Sentencia STC1338-2016/2015-00746 de febrero 9 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Dr. Margarita Cabello Blanco

STC1338-2016

Rad.: 68001-22-13-000-2015-00746-01

(Aprobado en sesión de nueve de febrero de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil dieciséis.

Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2015, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga negó la acción de tutela promovida por Elsa Raquel Herrera Garavito contra el Juzgado Primero Civil de Circuito de Descongestión de la misma ciudad, vinculándose al Banco BBVA Colombia S.A., BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., las Células Judiciales Octava Civil Municipal de Menor Cuantía y Séptima Civil del Circuito de esa urbe.

Antecedentes

1. La gestora demandó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, doble instancia, “congruencia de la sentencia y precedente judicial”, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.

2. Arguyó, como sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:

2.1. En su condición de madre cabeza de familia, obtuvo un crédito hipotecario con la entidad BBVA Colombia S.A. para la compra de un inmueble, y “dentro de las exigencias de dicho banco, adquir[ió] el 31 de mayo de 2012, una póliza de vida grupo deudores Nº 0110043, con BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. para cubrir la obligación crediticia Nº 9600017161, con el citado Banco, que [le] ampara los riesgos de vida e invalidez total y permanente” [negrilla del texto original] (fl. 1 cdno. 1) .

2.2. El 22 de agosto de 2012, “el ortopedista Dr. Juan Carlos Barrera, de la Clínica Carlos Ardila Lulle, [l]e informó de la necesidad de una intervención quirúrgica […] por ruptura del manguito rotador, del hombro derecho, fecha en la cual [se enteró] de los resultados de una resonancia magnética nuclear”, época para la que trabajaba como docente licenciada en Barrancabermeja y “anteriormente [l]e trataban las molestias del hombro derecho, el médico con droga y terapias” (fl. 1 ibíd.).

2.3. El 27 de noviembre de 2012, “Foscal, Fundación Avanzar - FOS. Medicina Laboral” le calificó la Pérdida de la Capacidad Laboral, con un porcentaje de (95.5%), por lo cual presentó al Banco BBVA Colombia S.A. y al BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. reclamación tendiente a “afectar el amparo de incapacidad total y permanente”, pero se la negaron “por motivos de asegurabilidad” (fl. 1 cdno. 1).

2.4. Le formuló demanda ordinaria de responsabilidad civil contractual a la aseguradora —rad. 2013-00765 00— en la que solicitó que “la pasiva reconozca y pague la suma de: $ 68'000.000.oo M/cte. más los interés de mora desde que se hizo exigible la póliza de vida grupo deudores # 0110043, para cubrir la obligación crediticia # 9600017161 con el Banco BBVA Colombia S.A. que ampara la cobertura de Incapacidad Total y Permanente”, así como la “devolución de las cuotas canceladas a partir de la fecha en que me fue decretada dicha incapacidad, esto es, el 27 de noviembre de 2012, con intereses moratorios, hasta cuando se haga efectiva dicha devolución”; trámite que conocieron los juzgados 10 y 8º civiles municipales de Bucaramanga, donde este último profirió sentencia a su favor, apelada por la demandada (fl. 2 ibíd.).

2.5. El “Juzgado Primero Civil del Circuito en descongestión de Bucaramanga”, el 7 de octubre de 2015 revocó la resolución impugnada, señalando que “el pago de la Indemnización que reclama la demandante se fundamenta en el seguro de vida grupo deudores póliza Nº 0110043, negocio jurídico éste donde se identifican como sujetos involucrados al Asegurador al BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., Tomador Beneficiario al BBVA Colombia y como Asegurado a la señora Elsa Raquel Herrera Garavito. En este orden de ideas, de entrada se advierte que la demandante no tendría, —por la vía que escogió— legitimación para pretender el pago del amparo contratado” (negrilla del texto original], (fl. 3 ib.).

