Sentencia STC12840 de agosto 23 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC12840-2017

Radicación 73001-22-13-000-2017-00282-01

(Aprobado en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete)

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

Bogotá, D.C., veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo de 27 de junio de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro de la acción de amparo promovida por Argenis Gutiérrez Trilleras contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa misma urbe, trámite al que fue vinculada la parte activa y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela.

Antecedentes

1. La promotora del resguardo reclama la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al acceder a las pretensiones de la demanda de divorcio que en su contra instauró el señor Edilberto Flórez Gómez, pese a que la falta de contestación de la misma y su inasistencia a la audiencia de la que trata el precepto 372 del Código General del Proceso, se debió única y exclusivamente a la desidia del abogado que le fue asignado como consecuencia del amparo de pobreza que instó al momento de su notificación.

Solicita entonces, para la protección de sus prerrogativas, que se ordene al Juzgado Cuarto de Familia de Ibagué, «DECRETAR la nulidad de todo lo actuado [desde] el auto de trámite [a través del cual se] concede el amparo de pobreza» dentro del citado proceso y, en consecuencia, rehaga la actuación invalidada (fl. 3, cdno. 1).

2. En apoyo de tales pretensiones, aduce en síntesis, que el 16 de diciembre de 2016, acudió personalmente a la oficina judicial accionada con el fin de notificarse del auto admisorio de la demanda de divorcio que dio origen al litigio referido líneas atrás, momento en el cual solicitó ser amparada en pobreza, por carecer de los recursos económicos para asumir los costos procesales que aquél demanda, así como el pago de los honorarios de un abogado de confianza.

Indica que en virtud de lo anterior, el 17 de febrero siguiente, dicho despacho accedió a tal pedimento, nombrándole como defensor de oficio al abogado Luis Eduardo Muñoz Urueña, con quien insistentemente intentó reunirse para comentarle los pormenores del por qué se dio la separación de su cónyuge y, «aportar, como por ejemplo, testimonios, documentos y demás, [con el fin de] mostrarle al señor juez (...) como tuv[o] que soportar durante mucho tiempo de [su] vida los maltratos a causa del consumo de estupefacientes y alcohol de (...) [su ex cónyuge]».

Señala que no obstante lo anterior, dentro del término del respectivo traslado, el profesional del derecho, de manera tardía, aportó la respectiva contestación de la demanda, sumado al hecho que nunca le comunicó acerca de la celebración de la audiencia prevista en el canon 372 del Código General del Proceso, a la cual tampoco asistió, lo que en últimas desencadenó la prosperidad de las pretensiones del demandante, decretando el divorcio por una de las causales del artículo 154 del Código Civil, razón por la cual acude al presente mecanismo excepcional en procura de obtener la protección de las garantías superiores invocadas, pues, asegura, la actuación del profesional del derecho que en su representación fue designado, afectó gravemente sus intereses (fls. 2 a 4, ibídem).

Respuesta del accionado y los vinculados 

a) El Secretario del Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, se limitó a remitir en calidad de préstamo el expediente contentivo de las diligencias objeto de análisis, a más de informar los datos necesarios para la notificación de las partes e intervinientes en dicho asunto (fl. 10, Cit.).

b) Por su parte, el abogado Luis Eduardo Muñoz Urueña, en calidad de vinculado al trámite de la referencia, adujo en lo fundamental, que falta a la verdad la accionante al afirmar que su actuación no se dio de manera diligente, pues lo que ocurrió, fue que los términos para la contestación de la demanda se controlaron indebidamente por el juzgado de conocimiento (fls. 16 y 17, ídem).

c) El citado Edilberto Flórez Gómez, guardó silencio.

La sentencia impugnada

El tribunal constitucional de primera instancia concedió la salvaguarda rogada, tras advertir, con base en un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que

«se vulnera el derecho al debido proceso cuando en ejecución del amparo de pobreza se designan abogados de oficio que no intervienen oportunamente en la defensa técnica que procure la realización de actos de contradicción, solicitud probatoria, alegación e impugnación en el trámite del proceso, sin justificación alguna, razón por la cual, la Corte ha adoptado criterios estrictos para que la actuación desplegada por el abogado sea constitutiva de la vulneración de los derechos fundamentales, así:

“(1) que efectivamente existieron fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada; (2) que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado; (3) que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos anotados .sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental-; (4) que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales”.

