Sentencia STC 14595-2017/2017-00113 de noviembre 14 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 47001-22-13-000-2017-00113-01

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

(Aprobado en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el 14 de junio de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la acción de tutela promovida por Hugo Orlando Materón Angulo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo trámite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto del presente amparo constitucional.

Antecedentes

1. El accionante reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, con ocasión de diferentes determinaciones adoptadas en el proceso en el que aquel es ejecutado, incoado por la Inmobiliaria y Cobranzas Vilpar SAS.

En consecuencia, solicitó “declarar que las providencias a través de las cuales se admitió (sic) el (…) proceso ejecutivo hipoteca[rio] [en su contra], son nulas y deben rehacerse para que sean notificad[a]s y[,] por ende, susceptibles de los recursos ordinarios y/o extraordinarios, que contra ell[a]s proceden y para que se ejerzan en derecho todos los mecanismos de defensa, con las prerrogativas y vías que la misma ley orde[na]”; asimismo, pidió ordenar “[l]a revisión del auto admisorio (sic), de todos los que resolvieron los recursos interpuestos por la parte demandada, de los que han decidido las nulidades invocadas y en especial de la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución y la venta en subasta pública del inmueble” (fls. 1 a 18, cdno. 1).

2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae la siguiente situación fáctica, relevante para definir el presente asunto:

2.1. El 24 de abril de 1997 Hugo Orlando Materón Angulo otorgó, a favor del Banco Central Hipotecario, el pagaré Nº 4302224-2, por la suma de $ 42.000.000, la cual debía cancelar, junto con sus intereses, a partir del mes siguiente a esa fecha, en 180 cuotas mensuales periódicas. Para garantizar el pago de tal obligación, el actor constituyó gravamen hipotecario sobre el inmueble con folio de matrícula inmobiliaria Nº 080-41714, de su propiedad (fls. 80 a 85, cdno. 1).

2.2. La entidad financiera referida a espacio promovió una primigenia ejecución hipotecaria contra el accionante, de la que le correspondió conocer al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, asunto que culminó, sin que de él se hubiera notificado al deudor, el 9 de mayo de 2011, con fundamento en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, tras allegarse la reliquidación del crédito (fls. 581 y 582, cdno. 1).

2.3. Posteriormente, el mentado banco endosó el título valor y cedió la garantía a central de inversiones, quien a su vez los transfirió a la Compañía de Gerenciamiento de Activos, la que, a su turno, los traspasó a Inmobiliaria y Cobranzas Vilpar SAS (fls. 87 a 93, cdno. 1).

2.4. Luego, Inmobiliaria y Cobranzas Vilpar SAS, el 30 de agosto de 2013, incoó una nueva demanda ejecutiva hipotecaria de mayor cuantía contra Hugo Orlando Materón Angulo, exponiendo que este se encontraba en mora en el pago del crédito desde el 26 de mayo de 1998, pretendiendo se emitiera orden de apremio por 592.961.7048 UVR’s, por concepto de saldo de capital de la obligación, las que para dicha fecha, afirmó, equivalían a $ 143.210.228.83, más los intereses respectivos. El conocimiento de tal asunto le correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, aquí accionado (fls. 38 y 100 a 104, cdno. 1).

2.5. En auto de 1º de noviembre de 2013, notificado por estado el día 6 siguiente, a pesar de que la obligación contenida en el pagaré se encontraba fijada en pesos, el despacho convocado libró mandamiento de pago en la forma rogada por la ejecutante, esto es, por 592.961.7048 UVR’s por capital, más los intereses (i) de plazo, desde el 1º de enero de 2000 hasta el 29 de agosto de 2013; y (ii) de mora, a partir del 30 de agosto de 2013 hasta que se verificara el pago total (fls. 106 y 107, cdno. 1).

2.6. El accionante se notificó del mandamiento de pago, de forma personal, el 17 de julio de 2014 (fl. 183, cdno. 1), planteó reposición y en subsidio apelación frente a tal orden, alegando “falta de legitimación de la (…) actora para incoar [la] acción ejecutiva”, “falta de inscripción en el documento base de la acción, que se trata de copia registrada que presta mérito ejecutivo”, “ineficacia del título valor (…) base de recaudo”, “improcedencia de la acción por vicios de nulidad absoluta en el título valor”, “inexigibilidad de la obligación por falta de claridad y ausencia de la liquidación del saldo aplicado el alivio de la Ley 546 de 1999”, “falta de notificación de las cesiones de créditos realizadas” y “prescripción de la acción” (fls. 185 a 195, cdno. 1).