2.6. Adujo que por medio de la acción incoada no se pretende que la Aseguradora le pague a ella, sino que

“ocurrido el siniestro tal y como está probado, […] la aseguradora pague el saldo insoluto, al beneficiario que en este especifico caso es el Banco, razón de ser del seguro y de ahí, que se haya activado la respectiva acción judicial, ante la negativa del seguro de pagar al banco dicho saldo […], pues sigue recibiendo su pago cuota mensual incluido los seguros que tiene que asumir el usuario, de tal manera que la obligación de una es el fundamento de la obligación de la otra, sin la cual el contrato no habría podido surgir”; por lo que siendo “quien tom[ó] el seguro que cubre la cobertura de muerte e invalidez total y permanente” y habiendo sufrido el siniestro de “invalidez total y permanente” desde el 27 de noviembre de 2012, está legitimada en el ejercicio de acción, “frente a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. quien debe pagar el saldo insoluto al Banco BBVA Colombia S.A.” (fl. 4 ibíd.).

3. Pidió, en consecuencia, “se revoque la sentencia de segunda instancia y, en su lugar se confirme la sentencia de primera instancia, o la que en derecho corresponda” (fl. 6 ib.).

4. Mediante proveído de 28 de octubre de 2015 (fl. 37 ib.) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga admitió la solicitud de protección y, el 11 de noviembre siguiente (fls. 72-81 ib.) negó el amparo rogado, que fue impugnado por la actora.

Respuesta de los accionados y vinculados

1. La jueza municipal convocada, luego de presentar el decurso del proceso, señaló que en esa instancia profirió sentencia el 1º de diciembre de 2014 declarando no probada la excepción de mérito “denominada inexistencia de la obligación del asegurador por nulidad del contrato de seguro” y, que “se ordenó a la entidad demandada, que una vez ejecutoriado el fallo, hiciera efectiva la póliza procediendo a la cancelación del saldo total insoluto, con sus intereses, a favor de la actora; no devolver el valor de las cuotas canceladas por la accionante, frente a la obligación crediticia Nº 9600017161 a partir del 21 de noviembre de 2012: no conceder intereses sobre el saldo insoluto; condenar en costas a la pasiva y declarar terminado el proceso ordenando su archivo, en firme esta providencia”, la cual fue apelada por el apoderado de la demandada, sin que el expediente haya regresado.

Asimismo, que el 4 de junio de 2015, “el vocero judicial de la actora radicó escrito solicitando se requiriera al representante legal de la entidad demandada para que le cancelara el saldo total insoluto junto con sus intereses”, petición que le negó por no encontrarse en firme dicha providencia.

Agregó que con las decisiones adoptadas no le ha violado derecho fundamental alguno a la actora, amén que su descontento es con relación al fallo de la segunda instancia (fls. 94-95 cdno. 1).

2. La representante legal de BBVA Colombia, solicitó se declare improcedente la tutela porque, dada su naturaleza subsidiaria no puede utilizarse como una tercera instancia en los procesos de conocimiento de la jurisdicción civil, máxime que la sentencia criticada se fundamenta en una interpretación razonable de la ley, en ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial (fls. 49-50 ibíd.).

3. La Jueza Séptima Civil del Circuito, adujo, en resumen, que no conoció la decisión censurada toda vez que fue emitida por el “Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión” el 7 de octubre de 2015 (fl. 51 ibíd.).

4. El representante legal judicial de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. solicitó se deniegue el amparo por improcedente, aduciendo que “el procedimiento adelantado y la decisión proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de Bucaramanga, se ha ceñido a las normas contentivas en el Código de Procedimiento Civil, señalando que la señora Elsa Raquel Herrera Garavito ha podido participar y controvertir, como bien lo ha hecho, en las distintas etapas procesales adelantadas dentro del mismo. De tal suerte que no se advierte que de manera alguna, se hayan vulnerado sus derechos a la defensa y a la igualdad, para que pretenda ahora acudir o dejar sin efectos etapas procesales ya surtidas”, además que la actora no fundamentó en el libelo que la actuación desplegada por esa aseguradora “vulnera sus derechos fundamentales, amen que no puede pretender que por vía del mecanismo preferente de acción de tutela acabe con la jurisdicción ordinaria al solicitar revocación de sentencia en firme y continuamente requerir el pago del seguro por parte de la aseguradora”, máxime que “al interior del proceso ordinario se han librado de manera valida y ajustada todas las etapas del mismo; de donde se desprende que en el mencionado proceso se han respetado plenamente las garantías consagradas en el artículo 29 de la C.N.”.

