Sentencia STC14490-2014/2014-00647 de octubre 23 de 2014  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 05001-22-03-000-2014-00647-01

Magistrado ponente

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

STC14490-2014

(Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil catorce)

Bogotá, D. C., veintitrés de octubre de dos mil catorce

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo de 12 de septiembre de 2014, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro de la acción de amparo promovida, a través de apoderado judicial, por María Emilse Mosquera Meneses contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, trámite al que fue vinculado el Juzgado Cuarto Civil Municipal de la misma urbe, así como las partes y los intervinientes del proceso al que alude el escrito de tutela.

Antecedentes

1. La accionante reclama la protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la “personalidad jurídica y a la propiedad”, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, por haber revocado en todas sus partes la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Medellín, dentro del proceso ordinario de simulación que adelantó junto a sus hermanas Alix Latina, María del Perpetuo Socorro y Clara Rosa Mosquera Meneses en contra de Elkin Alberto Saldarriaga Arango, María Edith Mosquera Meneses y herederos indeterminados de su padre, Lisardo Mosquera Jordán.

En consecuencia requiere, de manera concreta, que se “deje sin valor la sentencia” emitida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, y se ordene a dicho despacho judicial que dicte un nuevo fallo “teniendo en cuenta las pruebas aportadas y legalmente practicadas” en el proceso debatido (fl. 5, cdno. 1).

2. En apoyo de tales pretensiones, aduce en síntesis, que el juzgado accionado al decidir el recurso de apelación propuesto por la parte demandada dentro del proceso referido, “dejó por fuera de análisis la prueba reina del litigio”, esto es, “la escritura pública No. 3706 del 30 de diciembre de 1996 de la Notaría 13 de Medellín”, al concluir que las demandantes carecían de legitimación en la causa para demandar la simulación de los “contratos de compraventa elevados a escrituras públicas números 3412 del 29 de agosto de 1994 de la Notaría Sexta de Medellín y 579 del 19 de febrero de 2003 de la Notaría Cuarta de Medellín”, con fundamento en que “la demandada MARIA EDITH MOSQUERA por medio de la escritura 579 (…) restituy[ó] a su padre LISARDO lo que [é]ste le había transferido simuladamente varios años antes mediante la escritura 3412”, además de un “10% adicional”, por lo que según el juez de segunda instancia, “no hubo detrimento patrimonial para don Lisardo”, y menos aún para sus herederas, lo que las deja sin interés para reclamar lo pedido, y lo conllevó a revocar el fallo de primera instancia que había sido favorable a sus intereses.

Alega que no entiende como el juzgado encartado ignoró “lo afirmado en la demanda”, esto es, que su hermana María Edith “antes de retornar ese 50% del derecho de dominio había suscrito una escritura de reglamento de propiedad horizontal precisamente la 3706 del 30 de Diciembre de 1996 de la Notaría 13ª de Medellín, dando origen a tres inmuebles diferentes”, documento que fue anexado al libelo, y en el que claramente se ve que ésta “obrando supuestamente como apoderada de sus hermanas, vendió a ROSA ELVIA GOMEZ DE MIRA el primer piso”, de modo que “el 50% que inicialmente le transfirió a ella simuladamente [su padre], recaía sobre un [bien] diferente, y el 50% (sic) que luego se dice le retornó [aquélla a él] recaí[a] sobre dos inmuebles [distintos] pero de menor valor que el de la totalidad del edificio del cual se desprendían”, por lo que sí existió el aludido detrimento patrimonial, el cual “equivale justamente al valor del primer piso”.

Refiere que el funcionario judicial al abordar el estudio de la simulación de la “escritura 580 del 19 de febrero de 2003”, invirtió la carga probatoria en relación al pago del precio y la entrega del inmueble, al señalar que tales hechos “no se lograron desvirtuar por parte de las demandantes”, cuando en la demanda se manifestó que “el negocio fue simulado y que no hubo pago real del precio”, afirmación que “por su carácter negativo y general no requiere prueba, porque justamente la negación del hecho, traslada la carga de la prueba a quien afirma que [éste] sí ocurrió”.

