Sentencia STC13492-2017/2017-00475 de agosto 31 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona.

STC13492-2017

Rad.: 68001-22-13-000-2017-00475-01

(Aprobado en sesión de treinta de agosto de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Decídese la impugnación interpuesta frente a la Sentencia de 18 de julio de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la tutela instaurada por R.D.C.C. contra el Juzgado Quinto de Familia de la misma ciudad, extensiva al Ministerio Público, la Defensoría de Familia, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y E.J.B.B. con ocasión del juicio de regulación de visitas materia de este ruego.

1. Antecedentes.

1. El gestor suplica la protección de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad acusada.

2. R.D.C.C., expone como base de su reclamo, en síntesis, lo siguiente (fls. 88 a 104):

2.1. Sostuvo una relación sentimental con E.J.B.B., hasta cuando fue acusado de haber cometido presuntamente el delito de abuso sexual contra la descendiente mayor de la citada señora.

2.2. Como desde ese momento está separado de la menor que procreó con E.J., inició un litigio de regulación de visitas a su favor.

2.3. El 27 de enero de 2016 el juzgador enjuiciado decretó de oficio la valoración de la niña para que “(…) se conceptúe respecto de la causa del comportamiento de la infante que dio lugar a instaurar [la] denuncia penal 2015-1518”, examen al cual se opone el impulsor pues, según afirma, uno similar ya fue recaudado en esa investigación, archivada desde el 20 de octubre de 2015 por atipicidad.

2.4. En el decurso reprochado se ordenó provisionalmente restablecer la comunicación entre el tutelante y la menor, a través de video llamada con supervisión de un adulto y orientación del asistente social del juzgado, empero ésta solo se efectuó una vez, porque al gestor se le impuso una medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario.

2.5. En el juicio cuestionado pidió la regulación de las visitas para la familia paterna extensa de su hija, “abuelos y tías”, sin embargo, el querellado la negó mediante providencia del 26 de mayo de 2017.

2.6. Contra esa decisión interpuso recurso de reposición, desestimado por el juez convocado.

3. Pide en concreto i) revocar la prueba de oficio decretada por Auto del 27 de enero de 2016 y ii) ordenar la reglamentación de las visitas entre la menor y sus parientes paternos.

(…)

1.1. Respuesta de los accionados y los vinculados.

a) El Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, se opuso al ruego aduciendo falta de inmediatez en cuanto a la valoración de la infante, teniendo en cuenta que esa probanza fue decretada en el mes de enero de 2016.

Respecto de la regulación de los encuentros de los familiares de C.C., manifestó que esa petición se despachó desfavorablemente “por no concurrir los presupuestos necesarios para [su] prosperidad”, pues la acción fue promovida por el padre, no por aquéllos, “aunado a que no existe relación entre aquéllos y la menor desde hace un tiempo considerable” (fls. 126 y 127).

b) La Procuradora Sexta Judicial II para asuntos de familia, conceptuó:

“(…) las pretensiones van encaminadas a que se reglamenten las visitas en forma definitiva para el padre (…) y no para la familia extensa paterna, circunstancia por la cual, el amparo invocado por esta arista no procedería (…) en lo concerniente con la oposición del demandante a la práctica de la prueba decretada de oficio consistente en la valoración psiquiátrica de la niña por parte de Medicina Legal en aras de determinar, entre otros aspectos, la conveniencia o no de que (…) tenga contacto personal con su progenitor, se observa que, el requisito de inmediatez (…) no se cumple” (fls. 115 a 117).

c) La Defensora de Familia refirió que en la actuación acusada no se evidencia vulneración alguna de parte del Juzgado “habida cuenta que las pretensiones de la demanda fueron aclaradas en su oportunidad en el auto admisorio (…)” de ésta, determinándose que la petición de visitas era únicamente respecto al progenitor y consideró que con el peritaje no se quebranta ningún derecho a la niña mencionada (fls. 118 y 119).

d) El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pidió su desvinculación del amparo, afirmando que no incurrió en conducta que atente contra las garantías del accionante (fls. 120 a 122).

e) E.J.B.B. guardó silencio.