Agregó que tampoco es la acción de tutela “el mecanismo judicial ni la jurisdicción constitucional la competente para entrar a definir aspectos de interpretación normativa surgidos dentro del ámbito de otras jurisdicciones como en este caso la civil” [negrilla del texto original], (fls. 59-67 cdno. 1).

5. La Jueza Primera Civil del Circuito de Descongestión cuestionada solicitó se deniegue por improcedente la acción dado que, “la accionante pretende en sede constitucional, reabrir un debate jurídico con un nuevo examen de la decisión tomada en segunda instancia dentro de la actuación ordinaria, intentando de esta manera que se mantenga la decisión tomada por el a quo y que le favorece a sus intereses”; y que el fundamento de la solicitud de salvaguarda se basa “entre otros aspectos, en que no existió reticencia en el contrato de seguro que unía a la accionante con la demandada, por cuanto no presentaba tumores malignos, tema éste sobre el cual no se edificó el argumento de la sentencia dictada por la suscrita, por cuanto lo fue realmente la falta de legitimación en la causa por activa para impetrar la acción, el cual se encuentra debidamente soportado en suficiente jurisprudencia del Tribunal de este Distrito, como de la Corte Suprema de Justicia y doctrina”, tema decantado por las distintas fuentes auxiliares del derecho, y respecto de los cuales “el Juzgado debe atender dichos precedentes para tomar la decisión de fondo”.

Agregó que advierte con extrañeza la queja de una violación al debido proceso, principio de la doble instancia, congruencia y el precedente judicial, cuando precisamente “con base en las decisiones emitidas por [sus] superiores jerárquicos […], profirió el fallo que hoy se reprocha” (fls. 70-71 ibíd.).

La sentencia impugnada

El Tribunal negó el amparo, por considerar que “[d]el análisis a los reproches traídos por la tutelante, se observa que la misma pretende por vía de tutela, se reestudie y evalúen la decisión adoptada en Sede de segunda instancia por la Juez Primero Civil del Circuito en Descongestión de Bucaramanga, al interior del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual adelantado por la accionante contra BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., al endilgar a la juzgadora haber incurrido en vías de hecho, al revocar la sentencia de primera instancia que había resultado favorable a sus intereses y en su lugar declarar de oficio la falta de legitimación en la causa por activa, pues a su juicio afirma que se desconoció el principio de la doble instancia y congruencia que debe guardar la sentencia; falencias que para esta Sala no se encuentran probadas, toda vez que de la vista a la sentencia de segunda instancia, se observa que la juzgadora fue juiciosa en el análisis del caso, en la valoración probatoria, en la aplicación e interpretación del precedente jurisprudencial, como la doctrina y el criterio que frente a la legitimación en la causa para la reclamación de las pólizas de seguros ha tenido este tribunal, pues tal como se desprende del texto de la sentencia objeto de reproche, la juez accionada dio aplicación a lo considerado por esta Corporación en oportunidad anterior en la sentencia del 21 de marzo de 2012 dentro del proceso 2010-00124, como lo decantado por la Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil en la sentencia del 14 de octubre de 2010, siendo M.P. William Namén Vargas; sin que se observe una actuación indebida o que merezca reproche alguno de parte del Juez de Tutela”.

