Sentencia STC14554-2014 de octubre 24 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 25000-22-13-000-2014-00326-01

STC14554-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

(Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil catorce.

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo de 22 de septiembre de 2014, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acción de tutela promovida por Rómulo Hernán Perdomo Rodríguez, contra los juzgados Primero Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal, ambos de Girardot, y Central de Inversiones S.A., trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso al que alude el escrito de tutela.

Antecedentes

1. El accionante reclama la protección “a las garantías constitucionales”, presuntamente vulneradas por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las decisiones proferidas dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido en su contra por Central de Inversiones S.A., trámite dentro del cual, en su sentir, “se han cometido toda clase de actos ilegales e inconstitucionales”, con el único ánimo de quitarle su vivienda.

En consecuencia, requiere de manera concreta,

“Declarar el fraude procesal, dando por terminado este proceso ejecutivo y declarar probada (la suplantación del formato 254, y la apropiación y no devolución del alivio del Estado para este crédito por $ 2.512.063,8277, de acuerdo con la nueva prueba expedida el 11 de septiembre del 2014 por la Superintendencia Financiera de Colombia” (fl. 8, cdno. 1).

Soporta el actor lo pretendido, en que los despachos judiciales convocados en un “prevaricato continuado (...) excluyendo la jurisprudencia constitucional y legal de las altas cortes y el Congreso de la República, para controlar los créditos hipotecarios VIS, en los procesos ejecutivos”, adelantaron la ejecución en su contra hasta el remate del bien materia de garantía, con el fin de “Despojarme de mi vivienda y la de mi familia”.

Indica que presentó un “incidente de nulidad constitucional”, que fue rechazado de plano sin ser estudiado de fondo, a pesar de que la entidad financiera “como reliquidación del crédito (...) suplant[ó] el formato 254 expedido por la Superintendencia Bancaria de Colombia”, limitándose a amenazar a su apoderado con compulsarle copias ante el Consejo Superior de la Judicatura, decisión que fue objeto de recurso de reposición y en subsidio el de apelación, siendo negado el primero y no concedido el segundo, por lo que impugnó y reclamó las copias para surtir recurso de queja.

Señala que el trámite del citado recurso correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, quien declaró “bien negado el recurso de apelación, sin pronunciarse de fondo sobre el incidente de nulidad, favoreciendo a los accionantes”, lo que vulnera sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta que el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil “no excluye la nulidad prevista en el artículo 29 superior” (fls. 3 a 9, cdno.1).

Respuesta de los accionados

El titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot, dando contestación al libelo genitor de tutela, solicitó denegar el amparo por improcedente, bajo el argumento que, en suma, lo pretendido por el accionante “son asuntos que constituyen aspectos sustanciales que debieron cuestionarse en su debida oportunidad procesal a través de los medios de defensa que el legislador previó para ello, esto es, las excepciones y no intentar ahora revivir términos o hacer cuestionamientos al margen de la realidad procesal” (fls. 17 a 19, cdno. 1).

La sentencia impugnada

El juez constitucional de primera instancia desestimó la protección suplicada, tras considerar que no existió vulneración al debido proceso del actor, quien “acude a este instrumento para increpar unas decisiones que afloran razonables y que, además, reprochan el indebido uso de los instrumentos procesales para rebatir aspectos que ya fueron dilucidados en el litigio, reviviendo polémicas indefinidamente en aras de entorpecer el remate del bien”; agregó, que frente al incidente de nulidad, el aquí interesado “no se erigió en alguna de las causales previstas en el artículo 140 del Estatuto Procesal Civil acompasada con las disposiciones que rigen el asunto y por ende asoma razonable, lo que excluye su alteración por esta vía” (fls. 25 a 28, cdno. 1).

La impugnación

El accionante impugnó el anterior fallo reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela, y recalcando, que el a quo negó lo pretendido “sin pronunciarse “sobre la inmediatez en un nuevo hecho “peculado por apropiación de dineros del Estado por $ 2.512.063,8277” y dejando de lado la jurisprudencia de las altas cortes y el Congreso de la República, desacatando la Ley Marco de Vivienda 546/99” (fls. 37 a 41, cdno. 1).

Consideraciones

1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la corporación, que, en línea de principio, la acción instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.

No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial.

2. Examinado el escrito de tutela y la impugnación formulada por el señor Rómulo Hernán Perdomo Rodríguez, es preciso señalar que la censura constitucional está puntualmente dirigida contra el auto proferido el 4 de junio de los corrientes por el juez tercero civil municipal de Girardot, por medio del cual se resolvió “Rechaza[r] de plano” el incidente de nulidad formulado a través de apoderado judicial por el accionante (fl. 58, cdno. corte), y, contra el dictado por esa misma autoridad el 20 de junio siguiente, a través del cual se mantuvo lo resuelto y se denegó la concesión del recurso de apelación (fls. 68 y 68, ídem); así mismo, contra el proveído calendado 15 de agosto del mismo año, en el que el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma localidad, declaró bien denegada la alzada, pues en sentir del actor, con dichas actuaciones los despachos citados incurrieron “en una denegación de justicia”.