1.2. La sentencia impugnada.

Desestimó el resguardo tras advertir:

“(…) respecto de la primera pretensión del tutelante (atinente a revocar la prueba de oficio decretada en Auto del 27 de enero de 2016) deviene negar por improcedente (el auxilio), en razón a que una vez revisado el expediente se avizora que no concurre (…) el requisito de inmediatez que debe existir entre la ocurrencia de los hechos que vulneran los derechos fundamentales, es decir el Auto del 27 de enero de 2016 y la interposición del amparo constitucional (jul. 6/2017), al haber transcurrido más de 17 meses, sin que se avizore ninguna justificación para que la parte accionante haya dejado transcurrir tanto tiempo sin interponer la petición de amparo constitucional (…)”.

“De otra parte y descendiendo a la segunda pretensión elevada por el tutelista (referente a la reglamentación de visitas de su hija para la familia extensa), (…) del análisis realizado se evidenció que, según lo regulado por el artículo 256 del C.C., no hay lugar a la reglamentación de visitas para parientes, dado que son únicos titulares del derecho de visitas tanto los padres como los hijos, aunado a lo anterior no se observó que en el presente caso la niña (…) haya mantenido una relación constante y permanente con la familia paterna, la familia extensa carece de legitimación para reclamar la regulación de visitas de la niña (…), conforme fue señalado por la operadora judicial accionada” (fls. 128 a 134).

1.3. La impugnación.

La formuló el promotor insistiendo en su súplica (fls. 160 a 168).

2. Consideraciones.

1. El tutelante reprocha que el juzgador acusado (i) decretara de oficio la valoración por parte de Medicina Legal de la menor en aras de dilucidar “(…) la causa del comportamiento de la infante que dio lugar a instaurar la denuncia penal (…) 2015-01518, al igual que sobre la conveniencia para (ésta)de tener contacto personal con el padre”; y (ii) por cuanto el querellado se negó a regular las visitas de la familia del promotor del ruego con la niña.

2. Frente al primer tópico de censura, la demanda de amparo no cumple con el requisito de inmediatez, pues la providencia cuestionada data del 27 de enero de 2016 (fl. 28), por lo cual, hasta el día de presentación de este auxilio (6 de julio de 2017 fl. 80) han transcurrido más de dieciséis (16) meses, contados desde la expedición de ese auto.

Sobre este aspecto esta Sala, reiteradamente ha puntualizado:

“(…) [S]i bien la jurisprudencia no ha señalado unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta diáfano que éste no pueda ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción, (…) (por tanto) (…) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser (…) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante (…)”(1).

Desde esa perspectiva, si el censor se demoró en incoar la salvaguarda constitucional, su descuido obliga a descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al querellado y con repercusión directa en la garantía fundamental invocada como soporte de tal amparo.

3. Tocante con el segundo tema de inconformidad, esto es, la exclusión de la familia paterna del comentado juicio de reglamentación de visitas, adoptada por el convocado mediante Auto del 26 de mayo de 2017, se advierte el desacierto de la juzgadora, el cual quebranta flagrantemente los derechos fundamentales de la niña respecto de quien se solicita acceder al contacto con sus ascendientes.

Como sustento de esa decisión, la funcionaria acusada señaló

“La regulación de visitas de acuerdo con el Código Civil colombiano es el derecho que tiene el padre, no custodio, de compartir con el hijo, el artículo 256 establece: “Al padre o madre de cuyo cuidado personal se sacaren los hijos. No por eso se prohibirá visitarlos con la frecuencia y libertad que el juez juzgare convenientes”.

“Bajo el precepto anterior, en principio, y tal como lo consignó la Corte Constitucional en fallo T-189/03 no hay lugar a la reglamentación de visitas para parientes, pues la norma en cita sólo consagra el derecho a favor de los padres (…)”.

“De acuerdo con lo anterior, se tiene que la solicitud de regulación de visitas para los abuelos y tías (…) no tiene las características necesarias para entrar a desconocer el precepto legal que limita la regulación de visitas a los padres, máxime si los dos padres de la niña están vivos, y aun cuando el progenitor no mantenga contacto con la pequeña por encontrarse privado de la libertad, y por tanto la decisión impugnada se mantendrá” (fls. 174 a 173).

4. La determinación transcrita merece ser rectificada por esta vía, por cuanto se advierte el menoscabo de las garantías de la menor, pues, al margen de las facultades de los padres, en el ejercicio de la patria potestad, en este caso, deben ampararse los derechos fundamentales de la infante.

