Sentencia STC12625-2015/2015-02084 de septiembre 17 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC12625-2015

Rad.: 11001-02-03-000-2015-02084-00

Magistrado Ponente

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de dieciséis de septiembre de dos mil quince)

Bogotá, D. C., diecisiete de septiembre de dos mil quince

La Corte decide la acción de tutela promovida por Amparo Ramírez Cuellar, María del Socorro y Adriana Saiz Ramírez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, trámite al cual fueron vinculados los Juzgados Treinta y Siete Civil del Circuito y Tercero Civil del Circuito de Descongestión, ambos de la misma ciudad, y los intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.

I. Antecedentes

A. La pretensión.

En el libelo introductor de la presente acción, las tutelantes, a través de apoderada judicial, solicitan el amparo de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, que consideran vulnerados por la colegiatura encausada, porque al desatar el recurso de apelación en un juicio ordinario de responsabilidad civil que ellas iniciaron, modificó la decisión de primera instancia, para declarar probada a favor de la Compañía Suramericana de Seguros, la “excepción de falta de cobertura de los perjuicios morales”, y con ello libró a esa entidad de toda responsabilidad; incurriendo, en sentir de las quejosas, en diferentes yerros fácticos y sustanciales.

En consecuencia, pretenden que se declare que la sentencia en cita en lo que respecta a la mencionada decisión “es constitutiva de vía de hecho judicial y por consiguientes (sic) se torna inexistente”; y en su lugar, se ordene al Tribunal “adopte las medidas necesarias (…) para corregir el yerro jurídico presentado, para hacer efectiva la reparación de los derechos fundamentales conculcados”. [Folios 33 y 34, c. 1]

B. Los hechos.

1. El 26 de diciembre de 2006 se produjo un accidente de tránsito en el que resultaron involucrados los vehículos de placas SHI-624 y BYD-945, evento con ocasión del cual perdió la vida Noel Mauricio Saiz Ramírez, quien se transportaba en el primero de los automotores.

2. Por ese insuceso, el 7 de julio de 2008, las accionantes, Amparo Ramírez Cuellar, María del Socorro y Adriana Saiz Ramírez, como progenitora y hermanas, respectivamente, del difunto referido, formularon demanda ordinaria contra Olimpo Cárdenas Perdomo(1), Orlando Guayara Hermida(2), Luis Felipe Corredor Camargo(3), Renting Colombia S. A.(4), Radio Taxi Aeropuerto S. A.(5), Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda.,(6) y Compañía Suramericana de Seguros S. A.(7); a fin de que estos fueran declarados civil y solidariamente responsables por los perjuicios de índole material y moral que les causaron con ocasión de la pérdida de su pariente. [Folios 43 a 52, c. del expediente].

3. El 26 de noviembre de 2008, el Juzgado admitió la demanda y notificados todos los demandados, estos se opusieron a la misma, destacando que la Compañía Suramericana de Seguros S. A. formuló como excepciones las de “Hecho de un tercero” e “Inexistencia de responsabilidad de la entidad asegurada”, “Falta de cobertura del lucro cesante reclamado. Exclusión de cobertura, Improcedencia y falta de prueba de los perjuicios reclamados, Tasación indebida y excesiva de perjuicio material, Límite máximo del valor asegurado en el contrato de seguro”.

4. Surtidas las etapas propias del juicio, el 31 de marzo de 2014, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, a quien fue reasignado el asunto, dictó sentencia, en la que resolvió: (i) tener como prospera la excepción denominada ausencia de responsabilidad a Reinting de Colombia S. A., la asegurada de la sociedad referida en el párrafo anterior y (ii) Declaró civil y solidariamente responsables a las aseguradoras, así como a las demás personas jurídicas y naturales demandadas, sin embargo acogió también las defensas de “Falta de cobertura del lucro cesante reclamado” propuesta por Compañía Suramericana de Seguros S. A., tras encontrar que en las condiciones generales allegadas con la contestación de la demanda se advertía que dicho concepto fue excluido expresamente de la cobertura; y (iii) condenó a los demandados a pagar a favor de la madre del occiso la suma de $126.067.250,oo, discriminados así “$28.938.885,77 por lucro cesante pasado, $29.368.364,61 por lucro cesante futuro, $61.600.000,oo por perjuicios morales y $6.160.000,oo por daño “en vida relación” y a favor de las otras dos demandantes la suma de $21.560.000,oo para cada una por perjuicios morales, por cuanto no se había solicitado valor alguno por daño emergente.