Seguidamente señaló que “ningún reproche puede hacerse al Juzgado accionado, cuando el trámite de la segunda instancia se tramitó conforme lo establece el Código de Procedimiento Civil para este tipo de actuación, máxime cuando la Juez Primero Civil del Circuito de Descongestión de Bucaramanga cumplió con el control de legalidad que les asiste y expuso uno a uno la argumentación fáctica y jurídica bajo la cual estuvo cimentada la decisión objeto de reproche, por lo cual no existe mérito alguno para considerar que por este flanco se incurrió en una vía de hecho”, especialmente cuando frente al tema de la actividad de interpretación la Corte ha sido enfática en afirmar, que “la mera inconformidad de la parte o accionante frente a una decisión judicial no constituye una vía de hecho, ni mucho menos desconocimiento de sus derechos fundamentales, por resultarle desfavorable”.

A la par adujo que “cada uno de los asuntos y peticiones puestas a su consideración dentro de del trámite del proceso ordinario, fueron desatados de fondo y con total apego de la realidad procesal evidente en la foliatura y con plena aplicación de las normas adjetivas como sustanciales aplicables al caso concreto, sin que de su proceder se pueda juzgar una conducta arbitraria, amañada o desconocedora de los preceptos legales como constitucionales y que su actuar haya desbordado los límites de la instancia” y agregó que “[l]a tutela contra decisiones proferidas en los respectivos procesos, solo procede en forma excepcional en los casos que se han señalado jurisprudencialmente, cuando con ella se atente contra el derecho fundamental al debido proceso y la providencia incurra en “vía de hecho” siempre y cuando la parte afectada no haya tenido la oportunidad de ejercer su defensa”; sin embargo, en el presente asunto, “la decisión materia de reproche fue adoptada conforme a derecho, aunque contraria a los intereses de la aquí peticionaria”.

Concluyó así que “en el presente caso no concurren los presupuestos necesarios, para que se abra paso al amparo constitucional implorado por la accionante, pues como en líneas anteriores se dijo, no se avizora reproche alguno en el proceder de la funcionaría judicial accionada, como tampoco se otea la configuración de una vía de hecho capaz de invalidar lo actuado en Sede de segunda instancia; razones por las cuales el amparo implorado esta llamado al fracaso, pues ordenar lo contrario sería en verdad lesionar derechos fundamentales de la parte demandada al interior del proceso ordinario” (fls. 72-81 cdno. 1).

La impugnación

La formuló la gestora con fundamento en similares argumentos a los referidos en el libelo inicial y haciendo énfasis en que no incurrió en la reticencia que alega la entidad aseguradora (fls. 109 a 111 cdno. 1).

Consideraciones

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación “con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’”, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que “no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo” (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).

El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de “Estado Social de Derecho” y la disposición contemplada en el artículo 4º de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepción la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos:

1. Generales: “a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela” y, 2. Especiales: “a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución” (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).

2. Estudiada la inconformidad planteada, es evidente que la reclamante, considera que la funcionaria censurada incurrió en causal específica de procedibilidad por defecto procedimental y desconocimiento del precedente, al proferir la resolución de 7 de octubre de 2015 que revocó la sentencia de primer grado y declaró de oficio la falta de legitimación por activa y, consecuencialmente le negó las pretensiones.

3. Del examen de las pruebas arrimadas, se encuentra lo siguiente en relación con la queja constitucional:

a) La gestora demandó a BBVA Seguros de Vida S.A., solicitando las siguientes condenas: i) “Que la aseguradora BBVA Seguros de Vida S.A. Reconozca y pague la suma de: sesenta y ocho millones de $ 68’000.000 m/cte. Más los intereses moratorios desde que se hizo exigible el contrato de póliza de Vida Grupo Deudores Nº 0110043, que cubre la Obligación crediticia Nº 9600017161 con el Banco BBVA Colombia S.A. Contenida en la Escritura Pública 854 de fecha 23 de mayo de 2012, Notaría Primera del Círculo de Barrancabermeja, S. que ampara el riesgo por concepto incapacidad total y permanente de la señora Elsa Raquel Herrera Garavito” y ii) “La devolución de las cuotas canceladas a partir de la fecha en que le fue decretada dicha invalidez, 21 de noviembre de 2012, por La Foscal Fundación Avanzar FOS. Con intereses moratorios hasta que se haga efectiva dicha devolución” (fls. 8-9 cdno. 2ª inst.).

