Sentencia STC 13464-2017/2017-00135 de agosto 31 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.:47001-22-13-000-2017-00135-01

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Alonso Rico Puerta

(Aprobado en sesión de treinta de agosto de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 12 de julio de 2017, dentro de la acción de tutela promovida por Duván Rafael Badillo Montenegro contra el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Comando de personal, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, el defensor de familia y el Ministerio Público.

Antecedentes

1. El solicitante reclama la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna, familia, “subsistencia”, estabilidad laboral reforzada y salud, presuntamente vulnerados por las accionadas, al retirarlo del servicio por disminución de su capacidad psicofísica, sin calificar adecuadamente sus aptitudes ni evaluar la posibilidad de que desempeñara otras funciones en áreas que se ajusten a su situación particular, así como al omitir la práctica del Tribunal Médico de Retiro.

Igualmente, estima que se le causa un perjuicio irremediable a él y su familia, conformada por su esposa y dos hijos, cuyo sostenimiento ya no podrá asumir como consecuencia de la desvinculación del Ejército Nacional.

2. Como sustento de su reclamo señala, en síntesis, que desde el 10 de agosto de 2010 se vinculó a la institución castrense, en condición de soldado profesional, hasta el 20 de febrero de 2017, cuando fue retirado por disminución de su capacidad psicofísica.

Relata que la enfermedad que ocasionó la merma en su condición de salud tuvo origen en el rayo que recibió el 29 de julio de 2014 mientras se “encontraba (…) realizando operaciones de seguridad y defensa de la fuerza”, pues como consecuencia de dicha descarga sufre “pérdida del oído bilateral grado severa-profunda tipo neurosensorial (…)hipoacusia postxecuelas (…) bloqueo incompleto de rama derecha dolor torácico tipo picada(…) bloqueo de rama derecha del haz y los no especificados. r074 dolor en el pecho (…) escoliosis lumbar de conexividad derecha de tipo postural o antalgica y espondiliosis dorsal, severa disminución de la sensibilidad retiniana con escotomas y generalizados que preservan área central y paracentra visón borrosa (…) trastorno de estrés postraumático (…) trastorno de adaptación vs otros trastornos mentales especificados debidos a lesión y disfunción cerebral y a enfermedad física”.

Sostiene que “por todos los diagnósticos, y debido a las afectaciones a [su] salud (…) [lo] incapacitaron de manera continua y sucesiva (…) desde los meses de noviembre y diciembre de 2014, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2015 (…), enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016 y (…) enero, febrero, marzo y abril de 2017”, advirtiendo que durante los referidos periodos, pese a la situación de vulnerabilidad en que se encontraba le “retenían [el] salario mensual y [lo] hacían viajar desde el municipio de Pueblo Viejo hasta el municipio de Tame (Arauca) donde se encuentra la base militar, con más de 18 horas de viaje por bus y con un gasto de más de trescientos mil pesos ($ 300.000)”.

Afirma que se le practicó junta médico laboral en la que se determinó que sufría de “escoliosis/dorso lumbar (…), agudeza visual con corrección (…), alteración de la marcha-sensibilidad alterada (…), parestesias y disestesias en mil (…) alteración visual”; afecciones que según los especialistas redujeron su capacidad laboral en un 9.5%, como se desprende del Acta 88512 de 8 de julio de 2016, notificada personalmente al interesado el 25 siguiente.

Señala que inconforme con el resultado de la valoración de dicho comité, el 4 de noviembre de 2016 presentó solicitud de revisión ante el Tribunal Médico Laboral, al tiempo que pidió ser trasladado a Bogotá “debido a que todos los procedimientos y tratamientos que le faltaban debían realizarse en dicha ciudad”, en donde también se le harían los exámenes para obtener el nuevo concepto reclamado.

Relata que, de manera sorpresiva, encontrándose incapacitado y a la espera de la nueva evaluación de su condición de salud, el 20 de febrero de 2017, lo llamaron para notificarse personalmente de la orden administrativa de personal 1014 de 13 de enero de 2017, mediante la cual lo retiraron del servicio activo, con fundamento en los artículos 8º y 10 del Decreto-Ley 1793 de 2000.