Se puede constatar que en el presente caso:

(i) existieron fallas en la defensa de la accionante al haberse presentado por el abogado designado en el amparo de pobreza, de manera extemporánea la contestación de la demanda y la demanda de reconvención, con el argumento equivocado de que el despacho efectuó de manera incorrecta el control de los términos. Además si así lo consideraba, tampoco agotó los recursos que la ley le concedía para controvertir la decisión que tuvo por extemporánea su contestación. Además, según afirmación de la accionante, no desvirtuada por su apoderado, no le informó la fecha de la audiencia de que trata el artículo 372 del C.G.P., por lo tanto, no pudo asistir a ella, sin que tampoco lo hiciera el togado que la representaba, por tanto, no controvirtió las pruebas practicadas dentro de la audiencia, ni interpuso recursos en contra de la decisión desfavorable a los intereses de su representada, en caso de que ello fuera necesario;

(ii) que las mencionadas deficiencias no le son imputables a la accionante pues aseguró haber llamado en repetidas ocasiones a su abogado con el fin de demostrarle al despacho los maltratos que tuvo que soportar durante muchos años debido al consumo de estupefacientes y alcohol del señor Edilberto Fl[ó]re[z] Gómez. Además, teniendo en cuenta las personales condiciones de la aquí actora, no resultaba razonable exigirle un actuar propio frente al despacho.

(iii) la falta de defensa técnica tuvo como consecuencia que no se tuvieran en cuenta los argumentos expuestos en la contestación de la demanda extemporánea, no se decretaran pruebas solicitadas y no se diera trámite a la demanda de reconvención propuesta,

(iv) circunstancias estas que incidieron definitiva y notoriamente en la decisión de fondo tomada por el juzgado encartado través de su sentencia del 18 de mayo de 2017, pues no se tuvieron las circunstancias expuestas por la demandan, perdiendo también la oportunidad de ejercer el principio constitucional de la doble instancia en caso de ser necesario.

7. En consecuencia, siendo el derecho a la defensa una de las garantías principales del debido proceso y la oportunidad de realizar actos de contradicción, impugnación, solicitud probatoria y alegar, esta Sala considera, de conformidad con la jurisprudencia citada, que tal derecho se encuentra vulnerado por el juzgado accionado, pues a pesar de haber concedido el amparo de pobreza solicitado y designado como abogado de oficio al doctor Luis Eduardo Muñoz Urueña, este no intervino oportunamente en el trámite, omitiendo la realización de actos de contradicción, solicitud probatoria, alegación e impugnación al interior del proceso, por lo que se deberán ampara los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la actora».

Ergo, dejó sin efecto jurídico todo el tramite adelantado en el proceso de divorcio prenombrado, a partir del auto de 16 de febrero de 2016, mismo en el que se concedió el amparo de pobreza a la demandada –aquí accionante-, con el fin de que el juzgado acusado «rehaga las actuaciones procesales (...) previo a la designación de un apoderado judicial que asuma la defensa eficiente y diligente de [aquélla]» (fls. 21 a 27, cdno. 1).

La impugnación

La propuso el Juez Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué, tras argüir como fundamento de su inconformidad, que la jurisprudencia que sirvió de sustento al a quo para la concesión de la protección instada, no guarda concordancia con la situación fáctica del caso de marras, a más que «la señora Argenis Gutierrez Trilleras, (...) luego de solicitar el beneficio de amparo de pobreza no ejercitó ninguna otra actuación que llevara al conocimiento del proceso, la actitud que manifiesta fue desplegada por su apoderado en pobreza, [y] tampoco acreditó que se encontrara en condición de vulneración o de especial protección» (fls. 100 a 102, ibídem).

Consideraciones

1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la corporación, que, en línea de principio, la acción instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política; sin embargo, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial.

2. Circunscrita la Corte a la impugnación formulada por el Juez Cuarto de Familia del Circuito de Ibagué frente a la concesión del resguardo instado, advierte la Sala que pese a los argumentos por él esgrimidos para su defensa, la decisión confutada deberá confirmarse, por las razones que a continuación se compilan:

2.1. Ha sido criterio reiterado de esta corporación, la improcedencia de la acción excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas y, que tal situación, le impidió ejercer su derecho de defensa y de contradicción, pues dicha justificación no tiene la fuerza jurídica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la órbita del juez constitucional, en la medida que la inadecuada defensa técnica, «no conlleva la vulneración de garantías fundamentales, pues (...) según las pruebas aportadas a la actuación, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por él presentadas» (citada recientemente en CSJ STC5871-2017).

2.2. Siguiendo tal derrotero y con vista en los hechos narrados por la accionante en el escrito inicial, refulge patente que, precisamente, es ese el sustento de la queja que trajo al campo de lo constitucional, luego de memorar que el profesional del derecho que le fuere designado de oficio por el despacho judicial convocado en el reseñado juicio, fue negligente, pues, de un lado, i) no quiso entrevistarse con ella a efectos de estudiar el método de defensa y establecer los medios de convicción que sirvieran de cimiento para la misma; ii) contestó la demanda tardíamente; iii) no dio aviso de la data fijada para la consecución de la audiencia prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso; y, iv) dejó de asistir a ésta, situaciones que, en principio, podría pensarse que no son son atribuibles al operador judicial de conocimiento, y estarían bajo la hipótesis de improcedencia anotada en el numeral inmediatamente anterior.