Así mismo, formuló (i) excepciones previas, reiterando las situaciones aludidas a espacio, excepto la referente a la “improcedencia de la acción por vicios de nulidad absoluta en el título valor” (fls. 221 a 236, cdno. 1); y (ii) defensas de mérito, en las que reiteró todas las circunstancias relacionadas en la mentada reposición, adicionando las que denominó “improcedencia de la acción real por vicios de nulidad absoluta en el contrato de hipoteca” y “pago parcial” (fls. 206 a 220, cdno. 1).

2.7. El 26 de febrero de 2015 la célula judicial criticada, al desatar el recurso horizontal, dispuso mantener su decisión inicial y correr traslado de las defensas de fondo (fls. 250 a 257, cdno. 1); nueva determinación que atacó en reposición el ejecutado, aduciendo que no se dio el trámite debido a las excepciones previas, tampoco se resolvió lo concerniente a la prescripción alegada ni se concedió la apelación que oportunamente planteó (fls. 266 a 269, cdno. 1).

2.8. El 5 de mayo de 2015 el fallador acusado declaró improcedente la reposición bajo el supuesto de que en el auto atacado se efectuó “una evaluación minuciosa de cada uno de los supuestos que constituían excepciones previas”; y al advertir la omisión de pronunciamiento ante la apelación propuesta frente al mandamiento de pago, procedió a denegar su concesión, por improcedente, pues tal determinación no era susceptible de ese remedio (fls. 278 a 279, cdno. 1).

2.9. El 4 de agosto siguiente, la sede judicial convocada, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009, ejerció control de legalidad sobre la actuación encontrando, en su sentir, que no existía “irregularidad alguna que socav[ara] las bases procesales que (…) impid[iera] tomar una decisión de forma válida”, por lo que abrió el juicio a pruebas, decretando las pedidas por las partes. Determinaciones que cobraron ejecutoria sin ningún tipo de objeción (fls. 282 y 438, cdno. 1).

2.10. Surtido el trámite de rigor, el 29 de junio de 2016 el juzgado accionado profirió sentencia, en la que declaró infundadas las excepciones propuestas por el deudor y, en consecuencia, dispuso la venta en pública subasta del bien gravado, con sus consecuenciales ordenamientos.

Para arribar a tal determinación, entre otras conclusiones, para lo que aquí interesa, en lo referente a la excepción de prescripción, tras aludir al artículo 69 de la Ley 45 de 1990, consignó que tal disposición “prevé la posibilidad de retrotraer la aceleración del plazo, lo cual se viabiliza, siempre que el cobro de los intereses moratorios se haga frente a las cuotas en mora, y no frente al capital total (…)”, por lo que el proceso bajo su conocimiento era “una prueba [de] que la parte acreedora, hizo uso de la facultad, pues habiendo presentado demanda en 1999, no se llegó a dictar sentencia, y de hecho restituyó nuevamente el plazo y así mismo a juicio de esta funcionaria, se retrotrae la aceleración del plazo”; de donde “el cumplimiento estaba hasta el año 2012, por lo tanto, los términos de prescripción se consolidan hasta el año 2015, habiéndose radicado la litis en el 2013, como la admisión fue notificada dentro de los 120 días siguientes, se interrumpió la prescripción” (fls. 300 a 308, cdno. 1).

2.11. Contra tal providencia el ejecutado formuló apelación (fls. 309 a 325, cdno. 1), censura que mediante auto de 18 de agosto de 2016, notificado por estado el día 19 siguiente, fue concedida, en el efecto devolutivo, debiendo el censor aportar las expensas necesarias para la reproducción de la actuación, en el término previsto en el artículo 323 del Código General del Proceso, el cual fenecía el día 26 de los mismos mes y año (fl. 347, cdno. 1).

2.12. Solo hasta el 29 de agosto de 2016 el apelante acreditó el pago de las aludidas expensas, a la vez que solicitó la nulidad de la notificación del proveído anterior, la que consideró irregular (fls. 348 a 353 y 355 a 357, cdno. 1).