3. En consecuencia, pretende que se ordene: i) su reintegro a las filas del Ejército Nacional, en tanto que goza de estabilidad laboral reforzada, pues se encontraba incapacitado al momento en que se efectuó su desvinculación; ii) la realización del Tribunal Médico Laboral que solicitó y fue aprobado, para resolver su reclamación en contra de la decisión de la junta médico-laboral, que determinó la disminución de su capacidad psicofísica; iii) el pago de los salarios adeudados, que le han sido retenidos; y iv) la resolución de su solicitud traslado a la ciudad de Bogotá, presentada el 4 de noviembre de 2016 (fls. 1 a 12, cdno. 1).

Respuesta de los accionados y vinculados

1. La Procuradora 25 Judicial II de Familia manifestó que el amparo era procedente dada la condición de sujeto de especial protección del demandante, quien tiene una merma de su estado de salud, lo cual hace imperiosa la intervención del juez de tutela para amparar de forma idónea y eficaz las prerrogativas invocadas (fls. 133 a 138, ibídem).

2. El director general de sanidad militar, después del fallo de primera instancia, informó que su grupo de afiliación y validación de derechos expidió un certificado en el que consta que el demandante pertenece al subsitema de salud de la fuerzas militares, su estado es activo y, como tal, goza de los servicios médicos asistenciales aprobados en el Acuerdo 2 de 27 de abril de 2001 (fl. 184, ibídem).

La sentencia impugnada

El Tribunal constitucional concedió parcialmente la protección suplicada, en lo relacionado con la realización del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, el cubrimiento del costo de los desplazamientos, hospedaje y alimentación del interesado y un acompañante al lugar donde deberá realizarse los exámenes pertinentes, y la prestación de los servicios de salud que requiera para el restablecimiento de su condición psicofísica.

Por otra parte, negó la pretensión de reintegro al cargo desempeñado al existir otro medio de defensa judicial para tal efecto, como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que dispuso su retiro del servicio activo (fls. 150 a 165, cdno. 1).

La impugnación

Fue formulada por el actor, quien insiste en que goza de estabilidad laboral reforzada en razón a su estado de discapacidad, con fundamento en la que exige se disponga su reintegro laboral sin solución de continuidad, además, teniendo en cuenta que su núcleo familiar depende económicamente del ingreso mensual que percibía como soldado profesional (fls. 179 a 181, cit.).

Consideraciones

1. Del examen de la demanda de amparo se deduce que el actor impugna, a través de ella, la orden administrativa de personal Nº 1014 del 13 de enero de 2017, notificada personalmente el 20 de febrero siguiente, por medio de la cual el comando de personal del Ejército Nacional dispuso su retiro del servicio activo, por disminución de la capacidad psicofísica y sin derecho a reubicación laboral.

Esta decisión se fundó en las conclusiones contenidas en el Acta de Junta Médica Laboral Nº 88512 del 8 de julio de 2016, notificada personalmente el 25 siguiente, que fijó tal merma en 9.5% y calificó su incapacidad como “permanente parcial”, por lo cual lo declaró “no apto - para actividad militar” y agregó que: “en cuanto a la sugerencia de reubicación laboral se da en forma negativa ya que presenta patología de origen mental que le impide realizar satisfactoriamente las funciones militares” (fl. 96, cdno. 1).

2. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.

No obstante, debido a que el accionante es un sujeto de especial protección constitucional, en razón de su condición de disminución psicofísica, que afecta su capacidad laboral, la cual es consecuencia de las lesiones y afecciones que adquirió durante actos del servicio, en los que sufrió una “descarga eléctrica por rayo con aturdimiento”, se activa la vía del amparo constitucional.

