Sentencia STC1485-2016/2015-00149 de febrero 11 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 13001-22-21-000-2015-00149-01

Magistrado Ponente

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

Aprobado en sesión de diez de febrero de dos mil dieciséis

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil dieciséis.

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo de 3 de diciembre de 2015, proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acción de amparo promovida por Patricia Herrera Cabarcas y G. M. M. O., esta última en nombre y representación de su menor hija A. S. M. contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bolívar.

Antecedentes

1. Las gestoras del amparo reclaman la protección constitucional de los derechos fundamentales a la salud, al trabajo “en condiciones dignas”, a la “estabilidad laboral reforzada”, a la “unidad familiar” y a los “derechos fundamentales de los niños señalados en el artículo 44 C.N.”, presuntamente conculcados por las entidades accionadas, con ocasión del Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, mediante el cual se “crea[ron] con carácter permanente, traslados y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional”.

Solicitan entonces, concretamente, que se ordene a los entes convocados, “dejar sin efecto la ejecución y aplicación de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 27 del acuerdo (referido)” y, que las “reubiquen en un cargo en la ciudad de Cartagena o corregimientos cercanos” (fls. 3 cdnos. 1 y 2).

2. En apoyo de tales pretensiones, aducen en síntesis, que mediante el citado acto administrativo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura transformó al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena, en Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, ordenando trasladar “toda su planta de personal”.

G. M. M. O. asegura, que desde el 3 de abril de 2013 viene desempeñando el cargo de “oficial mayor del circuito nominado” en calidad de “provisional”, al servicio del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena y, que a través de la Resolución 16 de 21 de agosto de 2015, le fue concedida licencia de maternidad por un término de “98 días”, razón por la cual la citada decisión conculca sus garantías superiores y las de su menor hija “de escasos tres meses de edad”, toda vez que el traslado “intempestivo” de la sede del Despacho en el que labora desmejora su situación familiar, “como quiera que por la distancia no podría brindarle [a su descendiente] todos los cuidados necesarios para garantizarle su desarrollo óptimo”, como “una alimentación equilibrada a través de la lactancia materna” (fls. 1 a 3 cdno. 1).

Por su parte, Patricia Herrera Cabarcas asevera, que labora en el despacho referido en el cargo de “escribiente” y, solo le faltan 4 años para cumplir con los requisitos de la pensión de jubilación; que hace 2 años atrás sufre de “hipertensión arterial”, razón por la cual considera que el traslado hacía la ciudad de Pasto pone en riesgo su vida, por encontrarse en un lugar geográfico alto.

De otro lado manifiesta, que su médico tratante le practicará una “cirugía vascular”, y según concepto de este, “para la recuperación posquirúrgica necesitaría estar en estado de reposo” y “al lado de su familia”, por lo que el traslado hacia la urbe en mención le implicaría comenzar de nuevo el tratamiento de su enfermedad.

Tras ese relato, las promotoras del amparo también alegaron que se encuentran “afectadas por el ejercicio del ius variandi”, pues el acto administrativo acusado desmejora sus condiciones laborales (fls. 1 y 2 cdnos. 1 y 2).

Respuestas de los accionados y vinculados

María Alejandra García Ordosgoitia, Julio José Osorio Garrido, Sonia Ceferina de la Ossa Gamarra, Jorge Enrique Acosta Alvarado y Johanna Patricia López Ospino, funcionarios del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena, coadyuvaron la petición de amparo y corroboraron los hechos expuestos por las accionantes (fls. 121 a 155 cdno. 1).

Por su parte, el Consejo Seccional de Administración Judicial de Bolívar argumentó, que el traslado del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena a la ciudad de Pasto “no obedece a un capricho o arbitrariedad, sino a razones objetivas de productividad de los despachos judiciales y a las necesidades de especialidades en las diferentes regiones, con fundamento en las facultades señaladas en el artículo 85, numerales 5º y 9º de la Ley 270 de 1996 y el concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la rama judicial” (fls. 140 a 142 cdno. 1).

Finalmente, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pidió negar la demanda de tutela, ya que “no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por las accionantes, toda vez que el traslado del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena como Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, se efectuó con base en las facultades constitucionales y legales que le han sido otorgadas a esta corporación, y en aras de mejorar la prestación del servicio de justicia y de favorecer el interés general, además no es la acción de tutela el mecanismo idóneo para solicitar la reubicación laboral, ni para controvertir actos administrativos que ordenan traslados laborales” (fls. 249 a 253 cdno. 1).

