Sentencia STC13687-2015 de octubre 8 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-22-10-000-2015-00521-01

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

STC13687-2015

(Aprobado en sesión siete de octubre de dos mil quince)

Bogotá, D. C., ocho de octubre de dos mil quince.

La Corte decide la impugnación formulada frente al fallo proferido el catorce de agosto de dos mil quince por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en la acción de tutela promovida por Edelmira Galindo Arias, quien actúa como agente oficiosa de Cristian Camilo Rodríguez, contra el Ministerio de Educación y la Universidad Agustiniana.

I. Antecedentes

A. La pretensión

La accionante actuando como agente oficiosa de Cristian Camilo Rodríguez solicitó el amparo de los derechos fundamentales de petición, igualdad, educación, libre escogencia de la profesión u oficio y debido proceso, que considera vulnerados por las entidades accionadas, por cuanto se le impidió el ingreso para estudiar la carrera de Gastronomía en virtud de la discapacidad auditiva que el mencionado ciudadano padece y porque no se ha dado respuesta a la solicitud que radicó en el Ministerio con la finalidad de que se le asignara un intérprete en el desarrollo de sus actividades académicas.

En consecuencia, pretende que se conceda el amparo invocado, se le ordene a la Universidad Agustiniana garantizar el ingreso al programa reseñado, expedir el recibo de matrícula, iniciar los trámites para contratar en su planta de personal dos intérpretes que cumplan con lo dispuesto en la Ley 982 de 2005 y desarrollar medidas en torno a la accesibilidad de la educación de personas con problemas auditivos. Al Ministerio de Educación, pretende, que se le ordene organizar convenios con asociaciones de intérpretes con el objetivo de que le sea asignado uno de ellos para realizar las actividades extracurriculares durante el tiempo que dure la carrera de Gastronomía.

B. Los hechos

1. El 16 de octubre de 2013, según el certificado médico laboral de Coomeva EPS, se le diagnosticó una pérdida de la capacidad para trabajar a Cristian Camilo Rodríguez Villalobos de 50.85%, debido a la “hipoacusia neurosensorial bilateral profunda” que padece [Folio 2, C.1]

2. Afirma la accionante, que pese a dicha discapacidad auditiva, Cristian Camilo Rodríguez Villalobos cursó satisfactoriamente el bachillerato y estudió cocina en el SENA.

3. Sostiene que, en el presente año, se inscribió en el programa de Gastronomía de la Universidad Agustiniana, donde le informaron inicialmente que no existía ningún tipo de inconveniente para que el señor Rodríguez Villalobos adelantara aquel plan de estudios con dicha discapacidad.

4. Aduce que para el ingreso a la universidad le realizaron una primera entrevista, donde le manifestaron que, como no tenían programa de inclusión de discapacitados conforme a las Leyes 982 de 2005 y 1618 de 2013, debían realizarle una segunda entrevista con la psicóloga.

5. Asegura que, la Universidad Agustiniana decidió impedirle al interesado la posibilidad de estudiar la carrera de su elección, debido a la discapacidad que padece, pues luego de la segunda entrevista resolvió su inadmisión.

6. Asevera que solicitó la expedición del recibo para pagar la matrícula correspondiente, pero el establecimiento educativo guardó silencio.

7. Ante la anterior situación, el día 16 de julio de 2015 se radicó derecho de petición ante el Ministerio Educación, solicitando garantizar el derecho a una educación inclusiva en todos los niveles del sistema a fin de que se le asigne una guía intérprete a Cristian Rodríguez para que pueda estudiar la Tecnología en Gastronomía de la Universidad Agustiniana.

8. Aquella solicitud también la presentó en el Instituto Nacional para Sordos —Insor— y en la Asociación Colombiana de Sordociegos —Surcoe—.

9. Manifiesta que tanto el Ministerio de Educación como las otras organizaciones no han dado respuesta a tal pedimento.

10. En criterio de la peticionaria del amparo, con la negativa de admisión al programa de Gastronomía y la ausencia de respuesta a las peticiones incoadas se vulneraron los derechos fundamentales invocados, toda vez que por su discapacidad auditiva el señor Cristian Camilo Rodríguez Villalobos fue objeto de discriminación, dado que el mencionado centro educativo no cuenta con un programa de educación inclusiva como lo exige la ley. Aunado a ello, reiteró, que el Ministerio de Educación en virtud del principio de solidaridad debe velar por los derechos del actor, máxime cuando éste no cuenta con recursos económicos suficientes para contratar un guía intérprete requerido para su integración social.