Sobre la viabilidad de la intervención directa del juez de tutela en casos como el aquí planteado, la Corte Constitucional ha puntualizado:

“(…) la protección constitucional de los policías y soldados discapacitados tiene una “relevancia especial” por razón, precisamente, de la labor que desempeñaban y que determinó finalmente la disminución de su capacidad psicofísica. Así lo indicó esta Corte:

“En efecto, a la Fuerza Pública la Carta Magna le asignó la función de la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional, para lo cual los miembros de las instituciones militares y de policía comprometen hasta la vida misma, por ello, al Estado, a través de todas sus instituciones y funcionarios, le asiste el deber de proteger integralmente a sus servidores que, durante el ejercicio de sus funciones, adquieren enfermedades o lesiones que no les permiten estar en igualdad de condiciones que sus demás compañeros, pues, sus circunstancias son especiales por la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentran, por ello, la respuesta que deben esperar de su empleador es de solidaridad, apoyo, protección de sus derechos; y una actitud desprovista de discriminaciones” (CCT-1048 de 2012).

Por tanto, teniendo en cuenta que el demandante: (i) es un sujeto de especial protección constitucional, en tanto fue calificado con una incapacidad parcial permanente que provino de la prestación de sus servicios personales a la defensa de la seguridad nacional, y que (ii) se encuentra en una situación de vulnerabilidad agravada, en la medida en que tenía dedicación exclusiva a la carrera militar sin que se haya instruido en alguna otra y su salario era la fuente principal de ingresos del núcleo familiar que conforma junto a su esposa y dos hijos, considera la sala que procede el estudio de fondo de las pretensiones del actor a fin de determinar la eventual adopción de medidas de protección urgentes e impostergables a su favor.

3. Para resolver materialmente la presente acción, es preciso partir de que no se trata de un asunto sobre trabajadores del régimen común, sino de soldados vinculados al Ejército Nacional, quienes gozan de una normativa especial consagrada en el Decreto 1793 de 2000, a través del cual se expide el régimen de carrera y estatuto del personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares, que en su artículo 1º define al soldado profesional en los siguientes términos:

“ART. 1º—Los soldados profesionales. Los soldados profesionales son los varones entrenados y capacitados con la finalidad principal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la conservación, restablecimiento del orden público y demás misiones que le sean asignadas”.

En relación con las causales de retiro del servicio el artículo 8º del mismo estatuto, señala:

a.Retirotemporalconpasealareserva 

1. Por solicitud propia.

2. Por disminucióndelacapacidadpsicofísica.

3. Por existir en su contra detención preventiva que exceda de sesenta (60) días calendario”.

Respecto a la causal dispuesta en el numeral segundo del letra a), el artículo 10 del mismo cuerpo normativo dispone que podrá ser retirado del servicio activo el soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica requeridas por la ley:

“ART. 10.—Retiro por disminución de la capacidad psicofísica. El soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes, podrá ser retirado del servicio”.

Por su parte, el Decreto 1796 de 2000 regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral de los miembros de la Fuerza Pública, definiéndola en su artículo 2º y clasificándola en el 3º, en los siguientes términos:

“ART. 2º—Definición. Es el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones.

La capacidad sicofísica del personal de que trata el presente decreto será valorada con criterios laborales y de salud ocupacional, por parte de las autoridades médico-laborales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

“ART. 3º—Calificación de la capacidad psicofísica. La capacidad sicofísica para ingreso y permanencia en el servicio del personal de que trata el presente decreto, se califica con los conceptos de apto, aplazado y no apto.

Es apto quien presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.

Es aplazado quien presente alguna lesión o enfermedad y que mediante tratamiento, pueda recuperar su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.

Es no apto quien presente alguna alteración sicofísica que no le permita desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.

PAR.—Esta calificación será emitida por los médicos que la dirección de sanidad de la respectiva fuerza o de la Policía Nacional autorice para tal efecto”.

Ahora bien, aun cuando estas disposiciones indican que los soldados profesionales pueden ser retirados del servicio activo cuando presenten disminución en su capacidad psicofísica, esta facultad no opera automáticamente en detrimento de sus garantías y derechos constitucionales.

Es por esto que la Corte Constitucional ha sostenido que si la discapacidad se adquiere con ocasión del servicio o como producto directo del mismo, las fuerzas militares deben hacerse cargo de la atención médica del afectado. En concreto, en providencia T-076 de 2016 señaló lo siguiente:

“Cuando la lesión o enfermedad (i) es producida durante o por ocasión de la prestación del servicio y (ii) es generada como producto directo de la actividad desempeñada o (iii) es la causa de la desincorporación de las fuerzas militares o de policía, las fuerzas militares o de policía deberán hacerse cargo de la atención médica” (CCT-076 de 2007).

