Sentencia STC14492-2017/2017-00136 de septiembre 14 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 70001-22-14-000-2017-00136-01

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

(Aprobado en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo de 18 de julio de 2017, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, dentro de la acción de amparo promovida por Yennifer Regina Julio Rivera contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Corozal, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial.

Antecedentes

1. La accionante reclama la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y al acceso a la administración de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al acceder a las pretensiones del proceso de exoneración de cuota alimentaria que Domingo Antonio Julio Pérez promovió en su contra.

Por tal motivo, pretende que por esta vía se conceda el resguardo deprecado, “REVOCA[NDO]” la decisión del 1º de junio pasado, para entonces, ordenar al Juzgado Promiscuo de Familia de Corozal, que vuelva a proferir la sentencia que en derecho corresponda (fl. 5, cdno. 1).

2. En apoyo de tales pretensiones, aduce en síntesis y en cuanto interesa para la resolución del presente asunto, que como quiera que el citado señor Domingo Antonio Julio Pérez en el año 2007 fue declarado su progenitor, se le asignó como cuota alimentaria a su favor el 10% del salario y las prestaciones sociales devengadas como docente del orden departamental.

Señala que pese a que dentro del litigio referido en líneas anteriores acreditó, que si bien culminó académicamente la formación en “licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades lengua castellana e idioma extranjero en inglés” en la Universidad Cecar, no ha obtenido el título profesional, pues “necesit[a] realizar obligatoriamente un diplomado en arte, lúdica y lectoescritura, el cual tiene un costo (…) de $ 1.886.815”, el Juzgado Promiscuo de Familia de Corozal dispuso relevar a su padre de la obligación alimentaria que le compelía, desconociendo así que el alimentante no solo incumplió con sus deberes desde su nacimiento, sino que el embargo de las cesantías estaba destinado exclusivamente a “satisfacer los estudios superiores”, máxime cuando junto con su progenitora no tienen empleo para solventar dichos gastos, circunstancia que, dice, vulnera los derechos fundamentales invocados (fls. 1 a 7, Cit.).

Respuesta de los accionados y vinculados

a).La titular del Juzgado Promiscuo de Familia de Corozal, luego de memorar las actuaciones que conoció en el marco del proceso de exoneración de alimentos criticado, puntualizó que no ha lesionado prerrogativa superior alguna de la actora, pues éste se ciñó a los lineamientos jurisprudenciales y legales que rigen la materia (fls. 23 a 26, íd.).

b).El señor Domingo Antonio Julio Pérez precisó, que nunca descuidó las obligaciones para con la alimentante; sin embargo, y como quiera que aquélla tiene más de 25 años de edad y ya culminó sus estudios superiores, y además, él tiene que solventar los gastos alimentarios respecto de sus otros 4 hijos menores de edad, se vio en la necesidad de promover la controversia aludida (fls. 32 y 33, Cit.).

La sentencia impugnada

El juez constitucional de primera instancia concedió el resguardo reclamado, tras advertir que la Juzgadora convocada quebrantó a la actora el derecho fundamental al debido proceso, pues apoyó su decisión en jurisprudencia que ya no era aplicable, en desconocimiento del precedente que admite los alimentos para mayores de 25 años, y además, no tuvo en cuenta que aquélla careció de defensa técnica dentro del asunto endilgado.

En consecuencia, resolvió “DEJAR sin efectos el proveído del 1º de junio de 2017”, y ordenar al Juzgado Promiscuo de Familia de Corozal, que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, “convoque a audiencia en la que decida nuevamente sobre la exoneración de alimentos pretendida por el señor Domingo Antonio Julio Pérez, con base en las consideraciones precedentes y atendiendo los límites de “la especificidad del caso en el escenario natural”“ (fls. 45 a 51, Cit.).

La impugnación

La titular del Juzgado convocado se mostró inconforme frente al anterior fallo, señalando que el a quo desconoció que la alimentaria “terminó sus estudios en el segundo semestre de 2016, como se puede ver de la certificación expedida por la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, como bien lo acepta en la audiencia, [es] mayor de 27 años al momento de la diligencia”, y en el precedente constitucional referido se hace alusión a los 25 años de edad; a más que si aquélla requería del mentando diplomado para obtener el título profesional, no acreditó dicha situación, sin que sea admisible el argumento de la falta de defensa técnica, pues la demandada se presentó en un principio a la audiencia con apoderado judicial, quien luego se retiró aduciendo otras diligencias (fls. 62 a 64, ídem).

Consideraciones

1. Conforme a lo previsto por el artículo 86 de la Carta Política, la tutela es un mecanismo extraordinario establecido para la protección de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acción o la omisión ilegítima de una autoridad pública o, en determinadas hipótesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

De la misma forma, se ha señalado que esta acción, en línea de principio, no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisión por completo opuesta al régimen legal previamente señalado, sin ninguna objetividad, apoyado únicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un proceder arbitrario, situación frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las prerrogativas fundamentales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las vías ordinarias de defensa judicial, dado el carácter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.

2. En el presente asunto se observa, sin duda, que la censura está encaminada contra el proveído proferido en audiencia el 1º de junio de 2017, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Corozal, por medio del cual se resolvió “Exonerar de la obligación alimentaria al señor Domingo Antonio Julio Pérez, en relación con la joven Yennifer Regina Julio Rivera” (fls. 69, íd.), pues en sentir de la alimentaria, se realizó una indebida valoración de los medios de prueba y se pasó por alto la jurisprudencia aplicable a la materia.