C. El trámite de la primera instancia

1. El 30 de julio de 2015, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela y ordenó el traslado a las accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa, así como la vinculación del Insor y Surcoe.

2. La Asociación Colombiana de Sordociegos —Surcoe—, informó que el día 3 de agosto de este año dio respuesta a la solicitud que elevó el actor el pasado 16 de julio, donde le manifestó que la asignación de un guía-intérprete por parte de esa organización no era procedente, pues ellos únicamente ofrecen ayuda a la población con discapacidad auditiva y visual, mas no a la que solamente presenta una de ellas.

3. La Universidad Agustiniana se opuso a las pretensiones del accionante, “por considerar que violan el principio de igualdad de los aspirantes […], ya que la negativa de ingreso no tiene relación directa ni indirecta con la condición física de Cristina [sic] Rodríguez y el resultado obedece al análisis académico y de orientación profesional”. Por lo anterior, recalcó, el principio constitucional de autonomía universitaria y señaló que si bien no cuenta con un programa de inclusión la población con discapacidad auditiva, la negativa de ingreso del actor se produjo por factores distintos, en tanto que el examen psicológico no evidenció claridad acerca de su perfil ocupacional.

4. El Ministerio de Educación manifestó que en cuanto al acceso a la educación superior de personas con discapacidad se constituyó una Alianza con el Icetex y la Fundación Saldarriaga Concha denominada “Apoyo financiero para estudiantes con discapacidad en Educación Superior”. Aseveró, que con dicha alianza se subsidia a través de un crédito condonable el 75% del valor de la matrícula y el restante 25% es asumido por el estudiante, por lo que el peticionario si está interesado puede postularse para recibir aquel beneficio. Finalmente, expresó, que a la petición elevada por el actor se le dio respuesta el 4 de agosto de 2015, por tal razón pidió ser desvinculado del trámite, dado que no vulneró los derechos invocados.

5. En fallo del 14 de agosto de 2015, el Tribunal concedió la protección constitucional invocada y ordenó lo siguiente: (a) a la Universidad Agustiniana expedirle el recibo de pago de matrícula al accionante y que proceda contratar un guía-intérprete para que apoye a Cristian Camilo Rodríguez Villalobos, durante el desarrollo del programa académico de Gastronomía y en la medida en que cumpla con el pénsum; y (b) al Ministerio de Educación le ordenó adoptar las decisiones que sean necesarias para lograr la asignación de un guía-intérprete para el desarrollo de actividades académicas extracurriculares del accionante, mientras curse la carrera de Gastronomía.

Lo anterior, por cuanto advirtió la vulneración del derecho fundamental a la educación inclusiva, pues pese a que se trata de un discapacitado auditivo, las entidades accionadas no tomaron las medidas pertinentes para que aquel no fuera objeto de discriminación por su patología.

6. Inconforme, el Ministerio de Educación impugnó la decisión de primera instancia. En síntesis, argumentó la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo, por cuanto ello implicaría invadir la órbita en la que se desenvuelven las instituciones de educación superior. Por lo anterior, reiteró que la orden debe ser dirigida únicamente a la Universidad Agustiniana y no a esa cartera ministerial.

Por su parte, la Universidad Agustiniana también manifestó su desconcierto con la determinación del a quo, insistiendo en lo expuesto en el escrito de contestación, esto es, que la inadmisión al programa obedeció a factores distintos a la discapacidad que padece el accionante.

II. Consideraciones

1. El artículo 67 de la Constitución Política establece que “la educación es un derecho y un servicio público que tiene una función social”, suministrado directamente por el Estado o por intermedio de los particulares bajo el control y vigilancia de autoridades gubernamentales. La finalidad de dicha garantía, según la citada norma, no es otra que buscar “el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y demás bienes y valores de la cultura”.