Indica que el juzgador también “ignor[ó] por completo la afirmación del Banco Agrario de que el Cheque #5364559 por tres millones no había sido cobrado y que el cheque #5364551 por cinco millones, no presentaba evidencia de haber sido [recaudado]”, y aplicó indebidamente el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, al “otorgar el carácter de documentos auténticos a la prueba documental aportada por el demandado Elkin Saldarriaga”, a pesar de que se trataba de copias simples informales.

Asevera que el Juez convocado tuvo por demostrado en el proceso que “el señor ELKIN SALDARRIAGA autoriz[ó] un comodato precario para que [su progenitor] pudiera seguir ocupando el inmueble indefinidamente”, hecho que no tiene respaldo probatorio y contradice lo afirmado por la su hermana Edith en el interrogatorio de parte.

Finalmente sostiene, que por todo lo anterior el juzgado enjuiciado incurrió en causal de procedencia del amparo por los defectos fáctico y procedimental (fls. 2 a 5, cdno. 1).

Respuesta de los accionados

El titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, dando contestación al libelo genitor de tutela indicó, en lo fundamental, que las razones de la defensa se encuentran consignadas en la sentencia proferida el 14 de agosto de 2014, “en donde de una forma coherente y razonable, se analizó el material probatorio; análisis que conllevó a la revocatoria de la providencia del a quo, sin que se pueda concluir la existencia del defecto fáctico en los cuatro supuestos relacionados por la accionante” (fl. 90, cdno. 1).

Por su parte, el vinculado Elkin Saldarriaga Arango, se opuso a lo pretendido por la actora, esgrimiendo que la sentencia de segunda instancia se encuentra ajustada a derecho, en tanto que se examinaron en conjunto todas las pruebas recaudadas en el proceso de simulación, a más de que los documentos que aportó con la contestación de la demanda están ajustados a derecho, “y si de pronto hubo un error en la forma como se pagó la Compraventa del Inmueble, eso no significa que esa venta sea simulada y esta no es la oportunidad para debatir la prueba que no fue impugnada”; agregó que toleró la permanencia del señor Lisardo en el inmueble objeto de discordia, pues en él también vivía María Emilse Mosquera, quien podía tomar “la posesión [de] todo el inmueble”, por cuanto “estaba de por medio el 40%” de propiedad de ella y sus hermanas (fls. 91 a 94, ídem).

Los demás vinculados guardaron silencio frente al presente trámite.

La sentencia impugnada

El Juez constitucional de primera instancia concedió la protección invocada, con fundamento en que

“los actos que contienen los distintos títulos escriturarios, permite concluir sin mayor esfuerzo, que en efecto, cuando la señora María Edith Mosquera Meneses dijo vender a su padre, el 60% de los derechos proindiviso que tenía sobre el apartamento del segundo piso con su respectiva terraza, en realidad no vendió el mismo bien que inicialmente el segundo dijo venderle mediante la escritura pública No. 3.412, del 29 de agosto de 1994; pues en aquella no estaba incluido el primer piso, como s[í] estuvo comprendido en esta negociación, pues como se indicó, ese primer piso le fue vendido a la señora Rosa Elvira Gómez de Mira.

A lo anterior se agrega que no aparece documento que esta segunda negociación sea el producto de una transacción o arreglo entre el padre y la hija, por las diferencias que se pudieron presentar o se pudieran presentar por la negociación cuestionada y que se documentó en el título escriturario No. 3.412 y, mucho menos, que el 10% de los derechos de propiedad que adicionalmente dijo transferir la Señora María Edith Mosquera Meneses a su padre, sean a cambio del 50% de los derechos que éste tenía sobre [el] primer piso, el cual fue enajenado a un tercero como se señaló.

Bajo estas circunstancias y sin una debida valoración probatoria, no se puede afirmar que el causante en vida y ahora sus herederos, no resultaron afectados en su patrimonio, con las negociaciones que se cuestionan de simuladas y a las que se contrae la demanda, como lo afirma la sentencia de segunda instancia, para concluir que no les asiste un interés real y serio, sin verificar y examinar previamente sobre qué objeto versó los mencionados actos, para proceder a negar las pretensiones de simulación contenidas en las escrituras públicas Nos. 3.412 y 579, debidamente reseñadas en este proveído.