5. Frente a la anterior decisión formuló recurso de apelación, entre otros extremos del litigio, las tutelantes y la aseguradora en mención, los primeros sustentaron su impugnación en que el a-quo erró al liberar a la “Compañía Suramericana de Seguros S. A.” del pago de los daños reconocidos por concepto de lucro cesante, ya que el condicionado general de la póliza de automóviles incorporada al expediente, que tuvo en cuenta para concluir que aquel concepto estaba exento de la misma, no tenía ninguna relación con la póliza Nº 0987160-6, que amparaba al campero de placas BYD-945, “ya que el condicionado es aplicable exclusivamente para las pólizas de automóviles expedidas por la compañía Agrícola de Seguros S. A. y no por la Compañía Suramericana de Seguros S. A.”, para lo cual solicitó que como prueba se oficiara a la referida sociedad para que remitiera copia de las condiciones generales del contrato que amparaba al vehículo y para que informara si en ésta estaba “excluido el lucro cesante”.

6. Por su parte, la aseguradora, estimó que no había lugar a que se le condenara al pago de los daños causados a las demandantes, como quiera que su asegurada Reiting no tenía la guarda del automotor y ninguna responsabilidad se le endilgó, por lo que era claro que a ella tampoco podía obligársele a responder.

7. En proveído de 2 de julio de 2014, el Tribunal resolvió denegar el decreto de esas pruebas “por improcedentes, a la luz de lo normado en el artículo 361 del Estatuto Procesal Civil”. Determinación que no fue objeto de ningún recurso.

8. El 5 de marzo de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dictó sentencia, en la cual (i) denegó la impugnación de Suramericana, tras considerar que el hecho de que no se profiriera condena en contra de “Reinting S. A.”, no significaba que la compañía de seguros pudiera salir librada de responsabilidad, porque lo cierto es que ella había expedido una póliza en la que aparecía como asegurada también Concentrados Cresta Roja S. A., quien si tenía que responder amparando entre otros riesgos “el de Responsabilidad civil extracontractual , por muerte o lesiones de personas, hasta por quinientos millones de pesos…causados con el vehículo de placas BDY.-945”; y (ii) negó el recurso de alzada de las tutelante, pues indicó que expresamente se había excluido el pago de lucro cesante en la cobertura, y en su lugar, luego de considerar que sólo se amparaban los daños patrimoniales, modificó el fallo de primer grado, para declarar probada de oficio la excepción de “Falta de cobertura de los perjuicios morales”, a favor de la mencionada aseguradora.

9. En criterio de las promotoras del resguardo, con la providencia proferida por el ad quem, fueron vulnerados sus derechos fundamentales, ya que la Compañía Suramericana de Seguros S. A. no debió ser exonerada de responsabilidad, en la medida en que en la póliza expedida por esa entidad no estaba excluido el pago de los perjuicios reconocidos por lucro cesante, como erradamente lo concluyó el fallador, como quiera que los anexos que fueron aportados por la aseguradora al contestar la demanda, como contentivos del reglamento del contrato de seguro, y en los cuales se edificaron las decisiones de los falladores, no correspondían a las condiciones generales de la convención que amparaba el rodante de placas BYD-945, pues de su contenido claramente se extraía que se referían a las establecidas para ese tipo de contratos con la Compañía Agrícola de Seguros que no con la aquí vinculada, lo que tan sólo advirtieron con posterioridad a la decisión de primer grado, por lo que, en segunda instancia, deprecaron el decreto de pruebas para aclarar esa situación, pero la colegiatura encausada no accedió a su ruego.