Sobre el contenido mismo del derecho a la educación y su alcance en nuestro ordenamiento, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha reiterado que:

[…] el derecho a la educación debe entenderse como factor de desarrollo humano, su ejercicio es uno de los elementos indispensables para que el ser humano adquiera herramientas que le permitan en forma eficaz desempeñarse en el medio cultural que habita, recibir y racionalizar la información que existe a su alrededor y ampliar sus conocimientos a medida que se desarrolla como individuo; es por ello que la educación cumple una función social que hace que dicha garantía se considere como un derecho deber que genera para las partes del proceso educativo obligaciones recíprocas de las que no pueden sustraerse porque realizan su núcleo esencial (Corte Constitucional, Sentencia T-1026 de 2012).

De igual manera, el máximo órgano en asuntos constitucionales, conforme a la doctrina nacional e internacional, ha fijado una serie de características esenciales en materia del derecho a la educación. Específicamente, ha enumerado las siguientes:

(i) la disponibilidad, que consiste en el deber que tiene el Estado de proporcionar escuelas o instituciones educativas, de conformidad a la necesidad poblacional, (ii) la aceptabilidad, que consiste en el deber de brindar una buena calidad de educación; (iii) la adaptabilidad, que consiste en el hecho de que la educación debe adecuarse a las necesidades de los demandantes del servicio, y, que se garantice la continuidad en su prestación, y, (iv) la accesibilidad, que consiste en la obligación que tiene el Estado de garantizar a todas las personas, el acceso a un sistema educativo, en igualdad de condiciones, es decir, con la facilidad, desde el punto de vista económico y geográfico para acceder al servicio, y con la eliminación de toda discriminación al respecto (subrayado y negrilla intencional) (Corte Constitucional, Sentencia T-850 de 2014).

2. Frente al derecho a la educación de personas con algún tipo discapacidad física o mental, la Corte Constitucional ha establecido el componente “inclusivo” de aquel derecho, el cual “supone que el sistema debe adecuarse y estar preparado para responder a las necesidades educativas de todos los educandos, teniendo en cuenta sus capacidades y talentos”(1).

En ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado en algunos casos la protección del derecho fundamental a la educación de personas discapacitadas, en tanto que su eficacia “está supeditada al cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y permanencia, en el entendido que el sistema educativo no puede cerrar sus puertas a los alumnos con limitaciones físicas, psíquicas, mentales o sensoriales, sino brindar una formación esencial de pertinencia, adecuación cultural y calidad”(2).

3. En el caso objeto de estudio, el reclamo de la accionante, quien actúa como agente oficiosa de Cristian Camilo Rodríguez Villalobos, refiere a que, según lo manifestado en el escrito de tutela, la Universidad Agustiniana no lo admitió en el programa académico de Gastronomía debido a la discapacidad auditiva que soporta, ni tampoco el Ministerio de Educación adelantó las gestiones pertinentes para garantizar su derecho a la educación.

Para abordar la problemática planteada, en primer lugar, se advierte que en efecto el señor Rodríguez Villalobos de 22 años de edad (Folio 1, C.1), de acuerdo con el Certificado de Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral expedido por Coomeva EPS (Folio 2, c.1), tiene diagnóstico de “Hipoacusia(3) Neurosensorial Bilateral Profunda” y presenta un 50.85% de incapacidad para trabajar. De allí, entonces, que se encuentre acreditado en el expediente que se trata de una persona con discapacidad auditiva.

Aunado a ello, se avizora que conforme al comprobante visto a folio 3 del cuaderno 1, se inscribió en el programa académico de pregrado en Tecnología en Gastronomía de la Universidad Agustiniana para el segundo semestre del presente año.

Ahora, frente a lo relacionado con la inadmisión a dicho programa, se observa que si bien no hay prueba documental que así lo demuestre, lo cierto es que la Universidad involucrada cuando dio respuesta a la tutela coincidió con la versión rendida por el accionante en el escrito de tutela, y en varios apartes de la contestación ratificó dicha situación, al expresar que: “[…] no se expidió el recibo de pago de acuerdo con lo comunicado mediante correo electrónico dirigido a la aspirante informando que no había sido aprobado(4) […] el estudiante no fue vinculado por razones diferentes a las enunciadas por la accionante(5) […] como consecuencia del proceso de admisión y por razones específicamente de orientación profesional el estudiante no fue admitido”(6).