3. Pues bien, efectuado el análisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicción obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que tal como lo consideró el a quo constitucional, surge patente la procedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta lo siguiente:

3.1. El litigio referido en líneas anteriores, se promovió con fundamento en que, no solo la demandada, aquí accionante, culminó sus estudios universitarios y superaba los 25 años de edad, sino que también el alimentante tenía a su cargo 4 hijos menores de edad, uno de ellos con sendas patologías médicas que demandaban gastos adicionales para su atención (fl. 141, cdno. 1 copias).

3.2. Trabada la litis, en la audiencia de que trata el artículo 372 y siguientes del Código General del Proceso, y que fue practicada el 1º de junio pasado, el Juzgado Promiscuo de Familia de Corozal, luego de memorar jurisprudencia de esta Corporación respecto de la exoneración de alimentos, dispuso acoger las pretensiones de la demanda, con sustento en lo siguiente:

“el demandante logró probar que la joven (…) es mayor de 25 años, con el Registro Civil de Nacimiento (…), además también está el acta de la certificación, (…), donde constan los estudios que realizó la [citada] joven, (…) [además] en el correspondiente interrogatorio que se le hizo al demandado (…) se mantienen las pretensiones de exoneración, por cuanto la hija (…), ya terminó (…) sus estudios, y puede académicamente ejercerlo, (…), que no tiene ningún impedimento ni físico ni mental para trabajar, y que para sus otras obligaciones no puede continuar pagando una cuota de alimentos y también anexa las certificaciones de la institución educativa en la que se deja constancia de los estudios superiores realizados”.

Por otra parte, destacó que la señorita Yennifer Julio Rivera “manifiest[ó] que necesita hacer un postgrado para terminar los estudios, que no se encuentra inhabilitada para trabajar, y solicita que se le continúe el embargo del padre, en relación con sus alimentos”; lo que le permitió concluir que “la demandada ha superado la barrera de los 25 años, edad límite establecida en la ley para que una persona se procure a si (sic) misma su propio sustento, no puede deducirse la intención del alimentario de permanecer indefinidamente como beneficiario de la obligación alimentaria que le asiste a sus padres, también de los elementos probatorios aportados se pudo compendiar que la joven terminó académicamente sus estudios de licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades, lengua castellana, idioma extranjero inglés, por lo tanto, ya se dan los elementos necesarios puesto que no se encuentra demostrado que el alimentario se encuentra impedido ni física ni mentalmente para desarrollar una labor u oficio, entonces, en este caso la obligación alimentaria no se extenderá y se exonerará a la parte demandante de la obligación que viene cumpliendo hasta la fecha” (fl. 69).

4. Visto lo anterior, y examinada la providencia acusada, la Sala estima que en efecto la protección constitucional reclamada debía concederse, en la medida que el Despacho criticado no analizó como correspondía la problemática suscitada, y si bien citó algunas normas para apoyar su decisión, dicho análisis resulta insuficiente para sustentar su actuación.

4.1. Se arriba a dicha conclusión, pues ciertamente la autoridad judicial aquí impugnante se apartó de los precedentes jurisprudenciales que esta Corporación ha proferido sobre la materia en punto del análisis específico de la obligación alimentaria respecto de los beneficiarios que resultan mayores de edad y superan el rango de 25 años que ha estipulado la norma, siendo necesario estudiar con suficiencia las particularidades del asunto puesto en conocimiento, situación que se advierte huérfana en el presente asunto, además que, más allá de memorar las pruebas arrimadas y practicadas, de ninguna manera expuso sobre el alcance de las mismas y la incidencia en las pretensiones de exoneración.

Respecto de la circunstancia de la edad que se pone en conocimiento, esta Corte de vieja data ha sostenido que,

“contar con 25 años de edad como límite para el suministro de alimentos a hijos mayores de edad que cursan estudios superiores no es un parámetro absoluto, pues allí entran en juego circunstancias disímiles como la duración de la carrera escogida por el alimentario o alimentaria, o la edad en que empieza tal formación académica por factores también diversos” (STC. 9 sep. 2009, Rad. 00144-01; reiterada en STC1982-2017).

4.2. Aunado a lo anterior, la sola mención y la certificación allegada en punto de que la aquí actora cursó el décimo semestre del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Inglés), de manera alguna da lugar a entender que se puede valer por sí misma, pues se tiene que ello ocurre “cuando una persona ha cursado estudios superiores y optado un título profesional [o técnico], es razonable entender que debe estar, en condiciones normales, esto es, salvo impedimento corporal o mental, apta para subsistir por su propio esfuerzo, esa circunstancia por sí puede legitimar al alimentante para deprecar y eventualmente obtener la exoneración de alimentos a través del proceso correspondiente, en el cual el juez respetará las garantías procesales de las partes y decidirá en cada caso concreto, atendiendo a la realidad que se le ponga de presente” (STC. 28 may. 2007. Rad. 00129-01).

5. Esta corporación, sobre de la argumentación de las sentencias proferidas por los funcionarios judiciales, ha sido enfática en señalar que

“la motivación de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, razón por la cual ésta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, ‘(…) la función del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisión que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideración. La sentencia, como acto procesal que es, según el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, debe ser motivada ‘de manera breve y precisa’ pero necesariamente fundamentada, dicha evaluación debe cobijar el ‘examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales’ que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (…) ‘la función del juez radica en la definición del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias estén clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constitución para resolver los casos concretos, con base en la aplicación de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposición que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstención, forzosa para el sujeto pasivo del fallo’ sentencia de 22 de mayo de 2003, Exp. 00526-01” (citada entre otras, en CSJ STC3469-2017).

6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.