Vale aclarar que esta misma sentencia, al referirse a la reincorporación de los soldados que se encuentran en dicha situación, de manera alguna exige su reintegro a desarrollar labores incompatibles con sus capacidades sino todo lo contrario, esto es, que se tengan en cuenta tanto su porcentaje de pérdida de capacidad psicofísica, grado de escolaridad, así como sus habilidades o destrezas.

Al respecto, en la Sentencia T-081 de 2011, se precisa:

“(…) es importante destacar que la desvinculación del demandante de la fuerza castrense lo deja desprovisto de un trabajo que le permita desarrollarse de manera efectiva en la sociedad, este retiro desconoce los preceptos trazados por la Organización Internacional del Trabajo en materia de integración social, por ello es vital comprender que a pesar de que las personas que hacen parte de un cuerpo institucional armado son formadas para la guerra y su trabajo está dado dentro del conflicto, no por ello cuando por curso de este se ven transgredidas en su integridad física o síquica dejan de ser útiles en su labor y para la sociedad. Por consiguiente, no deben ser desvinculadas sin que medien formas de contrarrestar el daño ocasionado” (CCT-081 de 2011).

En otro caso similar, en Sentencia T-459 de 2012, la Corte Constitucional ordenó el reintegro de un soldado que estuvo vinculado al Ejército Nacional alrededor de 8 años, quien fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 11% como consecuencia de un accidente, y retirado del servicio activo bajo el argumento de no ser apto para seguir desempeñando su labor como soldado profesional.

En esa ocasión el Ejército Nacional sostuvo que el despido obedeció a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1793 de 2000, tal como acontece en el presente asunto. Manifestó que la labor militar implica una exigencia física y mental máxima que requiere de personal plenamente capaz, condición con la que no contaba el soldado debido a su incapacidad parcial. La Corte, sin embargo, decidió inaplicar dicha norma por considerar que producía un efecto inconstitucional frente a las circunstancias particulares del actor, con el siguiente fundamento que, por su analogía en relación con los hechos que aquí se analizan, se cita in extensu:

“5.3. Bajo estos hechos, la sala advierte que el Ejército Nacional desconoció su obligación de proteger a quienes han luchado por defender la Nación, dejando a un lado los deberes de solidaridad y de dar un trato preferencial a aquellas personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Adicionalmente, la desvinculación del soldado resulta reprochable, puesto que se fundamenta en la disminución de su capacidad física, sin evaluar a fondo si este podía continuar prestando sus servicios como conductor, así como lo hizo durante un año y medio o en otra dependencia de la institución.

Resulta preocupante la afirmación realizada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía según la cual el actor no “posee capacitaciones, destrezas o habilidades aprovechables”, toda vez que desconoce los mandatos constitucionales de dar un trato preferente a quienes han sufrido mengua en su capacidad física con el objeto de lograr una igualdad real.

Por esta razón, y como lo ha decidido esta corporación en las sentencias T-503 de 2010 y T-081 de 2011, se procederá a inaplicar por inconstitucional el artículo 10 del Decreto 1793 de 2000 que consagra la disminución de capacidad laboral como causal de retiro de la institución demandada. De lo contrario, se prolongaría la vulneración de los derechos fundamentales del señor Pabón Moreno a la estabilidad laboral reforzada, la igualdad, el trabajo, la salud, la dignidad humana y la seguridad social” (CCT-459 de 2012).