Agregaron que resulta contradictoria la decisión del Tribunal porque “no desconoce la responsabilidad que tiene el asegurador de indemnizar los perjuicios patrimoniales al asegurado como consecuencia de la responsabilidad en que éste incurra”, pero deniega el pago, con cargo a la póliza, de los daños causados por concepto de lucro cesante, asegurando que su reconocimiento debió ser expresamente pactado en el contrato, pasando por alto que ese tipo de perjuicios se entienden incluidos dentro de los patrimoniales y que la jurisprudencia de esta Corte (CSJ SC, 19 dic. 2006, rad. 2002-00109-01), al interpretar el artículo 1127 del Código de Comercio, ha concluido que es innecesario el acuerdo expreso respecto a su cobertura.

C. El trámite de la instancia.

1. Por auto de 8 de septiembre de 2015, se admitió la acción de tutela, se dispuso la vinculación de los intervinientes en el litigio y se ordenó correrles traslado para que ejercieran su derecho de defensa.

2. Al momento de someterse a discusión de la Sala el proyecto de decisión elaborado en el presente asunto, la colegiatura encausada no había efectuado ninguna manifestación frente a la solicitud de amparo propuesta en su contra.

II. Consideraciones

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos están cimentados en el reproche que merece toda actividad de administración de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo trámite, con detrimento de las garantías reconocidas por la Constitución Política a las personas.

Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situación termina produciendo un fallo que vulnera derechos fundamentales.

2. En el presente asunto, como resultado del análisis de la sentencia en contra de la que se enfiló el reclamo en tutela, esto es, la proferida por el 5 de marzo de 2015, por el Tribunal Superior de Bogotá, se advierte su incursión en una vía de hecho, que transgrede los derechos fundamentales de las accionantes y hace necesaria la intervención del juez constitucional, como quiera que desconoce e interpreta erradamente el artículo 1127 del Código de Comercio, así como la jurisprudencia de esta Corporación.

Así, el juez colegiado, para excluir de las condenas a la aseguradora referida, tras verificar que tenía responsabilidad por cuanto una de sus aseguradoras si había contribuido al daño, indicó no podía ser condenada a pagar suma alguna, atendiendo a que el artículo 1088 del Código de Comercio enseña que: ““Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”, (se destaca)”; por lo que “el seguro de responsabilidad, que se sabe es una modalidad del de daños, está llamado a cubrir sólo los perjuicios materiales de las damnificadas, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, este último, sólo de haber pacto expreso”. [Folio 78].

Asimismo, indicó que “como no hay lugar a reconocer daño emergente, y el lucro cesante y los perjuicios extrapatrimoniales están excluidos de cobertura, se debe declarar probada, de oficio, la excepción de “falta de cobertura de los perjuicios morales” pues memórase que la demandada fue condenada por la a quo sin que estuviere contractualmente obligada a responder por dicho rubro; consecuentemente, se revocarán la decisiones tomadas en contra de la convocada en cuestión (resaltado fuera del texto).

Argumentos que desconocen, lo dispuesto en el artículo 1127 del Código de comercio que dispone el seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado… Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055”.

Norma en la que no reparo el Tribunal, pues erradamente consideró que para ordenarse el pago del lucro cesante debía existir un acuerdo expreso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1088 que regula los seguros de daños, cuando en el caso tratándose del seguro de responsabilidad, como acaba de verse no se indica que sea necesario ese pacto, sino que se advierte que hacen parte todos los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra el asegurado.