Así las cosas, también está acreditado en el plenario que el accionante no fue admitido en el programa curricular de Gastronomía en la Universidad Agustiniana. Sin embargo, atendiendo la queja constitucional formulada y el debate que plantea el establecimiento de educación superior, debe dilucidarse si el resultado de negativo en cuanto a la vinculación del aspirante tiene relación con la discapacidad auditiva, o si por si el contrario, como lo aduce el mencionado claustro, ello obedece a otras razones, como por ejemplo, que en las entrevistas que se le realizaron durante el proceso de selección no se evidenció “suficiente claridad en la orientación y vocación profesional”(7).

En este punto, como tampoco existe prueba documental que determine las razones reales por las cuales se inadmitió al accionante, conviene recurrir a los descargos y justificaciones que enunció la Universidad Agustiniana al momento de pronunciarse sobre el mecanismo de amparo. Específicamente, sobre particular del actor, expresó(8):

En el caso concreto, el señor Cristian Camilo Rodriguez Villalobos, se inscribió en igualdad de condiciones, con los demás aspirantes para lo cual se le expidió la constancia de inscripción con fecha 2015-06-04, en donde se indican los documentos requeridos para estudiante nuevos, los documentos para transferentes y algunas notas especiales.

Con fecha 2015-05-28 el aspirante consignó el derecho de inscripción y allegó los documentos solicitados, posteriormente presentó entrevista con la directora de programa ingeniera Lenyd Angélica Riaño Martínez, quien posteriormente, de acuerdo con el procedimiento institucional (ver documento anexo) interno sugirió una segunda entrevista de evaluación en psicología para determinar aspectos familiares, sociales económicos y de orientación profesional relacionados con el perfil requerido para el programa. El señor Cristian Camilo Rodriguez Villalobos se presentó con la doctora Liz Fernanda Moreno Cely, quien evidenció que el aspirante no se expresaba por sí mismo, sino a través de la intérprete quien dijo ser su suegra, razón por la cual ante cada inquietud formulada al aspirante se observaba que las respuestas no eran propias de su voluntad si no de los criterios de su acompañante, así mismo se observó que tenía una red social limitada por su dificultad en la comunicación y refirió atención psicológica por dificultades con su pareja. Estos exámenes una vez analizados determinaron que no existía suficiente claridad en la orientación y vocación profesional por parte de Cristian Camilo y su interés en el programa, solo estaba direccionado a aprender algo más sobre el tema, es decir no cumplía con el perfil profesional dispuesto para los tecnólogos en gastronomía ya que se consideraba ésta como un oficio o un qué hacer y no como una profesión mediante la cual se busca proyectar la persona de la cual se pudiese advertir interés o pasión por su carrera (subrayado y negrilla intencional).

De lo anterior, a simple vista se desprende que la inadmisión al programa de Gastronomía, contrario a lo manifestado por la entidad accionada, sí guarda relación con la discapacidad auditiva que sufre el aspirante, toda vez que al momento de efectuar la segunda entrevista con la psicóloga, la profesional encargada manifestó “que el aspirante no se expresaba por sí mismo, sino a través de la intérprete quien dijo ser su suegra, razón por la cual ante cada inquietud formulada al aspirante se observaba que las respuestas no eran propias de su voluntad si no de los criterios de su acompañante”.

Por lo tanto, si la entidad accionada en sede impugnación aduce que la inadmisión del interesado se determinó porque éste no cumplió con el perfil profesional para el programa de gastronomía, según la última entrevista realizada, ello ineludiblemente tiene que ver con dicha discapacidad, pues el establecimiento educativo de educación superior estableció que no tenía la suficiente vocación a partir de lo expresado por una “intérprete” improvisada, como lo fue la persona que lo acompañó a la entrevista, lo cual evidenció problemas de comunicación y entendimiento para exteriorizar los intereses reales del aspirante, contingencias que, sin lugar a dudas, no pueden ser endilgados al aspirante, dado que él es quien sufre la discapacidad, y por ende, merece un trato especial.

En consecuencia, así la autoridad accionada se rija por el principio de autonomía universitaria que consagra el artículo 69 de la Constitución Política, lo cierto es que su funcionamiento está supeditado al cumplimiento de los demás preceptos constitucionales y parámetros legales, por lo que, en casos como el expuesto, no puede impedir el acceso de una persona discapacitada a la institución por razones relacionadas con su padecimiento, pues ello implicaría discriminación y una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación inclusiva.