Esta misma línea jurisprudencial ha sido mantenida por esta Corte, en casos similares al actual, concediendo el amparo y ordenando el consecuente reintegro del soldado desvinculado por la pérdida de capacidad psicofísica con ocasión del servicio. Así, en la Sentencia STC13697-2015 del 8 de octubre de 2015 (rad. 68001-22-13-000-2015-00512-01), se resolvió:

“proteger los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital del tutelante, debido a que se trata de un sujeto de especial protección dada su condición de disminución psicofísica, que afecta su capacidad laboral, al punto de ser declarado “no apto”, ni sugerirse su “reubicación laboral”, tal como lo determinó el Tribunal Médico Laboral en junta del 11 de mayo de 2015, lo cual mina sus posibilidades de vincularse laboralmente a la sociedad civil y proveer su sustento propio y el de su familia conformada por su esposa y su hija de 1 año y 6 meses de edad, quienes dependen de él, afirmación que no fue desvirtuada por la autoridad accionada”

En consecuencia, esta sala reitera que si una persona vinculada a las fuerzas militares sufre una disminución de su capacidad psicofísica, la institución está en el deber constitucional de intentar, en principio, su reubicación a una plaza en la cual pueda cumplir con una función útil a la sociedad.

Es esta la exigencia que se desprende de los mandatos constitucionales, legales e internacionales que obligan al Estado a brindar protección reforzada a las personas discapacitadas, mediante acciones afirmativas que procuren su plena rehabilitación e integración social.

Por ende, es forzoso para las autoridades castrenses, tomar en consideración esta obligación superior al momento de aplicar los artículos 8.2 y 10 del Decreto 1793 de 2000, a fin de que: (i) se limite su ámbito de eficacia a aquel sector de la población cuya vinculación efectivamente causaría un perjuicio desproporcionado a la institución y función militar; y (ii) se evite la consumación de un perjuicio irremediable en contra de quienes han sufrido lesiones y afecciones permanentes con ocasión del servicio militar prestado al país.

En este sentido, una afectación menor de los derechos del peticionario, en su condición de soldado discapacitado es, por ejemplo, que se le permita seguir laborando en la institución, desempeñando cualquiera de las funciones para las cuales no se encuentren limitado psicofísicamente, tales como de instrucción, docencia o administrativas, entre otras.

Esta es una posibilidad que se le negó inmotivadamente al actor, por parte de la junta médico laboral, en el Acta 88512 que desaconseja su reubicación laboral sin análisis alguno.

Al respecto, llama la atención de esta sala que una disminución de la capacidad psicofísica inferior al porcentaje mínimo requerido para ser considerada como moderada, resultó suficiente en sí misma para que ese comité considere al afectado como una persona incompetente para desempeñar cualquier tipo de funciones dentro de la fuerza pública, lo cual en principio atenta contra su dignidad y configura un trato discriminatorio que la accionada ni siquiera procuró desvirtuar.

De esta manera, resulta una amenaza cierta para los derechos fundamentales del demandante que su reclamación en contra de este dictamen que lo declara no apto, la cual data del 4 de noviembre de 2016, a la fecha, casi diez (10) meses después, aún no haya sido resuelta por el Tribunal Médico Laboral, lo cual constituye una omisión del cumplimiento de sus deberes funcionales, consagrados en el artículo 21 del decreto 1796 de 2000 que atenta contra la vida, salud y mínimo vital de aquel.

4. Adicionalmente, a esta falta de motivación de la negativa de la junta médico laboral a recomendar la reubicación laboral del peticionario, destaca esta sala la falsa motivación de la orden administrativa de personal 1014 de 13 de enero de 2017, mediante la cual lo retiraron del servicio activo, con fundamento en los artículos 8º y 10 del Decreto-Ley 1793 de 2000, tal como pasa a explicarse.

Al respecto, se debe recordar que, según el procedimiento para determinar la disminución de la capacidad psicofísica, contenido en el Decreto 1796 de 2000, los exámenes que permiten su clasificación para los miembros de la fuerza pública tienen una validez de 3 meses. Así se lee en su artículo 7º:

“Validez y vigencia de los exámenes de capacidad psicofísica. Los resultados de los diferentes exámenes médicos, odontológicos, psicológicos y paraclínicos practicados al personal de que trata el artículo 1º del presente decreto, tienen una validez de dos (2) meses, contados a partir de la fecha en que le fueron practicados.