b) El 1º de diciembre de 2014 el Juzgado 8º Civil Municipal de Menor Cuantía de Bucaramanga profirió sentencia dentro del referido juicio, declarando “no probada la excepción de mérito denominada “inexistencia de la obligaci[ó]n del asegurador por nulidad del contrato de seguro", propuesta por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.” y le ordenó a dicha aseguradora que “haga efectiva la póliza seguro de vida deudores frente a la obligación crediticia Nº 9600017161, procediendo a la cancelación del saldo total insoluto, junto a sus intereses en cabeza de la demandante Elsa Raquel Herrera Garavito”. Asimismo, negó la petición de “Devolver el valor de las cuotas canceladas por la demandante […] frente a la obligación crediticia Nº 9600017161 a partir del 21 de noviembre de 2012 hasta la fecha”, así como también de “alguna clase de intereses sobre el saldo insoluto derivado de la obligación crediticia Nº 9600017161” (fls. 23-31 cdno. 1).

b)(sic) El 7 de octubre de 2015 ante el recurso de apelación planteado por la entidad aseguradora —único impugnante— el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de la misma ciudad resolvió “revocar” el fallo impugnado y declarar “probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, de acuerdo a lo expuesto, y consecuencialmente n[egar] las pretensiones de la demanda”, así como también, condenar en costas de ambas instancias a la aquí actora.

Para adoptar su determinación la autoridad de circuito querellada, entre otras reflexiones, sostuvo que “atendiendo a la responsabilidad civil contractual que se enrrostra [sic] a la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., tenemos como hechos que se aceptan lo siguientes: la existencia del contrato de seguro contenido en la póliza, “Seguro Vida Grupo Deudores P[ó]Liza 0110043, de la cual se extrae —de utilidad— la siguiente información:

— Entidad aseguradora: BBVA Seguros

— Póliza Nº: 0110043

— Fecha contabilización del crédito: 31-05-2012

— Vigencia: 31-05-2012

Tomador beneficiario: BBVA Colombia

— Asegurado: Elsa Raquel Herrera Garavito

— Profesión: Educador

— Obligación Nº: 00130603079600017161

— Valor de la obligación: $66.000.000

— Prima mensual: $44.421

— Declaración de asegurabilidad (...).

Seguidamente expresó que partiendo de los presupuestos del contrato de seguro y antes de cualesquiera estudio, “corresponde verificar si efectivamente quien reclama Judicialmente el amparo contratado ostenta o no la calidad que aduce”, para lo cual tuvo en cuenta que “si bien es cierto la decisión de segunda instancia en general debe ceñirse a los argumentos expuestos en el recurso impetrado, dicho imperativo procesal no opera en lo concerniente a la verificación oficiosa por parte del juez, respecto a la legitimación en la causa, porque esta, constituye un exigencia de la sentencia, independiente de la conducta procesal que asuman las partes, debiendo el juez en cualesquiera caso, se reitera, aún de oficio, verificar si efectivamente los convocados en la relación jurídica procesal, corresponden o no a los sujetos que la debieron integrar, como bien lo ha señalado la jurisprudencia” (resaltado del texto original) .

Parejamente señaló que “el pago de la indemnización que reclama la demandante se fundamenta en el seguro de vida grupo deudores póliza Nº 0110043, negocio jurídico éste donde se identifican como sujetos involucrados al Asegurador al BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., Tomador Beneficiario al BBVA Colombia y como Asegurado a la señora Elsa Raquel Herrera Garavito”, por lo que “de entrada se advierte que la demandante no tendría, —por la vía que escogió— legitimación para pretender el pago del amparo contratado, habida cuenta que si bien es cierto la interesada aparece referida en el acápite 'datos del asegurado", también lo es que su calidad no corresponde a la del titular, acreedor o beneficiario de la obligación *el banco* y tampoco la de quien amparó el crédito otorgado *la aseguradora*; así entonces y conforme lo tiene establecido la jurisprudencia —tanto de casación como de este Distrito Judicial—, la legitimada para el reclamo y pago del amparo salvo casos especiales de subrogación— es el tomador o beneficiario del mismo —BBVA Colombia S.A.—” (negrillas estas y las que siguen del texto original).