La sentencia impugnada

La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, negó la protección reclamada, tras considerar puntualmente, que

“la decisión impartida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, no fue adoptada de manera intempestiva y arbitraria, porque la decisión se socializó con las Salas Seccionales, con Tribunales y Juzgados de los diferentes distritos judiciales, analizando las necesidades de cada región de manera concertada, examinando la evolución de la demanda de la justicia y con el fin de dar respuesta efectiva al derecho de acceso a la justicia en el país, mediante la racionalización de la oferta judicial.

La razón del servicio justifica el traslado del Juzgado y desvirtúa la falta de motivación que las accionantes y los señores Patricia Herrera Cabarcas, Sonia Cefernina de la Ossa Gamarra, y Jorge Enrique Acosta Alvarado acusan, contiene el acto administrativo que dispuso el traslado, así como que aquél haya sido intempestivo, ya que dice fue socializado desde diciembre del año dos mil catorce (2.014).

De acuerdo al análisis jurisprudencial expuesto en esta sentencia, en las plantas de personal de carácter global y flexible la administración cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para, en ejercicio del ius variandi, ordenar el traslado de un Juzgado de una sede a otra, en cuanto la decisión así adoptada no conlleve la vulneración de los derechos constitucionales del trabajador. Esto último sucede, cuando el empleador no sustenta su decisión en razones del buen servicio y traslada al servidor a un cargo en el cual se desmejora su situación laboral.

En este caso, la medida tomada por la Sala Administrativa, por las necesidades del servicio deja abierta la posibilidad de adoptar esa clase de decisiones de una planta de persona de carácter global y flexible; y evidencia esta Sala que la decisión no obedeció a una discriminación a los derechos de la accionante, pues esta continuaría con las condiciones laborales que ha mantenido en el juzgado donde labora; no disminuye su salario, su cargo, por lo tanto la decisión del traslado, no afecta la dignidad del empleo ni permite la ejecución de prácticas discriminatorias que atentaran con la actora.

También se observa que la decisión obedeció a razones objetivas y no por su condición de lactante, por lo que no se observa que el traslado se haya producido por razones de su estado de lactancia.

En relación al tercer requisito, observa la Sala que en el caso de la señora G. M. M. O., no se observa la afectación de forma grave y directa de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, estabilidad laboral reforzada y protección especial a la mujer en estado de maternidad, toda vez que la decisión de traslado del Juzgado no genera su desvinculación laboral, pues la misma se encuentra garantizada bajo el hecho de que el traslado del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena, al distrito judicial de Pasto (Nariño) se realiza junto con toda su planta de personal, por lo tanto, la actora entraría a ocupar el mismo cargo, sin que se le modificara las condiciones laborales actuales.

La decisión del traslado no tiene como consecuencia necesaria la afectación de su salud o de alguno de los miembros de su núcleo familiar; y no fue intempestiva ni arbitraria, pues se fundó en las necesidades del servicio previo al análisis de la evolución de la demanda de justicia creciente en la administración de justicia y la capacidad de respuesta del aparato judicial; adicionalmente no se encuentra demostrado que el traslado coloca en peligro la vida o la integridad personal de la señora G. M., ni la de su hijo menor, y su grupo familiar. Advierte esta Sala que la señora G. M., solo se limitó a manifestar sobre las afectaciones de los derechos del niño, tales como "tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación, alimentación, equilibrada" y la unión familiar, sin explicar y demostrar la imposibilidad de trasladarse con su hijo menor y su grupo familiar, al disfrito judicial de Pasto (Nariño), cuando le correspondía probar los hechos que considera generan afecciones a sus derechos.

Todo lo anterior, permite colegir a esta corporación que la decisión de traslado del Juzgado no vulnera los derechos deprecados por la accionante G. M.

En relación con los derechos deprecados por la accionante Patricia Herrera Cabarcas, esto es, al trabajo en condiciones dignas y justas, estabilidad laboral reforzada, la unidad familiar y la salud; reitera la Sala que a ninguno de los empleados del juzgado primero civil del circuito especializado en restitución de tierras, se le vulnera el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, pues el traslado no implica desmejoras en sus condiciones laborales, pues entrarían a ocupar el mismo cargo que ostentaban en ese despacho en el distrito de Cartagena, pero en otro distrito.

También observa que la decisión del traslado no tiene como consecuencia necesaria la afectación de la salud de la accionante o de alguno de los miembros de su grupo familiar, pues la accionante no logró demostrar que en la localidad de destino no existan condiciones adecuadas para que se le brinde el cuidado médico que ella requiere y que por lo tanto, debiera comenzar desde cero (0) su tratamiento médico.

Si bien ella demostró que padece de hipertensión, pues así lo refleja la historia clínica obrante a folios 8 al 12 del cuaderno 2, no es menos cierto que esta no evidencia que el traslado afecte de manera significativa la condición médica de la señora Patricia Herrera.