De tal manera, como se constató que la inadmisión del accionante al programa académico de Gastronomía se produjo por razón de la discapacidad auditiva que padece se advierte la transgresión de dichas garantías fundamentales en el presente caso, lo cual hace imperiosa la intervención del Juez constitucional, como lo coligió el fallador en primera instancia.

4. Precisado lo anterior, corresponde ahora establecer cuáles son las entidades encargadas de restablecer los derechos invocados, pues, de acuerdo con los escritos de impugnación que allegaron tanto el Ministerio de Educación y la Universidad Agustiniana, ambas entidades desconocen ser las llamadas a reparar el agravio constitucional.

Para ello, es preciso señalar que como el accionante tiene derecho a que se le garantice el acceso a una educación efectiva en condiciones de adaptabilidad, tal y como lo establece el aparte jurisprudencia citado en precedencia, por tratarse de una persona con discapacidad auditiva, no sólo requiere del simple acceso a una institución de educación superior, sino que también exige otras medidas de carácter positivo que garanticen de forma real su derecho a la educación, como por ejemplo, el apoyo de los guías-intérpretes. Con esa finalidad, se promulgó la Ley 982 de 2005, por medio de la cual se adoptan las normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas, pues en su artículo 11 señala:

Todos los derechos de educación, salud, interpretación, traducción e información referidos a los sordos señantes se extenderán a los sordociegos señantes, quienes además tendrán derecho a exigir servicio de guía-intérprete para permitir la interacción comunicativa de estas personas sordociegas mediante el uso de los diversos sistemas de comunicación.

Respecto a la responsabilidad en la adopción de medidas que permitan la inclusión de las personas discapacitadas en el sistema educativo, el artículo 38 de la citada ley establece que:

Las entidades tanto públicas como privadas que ofrecen programas de formación y capacitación profesional a personas sordas y sordociegas tales como el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, las universidades, centros educativos, deberán tener en cuenta las particularidades lingüísticas y comunicativas e incorporar el servicio de intérprete de lengua de señas y guía intérprete en los programas que ofrecen.

Dicha circunstancia, se replica en la Ley 1618 de 2013, artículo 14, donde se consagra que:

Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel, desarrollar sus funciones, competencias, objetos sociales, y en general, todas las actividades, siguiendo los postulados del diseño universal, de manera que no se excluya o limite el acceso en condiciones de igualdad, en todo o en parte, a ninguna persona en razón de su discapacidad. Para ello, dichas entidades deberán diseñar, implementar y financiar todos los ajustes razonables que sean necesarios.

De los citados preceptos normativos, se extrae, sin lugar a equívocos, que los establecimientos que prestan el servicio de educación, ya sean privados o públicos, tienen el deber de suministrar el servicio de guías intérpretes a las personas con discapacidad que accedan a los programas académicos ofertados.

Así también lo concluyó la Corte Constitucional en la Sentencia T-850 de 2014, donde en un caso de similares contornos fácticos, precisó:

De otra parte, el artículo 38 de la referida ley, establece que es deber de las entidades públicas y privadas que ofrezcan programas de formación y capacitación profesional “incorporar el servicio de intérprete de la lengua de señas y guía intérprete en los programas que ofrecen”. Es decir, que las instituciones que presten el servicio de educación deberán suministrar el servicio de guías intérpretes atendiendo las particularidades lingüísticas y comunicativas de las personas que accedan a los programas de formación que ofrezcan, durante el desarrollo propio de las actividades que conforman los programas ofrecidos.

[…]

En consecuencia, la Corte encuentra que en relación con el derecho a la educación superior de las persona con discapacidad, el legislador determinó tanto en cabeza del Ministerio de Educación Nacional como de las Instituciones que prestan este servicio una serie de obligaciones que permitan garantizar una atención educativa integral a esta población. En este sentido, consagró en el literal “g”, numeral 4 del artículo 11, como deber de las instituciones de educación superior, la de propugnar por aplicar progresivamente recursos de su presupuesto para vincular recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión educativa de personas con discapacidad y la accesibilidad en la prestación del servicio educativo de calidad a dicha población.