Lo anterior permite concluir que se incurrió en una vía de hecho, por defecto fáctico, porque se omitió la valoración de los títulos escriturarios reseñados, los que son determinantes para la decisión”.

En consecuencia, ordenó al Juez Quinto Civil del Circuito de Medellín, “que en un término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la notificación de esta decisión, deje sin valor la sentencia de segunda instancia proferida el 14 de agosto de 2014 y, para que proceda a proferirla de nuevo, a la mayor brevedad posible, sin sobrepasar el término legalmente previsto” (fls. 102 a 108, cdno. 1).

La impugnación

La formularon tanto el titular del juzgado accionado, como el vinculado Elkin Alberto Saldarriaga, solicitando se revoque el fallo de primera instancia, alegando el primero, en compendio, que contrario a lo aducido por el a quo, “procedió a la valoración de todo el material probatorio obrante en el expediente, para dictar sentencia de segunda instancia, sin que se haya demostrado un interés para obrar por parte de las demandantes, ante la presunta simulación de los contratos de compraventa, contenidos en las escrituras públicas No. 3412 y 579”, ya que no se evidenció

“que dichos actos dieran lugar a una reducción o detrimento patrimonial del causante LISARDO MOSQUERA, y en consecuencia, que se haya presentado una lesión en los derechos herenciales de la parte demandante”, por lo que no podía “calificarse como arbitrario el análisis probatorio [efectuado], en tanto que el mismo se realizó con criterios racionales y con fundamento en el poder discrecional del juez” (fl. 124, cdno. 1); mientras que el segundo, reiteró los argumentos esbozados al rendir el informe, a más de manifestar que el juez citado “valoró la totalidad de la prueba allegada al proceso, tomando una decisión ajustada a los parámetros probatorios y los supuestos de hecho”, por lo que “emitir una nueva decisión judicial, implicaría un desconocimiento de los principios de la cosa juzgada y la autonomía de los jueces” (fls. 126 a 139, ídem).

Consideraciones

1. Como es sabido, la acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, porque sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En tratándose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna aún más excepcional, pues sólo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervención del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneración de los derechos fundamentales.

2. En el caso bajo estudio se observa, que la censura está encaminada, concretamente, contra la sentencia proferida el 14 de agosto del presente año por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, por medio de la cual se dispuso, entre otros, revocar el fallo de primer grado para en su lugar, “DECLARAR la prosperidad de la excepción de falta de legitimidad en la causa por activa propuesta frente a los contratos de compraventa elevados a escrituras públicas números 3.412 del 29 de agosto de 1994 de la Notaría Sexta de Medellín y 579 del 19 de febrero de 2003 de la Notaría Cuarta de Medellín”; “DECLARAR probadas las excepciones de ausencia de causa jurídica y razón legal para demandar la simulación absoluta o la inexistencia de los negocios jurídicos de compraventa propuestas por el demandado ELKIN ALBERTO SALDARRIAGA ARANGO”, y, “las excepciones de inexistencia de la simulación alegada e inconducencia de la declaración de simulación absoluta propuestas por la demandada MARÍA EDITH MOSQUERA MENESES” (fls. 6 a 33, cdno. 1).

3. Sin embargo, examinados los soportes adosados, se advierte que el amparo constitucional que la señora Emilse Mosquera Meneses solicita no tiene vocación de prosperidad, ya que la determinación emitida por el juzgado convocado tuvo como fundamento argumentos jurídicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisión en el campo de la acción de tutela, con independencia de si la Corte comparte o no tales argumentos, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ilegítimo que claramente se oponga al ordenamiento jurídico.