3. Sin embargo, examinados los soportes adosados, se advierte que el amparo constitucional invocado no tiene vocación de prosperidad, ya que las determinaciones cuestionadas tuvieron como fundamento argumentos jurídicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurarlas en el campo de la acción de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ilegítimo que claramente se oponga al ordenamiento jurídico.

En efecto, en la primera decisión objeto de reproche, el juez del conocimiento rechazó de plano la nulidad invocada por el accionante, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, al advertir que el incidente se soportó en la causal de nulidad constitucional del artículo 29 de la Carta Política y estaba únicamente encaminado a impedir la realización de diligencia de remate, arguyendo las mismas razones traídas a esta Sede, sin que los mencionados argumentos en los que, se repite, la autoridad judicial acusada edificó la providencia aquí cuestionada, revelen arbitrariedad o desmesura, cuestión que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en las causales de procedencia del amparo denunciadas, único supuesto que, como repetidamente se ha señalado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de proveídos o actuaciones judiciales.

A ese respecto, se ha considerado que,

“al juez de tutela le está vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicción cuya independencia y autonomía tiene su origen en nítidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (C.P., arts. 113, 228 y 230), máxime cuando la determinación sobre la cual gravita la censura está soportada en un admisible examen de los hechos, así como de la prudente interpretación de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme así emerge de las razones expuestas en los proveídos acusados” (CSJ STC, 20 sep. 2013, Rad. 00297-01; reiterada en STC12953-2014).

En el mismo sentido acertó el citado operador judicial, al denegar la concesión del recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó de plano la nulidad, y el juez primero civil del circuito de la misma urbe al declarar bien denegada la alzada, teniendo en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 147 de la ley adjetiva, únicamente es susceptible de apelación, “El auto que decrete la nulidad de todo el proceso, o de una parte del mismo sin la cual no fuere posible adelantar el trámite de la instancia”.

4. Así las cosas, examinadas tales motivaciones con el límite de la acción de tutela, al margen de que esta corporación las comparta o no, se concluye que ellas no pueden tildarse de antojadizas o caprichosas, lo cual impide su cuestionamiento en esta sede, pues, la diferencia de criterio que expone el demandante constitucional no permite, por sí solo, predicar el quebranto de los derechos cuya protección invoca, pues en las decisiones que censura, se observaron las normas procesales que eran aplicables para el caso concreto; de allí que las determinaciones impartidas no luzcan absurdas o contrarias al ordenamiento que el legislador dispuso para ello y los precedentes jurisprudenciales que ha sentado esta Sala.

5. Ahora, de cara a lo aducido en el escrito genitor en punto de que se oficie a distintas entidades del orden nacional para que se adelanten las investigaciones de carácter penal y disciplinario contra las autoridades judiciales accionadas, se anota que, a más de que la interesada puede acudir ante las autoridades competentes para ese fin, “naturalmente que asumiendo las consecuencias que de su comportamiento se deriven” (CSJ STC, 16 mar. 2012, Rad. 00037- 01; y STC, 2 ago. 2013, Rad. 00167-01), ha sido criterio de esta corporación que “la función del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisión o por acción” (CSJ STC, 17 feb. 2010, Rad. 00449-01; reiterada en STC, 16 mar. 2012, Rad. 00037-01; y STC, 28 oct. 2013, Rad. 01539-01; reiterada en STC13498-2014).

6. Finalmente, respecto de la solicitud que se declare la nulidad del trámite procesal reseñado, téngase en cuenta que no sólo los mismos argumentos aquí traídos ya fueron expuestos sin éxito por el actor ante el juez natural a través del incidente que le fue rechazado de plano, sino que es de advertirse que dicha aspiración escapa al ámbito constitucional, en tanto que es el proceso el escenario propicio para ventilar ese tipo de peticiones, con sujeción, claro está, a las exigencias legales, sin que pueda acudirse a esta mecanismo especialísimo con el único fin de obtener una decisión paralela a la que legalmente corresponda.

Sobre el particular, la Sala ha indicado que

“[t]ampoco podría el juez de tutela decretar la nulidad constitucional pedida por los accionantes, puesto que ese tipo de medidas están reservadas a los jueces de instancia, quienes de acuerdo con el listado de causales taxativas que establece la ley, son los únicos autorizados para anular total o parcialmente una actuación judicial” (CSJ STC, 18 jul. 2008, Rad. 00159-01, reiterada en STC, 26 ago. 2013, Rad. 01154-01).

7. Corolario de lo expuesto, se impone la confirmación del fallo de primera instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Jesús Vall de Rutén Ruiz—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.