El concepto de capacidad sicofísica se considera válido para el personal por un término de tres (3) meses durante los cuales dicho concepto será aplicable para todos los efectos legales; sobrepasado este término, continúa vigente el concepto de aptitud hasta cuando se presenten eventos del servicio que impongan una nueva calificación de la capacidad psicofísica.

El examen de licenciamiento para el personal de tropa deberá ser practicado dentro de los sesenta (60) días anteriores a su desacuartelamiento. El control de este término será responsabilidad directa de la dirección de personal u oficina que haga sus veces en la respectiva fuerza y en la Policía Nacional”.

En el caso concreto, se advierte que la última valoración practicada al demandante consta en el acta de junta médica laboral Nº 88512 del 8 de julio de 2016, mediante la cual se calificó en 9.5% la disminución de su capacidad laboral, sin posibilidad de reubicación, con carácter permanente parcial, y declaración de no apto para desempeñar satisfactoriamente las funciones propias de la vida militar. Por su parte, el acto administrativo por medio del cual se le retiró del servicio, esto es, la orden administrativa Nº 1014 del 13 de enero de 2017, fue expedido seis (6) meses después (fls. 95 y 104, cdno. 1).

Bajo este supuesto, y de acuerdo con lo preceptuado por el inciso segundo del artículo 7º del Decreto 1796 de 2000, la administración no podía fundamentar el retiro del actor con base en el dictamen de un Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar que no tenía validez debido a su ineficacia por el transcurrir del tiempo, toda vez que el retiro del actor sólo se podía dar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se le practicó la última valoración médico laboral, tal como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, a saber:

“El acto de retiro por la causal de disminución de la capacidad psicofísica, debe, en primer lugar, fundarse en el concepto médico de la junta médico laboral que determine la respectiva disminución física y la calificación de ineptitud para la prestación del servicio público y, en segundo término, que el concepto médico que se utilice como fundamento debe estar vigente al momento de la expedición del acto de retiro, esto es, dentro de los noventa días siguientes a la expedición de la calificación médica. De tal manera que, si el acto de retiro se expide con base en un concepto médico vencido, su motivación no corresponde a la realidad, pues expirado el término de vigencia de dicho concepto, la ley consagra como efecto inmediato el recobro de vigencia del concepto de aptitud, circunstancia que desvirtúa la causal de retiro”(1).

Bajo el análisis argumentativo y probatorio que antecede, aprecia la sala que en el caso sub judice la entidad demandada expidió el acto administrativo de desvinculación del actor con base en un concepto médico vencido, razón por la cual su motivación no corresponde a la realidad, pues expirado el término de vigencia de dicho dictamen, la ley y jurisprudencia citadas consagran como efecto inmediato el recobro de vigencia del concepto de aptitud del actor, circunstancia que para el caso desvirtúa la causal de retiro invocada por la demandada.

5. Con fundamento en lo anterior, se revocará parcialmente y adicionará la sentencia del tribunal.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA PARCIALMENTE la sentencia impugnada en el sentido de que, advertida las especiales condiciones en las que se encuentra el peticionario, se dejará sin efectos su ordinal segundo y se tutelará el derecho al trabajo del accionante, en consecuencia RESUELVE:

1. ORDENAR al Ejército Nacional, a través de su Comando de Personal que, en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, deje sin efecto la Orden Administrativa de Personal 1014 de 13 de enero de 2017, por medio de la cual dispuso el retiro del señor Duván Rafael Badillo Montenegro, y, por tanto, proceda a reincorporarlo, sin solución de continuidad, a un cargo acorde a su grado de escolaridad, habilidades y destrezas, así como su actual limitación.

2. Una vez cumplido lo anterior, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía deberá, dentro de los (20) días contados también a partir de la notificación del presente fallo, resolver las reclamación elevada por el actor el 4 de noviembre de 2016 contra el Acta de Junta Médica 88512 de 8 de julio de ese año.

3. Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y oportunamente remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Consejo de Estado. Sentencia de 28 de junio de 2007, rad. 0470-2005, actor: Edilberto Morón Arrieta contra la Policía Nacional. M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, reiterada en Sentencia del 17 de marzo de 2011, rad. 1376-2008, actor: Wilfred Celedón Cotes. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.