En efecto, en la decisión objeto de reproche, el juez de segunda instancia del proceso debatido, luego de analizar la jurisprudencia y la normatividad aplicable al caso, y las pruebas recaudadas en el proceso, concluyó que la parte demandante, en la que se encontraba la tutelante, no tenía interés jurídico para ejercer la acción de simulación frente a los negocios jurídicos consignados en las Escrituras Públicas No. 3412 y 759 antes referenciadas, en tanto que dichos actos no dieron lugar a una reducción o detrimento en el patrimonio de su difunto padre, y por ende, una lesión a los derechos herenciales de éstas que las legitimaran para reclamar la declaratoria de simulación de los mismos, mientras que, en relación a la Escritura Pública No. 580 de 19 de febrero de 2003 de la Notaría Cuarta del Círculo Notarial de Medellín, determinó que las interesadas no demostraron, como les correspondía, que el contrato de compraventa allí registrado fue un acto simulado, en la medida que no desvirtuaron el pago efectuado por el comprador y que la no entrega material del bien obedeció a las circunstancias propias de la venta, en atención a que sólo se transfirió un porcentaje del inmueble objeto de negociación.

Para llegar a dicha determinación, la autoridad acusada precisó, luego de valorar el material probatorio obrante en las diligencias, que “En el caso bajo estudio, tenemos que el contrato de compraventa elevado a escritura pública Nro. 3412 del 29 de agosto de 1994 de la Notaría Sexta de Medellín mediante la cual el señor MENESES JORDÁN vendió el 50% de sus derechos de propiedad sobre los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nros. 001-709222 y 001-709223, se logró afectar los derechos herenciales de sus hijas, quienes actúan como demandantes; sin embargo, con el contrato de compraventa elevado a escritura pública Nro. 579 del 19 de febrero de 2003 de la Notaría Cuarta de Medellín, se vuelven las cosas a su estado anterior e incluso se incrementa el patrimonio del señor MOSQUERA JORDÁN en un 10% que no lo tenía por la venta del 10% del derecho de propiedad que sobre los mismos inmuebles tenía su hija MARÍA EDITH MOSQUERA MENESES.

En conclusión, ni el contrato de compraventa elevado a escritura pública Nro. 3412 del 29 de agosto de 1994 en la Notaría Sexta de Medellín, por carecer de efectos materiales, causó detrimento en el patrimonio del señor LISARDO MOSQUERA JORDÁN, ni tampoco con el contrato de compraventa elevado a escritura pública Nro. 579 del 19 de febrero de 2003 de la Notaría Cuarta de Medellín, se avizora una reducción o detrimento en dicho patrimonio que legitime a las demandantes MARÍA EMILSE, ALIX LATINA, CLARA ROSA y MARÍA DEL SOCORRO MOSQUERA MENESES para atacar los efectos de estos negocios jurídicos a fines de la declaratoria de simulación absoluta”.

Y, luego de analizar la prueba documental y testimonial recaudada en el proceso en relación al pago y entrega del bien inmueble objeto del contrato de compraventa contenido en la aludida Escritura Pública No. 580 de 19 de febrero de 2003, precisó:

“[Estos últimos] no desvirtúan en ningún momento el pago del precio de venta que se estipuló en el contrato de compraventa; por el contrario, existen pruebas documentales aportadas por la parte demandada y que demuestran los pagos que se realizaron en efectivo y cheques girados para el pago de la venta obrante a folios 232 a 238 del cuaderno principal, confirmados por el Banco Agrario de Colombia a folios 256 a 261 del cuaderno de pruebas, el poder otorgado por el señor Lisardo Mosquera Jordán a su hija María Edith Mosquera Meneses, con el fin de que en su nombre recib[iera] la totalidad de dineros que le correspond[ían] por la venta que se cristalizó por escritura 580 de febrero 19 de 2003 de la Notaría Cuarta de Medellín, obrante a folio 221 del cuaderno principal y promesa de compraventa en donde se estipula la forma de pago convenida por las partes contratantes obrante a folio 224 del cuaderno principal.

(…)

Está demostrado en el proceso que el señor LISARDO MOSQUERA JORDÁN, quien actuó como vendedor, permaneció en el inmueble objeto de la compraventa, lo que se constituye en un mero indicio de que no hubo entrega de la cosa; sin embargo, no se desvirtuó que la estadía del señor Lisardo en la vivienda, se dio sin la expresa autorización del comprador.