Respecto de dicha norma ha señalado esta Corporación que “en lo atinente a la cobertura por lucro cesante, es cierto que la póliza no trae “acuerdo expreso” que lo involucre como materia del negocio aseguraticio, condición que a voces del artículo 1088 del código de comercio resultaría inexorable para que el seguro lo comprendiera; mas, aunque tal cosa sucede, lo cierto es que en tratándose de este tipo especial de seguro, vale decir, de responsabilidad civil, regulado específicamente por los artículos 1127 y siguientes del código de comercio, no se hace menester dicho acuerdo, pues al estatuir la norma que la indemnización a cargo del asegurador envuelve” los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra”, no es dable al intérprete entrar en distinciones como la que plantea la llamada en garantía, tanto menos cuando ello contraviene los dictados hermenéuticos que orientan la materia”. (CSJ SC, 19 de diciembre de 2006, Rad. 2002-00109-01)

3. De igual forma, se encuentra que erró el a quem, al concluir que los perjuicios extrapatrimoniales (morales y de vida en relación), se encontraban fuera de la cobertura, pues sólo se amparaban los daños materiales, porque tal interpretación no sólo contradice lo dispuesto en la póliza que garantizó la responsabilidad extracontractual, sino además, los artículos 1622 del Código Civil, 1056 y 1127 del Código de Comercio.

En efecto, es claro que el último artículo mencionado, establece que en el seguro de responsabilidad se impone la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, sin embargo, ello no implica que del amparo deban automáticamente excluirse todos aquellos menoscabos que no tengan ese carácter, incluyendo el dolor que sufra la víctima.

Lo anterior, porque en aplicación del principio de la autonomía privada, los contratantes pueden convenir que queden protegidos también los daños de carácter inmaterial, caso en el cual, entraría a responder la aseguradora por éstos.

Y es que la mencionada norma no restringe que las partes puedan convenir la cobertura de otros perjuicios diferentes de los patrimoniales, por el contrario en una interpretación sistemática de las normas, se encuentra que ello es posible, pues según lo dispone el artículo 1056 del estatuto mercantil, “Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.

De ahí, que no es posible que de manera inconsulta y sin revisar la voluntad de las partes vinculadas en el contrato de seguro, ni las condiciones generales de éste o demás documentos que hagan parte del mismo, se concluya, que los perjuicios morales están excluidos de la cobertura de un seguro de responsabilidad, porque ello es desconocer la realidad del negocio jurídico celebrado, pues es necesario que previo a llegar a tal deducción se verifiquen los términos en los que se pactó el convenio aseguraticio.

Al respecto, sobre la forma de verificar la eficacia de una póliza, expuso esta Corporación que:

como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.

Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato aseguraticio. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados), ora porque se establezca que el asegurador cubre todos los riesgos de pérdidas, pero con las exclusiones que también expresamente convengan los interesados (principio de la universalidad o de la “cobertura completa”, distinguidas, también, en el mercado, como all risks policies’, denominación que, como lo enfatiza SANTIAGO AREAL LUDEÑA (EL SEGURO AERONAUTICO, Ed. Colex, 1998, pág. 32) “se debe a que cubren la propiedad del asegurado frente a todas las pérdidas que hayan sido accidentalmente causadas”. (CSJ, 24 de mayo de 2005, Rad. 7495)

3.1. Ahora bien, en el caso bajo estudio, al revisar la póliza objeto del debate se encuentra, que la Compañía Suramericana de Seguros S. A., expidió la póliza Nº 0987160, en la que figura como asegurada la sociedad concentrados Cresta Roja S. A. y se amparó la responsabilidad civil extracontractual, entre otras cosas, la “muerte o lesiones a personas”, por un límite de $500.000.000, consignándose así mismo, en las condiciones generales únicamente las exclusiones que se tendrían en cuenta.

De lo que se desprende, contrario a lo asumido por el a quem, que de la expresión general de la cobertura, se puede colegir que se amparó la totalidad de la indemnización que debiera pagar la asegurada Concentrados Cresta Roja S. A., la cual cubre todos los daños que tuviere que reparar la sociedad, esto es, tanto los perjuicios patrimoniales como los extrapatrimoniales, es decir los daños en el fuero interno de la persona como los morales y los de la vida en relación.