El estrado acusado incurrió en un evidente defecto sustantivo, derivado de la errónea interpretación del artículo 22 del Código de la Infancia y la Adolescencia, a la luz del canon 44 de la Constitución Política y 9º de la Convención sobre Derechos del Niño(2), preceptos que consagran el derecho de los menores a tener una familia.

Sobre esta puntual prerrogativa, la Corte Constitucional precisó:

“(…) La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en reconocer que uno de los principales criterios orientadores para determinar el bienestar del menor es el de considerar el derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Entendiendo que el espacio natural de desarrollo del menor es la familia en la que ha sido concebido y, a su vez, es la familia la primera llamada a satisfacer las necesidades afectivas, económicas, educativas y formativas de los menores”(3).

En igual sentido, se pronunció ese alto Tribunal sobre el derecho de los niños a tener contacto con su familia extensa; así expresó:

“La interpretación de índole constitucional del derecho fundamental de los menores de tener, conocer y relacionarse con otros miembros de su familia, además de sus progenitores, artículo 44 de la Constitución, obedece al hecho innegable del nexo que existe entre el desarrollo de la personalidad del niño y de su identidad con el afianzamiento de su certeza de que pertenece a un grupo familiar que lo quiere y apoya. Es decir, que no está solo”.

“En efecto, es propio de las personas el deseo de conocer sus orígenes, saber quiénes son sus ascendientes. Este conocimiento, desde la niñez, según los expertos, permite a las personas, y en particular a los menores, elaborar su propia historia, reconocer en sus propios rasgos los de sus padres, los de los padres de sus padres, hermanos, tíos, primos, etc. Por ello, privarlo de este conocimiento puede desembocar en problemas de identificación. Cuando el juez de tutela ha analizado estos temas, lo ha hecho bajo la consideración de salvaguardar la garantía del interés superior del menor; que el ambiente de unidad familiar contribuya a su formación integral y armónica, pues, de esta manera se hacen efectivos los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad; y, el derecho a la identidad personal. Principios que se encuentran en los artículos 14, 16 y 44 de la Constitución”.

“Resulta pertinente recordar algunas referencias jurisprudenciales sobre estos conceptos, en especial, a los derechos fundamentales al libre desarrollo a la personalidad y el de identidad relacionados con el derecho a tener una familia, a no ser separado de ella y a contar con las visitas de los abuelos, que fueron asuntos examinados en la Sentencia T-182 de 1996 de la Corte Constitucional. Dijo esta providencia:”

“Es deber primordial de los padres garantizar al hijo su desarrollo armónico y el goce efectivo de sus derechos. Al respecto ha dicho la Corte: “Los progenitores tienen el deber ineludible de ofrecer a su prole un ambiente de unidad familiar que permita y favorezca el desarrollo integral y armónico de su personalidad (...)”

“Un menor necesita para su crecimiento integral, estar rodeado de afecto, cuidado y amor, expresiones estas que le deben ser brindadas por su familia. Mantenerse cerca de sus hermanos, tener contacto con sus primos, realizar actividades recreativas con estos, recibir el afecto de sus abuelos y tíos; ayudan a que el niño se sienta y se encuentre en un ambiente familiar adecuado. Es importante aclarar que la convivencia y el acercamiento entre familiares, entre estos y el menor o entre menores, debe reflejar una verdadera aproximación que implique compenetración y entendimiento. No puede disfrazarse como convivencia una reunión de personas en donde no se respire un ambiente de cordialidad y en donde no se le enseñe al menor a respetar y a aceptar al otro en toda su dimensión humana (…)”.

“4.2. Lo dicho en aquella oportunidad por la Corte se reitera en esta sentencia, pues, resulta innegable y se apoya precisamente en el interés superior del niño que, como regla general y salvo decisión judicial en contrario, a los menores les asiste el derecho a conocer, tratarse y compartir con los miembros de la familia, incluidos los abuelos, y, preferiblemente, sin que tuviera que acudirse a una instancia judicial o administrativa para lograr estos acercamientos, sino que progenitores y familia cercana lograran que el trato se dé por encima de las diferencias que como adultos tengan (…)”(4).

5. En legislaciones como la Española, se ha reconocido el derecho a pedir regulación de los encuentros entre los abuelos y los menores respecto de los cuales no se ejerce la custodia, por los ascendientes del segundo grado de parentesco.