2.3. No obstante lo anterior, pone de presente la Sala, que en el caso sub examine confluyen dos elementos especiales que hacen que el mismo deba examinarse bajo una lupa más rigurosa, sobre todo, desde el campo de lo constitucional, en el que, de manera progresiva, se ha venido reconociendo un trato preferente que reconoce a la mujer por igualdad de género, pues «[h]istóricamente las mujeres, entendidas como grupo social, han sido objeto de discriminación en todas las sociedades y en la mayor parte de los aspectos de la vida: en sus relaciones sociales, económicas, políticas y personales; por esto, el ordenamiento jurídico colombiano ha reconocido y autorizado medidas tendientes a evitar la discriminación por razón de sexo, y ha encontrado en la igualdad, entendida como principio, valor y derecho fundamental, y en la no discriminación, un pilar fundamental para su protección a las autoridades en el contexto de un Estado social de derecho, que se rige por el principio de igualdad material, le está prohibido dar tratos que fomenten las desigualdades sociales existentes y agraven la condición de pobreza y marginalidad de los ciudadanos, especialmente, de aquellos grupos que han sido tradicionalmente discriminados. Ahora bien, respecto de la especial protección constitucional de la mujer, como sujeto históricamente desprotegido y marginado, esta corporación ha señalado en reiteradas providencias, que en ciertos casos, dicha protección reforzada y especial de los derechos de las mujeres, es un fin constitucional cuya satisfacción admite el sacrificio de la cláusula general de igualdad, en el entendido de que se acepten tratos discriminatorios, con un fin constitucionalmente legítimo» (Corte Constitucional, T-386 de 2013).

2.3.1. El primero de ellos, es que el abogado que representó a la demandada en el juicio de divorcio que en su contra instauró el señor Edilberto Flórez Gómez, no fue uno que ella designara a su arbitrio, pues al no contar con los recursos económicos para tal fin, solicitó ser amparada como pobre y, por tanto, le fue nombrado, de oficio, esperando de esa forma, ejercer su efectiva y oportuna defensa, pues, según sus dichos, fue su ex cónyuge quien con su constante maltrato y abuso del alcohol y de sustancias psicoactivas, generó la separación; empero, lejos de que ello ocurriera, el profesional del derecho al que le fue asignado el caso, no ejerció su labor de manera diligente, tal y como se dejó anotado en precedencia; frente a esa situación, el juez de la causa permaneció pasivo, y pese a que advirtió tal situación, en el momento mismo que de manera extemporánea recibió los escritos contentivos de la demanda de reconvención y de los medios exceptivos, los cuales no tuvo en cuenta, precisamente, por ser tardíos, ningún requerimiento efectuó al apoderado judicial, ni procedió a retirarlo del cargo encomendado, ni a designar uno nuevo, aun cuando, se repite, conocía de la indefensión de la representada, misma que podía percibirse desde que se presentó al proceso, y solicitó el amparo de pobreza, a más de los motivos narrados como causantes de la separación de su pareja.

Y es que el juez, como director del proceso, está en la obligación de examinar cada caso, y establecer cuándo y en qué eventos, es que debe actuar no solo en acatamiento riguroso de las formas establecidas por la norma adjetiva, sino, más allá de eso, como autoridad veladora del cumplimiento de los principios que gobiernan la labor judicial y la práctica del derecho, así como la preponderancia del derecho constitucional trasladado al campo procesal, cuando se percibe la necesidad de proteger a un sujeto en especiales condiciones, que lo hacen merecedor de un trato preferente.

Es evidente, entonces, que no se le puede sancionar a quien por no contar con los medios económicos para propender por una defensa técnica adecuada, confió en la administración de justicia para tal fin, y lejos de ello, solo encontró desavenencias que la perjudicaron de manera rotunda, pues las pretensiones elevadas por su contraparte salieron avante y, ella, nada pudo hacer para contrarrestar los efectos de tal decisión judicial, desencadenada, en últimas, por la negligencia del abogado Muñoz Urueña, y si no puso en conocimiento del juez su situación, fue precisamente por carecer de facultades, por carecer de derecho de postulación.