2.13. El 14 de diciembre de 2016 el estrado convocado no accedió a la petición de invalidez ni a la notificación del auto de 18 de agosto anterior, “toda vez que esta ya se efectuó”, a la vez que dispuso devolver al ejecutado las expensas aportadas de manera extemporánea (fls. 361 y 362, cdno. 1).

2.14. Seguidamente, la acreedora aportó la liquidación del crédito por una suma total de $ 288.382.676.48 (de los cuales $ 143.210.228.83 correspondían a capital y $ 145.172.447.65 a intereses - fls. 363 a 365, cdno. 1), la que objetó el deudor al considerar que el capital ni los intereses se ajustaban a lo realmente debido, lo que, en su sentir, no superaba los $ 2.333.333.33 (fls. 377 a 383, cdno. 1).

2.15. El 5 de abril de 2017 el juzgador rechazó la objeción formulada por el ejecutado por cuanto las alegaciones contenidas en la misma estaban “dirigidas a atacar el mandamiento de pago y la sentencia, providencias que se encuentran debidamente ejecutoriadas”; y allí mismo, impartió aprobación a la liquidación del crédito aportada por el extremo acreedor (fls. 418 a 420, cdno. 1).

2.16. Contra la anterior determinación el ejecutado formuló apelación (fls. 422 a 430, cdno. 1), la que, en auto de 24 de mayo de 2017, notificado en estado del día 25 siguiente, fue concedida en el efecto devolutivo (fl. 435, cdno. 1).

2.17. Con auto de la misma fecha se fijó el 10 de agosto de 2017 para adelantar la almoneda correspondiente (fl. 436, cdno. 1).

2.18. El pasado 31 de mayo, encontrándose descontándose el término con el que contaba el ejecutado para sufragar las copias para que se surtiera la apelación frente al proveído que rechazó su objeción a la liquidación del crédito, se formuló la presente solicitud de amparo (fls. 18 y 19, cdno. 1).

2.19. Sostuvo el quejoso que el juzgado convocado quebrantó las garantías invocadas porque i) libró el mandamiento de pago sin “haberse realizado el endoso a la demandante en el cuerpo del título base de la acción”; ii) no dio trámite al recurso de apelación formulado en subsidio contra tal orden de apremio ni a las excepciones previas propuestas; iii) notificó indebidamente “la providencia que conce[dió] el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia”; iv) “revivió actuaciones prescritas”, toda vez que, en su sentir, la acción ejecutiva se encontraba prescrita, habida cuenta de que la orden de pago le fue notificada 17 años, 2 meses y 23 días después de haber suscrito el pagaré objeto de recaudo, relievando que el despacho convocado interpretó erradamente el artículo 789 del Código de Comercio, pues el término prescriptivo de los tres años debe contabilizarse luego del vencimiento de cada una de las cuotas causadas; y v) existió un “cobro indebido de capital e intereses”, destacando, en síntesis, que la liquidación del crédito aportada por la ejecutante no se ajustaba lo realmente adeudado, desatendiendo lo reglado para tal fin en el Código de Comercio (fls. 1 a 18, cdno. 1).

3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta historió las actuaciones surtidas al interior del juicio fustigado; indicó que si bien omitió dar traslado de las excepciones previas, lo cierto fue que el gestor “asumió una actitud pasiva pues tampoco efectuó requerimiento alguno, permitiendo el desarrollo de las demás etapas de este proceso, dando con ello lugar [a] que dicha omisión se considerara saneada, tal y como lo tenía previsto el parágrafo del art. 140 del C. de. P. (hoy art. 133 del C.G. del P)”; que garantizó el debido proceso de las partes, surtiendo las etapas propias del proceso ejecutivo hipotecario; que tramitó los recursos propuestos por el accionante, resaltando que fue este quien no los aprovechó en debida forma, pues contra la sentencia y el auto que rechazó la objeción a la liquidación del crédito concedió las alzadas interpuestas y el gestor no pagó oportunamente las expensas ordenadas; agregó que no vulneró las prerrogativas del actor, a más que la solicitud de amparo incumplía con el requisito de subsidiariedad (fls. 32 a 34, cdno. 1).