Al respecto, el Tribunal Supremo español sentenció:

“Debe recordarse, además, que conforme resulta de la sentencia recurrida el régimen establecido tiene carácter subsidiario, en defecto, por tanto, de acuerdo con los abuelos para consensuar las relaciones con su nieto. Como ya razonó la Sentencia de esta Sala de 11 de junio de 1996, “ninguna justa causa impide las relaciones personales entre el menor y sus abuelos paternos. Antes bien este tipo de relaciones que insertan beneficiosamente al menor en su entorno familiar completo, resultan más necesarias cuando de los ascendientes se trata, por su privilegiado grado de parentesco, dado que la personalidad se forja también entre las contradicciones que emanan, a veces, de los planteamientos y opiniones de los parientes, siempre que revistan un carácter de normalidad, o sea, no respondan a patologías o ejemplos corruptores”. Al tiempo, ha de tenerse presente, que, como recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 1996 no se discute en el mismo una cuestión jurídica, sino unos hechos cuales son las circunstancias más favorables al menor, a valorar por los Tribunales de Jurisprudencia 3 instancia y, por ello, sin acceso a la casación. En suma, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1998, que pondera la formación integral y la integración familiar y social del menor, debe mantenerse que las medidas que los jueces pueden adoptar, “ex artículo” 158 del Código Civil, se amplían a todo tipo de situaciones, incluso aunque excedan de las meramente paterno-filiales, con la posibilidad de que las adopten al inicio, en el curso, o después de cualquier procedimiento, conforme las circunstancias cambien y oyendo al menor, según se desprende de la Ley Orgánica 1º/1996 de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, aplicable retroactivamente, por cuanto se ha dicho, por mandato constitucional y por recoger el espíritu de cuantas Convenciones internacionales vinculan a España (ver Convención de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Instrumento de 30 de noviembre de 1990). Por ello, decae el motivo”(5) (Resaltado fuera de texto).

El numeral 2º del artículo 160 del Código Civil Español, prevé la circunstancia antes descrita, permitiendo la regulación de visitas y encuentros de los infantes con su familia extensa; según la última redacción introducida por la Ley 26 de 2015 que modificó el sistema de protección a la infancia y la adolescencia:

No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados” (resaltado fuera de texto).

“En caso de oposición, el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores”.

En nuestro ordenamiento, la reglamentación de visitas para los parientes más cercanos, no puede ser vista como ominosa, prohibida o restrictiva. Esta especie de relaciones y enlazamientos familiares debe decidirse según los supuestos fácticos de cada caso concreto, teniendo en cuenta el privilegiado grado de parentesco entre abuelos y nietos, determinando la procedencia o no, conforme a las diferencias según la eventualidad y los elementos de convicción allegados. Por ejemplo en una sentencia no muy reciente de la judicatura española y analizada por esa doctrina se dijo:

“Cabe citar como ejemplo la Sentencia de la AP Málaga, Sec. 6ª, de 10 de mayo de 2012 (EDJ 2012/218358) que mantiene que no procede fijar un régimen autónomo de visitas o comunicaciones de los abuelos paternos con sus nietos, cuando el padre no impide estas relaciones, absolutamente normalizadas durante el tiempo que los menores están con aquel. En este tipo de casos, fijar un régimen de visitas para los abuelos que ya se relacionan con normalidad y amplitud a través de las visitas de su propio hijo/a, supondría reducir el tiempo de estancia de los menores con el otro progenitor”.

“En ocasiones, lo que se pretende es conseguir un régimen de visitas del que indirectamente se beneficiaría el hijo, que no puede ver al menor, por diversas circunstancias: estar en prisión, tener una orden de alejamiento, condenas por maltrato, etc. En estos casos, es preciso valorar que si bien los abuelos no pueden ser sancionados por la conducta del progenitor, no se puede utilizar esta vía para burlar la imposibilidad legal del progenitor de estar con el/los menores. En estos supuestos, será importante la realización de un informe pericial y la audiencia del menor, que nos ofrecerá datos significativos sobre si ha existido o no, desde un punto de vista afectivo, incluso relacional, un vínculo con los abuelos, o si la nula relación personal existe desaconseja el inicio de una relación que no existía antes”(6).