Por consiguiente, ante la evidente discriminación que fue objeto el accionante por parte de la Universidad accionada con ocasión de su discapacidad auditiva, está claro que la medida idónea para conjurar esa situación, no es otra que ordenarle que lo admita, expidiendo el correspondiente recibo de matrícula, y contrate un guía-intérprete que acompañe las labores educativas del accionante durante su etapa de formación profesional en dicho claustro. Por tal motivo, la orden que impartió el Tribunal en tal sentido a la Universidad Agustiniana, se encuentra acorde al marco normativo previsto y la jurisprudencia que sobre la materia ha proferido la Corte Constitucional, razón por la que el literal a del numeral primero del fallo impugnado será confirmado en su integridad.

4.1. Ahora, frente a la inconformidad que manifestó el Ministerio de Educación respecto del fallo de primera instancia que le ordenó adoptar las decisiones que sean necesarias para lograr la asignación de un guía-intérprete para el desarrollo de actividades académicas extracurriculares del accionante, mientras curse la carrera de Gastronomía, se evidencia que el artículo 11, numeral 4º, literal f), de la Ley 1618 de 2013, establece lo siguiente:

4. El Ministerio de Educación Nacional deberá, en relación con la educación superior:

[…]

f) Asegurar, dentro del ámbito de sus competencias, a las personas con discapacidad el acceso, en condiciones de equidad con las demás y sin 1I discriminación, a una educación superior inclusiva y de calidad, incluyendo su admisión, permanencia y promoción en el sistema educativo, que facilite su vinculación productiva en todos los ámbitos de la sociedad; en todo caso las personas con discapacidad que ingresen a una universidad pública pagarán el valor de matrícula mínimo establecido por la institución de educación superior;

Así mismo, la Corte Constitucional, en un caso de similares circunstancias, tras reiterar el deber estatal de garantizar el acceso a la educación de personas con discapacidad, evocó el principio de solidaridad y le impartió la orden al Ministerio de Educación de asignar un guía-intérprete para las actividades extracurriculares, al indicar que:

[…] en razón al principio de solidaridad, concluye esta Sala de Revisión que es deber del Ministerio de Educación Nacional y de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá, brindar al accionante el apoyo de los guías-intérpretes requeridos para lograr su integración social, pues como ya se indicó, de nada valdría la beca que le fue otorgada al actor para cursar estudios superiores, si no puede contar con estos apoyos que le permitan adelantar los requerimientos propios de la carrera de Psicología. (Sentencia T-850 de 2014)

Por tal motivo, se advierte la necesidad de que el Ministerio de Educación Nacional asigne el guía-intérprete para las actividades extracurriculares que requiera el accionante, en tanto que ello se desprende de la normatividad citada en cuanto a la garantía en el acceso y permanencia en el sistema de educación superior, y en la jurisprudencia que en temas análogos ha dictado el máximo órgano constitucional. Por lo anterior, sin tener que acudir mayores elucubraciones, la orden contenida en el literal b del numeral primero del fallo impugnado también será confirmada.

5. Por último, vale la pena reiterar, como lo hizo el fallador de instancia, que las órdenes emitidas en el presente caso concernientes a la asignación de los guías-intérpretes que requiere el actor se encuentran supeditadas a que el interesado se haya matriculado de manera efectiva en el programa académico señalado e inicie sus estudios en la Universidad Agustiniana.

6. Por todo lo expuesto, se confirmará el fallo objeto de impugnación

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.

Notifíquese telegráficamente esta decisión a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez.

1 Corte Constitucional, Sentencia T-850 de 2014.

2 Corte Constitucional, Sentencia T-647 de 2012.

3 Ley 985 de 2005. Artículo 1º. Para efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos.

1. “Hipoacusia”. Disminución de la capacidad auditiva de algunas personas, la que puede clasificarse en leve, mediana y profunda.

Leve. La que fluctúa aproximadamente entre 20 y 40 decibeles.

Mediana. La que oscila entre 40 y 70 decibeles.

Profunda. La que se ubica por encima de los 80 decibeles y especialmente con curvas auditivas inclinadas.

4 Folio 66, cuaderno 1.

5 Ibídem.

6 Folio 69, cuaderno 1.

7 Folio 68 vto., cuaderno 1.

8 Folios 68 y 68 vto.