La sentencia impugnada

El 14 de junio de 2017 el a quo constitucional desestimó la protección rogada al considerar que incumplía con el presupuesto de la subsidiariedad, pues, por una parte, el actor no interpuso ningún recurso contra los proveídos citados por el juzgador acusado el 4 de agosto de 2015 (mediante el cual se efectuó control de legalidad al proceso criticado) y el 24 de mayo de 2017 (en el que se fijó fecha y hora para adelantar la diligencia de remate); y por otro lado, si bien el estrado judicial criticado concedió las alzadas formuladas contra la sentencia y el proveído que rechazó la objeción a la liquidación del crédito, lo cierto fue que el inconforme no canceló, en oportunidad, las expensas necesarias para tramitar tales censuras, incurriendo en un proceder incurioso (fls. 607 a 616, cdno. 1).

La impugnación

La presentó la parte accionante reiterando los motivos esbozados en su escrito inicial, a los que adicionó que el tribunal constitucional “no estudió uno a uno los cargos que formuló de manera metodológica”; destacó que la indebida interpretación que frente a la figura de la prescripción de la acción cambiaria efectuó la sede judicial acusada, en la sentencia de 29 de junio de 2016, fue “la que más vulner[ó] sus derechos fundamentales”, entre ellos, la recta administración de justicia, pues si bien existió un primigenio juicio ejecutivo en su contra que culminó por la ausencia de la reliquidación del crédito, lo cierto es que nunca fue notificado de la existencia del mismo, por lo que las actuaciones allí surtidas no “producen los efectos jurídicos que anunci[ó] la tutelada”.

Finalmente, consignó que pagó oportunamente las expensas requeridas para surtir la alzada interpuesta y concedida frente al proveído que rechazó la objeción a la liquidación del crédito, pero el estrado convocado no lo tuvo en cuenta (fls. 622 a 630, cdno. 1).

Otra actuación surtida en el juicio criticado

En el juicio hipotecario objeto de la queja constitucional, el 10 de agosto de 2017 (esto es, con posterioridad al fallo de tutela de primera instancia -14/06/2017, fl. 607, cdno. 1 - y antes de que las diligencias fueran radicadas en esta corporación para surtir la impugnación —16/08/2017, fl. 1, cdno. Corte—), se subastó el bien gravado, siendo adjudicado a la ejecutante, encontrándose pendiente de resolver lo concerniente a la aprobación de tal almoneda.

Consideraciones

1. Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es una herramienta jurídica subsidiaria y residual, establecida para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares.

Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una determinación desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervención del juzgador constitucional, para modificar o cambiar esas decisiones y restablecer las garantías esenciales conculcadas, claro está, siempre y cuando se hayan agotado las vías ordinarias de defensa.

Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su función, cuando aquellos incurren en una flagrante desviación del mismo.

Al respecto, la Corte ha manifestado que:

(…) [E]l juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo solo se abre paso si “se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado (…)” (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015).

Así pues, se ha reconocido que cuando el juez se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el proveído, entre otros, se estructura la denominada “vía de hecho”.

2. En el sub-examine, de entrada, exclusivamente en cuanto a las quejas frente a los proveídos en los que se dispuso mantener el mandamiento de pago y denegar la concesión de al alzada contra tal orden de apremio, advierte la sala el fracaso de este auxilio, por desatender el presupuesto de la inmediatez, pues fue incoado tardíamente el 31 de mayo de 2017 (fl. 19, cdno. 1), habiendo transcurrido más de dos años desde que aquellas decisiones fueron emitidas, en efecto, i) el mandamiento de pago se libró el 1º de noviembre de 2013 (fls. 106 y 107, cdno. 1); ii) la reposición frente a tal orden se resolvió el 26 de febrero de 2015 (fls. 250 a 257, cdno. 1); y iii) el 5 de mayo de 2015 se denegó la concesión de la alzada frente al mencionado auto de 1º de noviembre, superándose, así, por mucho, el lapso de 6 meses dispuesto por la sala como proporcional y razonado para hacer uso de este mecanismo excepcional.

Sobre el punto, esta corporación ha señalado en varias oportunidades que:

(…) si bien la jurisprudencia no ha señalado de manera unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que este no puede ser tan amplío que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción y, menos aún, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. (…) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que este último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, terceros.

Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00; y STC, 27 may. 2016, rad. 2016-00401-01).