6. Esta Corporación en pretérita oportunidad, halló razonable la decisión de reglamentar visitas provisionales a favor de un menor con sus abuelos, legitimándolos para el caso pretérita oportunidad:

“Bajo esa perspectiva, emerge diáfana la inviabilidad de la protección extraordinaria exigida, aun como mecanismo transitorio, en la medida en que no está demostrado el desconocimiento del precedente enrostrado en tanto que, de la transcripción en antes vista, independientemente que la Corte la prohíje por no ser este el escenario idóneo para lo propio, dimana que la exposición de los motivos decisorios al efecto manifestados se guarecen en tópicos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado, aparte que las pruebas obrantes en el plenario fueron puntual y armónicamente observadas y apreciadas”.

“Esto es, en vista de que los abuelos están legitimados para deprecar la «regulación de visitas” de su nieto, habida cuenta que también hacen parte de la denominada familia extensa de la cual ha de perseguirse su integración en la vida del infante, entre otras cosas dado que las relaciones afectivas y alimentarias obedecen a tópicos de igualdad y solidaridad que no de mera prevalencia, y ponderada como fue la incidencia de la contingente disputa entre el padre del niño y aquellos a la luz de las exiguas acreditaciones arrimadas que denotan que al permitirle pernoctar al impúber en la residencia de sus familiares ello no comportaría desmedro a su condición, comoquiera que los derechos de tal han de prevalecer, se estimó del caso organizar, a título provisional, los encuentros del menor con sus apuntados ascendientes en segundo grado por línea directa materna, en los precisos y temporales términos al efecto demarcados, para así garantizar la salvaguarda de sus intereses, hermenéutica respetable que se cimentó, básicamente, en los artículos 174, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil, así como en los preceptos que tanto en el Código Civil como en el Código de la Infancia y la Adolescencia hacen relación al tema de la regulación de visitas, la que desde luego no ha de ser alterada por esta vía, todo lo cual no merece reproche desde la óptica ius fundamental para que deba derivar la inaplazable intervención del juez de amparo”(7).

7. De lo anterior se colige, cuando se limitan los acercamientos de un menor con su familia extendida, el Estado tiene la obligación de intervenir, propendiendo por la prevalencia del precepto 44 Superior, en concordancia con las reglas 16 y 22 de la Ley 1098 de 2006, acudiéndose a los mecanismos legales para lograr la satisfacción plena de las prerrogativas del sujeto de especial protección constitucional.

De consiguiente, efectuando una interpretación de los cánones citados, resulta procedente permitir a los mencionados parientes paternos o maternos participar en el juicio objeto de este auxilio para que al final en la sentencia el funcionario, apoyado en las pruebas recaudadas establezca la procedencia o no de esas visitas, ante el eventual impedimento físico del progenitor de la niña, de lograr un acercamiento con ella, pues, memórese éste se halla actualmente en la cárcel.

8. Ahora, esta Corte en un pronunciamiento posterior al ya transcrito, consideró que la legitimación en la causa por activa para pedir la regulación de visitas correspondía exclusivamente a los padres del niño o a quienes ejercieran su patria potestad, tras exponer:

“De una interpretación armónica de los artículos 253 y siguientes del Código Civil y 23 del Código de la Infancia y la Adolescencia, a la luz del artículo 44 de la Constitución Política y 9º de la Convención sobre Derechos del Niño(8), se concluye, sin asomo de dudas, que el proceso de regulación de visitas está reservado, exclusivamente, para los progenitores de los niños, niñas y adolescentes, por ser quienes ostentan y ejercen la custodia y el cuidado personal de éstos, premisa que excluye, por simple lógica, a la familia extensa, entre ellos, los abuelos (maternos o paternos); de ahí que, como lo ha fijado la jurisprudencia constitucional, no están legitimados para promover tal actuación, a menos que, como ha ocurrido de manera excepcional en ciertos casos, aquéllos adquieran su custodia”(9).

No obstante, se corregirá esa postura, atendiendo al derecho supralegal e interés superior que le asiste a los menores de conocer y mantener encuentros con sus consanguíneos, para entender incluida la posibilidad de los familiares de carácter extenso de reclamar la reglamentación de visitas, acorde a lo esbozado en líneas anteriores y guardando siempre estricta observancia de las garantías constitucionales de los niños y de las niñas.