En tal sentido acotó que “[de]l examen de la póliza Nº 0110043 arrimada a éste proceso, se observa que quien aparece como beneficiario, inclusive a la vez que tomador —dos calidades— es la persona jurídica BBVA Colombia S.A., póliza que se suscribió con el fin de asegurar un préstamo de dinero u obligación crediticia Nº 00130603079600017161, por lo que huelga reiterarlo, el beneficiario de la póliza es el BBVA Colombia S.A., quien ostenta dicha calidad a título oneroso, por lo que se convierte en el habilitado o legitimado jurídicamente para demandar el pago de la indemnización correspondiente, es decir, el pago derivado de la materialización del riesgo, incapacidad total y permanente, de la persona que adquirió el crédito”.

En ese orden de ideas expuso que, “si bien es cierto a la funcionaría de instancia ningún reparo le valió el análisis que dice haber hecho sobre el contenido de la póliza, pues recordemos que se valió de un concepto de la Superfinanciera donde entre otras cosas hizo suya la siguiente definición, el “Beneficiario (...) en estos seguros será, a título oneroso, el tomador en concurrencia del saldo insoluto de la deuda” (vuelto fl. 138 cdno. 1), pese a ello no encontró, como lo venimos indicando, que la parte demandante no tenía legitimación en la causa por activa, pues esa calidad no recaía en ella”, como se reiteró en Jurisprudencia de Casación de 29 de septiembre de 2005, expediente 22940-01.

A título de colofón sostuvo que “habiéndose demandado por parte de la señora Elsa Raquel Herrera Garavito a efectos de obtener el pago de un importe para cubrir un crédito o el saldo del mismo, cuando en precedencia se explica que no es ella sino la entidad financiera quien podía y aún puede perseguir o pretender dicho pago, el que además está a cargo del ente asegurador; (…) lo que corresponde declarar es que dicho sujeto procesal era una demandante ilegítima, cosa que debe oficiosamente éste despacho indicar en la resolutiva como una “Falta de legitimación en la causa por activa”, la que si bien no aparece planteada por la sociedad demandada BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., con claridad refulge y como imperativo se impone, pues como lo tiene dicho Ugo Rocco—, con voz de autoridad en la jurisprudencia patria, “es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste” (subraya el despacho)”, la cual, en relación con alguna de las partes “conlleva la negación de sus pretensiones, que en estricto sentido implica la resolución oficiosa sobre los presupuestos indispensables para desatar de mérito la cuestión litigada” [negrilla y subrayado del texto original].(fls. 7-22 ibíd.).

4. Analizada la providencia cuestionada, advierte la Sala que la solicitud de amparo constitucional debe prosperar, toda vez que efectivamente la autoridad judicial censurada incurrió en un proceder que vulnera el derecho fundamental invocado por la promotora, motivo por el que se revocará la decisión tutelar discrepada según pasa a precisarse.

4.1. En primer término, observa la Corte que el objeto del libelo incoativo de ese trámite ordinario de “responsabilidad civil contractual”, que promovió la asegurada en contra de la entidad garante se circunscribió a i) “[que] la aseguradora BBVA Seguros de Vida S.A. Reconozca y pague la suma de: sesenta y ocho millones de $ 68’000.000 m/cte.

