “concepto de indemnización”.

Por cuenta de la inconformidad exteriorizada en relación con el alcance de lo resuelto, la indicada sociedad acudió al Juzgado Civil del Circuito de Acacías para promover, con apoyo en el numeral 10 del artículo 5º de la Ley 1274 de 2009, demanda abreviada orientada a revisar el avalúo que condujo a imponer la acotada prestación dineraria, que fue admitida y, a vuelta de agotar las etapas previstas en el estatuto procesal civil para esa clase de asuntos, se declaró infundado lo pretendido por la demandante, mediante providencia que, a su tiempo, fue atacada a través de apelación y en la cual la decisión surge errada pues no se trata de un recurso extraordinario como lo resolvió el juez sino de revisar el avalúo mediante este trámite, que indudablemente no ha limitado la ley a una sola instancia y por lo tanto tendrá apelación si la cuantía así lo permite.

También aparece incontrovertible que la queja agotada frente a la no concesión de dicho recurso ordinario, tampoco triunfó, pues, el 18 de junio de 2014, el tribunal competente lo declaró bien denegado, con apoyo en que “los preceptos que integran la Ley 1274 de 2009 (...), resulta evidente la imposibilidad de admitir el recurso de alzada contra las determinaciones adoptadas por el juez de la revisión, no solo porque tal probabilidad no fue expresamente contemplada por la ley, sino porque de admitirse ello se estaría sometiendo ese trámite a una suerte de tercera instancia, que en últimas estaría dirigida a revisar la decisión que sobre un mismo punto adoptaron el juez civil municipal y el juez civil del circuito” (fls. 402 al 407, ídem).

Establecido lo anterior, surge evidente que en esa puntual actividad de la corporación judicial acusada ciertamente se incurrió en un proceder que vulnera los derechos fundamentales invocados, habida cuenta que si bien es indubitable que a la demanda de revisión de avalúo que Ecopetrol S.A. promovió en relación con lo sentenciado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Castilla La Nueva, el funcionario de conocimiento, en cumplimiento a las normas contenidas en la Ley 1274 de 2009, dispuso imprimirle el “procedimiento abreviado, consagrado en el Código de Procedimiento Civil” y, por tal razón, agotó todas las etapas que ese sistema de juzgamiento contempla, no es jurídico sostener que por no estar expresamente dicho que la revisión es apelable, dicho proceso tenga una sola instancia, pues es al contrario, si se dijo que la cuantía era revisable de conformidad con el procedimiento abreviado y no se limitaron sus instancias, se debe acoger lo ordinario de dicho trámite y darle apelabilidad de acuerdo con la cuantía porque no lo ha prohibido la ley, y para el caso, dicha revisión tendrá dos instancias, pues es independiente de lo tramitado en el juzgado municipal, actuación que no es un recurso como se le trató y que deberá rectificar el fallador de segunda instancia, pues para el caso no existe decisión de fondo porque se desgastó la instancia en una práctica equivocada confundiéndose con el recurso extraordinario de revisión, que no es lo ordenado por la ley.

La Corte deja sentado, por un lado, que el principio rector derivado de los contenidos normativos (C.P., arts. 29, 31, CPC, arts. 2º y 351), predica que, como regla general, las sentencias son susceptibles de apelación y, por el otro, que el estatuto procesal civil, ni los cánones contenidos en la Ley 1274 de 2009, en manera alguna restringieron esa garantía; por el contrario, en relación con la acción de “revisión del avalúo”, se previó que “se tramitará de conformidad con las disposiciones del procedimiento abreviado consagradas en los artículos 408 al 411 del Código de Procedimiento Civil”, cuestión que impide predicar, se repite, contrariando los indicados preceptos, que el fallo emitido en un proceso abreviado, per se, sea de única instancia.

La Sala encuentra entonces que por haberse acreditado que, en general, la apelación se interpuso de cara a una providencia emitida en el contexto de diligencias judiciales que tienen una disciplina reglada, en la forma como arriba se indicó, sin que, cumple subrayarlo nuevamente, el legislador hubiera restringido en forma expresa el segundo estudio o grado de la sentencia, debe el juez privilegiar la acotada garantía para mantener indemne la naturaleza de los recursos o medios de impugnación que entraña el confesado propósito de lograr corregir los errores que en el procedimiento o en el juzgamiento cometan los funcionarios jurisdiccionales de conocimiento.

Así las cosas, es necesario brindar la protección solicitada para poner a salvo los derechos invocados, en particular, los establecidos por los artículos 31 y 229 de la Carta Política, pues un proceder como el que es materia de la censura resulta opuesto a lo que la doctrina y la jurisprudencia constitucional de manera uniforme han señalado, en relación con la importancia que debe darse al acceso a la segunda instancia, debido a que dicha posibilidad se convierte en un importante instrumento del derecho fundamental al debido proceso, dado que se trata del medio más efectivo para remediar las irregularidades o desaciertos en que puedan incurrir los funcionarios judiciales en una puntual actuación, de manera que el mismo constituye en “una piedra angular dentro del Estado de derecho”, comoquiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho de impugnación al permitir que “el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una decisión en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente” (CC sents. T-158/93, T-212/95, C-037/96 y C-017/96, invocadas CSJ STC 12 feb. 2013, rad. 00110).

3. Se impone, entonces, para poner a salvo los derechos fundamentales de la demandante, dar viabilidad a la protección constitucional por ella incoada garantizando que el tribunal garantice mediante el trámite pertinente la doble instancia y revise en consecuencia lo acaecido en la primera respecto a la revisión solicitada, que no era precisamente un recurso extraordinario ceñido a las causales del artículo 380 del Estatuto Procesal.

4. Por último, la Corte, a partir de los rasgos que en general registra el tema sometido a consideración, considera necesario reiterar lo sentenciado el 4 de marzo de 2014 (Rad. 2013-00460-01), en torno a que “el desembolso [de dineros provenientes del cuestionado avalúo] se produzca solamente una vez se tenga certeza del monto final de la indemnización a que tiene derecho el titular de los predios afectados”.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONCEDE la protección demandada por la apoderada especial de Ecopetrol S.A. a través de la acción de tutela arriba referenciada, respecto de la decisión que profirió el tribunal acusado para resolver el recurso de queja que aquella sociedad formuló contra el auto que el Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Meta) emitió, en el sentido de no conceder la apelación formulada de cara a la sentencia proferida el 10 de octubre de 2013.

ORDENA, en consecuencia, al magistrado Óscar Marino Hoyos González de la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del momento en que se reciba del respectivo despacho el expediente, deje sin efectos la providencia de 18 de junio de 2014, con la que se resolvió la citada queja, y que, seguidamente, examine en forma integral las circunstancias que resulten necesarias para resolver nuevamente sobre tal recurso de queja, teniendo en cuenta las reflexiones incorporadas en la parte motiva de esta providencia.

Devolver al Juzgado Civil del Circuito de Acacías el expediente suministrado, adosando, para los fines pertinentes, copia de esta providencia judicial.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

Magistrados: Jesús Vall de Rutén Ruiz—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.