En otras palabras, la citada aseguradora se obligó a responder por las indemnizaciones que debiera asumir su asegurada como consecuencia de responsabilidad civil extracontractual, derivados de los riesgos amparados en la póliza, y no hizo uso de la posibilidad de excluir algunas contingencias, como lo establece el citado artículo 1056 del estatuto mercantil, que le permite delimitar el riesgo que asume, por lo que se puede concluir que tomó la obligación de responder también el perjuicio inmaterial reclamada por las accionantes y a la que fue condenada su afianzada.

De ahí que pueda concluirse, que la interpretación que realizó el Tribunal, es arbitraria y desconoce lo regulado en las normas aplicables al caso en concreto, lo que conlleva a la vulneración de los derechos fundamentales de las accionantes, por lo que hay lugar conceder la protección amparada.

4. Finalmente, en relación al reclamo de las accionantes, respecto de que el juzgador de segunda instancia, que pese a su solicitud no decretó como prueba, que se allegaran las verdaderas condiciones generales que regulaban la póliza de seguros, las cuales según el contenido de la misma correspondían a la forma F-01-10-068, de la cual allegó copia simple en el trámite de la apelación, pues las adjuntadas con la contestación además de estar incompletas no pertenecían al seguro tomado por la compañía condenada, pues lo ciertos es que ellas hacían referencia a los contratos suscritos por Agrícolas de Seguros y no a Suramericana.

Debe decirse, que al superarse en el sistema jurídico nacional la concepción que se tenía del proceso civil como dirigido a la única finalidad de proteger los derechos subjetivos de los particulares, lo que suponía, necesariamente, la pasividad del juzgador, “pasó éste a concebirse, más bien, como una actividad del Estado enderezada a la realización del Derecho, mediante la expedición de sentencias acordes con la legalidad, la justicia y la verdad”, y según explicó la Corporación, “es, justamente, la iniciativa oficiosa del juez en materia probatoria, el aspecto vertebral de este viraje y el que encarna con mayor viveza el atemperamiento de los postulados privatistas en la materia, al investirlo de la potestad de decretar pruebas oficio para investigar los hechos sometidos a su discernimiento”.

La anotada oficiosidad en materia de pruebas encuentra su fundamento en el mandato cuya atención resulta imperativa para el juez de esclarecer los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, de ahí que tal potestad originalmente caracterizada, como se ha dicho, por “un razonable grado de discrecionalidad”, se torna, en algunos eventos, en un verdadero deber, despojado, por consiguiente, de aquél cariz potestativo, manifestándose, entonces, como una exigencia que el juzgador, como director del proceso, debe satisfacer.

La hipótesis que se presenta en el caso bajo examen, se adecúa a los lineamientos anteriores, en tanto que para dar cabal solución a la situación debatida, se hacía ineludible acudir al decreto de probanzas por iniciativa del fallador, pues en la póliza objeto de debate quedó establecido que “el presente contrato se rige por las condiciones generales y particulares contenidas en la forma F-01-40-068 las cuales se adjuntan” (resaltado fuera del texto), el cual difiere de las condiciones generales allegadas de manera incompleta por la aseguradora, pues tal documento no se menciona que corresponda al mencionado formato e incluso, por el contrario se encuentra a nombre de otra sociedad de seguros.

Es más, la forma F-01-40-068 fue presentada en copia simple por las demandantes con el recurso apelación, quienes de igual forma solicitaron se oficiara a Suramericana para que allegara el verdadero reglamento.

Sin embargo, el Tribunal prefirió no ordenar la prueba e indicar en la sentencia que, “la circunstancia conforme a la cual en el susodicho documento aparezca el nombre de “AGRÍCOLA DE SEGUROS” no puede significar la correlatividad con el contrato de seguros respecto del cual se ha hecho mérito, por dos motivos: El primero, es que en la misma carátula se lee: “COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S. A.”; y segundo, es que es natural que se haga alusión a Agrícola de Seguros, si en la certificación que expidió la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la existencia de la sociedad, dice: “Resolución S.F.C. 0810 Junio 4 de 2207, por medio de la cual la Superintendencia Financiera aprueba la cesión de activos, pasivos, contratos y de cartera de seguros de la Compañía Agrícola de Seguros S. A. a favor de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A.”, (fl. 171). [Folio 79].

Lo que deja al descubierto que el ad quem, a pesar de contar con indicios serios de que la compañía no allegó las condiciones que regulaban la póliza objeto del debate, desatendió la obligación legal de establecer la verdad material, particularmente si en el mismo contrato de seguros se indicó bajo que pautas se regía y las mismas no coincidían con las allegadas por la aseguradora.

Al respecto esta Sala de manera constante ha sostenido que cuando una prueba, pese a tener el carácter de incompleta, imperfecta o frágil, aparece sugerida o insinuada de tal forma que todos los demás medios de convicción indiquen, de modo inequívoco, que sólo aquella falta, su decreto oficioso se erige como deber insoslayable del juez, pues es imprescindible proceder de esa manera a fin de adoptar una decisión apegada al derecho material, es decir, que se ajuste a la realidad a la que apuntan los elementos aportados al proceso.

Lo anterior no debe interpretarse como si de una imposición insalvable se tratara, o como si fuera obligatorio decretar pruebas de oficio en todas las controversias judiciales; sino que, simplemente, existen ciertas situaciones en las que un sano criterio de razonabilidad indica que haciendo uso de esa potestad, se lograría equiparar la verdad procesal a la verdad material, lo cual se traduce en la primacía del derecho sustancial sobre las formas y en la realización de la justicia como fin esencial del derecho.

En ese orden, si en el diligenciamiento no se había acopiado suficiente material probatorio para formar el convencimiento del juzgador en torno de todos los aspectos sustanciales de la controversia a dirimir; más precisamente, si faltaban probanzas que le permitieran al ad quem persuadirse sobre la acreditación de las condiciones generales del seguro y por tanto las exclusiones en ellas contenidas, era necesario, entonces, que hiciera uso de su facultad de decretar pruebas de oficio para esclarecer tal hecho, y como no obró de tal forma, se justifica la concesión del amparo.

5. En ese orden de ideas, se impone la prosperidad de la protección invocada y en consecuencia, para proteger las prerrogativas constitucionales deprecadas, se dejará sin valor y efecto lo resuelto en sentencia de 5 de marzo de 2015, para en su lugar, ordenar al Tribunal Superior de Bogotá que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente decisión, sin perjuicio de su autonomía judicial en la aplicación de las disposiciones de los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, emita nuevamente la providencia que desate la segunda instancia dentro de la referida actuación, en la forma que legalmente corresponda, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. En caso de que se decreten pruebas de oficio, el plazo para el cumplimiento de la orden de tutela, empieza a correr a partir de la evacuación del respectivo medio probatorio.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el amparo invocado por las accionantes.

2. Se deja SIN VALOR Y EFECTO lo resuelto en sentencia de cinco de marzo de 2015 proferida por la Sala Civil del Tribunal superior de Bogotá.

3. ORDENAR al Tribunal Superior de Bogotá que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente decisión, sin perjuicio de su autonomía judicial en la aplicación de las disposiciones de los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, emita nuevamente la providencia que desate la segunda instancia dentro de la referida actuación, en la forma que legalmente corresponda, teniendo en cuenta la parte considerativa de esta providencia. En caso de que se decreten pruebas de oficio, el plazo para el cumplimiento de la orden de tutela, empieza a correr a partir de la evacuación del respectivo medio probatorio.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito; y, en su oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez.

(1) Conductor del vehículo de placas SH1-624.

(2) Conductor del campero de placas BYD-945.

(3) Propietario del vehículo de palcas SHI-624.

(4) Propietario del campero de placas BYD-945.

(5) Empresa afiliadora del vehículo de placas SHI-624.

(6) Aseguradora del vehículo placa SHI-624.

(7) Aseguradora del campero de placas BYD-945.