El crecimiento integral de los menores y su relación con la familia extensa halla asiento en la regla 44 Constitucional. Ésta célula, parte integral de un Estado y esencia de una comunidad, constituye el vaso comunicante y el medio para transmitir la cultura, la ciencia, principios y los valores a las futuras generaciones. Por ello, en consonancia con el artículo 42 ibíd., en procura de proteger los intereses superiores de los menores, reitera, tienen derecho a poseer una familia, a no ser separados de ella y a interrelacionarse permanentemente con todos sus integrantes; en forma especial, con los abuelos dentro buen criterio que juzgue pertinente la prudencia judicial, para un adecuado desarrollo de la personalidad de los niños y de las niñas. De esa manera los abuelos podrán cumplir sus deberes sociales y familiares en la formación e integración de la prole a la sociedad, claro está, con exclusión cuando puedan inferirse comportamientos anormales, patológicos, corruptores o enfermizos que puedan afectar el desarrollo de la personalidad de los menores. De manera que no podrán prohibirse o impedirse, sin la comprobación de justas causas, las relaciones familiares del hijo con los abuelos.

9. Aunque le está vedado a esta jurisdicción inmiscuirse en las actuaciones adelantadas por los jueces dentro del marco de sus competencias, por cuanto ello iría en desmedro de los principios de autonomía e independencia judicial, esta Corte ha sostenido, en casos como el presente, que “(…) estando en juego derechos fundamentales de quienes merecen protección reforzada, por la necesidad de resguardo que de los mismos se requiera para restablecerlos, sin duda, bien puede, excepcionalmente y por razones supremas, posibilitar[se] la intervención del juez constitucional en tales ámbitos (…)”(10).

Dicha intromisión queda respaldada, además, por la Convención Interamericana de los Derechos del Hombre(11) que en su artículo 19 establece: “(…) Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado (…)”, y guarda sintonía con el principio de interés superior del menor, consagrado en el canon 3 de la Convención de los Derechos del Niño, en virtud del cual, todas las decisiones respecto de los niños, niñas y adolescentes, que tomen las instituciones públicas, entre las cuales se hallan las autoridades jurisdiccionales, deben estar basadas en la consideración de la especial protección de éstos.

Lo razonado permite colegir que por afectar los derechos fundamentales analizados, la decisión judicial censurada es inconstitucional; e, inconvencional al ofender el sistema de derechos interamericano, integrante del ordenamiento interno por virtud del bloque de constitucionalidad.

10. Con los argumentos anotados se concederá el amparo invocado, en consecuencia, se ordenará al Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, resolver nuevamente la solicitud de reglamentación de encuentros de los abuelos A.C.C. y G.C.F. y tías D.M. y C.X.C.C., con la menor involucrada, atendiendo a los lineamientos expuestos en esta providencia, los cuales, concretamente, se refieren al efectivo derecho a una familia.

Para tal fin deberá disponer la vinculación de los familiares mencionados al juicio de regulación de visitas, y resolver sobre tales acercamientos en la sentencia que defina la instancia, previo agotamiento de las etapas procesales y teniendo en cuenta el bienestar de la niña.

3. Decisión.

1. MODIFICAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, para en su lugar conceder parcialmente el amparo deprecado por R.D.C.C., en representación de su menor hija.

En consecuencia, se le ordena a la titular del Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, que dentro de las cuarenta ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, deje sin efectos el Auto de 21 de junio de 2017 y en su lugar, proceda a resolver nuevamente la solicitud de reglamentación de encuentros de los abuelos A.C.C. y G.C.F. y tías D.M. y C.X.C.C., con la menor involucrada, atendiendo a los lineamientos expuestos en esta providencia, los cuales, concretamente, se refieren al efectivo derecho a una familia.

Para tal fin deberá disponer su vinculación al juicio y resolver sobre tales acercamientos en la sentencia que defina la instancia, previo agotamiento de las etapas procesales y teniendo en cuenta el bienestar de la niña.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco, Ausencia justificada—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1. CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00.

2. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobada por Colombia en la Ley 12 de 1991.

3. Corte Constitucional, Sentencia T- 900 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

4. CC Sentencia T 189 de 2003.

5. Tribunal Supremo Español. Sala de lo Civil STS 7428/1999 de 23 de noviembre de 1999.

6. Santana Páez Emelina. El interés del menor: relaciones con abuelos, parientes y allegados. Revista Derecho de Familia. 1 de febrero de 2014. España. Pags. 5 y 6.

7 CSJ STC3562 de 18 de marzo de 2016, Exp. 2016-00015-01.

8. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobada por Colombia en la Ley 12 de 1991.

9. CSJ STC 5420 de 21 de abril de 2017.

10. Ídem.

11. Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y adoptado por Colombia mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972.