3. Sin embargo, se muestra incontrovertible que el amparo incoado está llamado a prosperar, en la medida en que se observa una conculcación protuberante de las garantías de primer orden del inconforme, especialmente de su derecho al debido proceso, con claras repercusiones frente a su derecho a la vivienda, por cuanto al dictar la sentencia de 29 de junio de 2016, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, por un lado, pasó por alto que a pesar de que el mandamiento de pago se libró en UVR’s, lo cierto era que la obligación contenida en el pagaré objeto de recaudo se encontraba pactada en pesos, y por otra parte, efectuó un estudio insatisfactorio de cara a la excepción de prescripción de la acción cambiaria propuesta por la parte ejecutada, dejando de lado la normatividad y la jurisprudencia aplicable frente al particular, desarrollada a partir del contenido del artículo 789 del Código de Comercio; circunstancias que evidencian la flagrantemente conculcación de las prerrogativas esenciales del quejoso con ocasión del trámite criticado y permiten concluir que los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad no son un impedimento para la prosperidad del ruego tutelar.

Lo anterior porque, como de vieja data lo tiene dicho la Corte, la ausencia de tales presupuestos en la solicitud de amparo constitucional, no constituye un obstáculo insalvable para el resguardo de los derechos fundamentales cuando estos resultan grosera y abiertamente quebrantados.

Sobre el particular, esta sala ha precisado que:

(…) en algunos casos en los que la decisión judicial vulneró de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden público, ha admitido que no resultaba conveniente anteponer tal exigencia, pues no constituye un obstáculo insuperable que impida otorgar la protección.

En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneración de las garantías constitucionales, la sala concedió la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovió en forma oportuna el amparo, con el fin de ‘proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal’. (S.T. de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01) (CSJ STC5272-2016, 28 ab. 2016, rad. 2015-00355-01).

3.1. En efecto, el evidente quebrantamiento de las garantías de primer orden del gestor dimana, por un lado, del hecho de que con antelación a analizar las excepciones propuestas por el ejecutado, la sede judicial acusada debía, incluso, de manera oficiosa, volver sobre los requisitos del título ejecutivo y auscultar si el mandamiento de pago se encontraba ajustado a tal cartular, revisión que se echa de menos.

Lo dicho porque, para el caso concreto, el pagaré Nº 4302224-2, objeto de recaudo, era contentivo de una obligación por un total de $ 42.000.000 de capital, esto es, un crédito pactado en pesos que no en UVR’s, aunque con capitalización de intereses, por lo que no resultaba justificado que la orden de apremio se hubiera librado en la mentada unidad de cuenta, pues debió serlo en pesos, observando que bajo aquella conversión el capital resultó ascendiendo, aparentemente sin justificación, a $ 143.210.228.83 (CSJ STC, 16 mar. 2012, rad. 2012-00076-01; y STC16047-2014, 21 nov., rad. 2014-02630-00); lo que sin duda alguna podía haber subsanado el juzgador al dictar sentencia, oportunidad en la que debía volver, incluso de oficio, sobre los requisitos del título y los parámetros del mandamiento de pago, máxime en el caso concreto, donde algunos de los medios exceptivos propuestos estaban relacionados con lo referente a la reliquidación del crédito.

Sobre el punto esta corporación ha sostenido que:

(…) se recuerda que los jueces tienen dentro de sus obligaciones, a la hora de dictar sus fallos, revisar, nuevamente, los presupuestos de los instrumentos de pago, “potestad-deber” que se extrae no solo del antiguo estatuto procesal civil, sino de lo consignado en el actual Código General del Proceso.

Sobre lo advertido, esta corte recientemente explicitó:

“(…) [R]elativamente a específicos asuntos como el auscultado, al contrario de lo argüido por la (…) quejosa, sí es dable a los juzgadores bajo la égida del Código de Procedimiento Civil, y así también de acuerdo con el Código General del Proceso, volver, ex officio, sobre la revisión del “título ejecutivo” a la hora de dictar sentencia (…)”.

“(…)”.

“Y es que sobre el particular de la revisión oficiosa del título ejecutivo esta sala precisó, en CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, lo siguiente:

“Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleológicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (artículos 228 de la Constitución Política y 11 del Código General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panorámica propia de la estructura que constituye el sistema jurídico, mas no desde la óptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada (…)”.