Sumado a lo anterior, debemos recalcar que sólo el 60% del inmueble donde habita el vendedor Lisardo Mosquera Jordán fue objeto del contrato de compraventa, pues el otro 40% correspondía a las hijas del mismo, por lo tanto, el comprador no tenía la disponibilidad total sobre el 100% del bien razón que justifica la permanencia legitima del enajenante en la posesión del bien

(…)

En consecuencia, está demostrado que si bien no hubo entrega física, esta se dio de manera consentida por el comprador; por lo que no deja de ser, en este caso, un mero indicio de la falta de entrega y voluntad de vender la posesión física del bien en manos del vendedor” (fls. 6 a 33, cdno. 1).

4. Surge de lo anteriormente expuesto, que los mencionados argumentos e inferencias probatorias, en los que, se repite, la autoridad judicial acusada edificó la providencia aquí cuestionada, relacionados con que, por un lado, las demandantes no tienen interés jurídico para demandar la simulación de los dos primeros negocios jurídicos cuestionados en el proceso refutado, y por el otro, no se logró desvirtuar la veracidad del último de ellos, no revelan arbitrariedad o desmesura, cuestión que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo, único supuesto que, como repetidamente se ha señalado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de proveídos o actuaciones judiciales

A ese respecto, se ha considerado que,

“al juez de tutela le está vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicción cuya independencia y autonomía tiene su origen en nítidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Artículos 113, 228 y 230 de la Carta Política), máxime cuando la determinación sobre la cual gravita la censura está soportada en un admisible examen de los hechos, así como de la prudente interpretación de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme así emerge de las razones expuestas en los proveídos acusados” (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01, reiterada en CSJ STC11408-2014).

Asimismo esta Corporación ha sostenido, que

“el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de árbitro para determinar cuáles de los planteamientos valorativos y hermenéuticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los más acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisión oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia” y, que “la adversidad de la decisión no es por sí misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural” (CSJ STC 7 mar. 2008, Rad. 00514-01, reiterada, entre otros en STC7950-2014; STC8572-2014; STC8880-2014; STC9717-2014; STC11408-2014).

5. Ahora, no es cierto, como lo sostuvo el a quo, que en la providencia cuestionada el juez de segunda instancia “incurrió en una vía de hecho, por defecto fáctico, porque se omitió la valoración de los títulos escriturarios reseñados, los que son determinantes en la decisión”, puesto que éstos solo reflejan la existencia de los negocios jurídicos allí consignados, más no constituyen per se prueba idónea, menos un indicio, para demostrar el supuesto detrimento patrimonial que alega la querellante.

Así mismo, tampoco es cierto, como lo afirmó la actora, que el ad quem invirtió la carga probatoria en relación a la demostración del pago y entrega material del inmueble enajenado en el último de los actos atacados en el pluricitado proceso de simulación, pues éste con apoyo en el material probatorio recaudado concluyó, que el primer hecho sí se había dado, y que el segundo no se realizó por la imposibilidad jurídica de ello toda vez que sólo era propietario del 60% del inmueble y por la aquiescencia del comprador de que el señor Lisandro viviera allí, lo cual no pudo ser desvirtuado por las demandantes.

Finalmente, la Corte no encuentra error alguno por parte del funcionario judicial enjuiciado en la aplicación de los artículos 252 y 254 del C. de P. C., pues los documentos (copias) adosados a foliatura 221 a 224 del cuaderno de contestación de la demanda del expediente radicado 2007-00734, fueron autenticados ante notario, amén de que si bien los que se encuentran visibles a folios 232 a 238 ibídem no lo están, éstos fueron igualmente aportados por el Banco Agrario de Colombia ante el requerimiento efectuado por el juez de conocimiento, quien además certificó la información contenida en los mismos (Fls. 256 a 261, cdno. 1, ídem).

6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, se NIEGA la protección constitucional solicitada.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Devuélvase al juzgado de origen el expediente remitido a esta instancia en calidad de préstamo.

Mgistrados: Jesús Vall de Rutén Rui, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona