Sentencia STC12699-2016/2016-00463 de septiembre 8 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SE CASACIÓN CIVIL

STC12699-2016

Radicación 68001-22-13-000-2016-00463-01

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

Bogotá, D.C., ocho de septiembre de dos mil dieciséis.

La Corte decide la impugnación interpuesta frente al fallo de 22 de julio de 2016, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acción de tutela promovida por Jorge Andrés Acevedo Serrano contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad; trámite al que fueron vinculados las partes e intervinientes del proceso sobre el cual versa la queja constitucional.

Antecedentes

1. El accionante reclama la protección del derecho fundamental y prevalente de sus dos menores hijos, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada, con ocasión del auto de 1º de julio de 2016, dictado en el proceso de custodia y cuidado personal iniciado en su contra por María Teresa Mejía Ramos.

En consecuencia, solicitó dejar sin efectos los numerales 4º y 5º de la referida providencia (fls. 1 a 3, cdno. 1).

2. En apoyo de su pretensión, expuso, en síntesis:

2.1. En el 2014 estaba domiciliado con su familia en Barranquilla, de donde se trasladó a Bucaramanga con sus dos menores hijos, “a raíz de la lectura que hiciera al diario suscrito por la progenitora de los menores, y por las ofertas de trabajo que en otras ocasiones había recibido”.

2.2. El 4 de abril de 2015 en audiencia de conciliación celebrada ante la comisaría de familia de la capital santandereana, le fue asignado provisionalmente el cuidado personal de los descendientes, fijándose cuota alimentaria a cargo de la progenitora por valor de $ 600.000, obligación que se encuentra en cobro ejecutivo en el Juzgado Cuarto de Familia de esa localidad.

2.3. María Teresa Mejía Ramos instauró juicio de custodia y cuidado personal a favor de los menores y contra el actor, quien en el traslado de la demanda solicitó como prueba copia auténtica de algunos apartes del diario escrito por aquella, la cual fue tenida como tal en el auto de 31 de mayo de 2016, por el cual se decretaron las probanzas.

2.4. Determinación que fue objeto de recurso de reposición por la parte demandante, por cuanto consideró que ese medio de convicción menoscababa su derecho a la intimidad; el 1º de julio siguiente el despacho accionado aceptó tal razonamiento y revocó el decreto de esa prueba.

2.5. El gestor se duele de que pese a que el proceso de custodia tiene como objeto “establecer cuál de los padres de [xx] y [xx] es la persona apta para ejercer su custodia y cuidado personal, y que la prueba documental desechada” es la “que trae al juzgado el verdadero comportamiento de quien reclama el cuidado de los menores”; la sede judicial haciendo prevalecer el derecho a la intimidad de la madre “de quien su comportamiento mental, moral y psicológico está en entredicho”, sobre las garantías los derechos de los menores, denegó la prueba.

Respuesta del accionado y los vinculados

1. El Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga historió las actuaciones surtidas en el trámite que origina la petición tuitiva, expresando que en la decisión por la cual resolvió rechazar la prueba documental presentada por el demandado —relacionada con la fotocopia de los manuscritos elaborados por la progenitora de los menores— están consignados los argumentos jurídicos por los cuales adoptó esa determinación (fls. 38 y 39, cdno. 1).

2. La defensora de familia adscrita al Juzgado Tercero de Familia, se pronunció frente a la solicitud de amparo oponiéndose a su concesión, por cuanto comparte el criterio jurídico expuesto por el fallador querellado, en el sentido de que la prueba documental que el actor pretende sea admitida, fue obtenida en forma ilegal sin la aquiescencia de la demandante, violando el derecho a la intimidad de esta. Agregó que los derechos de los niños [xx] y [xx] están por encima de cualquier otro derecho, pero para proteger sus prerrogativas se debe contar con un material probatorio legalmente acopiado, con el objeto de adoptar las determinaciones a que haya lugar, conforme a derecho (fls. 36 a 37, cdno. 1).

3. Quien aduce la condición de apoderada judicial de María Teresa Mejía Ramos en el juicio de custodia y cuidado personal, presentó memorial oponiéndose a la prosperidad de la tutela; sin embargo, éste no será tenido en cuenta debido a que no allegó el poder que acreditara tal calidad para intervenir en este trámite tutelar.

La sentencia impugnada

El tribunal constitucional desestimó la protección tras considerar que la determinación del juez de familia accionado de tener como una prueba ilícita la traída al proceso por el quejoso, en cuanto desconoce el derecho a la intimidad de la allá demandante, comoquiera que fuera aportada sin su consentimiento, tiene sustento legal y se ajusta a una hermenéutica respetable, que no puede desconocerse por vía de tutela (fls. 48 a 55).

La impugnación

El promotor impugnó el anterior fallo con argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 62 y 63, cdno. 1).

Consideraciones

1. Por consagración constitucional y legal la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario, al alcance de las personas para la efectiva protección de los derechos fundamentales, cuando estos son vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas y, en veces, de los particulares; sin que se erija en remedio sustituto o alternativo de las herramientas previstas en el ordenamiento jurídico para la regular composición de los litigios, a los cuales es menester acudir previamente, a menos que actúe en la modalidad de amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez.

Del mismo modo, cuando la lesión actual o potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones o providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional precisa la pertinencia de la tutela de manera excepcional, es decir solo “cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador” (CSJ STC, 16 jul. 1999, rad. 6621; criterio reiterado en CSJ STC, 8 feb. 2012, rad. 02642-00).

2. En el asunto que concita la atención de la Corte, la queja constitucional se dirige contra el auto 1º de julio de 2016, proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga, a través del cual repuso la parte pertinente del auto de 31 de mayo anterior, y rechazó como prueba la copia del diario personal de María Teresa Mejía Ramos, arrimada por el accionante, dado que resultaba ilícita al desconocer el derecho a la intimidad de su autora, quien no consintió en su aportación al proceso; determinación que cuestiona el tutelante porque considera se adoptó en contraposición del interés superior de los menores a favor de quienes se instaura el proceso de custodia, habida cuenta que el propósito de la aludida probanza es demostrar el “verdadero comportamiento” que la progenitora de los niños muestra frente a ellos.

3. En lo atañedero al punto referente a las pruebas, esta corporación ha establecido la cardinal importancia que estas revisten en los juicios, en la medida en que a través de ellas se pone en conocimiento del juez los supuestos fácticos que se investigan y soportan las pretensiones, así como permiten a la autoridad judicial formar su convencimiento sobre la causa, para de ese modo aplicar la ley sustancial pertinente y arribar a una conclusión que zanje la controversia.

En SC de 16 jul. 2008, rad. 2005-00286-01, reiterando la SC 076-2007 de 29 jun. 2007, rad. 2000-00751-01, resaltó la importancia que los medios de convicción revisten en los procesos, explicando:

(...) esa singular trascendencia de las pruebas, explica y justifica que la Constitución Política de 1991, dentro del esquema del Estado social de derecho que adoptó en su artículo 1º, al erigir el debido proceso como derecho fundamental, reconociera expresamente, en el propio artículo 29, el derecho a probar o a la prueba, como comúnmente se le ha denominado, garantizándole a todas las personas la posibilidad de “presentar pruebas” y de “controvertir las que se alleguen en su contra”. Del mismo modo, que en el último inciso de la norma, hubiere consagrado que “[e]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

Y, a renglón seguido advirtió la diferencia existente entre pruebas ilícitas y pruebas ilegales, indicando:

(...) Dicha referencia final del artículo 29 de la Carta Política, ha permitido a la doctrina y a la jurisprudencia diferenciar las pruebas “ilícitas” y las “ilegales”, entendiendo por las primeras, aquellas que causan desmedro a los derechos constitucionales fundamentales de quienes intervienen en el respectivo juicio o de terceros a él; y por las segundas, las que evidencian irregularidades que comprometen el cabal cumplimiento de las normas legales encargadas de su gobierno, en cualquiera de las distintas fases que integran su materialización (decreto, práctica o valoración).

Sobre el particular, la Sala, de forma reciente, tuvo oportunidad de pronunciarse, lo que hizo en los siguientes términos:

“Grosso modo, la prueba es ‘ilícita’, en efecto, cuando pretermite o conculca específicas garantías o derechos de estirpe fundamental. Como lo pone de presente la doctrina especializada, la prueba ilícita, más específicamente, ‘... es aquella cuya fuente probatoria está contaminada por la vulneración de un derecho fundamental o aquella cuyo medio probatorio ha sido practicado con idéntica infracción de un derecho fundamental. En consecuencia,... el concepto de prueba ilícita se asocia a la violación de los citados derechos fundamentales’, hasta el punto que algunos prefieren denominar a esta prueba como inconstitucional (Vid. C. Const., Sent. SU-159/2002). “La prueba es ilegal o irregular, por el contrario, cuando no pretermite un precepto constitucional fundamental sino uno de índole legal, en sentido amplio, de suerte que será la tipología normativa objeto de infracción, en esta tesitura, la llamada a determinar si se está ante una u otra clase de prueba, sobre todo a partir de la noción de derechos o garantías fundamentales. Si es la Carta Política la quebrantada, particularmente uno o varios derechos de la mencionada estirpe, la prueba se tildará de ilícita, mientras que si la vulnerada es una norma legal relativa a otra temática o contenido, se calificará de ilegal o irregular.

“La diferencia reinante entre este tipo de probanzas, útil es relievarlo, no solo es dogmática y referida a su fuente preceptiva y a su específico contenido, habida cuenta que tiene asignadas trascendentes y disímiles consecuencias en la órbita jurídico-probatoria, según autorizada opinión. Tanto que, ad exemplum, se señala que la prueba ilícita, en línea de principio, no es pasible de valoración judicial, comoquiera que carece de eficacia demostrativa —desde luego, con algunas puntales excepciones a partir de la adopción del criterio o postulado de la proporcionalidad—, al paso que la ilegal o irregular si lo será, aspecto este, por lo demás, no pacífico en el derecho comparado” (se subraya).

Así las cosas, se concluye que las pruebas ilícitas comprometen derechos de raigambre fundamental respecto de las partes o intervinientes en el juicio, mientras que las pruebas ilegales inobservan normas de estipe legal ya sea en su decreto, producción, o valoración.

4. En este caso, se advierte que en verdad la probanza que el quejoso pretende sea admitida para su valoración en el juicio de custodia de sus dos hijos, es ilícita en la medida en que resquebraja el derecho a la intimidad de la autora del diario María Teresa Mejía Ramos, quien se opuso a su aducción al proceso. Sin embargo, el prohijamiento de esa prerrogativa fundamental conlleva el desconocimiento del interés superior de los menores involucrados.

De ahí que surja una tensión entre las dispensas constitucionales a la intimidad de María Teresa Mejía Ramos y el interés superior de los niños [xx] y [xx], puesto que la documental —copia del diario personal de aquella— de la que se duele el actor fue desechada por el fallador cognoscente, es de aquellas llamadas ilícitas, por quebrantar la prerrogativa fundamental a la intimidad de su autora, quien no dio su consentimiento para que la misma fuera aportada al expediente; y el interés superior de los niños en que sea verificada la idoneidad de sus progenitores para asumir su cuidado personal.

En tal virtud, se advierte que el decreto y práctica de la probanza en cuestión traería como resultado la limitación de la intimidad de María Teresa Mejía Ramos, y correlativamente conllevaría a salvaguardar el interés superior de los niños a favor de quienes se adelanta el proceso de custodia y cuidado personal.

Y, si bien es cierto que las prerrogativas en conflicto tienen la misma jerarquía, también lo es que el constituyente de 1991 consagró la calidad de sujetos de especial protección por parte del Estado para los niños, las niñas y los adolescentes, autorizando la protección integral, el interés superior(1) y la prevalencia de sus derechos(2) respecto de los demás sujetos de derecho, incluidos los de su núcleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formación con valores indispensables para la existencia, consolidación y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por intereses superiores(3).

Sobre el interés superior del menor, la Corte Constitucional en ST-587/98, dijo:

(...) Esta nueva visión del menor se justificó tanto desde una perspectiva humanista —que propende la mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión—, como desde la ética que sostiene que solo una adecuada protección del menor garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento quedó plasmado en la Convención de los Derechos del Niño (art. 3º) y, en Colombia, en el Código del Menor (D. 2737/89) [hoy L. 1098/2006]. Conforme a estos principios, la Constitución Política elevó al niño a la posición de sujeto merecedor de especial protección por parte del Estado, la sociedad y la familia (arts. 44 y 45).

Ahora bien, el interés superior del menor no constituye una cláusula vacía susceptible de amparar cualquier decisión. Por el contrario, para que una determinada decisión pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se reúnan, al menos, cuatro condiciones básicas: (1) en primer lugar, el interés del menor en cuya defensa se actúa debe ser real, es decir, debe hacer relación a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) en segundo término, debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de este principio; (4) por último, debe demostrarse que dicho interés tiende a lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno y armónico desarrollo de la personalidad del menor.

Por consiguiente, resulta procedente restringir el derecho a la intimidad de María Teresa Mejía Ramos, dado que se hallan comprometidos los derechos de sus menores hijos, pues la práctica de dicha prueba tiene como fin clarificar hechos que se enmarcan en un ámbito reservado que difícilmente serían del conocimiento de los integrantes de la familia y mucho menos de juez cognoscente, los que pueden llegar a comprometer los intereses de los menores, razón por la cual su acopio se ajusta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en que debe estar inmersa la decisión sobre su aporte y estimación procesal.

En lo concerniente al derecho a la intimidad, reiterada es la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que:

(...) permite y garantiza contar con una esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas, que al ser considerado un elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico (T-916-08).

En esa medida, en el presente caso el límite dado al derecho a la intimidad de Mejía Ramos es el interés superior de sus menores hijos, quienes son sujetos de especial protección como quedara expuesto.

En un caso de similares contornos al de ahora, la Corte Constitucional en CC T-044-13, resolvió:

(...) esta Sala de Revisión estima que la cuestión que merece mayor análisis constitucional en el caso de autos es la relativa a los intereses que entran en colisión, para lo cual y, en aras de sopesar los principios y derechos en pugna, considera imperioso acudir a la técnica de la ponderación, a objeto de imprimirle a los mandatos implícitos la máxima optimización posible.

Al respecto, valga anotar que la técnica mencionada tiene como finalidad determinar cuál de las garantías en juego tiene un peso mayor y, por ende, cuál de ellas determina la solución del caso. Como primera medida, cabe destacar que los intereses materia de ponderación son, por un lado, el derecho a la intimidad del señor (...) y, por el otro, la integridad personal de la demandante, la integridad de la familia y su protección como núcleo fundamental de la sociedad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes predicable en este caso de las menores (...), quienes, conforme a lo manifestado por la accionante, se han visto forzadas a crecer en un ambiente hostil y de violencia debido al maltrato psicológico, al irrespeto y al sosiego doméstico que causa su padre.

Al confrontar las anteriores garantías y principios se tiene que en el caso sub examine dicha dualidad desencadena una incompatibilidad normativa, que se configura en razón a que del artículo 15 de la Constitución Política se deriva el principio según el cual todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y que el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar, mientras que de los artículos 42 y 44 se sigue que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el Estado y la sociedad garantizan su protección integral y que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

En tal virtud y dado que el decreto y práctica de las pruebas en cuestión supondría la restricción de la intimidad del señor Camargo Guio, lo que a su vez conduciría a la satisfacción de las garantías de la actora y sus hijas, es menester definir si privilegiar los intereses de aquellas justifica la afectación de la órbita protegida de la intimidad de aquel.

Para la Sala Cuarta de Revisión, el grado de afectación de las garantías a la integridad personal, a la integridad de la familia y su protección, como núcleo esencial de la sociedad, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se derivaría de no decretar las pruebas solicitadas por la accionante, en aras de honrar el postulado en contraposición, podría catalogarse como intenso. De manera correlativa, la interferencia de la órbita protegida de la intimidad del demandado cabría graduarse como media o leve. Tal valoración es la más acertada teniendo en cuenta que pese a que los intereses en tensión ostentan análoga jerarquía normativa, dado que ambos emanan del Texto Superior, tanto en la sociedad como en la jurisprudencia constitucional se le ha reconocido prevalencia a la estabilidad familiar y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, motivo por el cual, las garantías cuya titularidad recae sobre la actora y sus menores gozan de peso mayor.

No existiendo duda alguna en torno a la posibilidad de restringir el derecho a la intimidad en ciertos eventos, (...) teniendo en cuenta que, incuestionablemente, el caso que hoy concita la atención de esta Sala se enmarca dentro de unas características especialísimas, como el hecho de estar en juego la integridad y estabilidad de una familia, núcleo fundamental en un Estado social de derecho, e implícitos los derechos de los menores que de ella hacen parte y que prevalecen sobre los demás, se torna necesario sacrificar parte de la intimidad personal del señor Camargo Guio, dada la concurrencia con otros derechos que, como resultado de la ponderación esbozada, ameritan prelación, máxime si se tiene en cuenta que tal limitación no necesariamente supone afectación del núcleo esencial del derecho, si se tiene en cuenta que el decreto de las pruebas idóneas para esclarecer unos hechos que comprometen los intereses superiores ya identificados, cuya expansión en el ámbito de la realidad fenoménica para posibilitar su percepción por terceros, es tan escasa, que difícilmente desborda el ámbito de la relación de pareja, consideración según la cual recabarlos acompasa con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en que debe estar inmersa la decisión sobre su aducción y valoración procesal.

5. En consecuencia, se revocará el fallo de primera instancia, para en su lugar, amparar el interés superior de los niños [xx] y [xx], y en consecuencia, revocar el numeral 4º de la parte resolutiva del auto de 1º de julio de 2016, proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga, comoquiera que la pertinencia, utilidad y conducencia de la prueba no fue analizada objetivamente, lo cual se hará sin perjuicio del derecho de contradicción y defensa de la autora del diario María Teresa Mejía Ramos.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE, REVOCAR el fallo de 22 de julio de 2016, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, y en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales de los niños [xx] y [xx], y en consecuencia, DISPONE:

ORDENAR al Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, tras dejar sin efectos el numeral 4º de la parte resolutiva de la providencia de 1º de julio de 2016, dictada en el proceso de custodia y cuidado personal promovido por María Teresa Mejía Ramos a favor de su hijos [xx] y [xx] contra Jorge Andrés Acevedo Serrano, con las precisiones, aclaraciones, limitaciones y complementaciones que estime necesarias, decrete y tenga como prueba dentro del referido juicio la copia del diario de María Teresa Mejía Ramos.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Artículo 8º de la Ley 1098 de 2006. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. “Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.

2 Artículo 9º ídem.

3 CSJ STC 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01.