“Entre ellas, y en lo que atañe con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el título ejecutivo que se presenta ante la jurisdicción en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del Código General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que “[l]os requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso”, lo cierto es que ese fragmento también debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, así como también con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los cánones 4º, 11, 42-2º y 430 inciso 1º ejusdem, amén del mandato constitucional enantes aludido (…)”.

“Por ende, mal puede olvidarse que así como el legislador estipuló lo utsupra preceptuado, asimismo en la última de las citadas regulaciones, puntualmente en su inciso primero, determinó que “[p]resentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal” (…)”.

“De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, está habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin límite en cuanto atañe con ese preciso tópico, el título que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por vía de impugnación, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como también a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo atañedero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicción, ya sea a través del juez a quo, ora por el ad quem (…)”.

“Y es que, como la jurisprudencia de esta sala lo pregonó en plurales oportunidades relativamente a lo al efecto demarcado por el Código de Procedimiento Civil, lo cual ahora también hace en punto de las reglas del Código General del Proceso, para así reiterar ello de cara al nuevo ordenamiento civil adjetivo, ese proceder es del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, por lo que no meramente se erige como una potestad de los jueces, sino más bien se convierte en un “deber” para que se logre “la igualdad real de las partes” (CGP, arts. 4º y 42-2º) y “la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial” (art. 11 ibidem) (…)”.

“Ese entendido hace arribar a la convicción de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartición de justicia material. Por tanto, así la cita jurisprudencial que a continuación se transcribe haya sido proferida bajo el derogado Código de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del Código General del Proceso: [T]odo juzgador, sin hesitación alguna, […] sí está habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el título que se presenta como soporte del pretenso recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por vía de impugnación, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso trasfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jurídicas de aquel no fueron cuestionadas, como también a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo atañedero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer tópico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar extralimitación o desafuero en sus funciones, máxime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (art. 228 superior) (…)”.

“(…)”.

“En conclusión, la hermenéutica que ha de dársele al canon 430 del Código General del Proceso no excluye la “potestad-deber” que tienen los operadores judiciales de revisar “de oficio” el “título ejecutivo” a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de única, primera o segunda instancia (…), dado que, como se precisó en CSJ STC 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, “en los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los términos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el título ejecutivo (…) Sobre esta temática, la sala ha indicado que “la orden de impulsar la ejecución, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario análisis de las condiciones que le dan eficacia al título ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuación procesal (…)”.

“De modo que la revisión del título ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del Código General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y también en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa (…)”.

“Y es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempló en el inciso segundo del artículo 430 del Código General del Proceso fue que la parte ejecutada no podía promover defensa respecto del título ejecutivo sino por la vía de la reposición contra el mandamiento de pago, cerrándole a esta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a través de excepciones de fondo, en aras de propender por la economía procesal, entendido tal que lejos está de erigirse en la prohibición que incorrectamente vislumbró el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no podía, motu proprio y con base en las facultades de dirección del proceso de que está dotado, volver a revisar, según le atañe, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro entendido de ese precepto sería colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo que adoptó fue la ilógica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de apremio con alguna incorrección, ello no podía ser enmendado en manera alguna, razonamiento que es atentatorio de la primacía del derecho sustancial sobre las ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicación en la estructura del ordenamiento jurídico al efecto constituido (…)”(1).

En consecuencia, se insiste, en el decurso confutado el juez cognoscente tiene la obligación de dilucidar lo concerniente a la existencia del cartular base de recaudo, no solo porque las defensas incoadas por la pasiva, aquí accionante, se centraron en rebatir los presupuestos del mismo, sino en virtud de la “potestad-deber” conferida por el ordenamiento y jurisprudencia a los funcionarios judiciales, consistente en determinar, aun de oficio, la acreditación de los requisitos del título (CSJ STC14164-2017, 11 sep., rad. 2017-00358-01)

Precisamente, constituyen puntos determinantes que en un juicio ejecutivo se concluya, entre otros, que la obligación pedida carece de exigibilidad, claridad o expresividad, o que el documento que la contenga no provenga del deudor ni constituya plena prueba en su contra, pues observar tales falencias y omitir declararlas equivale a dar prevalencia a las formas sobre el derecho sustancial, en detrimento del artículo 228 de la Carta Política.