Más los intereses moratorios desde que se hizo exigible el contrato de póliza de vida grupo deudores 110043, que cubre la Obligación crediticia Nº 9600017161 con el Banco BBVA Colombia S.A. Contenida en la Escritura Pública 854 de fecha 23 de mayo de 2012, Notaría Primera del Círculo de Barrancabermeja, S. que ampara el riesgo por concepto incapacidad total y permanente de la señora Elsa Raquel Herrera Garavito” y, ii) se ordenara “[l]a devolución de las cuotas canceladas a partir de la fecha en que le fue decretada dicha invalidez, 21 de noviembre de 2012, por La Foscal Fundación Avanzar FOS. Con intereses moratorios hasta que se haga efectiva dicha devolución” (fls. 8-9 cdno. 2ª inst.).

4.2. El Juzgado querellado, al desatar la segunda instancia, declaró probada, de oficio, la excepción de “Falta de legitimación en la causa por activa”, revocó el fallo de primer grado y negó las pretensiones, al estimar que “no es [la asegurada] sino la entidad financiera quien podía y aún puede perseguir o pretender dicho pago”, pues es “quien aparece como beneficiari[a en la póliza]”, resolución que, si bien invocó pronunciamientos de la Corte, no efectuó ningún análisis respecto al sentido de la pretensión formulada “el pago de la obligación crediticia”, como tampoco hizo alusión al criterio jurisprudencial vigente de la Sala en torno al derecho que le asiste al “deudor asegurado” para reclamarle a la aseguradora, el cumplimiento del negocio contractual en favor del beneficiario.

4.3. Cierto es que el “asegurado deudor” en tratándose de “seguros de vida grupo deudores” está facultado para pedirle a la entidad garante el cumplimiento del contrato, esto es, que pague lo que debe y a quien corresponde.

Frente al tema, esta corporación sostuvo que:

Lógicamente que la viuda ni nadie distinto al beneficiario del seguro podría demandar la prestación del seguro para sí. Bien es verdad que el contrato no puede convertir a un tercero en acreedor; ni tampoco, agrégase, en deudor. Cosa que no está haciéndose aquí: no se remite a duda que eso concierne exclusivamente al beneficiario. Simplemente está exigiendo que la aseguradora pague lo que debe; y hay que entender en sano discernimiento que la súplica es que pague a quien debe pagar, esto es, a la caja, cual resultó ordenándolo el tribunal. Interés de sobra tiene en ello. Si la caja halló gratuitamente quién le asegurara que a la muerte del deudor tenía derecho a un monto igual al saldo insoluto de la deuda, y si para así ponerse a cubierto de eventuales pérdidas acudió a que su deudor pagase por ello (las primas del seguro), la viuda puede elevar su voz, precisamente porque la función económico-jurídica del seguro ha sido puesta en vilo ante la paciencia, aquiescencia, pasividad o tolerancia de la caja. Dicha actitud causa de rebote un perjuicio en el patrimonio del causante y a su turno en el de la herencia y sociedad conyugal. Perfectamente dirá la viuda que los seguros, y más lo que le han costado, son para eso, para cumplirse, porque esa es su función normal y corriente; que para algo ha de servir el seguro. Cuando el seguro disputado en este juicio se contrató, es verdad meridiana que el deudor, tanto o más que el propio Banco prestamista, está interesadísimo y hasta muy confiado en las proyecciones económicas que tal seguro reflejaría en su órbita patrimonial, y acaso fue por ello que decidió pasar por la condición de pagar, de buen grado o no, la prima a la aseguradora que de ordinario, dicho sea de ocasión, le señala el mismo Banco. Difícil imaginar interés más fúlgido. Mandarle que no despegue sus labios porque no es parte en el seguro, o porque el Banco, que sí es parte, puede obrar a su antojo, resulta una orden desproporcionada e inicua. Oírla, pues, parece lo más sensato y de elemental justicia. Su clamor no es otro que éste: el pago a mi acreedor, al propio tiempo me libera; ordénenle, por consiguiente, que cumpla (SCJ SCC 28 jul. 2005, rad. 1999-00449-01, reiterado en SC 15 dic. 2008, rad. 2001-01021-01).).

4.4. Y es que, revisada la demanda con que se promovió la declaratoria judicial, cuya frustración motivó la protección constitucional, puede inferirse sin temor a dudas que la actora no pidió para sí el desembolso del valor que le correspondía asumir a la aseguradora. En una interpretación apropiada del libelo debió haberse concluido que la asegurada no pretendía asumir la condición de beneficiaria, pues, no la ostentaba.

La anterior manifestación se reafirma con lo expresado en el hecho sexto del escrito incoativo donde refiere que “al solicitarle por intermedio del Banco BBVA Colombia S.A. […] a la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. el pago por concepto del riesgo pactado en la póliza por invalidez o incapacidad permanente, que cubre la obligación crediticia por el saldo adeudado de sesenta y ocho millones de pesos $68’000.000 m/cte. Se negó a cancelarlo”, exposición fáctica que devela que la petición de cumplimiento se realiza en favor de la entidad bancaria acreedora, más no que por el ejercicio de la acción se atribuya la condición de beneficiaria.

En reiterada oportunidades la Corte ha expresado que una de las labores esenciales del juez en función de dirimir el conflicto consiste en realizar los esfuerzos necesarios para aprehender el verdadero propósito u objetivo de la acción incoada; en el presente asunto es evidente que no se logró tal finalidad y de ahí el error que habilita el amparo que se concede.

Así se ha pronunciado esta corporación

En coherencia, la interpretación judicial de la demanda debe ser seria, fundada, razonada e integral, puesto que, cual igualmente tiene precisado esta Corporación, la “intención del actor está muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho” (CSJ SC 6 sep. 2010, rad. 00085, reiterada, entre otras, en SC 31 jul. 2013 rad. 2000-00214-01).

4.5. El reclamo, en síntesis, que presentó la actora a la demandada para que asumiera el compromiso propio de quien funge como asegurador, que no es otro que cumplir la obligación una vez acaezca el siniestro, contaba con todo el respaldo legal y jurisprudencial, pues sus intereses pendían de que la aseguradora honrara el convenio ajustado como era salir a cubrir la deuda hipotecaria pendiente ante el surgimiento del hecho imprevisto e incierto y en ese contexto, itérase, su calidad de “asegurada” le servía de suficiente soporte a tales propósitos.

4.6. Con fundamento en lo expuesto, dimana el aserto anteriormente elevado en el sentido de que al desatarse la segunda instancia se obró con irregularidad por parte de la funcionaria querellada, configurándose, entonces, el quebranto de la garantía fundamental prevista por el artículo 29 de la Carta Política.

5. Corolario de lo anterior, se impone infirmar la providencia impugnada, para en su lugar conceder la tutela deprecada, dejando sin valor y efecto el fallo de segunda instancia, así como las demás eventualmente dictadas que se desprendan de aquella, a fin de que estudie de nuevo y de fondo el recurso impetrado.

Empero, comoquiera que el despacho de descongestión censurado no fue prorrogado, y el proceso objeto de la queja constitucional fue remitido al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, se dispondrá que dicho funcionario judicial en el término de diez (10) días contado a partir de la notificación de esta providencia, se pronuncie nuevamente a fin que proceda a emitir el veredicto de fondo que en Derecho corresponda, conforme a las consideraciones aquí expuestas analizando la legitimación en la causa del deudor asegurado para reclamar el cumplimiento del contrato de seguro, conforme a los criterios jurisprudenciales vigentes de esta Sala y consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, advirtiéndose que la orden impartida en manera alguna direcciona el sentido pleno del fallo que debe proferir.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede y, en su lugar, dispone:

1. TUTELAR a favor de Elsa Raquel Herrera Garavito el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, se deja sin efecto la providencia de 7 de octubre de 2015, emitida por la célula judicial acusada y todas las actuaciones que de ella se desprendan, de acuerdo a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

2. Se le ordena al Juez Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, que en el término de diez (10) días contado a partir de la notificación de esta resolución, proceda a emitir la determinación que en derecho corresponda, conforme a las consideraciones explicitadas. Remítasele copia de este fallo.

3. Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.