2.3.2. La otra circunstancia que se avista, es que la señora Gutiérrez Trilleras adujo en la demanda inicial, que durante su relación matrimonial, sufrió del maltrato propiciado por su ex esposo, de quien, aseguró, abusaba del consumo del alcohol y de estupefacientes, situación que en más de una ocasión puso de presente ante el Comisario de Familia; que por tanto, pretendía no solo que las pretensiones de aquél fueran desestimadas, sino además, demostrar que fue él quien tuvo la culpa de la ruptura del vínculo matrimonial; situación que, además, conlleva una consecuencia de carácter económico que eventualmente la puede favorecer, de un lado, si logra demostrar tales dichos, y, además, su precaria condición económica.

3. Puestas de ese modo las cosas, brillan con resplandor las específicas circunstancias que convierten a la señora Argenis Gutiérrez Trilleras, en sujeto de especial protección constitucional, quien en últimas, resultó castigada por circunstancias que no podía soslayar directamente, como eran la eficiencia de quien le fue designado como abogado de oficio, y no poder acudir directamente al litigio para alegar lo que aquí puso de presente, lo que agravó aún más su situación. El anterior argumento cobra más vigor, si se observa desde el ámbito del principio de igualdad material, desarrollado en la Sentencia C-932 de 2007, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, en la que con suficiencia se explica, por qué, en ocasiones, es necesario propender por la protección de un determinado grupo de personas, que dadas sus condiciones económicas, sociales, culturales, raciales y hasta de género, “han sido tradicionalmente marginados o discriminados por razones diversas. En tal virtud, la aplicación efectiva y real del principio de igualdad en el constitucionalismo contemporáneo exige del Estado su intervención, de un lado, para evitar que los agentes públicos y los particulares discriminen y, de otro, para hacer exigibles tratos favorables en beneficio de personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta (artículo 13 de la Constitución)”.

Y específicamente, acerca de la perspectiva de género, esta Sala de Casación Civil, en cosecha reciente(1), citó un precedente pronunciado por la Corte Constitucional(2), en el que se enfatizó «el compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer», en tanto que, «nacional e internacionalmente, se han adoptado una serie de mandatos para la protección de la mujer y prevención de cualquier forma de violencia en su contra. Entre estos mandatos se encuentra la debida diligencia, que los obliga a adoptar medidas integrales en materia jurídica y legal, además de la implementación de políticas de prevención que permitan actuar con eficacia ante las posibles denuncias por violencia contra la mujer. Asimismo, se ha reconocido que los Estados deben responder, no solo por los actos propios de violencia contra la mujer, sino por los actos privados, cuando se demuestre la falta de adopción de medidas con la debida diligencia para prevenirlos o impedirlos.

4. En conclusión, la Sala considera que Argenis Gutiérrez Trilleras sufrió varios obstáculos para el acceso a la administración de justicia, debido a que el operador judicial de conocimiento no valoró la gravedad e importancia de los hechos que denunciaba frente a la falta de defensa técnica idónea. Además, incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria al desconocer que estaban dados los presupuestos para relevar al abogado que por virtud del amparo de pobreza le fue designado en el trámite de divorcio, desde el mismo momento en que advirtió la extemporaneidad de la contestación de la demanda, que en últimas se tradujo en la viabilidad de las pretensiones de su contraparte.

En esa medida, la Sala afirma que era necesario asumir una perspectiva de género en el análisis del caso concreto y poner de manifiesto que no fue culpa de la accionante quedar desprovista de la oportunidad de aportar las respectivas pruebas y oponerse a los pedimentos de su contraparte. Asumir tal perspectiva, no es una generosidad del juez cognoscente, ni sobrepasa los límites a él impuestos por el legislador, todo lo contrario, se trata de un desarrollo de los postulados constitucionales que priman sobre las formas y las ritualidades, razón por la que resulta ajustada la decisión del a quo, que por demás está decirlo, tuvo también en cuenta precedente jurisprudencial emitido en un caso de similares matices —Sentencia T-544 de 2015— que estudió la puntual temática de la falta de defensa técnica cuando quien representa al quejoso es un abogado nombrado como consecuencia del reconocimiento de amparo de pobreza.

5. Finalmente, y en vista de la gestión asumida por el abogado Luis Eduardo Muñoz Urueña en el asunto examinado, se ordenará la compulsa de copias del presente expediente al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria, para que adelante la respectiva investigación y adopte las medidas a que hubiere lugar.

6. Corolario de lo anterior y sin más razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo cuestionado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación, por las razones aquí expuestas.

Por secretaría, compúlsense copias del expediente de la referencia al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria, para los fines dispuestos en el numeral 5º de la parte considerativa del presente proveído.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Luis Alonso Rico PuertaMargarita Cabello BlancoÁlvaro Fernando García RestrepoAroldo Wilson Quiroz MonsalvoAriel Salazar RamírezLuis Armando Tolosa Villabona.

1 STC 4812-2017.

2 CC T-027/17.