3.2. Por otro lado, se tiene que el estrado judicial convocado, en la misma sentencia, al ocuparse de la excepción de prescripción de la acción cambiaria planteada por el gestor, consignó que:

(…) los derechos de contenido económico invocados por el demandante contra el demandado aparecen en un pagaré, que por disposición expresa del artículo 789 del Código de Comercio solo pueden ser ejecutados dentro de los tres (3) años siguientes a partir de la fecha de vencimiento, por medio de la acción cambiaria.

Ahora bien, no podemos olvidar que el artículo 69 de la Ley 45 de 1990, señala:

“ART. 69.—Mora en sistemas de pago con cuotas periódicas. Cuando en las obligaciones mercantiles se estipule el pago mediante cuotas periódicas, la simple mora del deudor en la cancelación de las mismas no dará derecho al acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad, salvo pacto en contrario. En todo caso, cuando en desarrollo de lo previsto en este artículo el acreedor exija la devolución del total de la suma debida, no podrá restituir nuevamente el plazo, salvo que los intereses de mora los cobre únicamente sobre las cuotas periódicas vencidas, aun cuando comprendan solo intereses.

Esta prevé la posibilidad de retrotraer la aceleración del plazo, lo cual se viabiliza, siempre que el cobro de interese moratorios se haga frente a las cuotas en mora, y no frente al capital total.

Este proceso, es una prueba que la parte acreedora hizo uso de la facultad, pues habiendo presentado demanda en 1999, no se llegó a dictar sentencia, y de hecho restituyó nuevamente el plazo y así mismo a juicio de esta funcionaria, se retrotrae la aceleración del plazo. De tal manera que el cumplimiento estaba hasta el año 2012, por lo tanto, los términos de prescripción se consolidan hasta el año 2015, habiéndose radicado la litis en el año 2013, como la admisión fue notificada dentro de los 120 días siguientes, se interrumpió la prescripción.

De lo anterior, se extracta que el sentenciador acusado concluyó que tras haberse presentado una primigenia demanda ejecutiva en contra del actor con base en el mismo pagaré —la cual no terminó por sentencia sino por auto, ante la ausencia de la reliquidación del crédito—, se restableció el plazo para el pago de la obligación, encontrándolo prorrogado hasta el año 2012, por lo que con la formulación del nuevo juicio hipotecario y su notificación efectiva al deudor, el término prescriptivo había sido interrumpido; y del análisis de tales conclusiones, a la luz del derecho al debido proceso, claramente se desprende que el fallador natural procedió erradamente, pues con tales determinaciones desconoció, no solo, que en el primer juicio nunca se notificó al deudor, de donde los efectos derivados de tal trámite le eran inoponibles y, por otro lado, que tratándose de obligaciones por instalamentos, el conteo del término prescriptivo debía efectuarse cuota por cuota, a partir de la exigibilidad de cada una de ellas.

Así las cosas, evidente se torna la vía de hecho, pues además de que, se itera, el título base de recaudo fue otorgado en pesos mientras que el mandamiento de pago fue librado por una suma de capital en UVR’s superior a la pactada en aquel instrumento, lo cierto es que en ese título valor el pago se estableció en cuotas, lo que imponía a la sede judicial criticada examinar el término consagrado en el artículo 789 del Código de Comercio(2) de manera independiente para cada uno de los instalamentos aducidos como adeudados, desde la exigibilidad de los mismos, y en cuanto al saldo acelerado, de ser el caso, a partir de la radicación de la demanda, laborío que no se desplegó en el fallo atacado.

Al respeto, esta sala en reiterada jurisprudencia ha precisado que:

(…) el juez del conocimiento, a efectos de determinar si había operado o no la prescripción de la acción que ejerció la ejecutante, no atendió la circunstancia de que los pagarés sometidos a recaudo judicial se crearon con ocasión de un crédito destinado a la financiación de vivienda y al plan de reducción de cuota del mismo que acordaron las partes, en los cuales se convino un sistema de amortización que consistía en el pago de cuotas o instalamentos con vencimientos ciertos sucesivos. (…).

De ese modo, el juzgador no podía soslayar el contenido de los preceptos legales que regulan la materia que debía analizar, los cuales, la Corte ha referido que son “los artículos 2535 del Código Civil, 789 del Código de Comercio, 19 de la Ley 546 de 1999 y 90 del Código de Procedimiento Civil, normas que efectivamente disciplinan el fenómeno de la prescripción extintiva, la cláusula aceleratoria en los créditos de vivienda y la interrupción civil del término prescriptivo”.

(…) En ese orden (…), en los créditos de vivienda, el acreedor solo podrá hacer exigible el saldo insoluto de la deuda a partir de la presentación de la demanda, de modo que, en lo que se relaciona con el mismo, el término de prescripción necesariamente debe contabilizarse a partir de ese momento. (…) No ocurre lo mismo respecto de las cuotas que estuvieren en mora a la presentación del libelo incoativo, toda vez que estas tienen vencimientos independientes, de ahí que el término prescriptivo debe computarse desde la fecha en que se causó cada una, a efectos de determinar aquellas que pueden resultar afectadas por la prescripción de la acción cambiaria. (…) El juez de la primera instancia, sin asidero legal, se apartó del anterior entendimiento que claramente emana de la normatividad aplicable al asunto, el cual ha prohijado la Corte en otras oportunidades al señalar que el artículo 19 de la Ley 546 de 1999, ‘tuvo como propósito el de aclarar los alcances de la facultad de dar por extinguido el plazo de manera anticipada, pues allí se plasmó que tal prerrogativa, en tratándose de los créditos otorgados por las entidades financieras para la adquisición de vivienda, solo podía ejercitarse por el acreedor desde la presentación de la respectiva demanda judicial”, precisando que a través de esta “se persigue el pago de la parte de la obligación que se encuentra en mora y de la que a partir de ese momento se hace exigible’ y en consonancia con lo anterior, recientemente sostuvo la sala que ‘la aceleración del plazo en obligaciones pactadas por cuotas se surte con la presentación de la demanda y desde allí se computa el plazo prescriptivo para el ‘capital acelerado’’. (…) Así las cosas, era menester que el juez analizara si la prescripción de la acción se consumó o no respecto de los instalamentos que se encontraban en mora al momento de presentarse la demanda, e independientemente, si dicho medio de extinción se verificó frente a los saldos de las obligaciones que se hicieron exigibles con la presentación del mencionado libelo” (CSJ STC, 1º nov. 2012, rad. 2012-02455-00; reiterada en STC, 15 mar. 2013, rad. 2013-00538-00; STC, 8 may. 2013, rad. 2013-00098-01).

4. Por las anteriores razones, se impone revocar la sentencia impugnada para, en su lugar, conceder parcialmente la protección suplicada, ordenando al juzgado acusado que, tras dejar sin efecto la sentencia por él proferida en el juicio criticado, profiera una nueva de reemplazo en la que reexamine lo referente a (i) la viabilidad de librar mandamiento de pago en UVR’s respecto a una obligación pactada en pesos y (ii) la prescripción extintiva de la acción cambiaria que alegó el ejecutado, atendiendo los lineamientos consignados en esta providencia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, concede parcialmente el amparo a los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Hugo Orlando Materón Angulo.

En consecuencia, se ordena al Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de este fallo, deje sin valor ni efecto la sentencia que profirió el 29 de junio de 2016 en el proceso ejecutivo hipotecario incoado por la Inmobiliaria y Cobranzas Vilpar SAS contra Hugo Orlando Materón Angulo, aquí accionante; y en un término no mayor a un mes, contado desde la misma data, previo decreto y práctica de pruebas de oficio, de considerarlas necesarias, profiera una nueva sentencia en la que defina el asunto, ocupándose de todas las excepciones propuestas por el ejecutado y, en especial, reexamine lo referente a (i) la viabilidad de librar mandamiento de pago en UVR’s respecto a una obligación pactada en pesos y (ii) la prescripción extintiva de la acción cambiaria que alegó el deudor, atendiendo lo establecido frente al particular en la normatividad y la jurisprudencia, con plena observancia de los lineamientos fijados en la parte motiva de esta providencia.

En lo demás se confirma el fallo impugnado.

Comuníquese lo aquí resuelto, mediante telegrama, a todos los interesados, envíeseles copia de esta decisión, y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 CSJ STC4808-2017, rad. 2017-00694-00.

2 “ART. 789.—Prescripción de la acción cambiaria directa. La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento”.