De otro lado, la actora se limitó a informar que el traslado irrumpe su unidad familiar, sin embargo, no expuso ni demostró la imposibilidad por las cuales su grupo familiar no puede trasladarse con ella.

Las razones que antepone la accionante Patricia Herrera, a su traslado, relativas a los problemas de salud, y ruptura de la unidad familiar, no son válidas en la medida de que no se logró acreditar que el clima del municipio de Pasto, desmejora su condición de salud; que no se le garantiza el adecuado acceso al diagnóstico y tratamiento pertinente en esa ciudad; adicionalmente, que la ruptura familiar colocara en riesgo su salud o la de su grupo familiar. Finalmente, no se demostró que ella tenga que ser sometida a una operación, y aun cuando sea cierto, no es menos que ese procedimiento médico puede ser garantizarlo por la EPS en el lugar donde eventualmente reciba sus servicios médicos, el cual se mantiene vigente aun cuando se haga efectivo el traslado, es decir, que este no afecta la vinculación que ella mantenga la entidad prestadora del servicio de salud” (fls. 197 a 218 ídem).

La impugnación

Las accionantes impugnaron el fallo anterior, con argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 237, 242 y 243 ibídem).

Consideraciones

1. Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, la procedencia de la acción de tutela está condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violación, si el interesado no cuenta con otro medio idóneo de defensa judicial, el cual le será protegido de manera inmediata, a través de esta vía breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relación con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.

2. Las accionantes pretenden a través de este mecanismo excepcional, dejar sin efecto el numeral 3º del artículo 27 del Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, mediante el cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ordenó transformar el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena como Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, efecto para el cual dispuso el traslado de “toda su planta de personal”, pues en sentir de aquellas, dicha situación administrativa desmejora sus condiciones laborales.

3. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el “ius variandi” es “una de las manifestaciones del poder de subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados, que se concreta en la facultad de variar o de modificar las condiciones en las que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, las condiciones de modo, tiempo, lugar y cantidad de trabajo” (C.C. ST-565 de 2014).

En el caso de las entidades que hacen parte del sector público, específicamente en aquéllas que cuentan con una planta de personal global, la Corte Constitucional ha señalado, que “el margen de discrecionalidad con el que cuenta el empleador para ejercer la facultad del ius variandi es más amplio, en la medida en que debe privilegiarse el cumplimiento de la misión institucional que les ha sido encargada sobre los intereses particulares de los afectados, todo con miras a atender de la mejor manera las necesidades del servicio” (C.C. ST-565 de 2014).

Precisamente, como la Rama judicial es un ente que cuenta con una planta global, lo cual quiere decir que la entidad encargada de ordenar los traslados territoriales tiene una mayor discrecionalidad, los numerales 5º y 9º del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 expresamente contemplan que corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las Salas de estos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de estos” y “Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley”.

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha señalado que la facultad del empleador de reubicar a un trabajador en un lugar diferente por motivo de necesidad del servicio no es absoluta y, en ese sentido se ha orientado a proteger a las personas que estén en especiales condiciones, y que por tal motivo se vean afectadas con la medida de traslado, “como cuando este perturbe la salud del trabajador o la de su familia; genere una ruptura intempestiva del núcleo familiar que no sea superable; o se ponga en peligro la vida o la integridad personal del funcionario o la de su familia” (CSJ STC, 14 sep. 2011, rad. 2011-00248-01).

De manera que, “si bien el traslado geográfico o locativo es parte de la facultad que tiene la entidad pública de variar algunos aspectos de la prestación del servicio por parte del trabajador, ella debe ser ejercida consultando las necesidades reales que plantea la misión institucional a cargo del empleador público, y bajo el entendido de que ese traslado no puede significar ni el desmejoramiento de las condiciones laborales del servidor ni tampoco la afectación de sus derechos y garantías fundamentales” (C.C. ST-565 de 2014).

4. Ahora bien, la Corte ha dicho que el debate respecto de la legalidad del acto administrativo que dispone un traslado debe suscitarse y definirse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través de la acción correspondiente, trátese de un acto general o uno particular y concreto, escenario en el cual podrá el supuesto afectado solicitar la adopción de medidas urgentes para evitar que su aplicación genere la afectación de sus derechos e intereses (STC13686-2015).

No obstante lo anterior, el juez constitucional también puede “pronunciarse sobre una decisión de traslado laboral, se requiere lo siguiente: (i) que la decisión sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido que haya sido adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente las circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones de trabajo y (ii) que afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar” (C.C. ST-565 de 2014).

5. Precisado lo anterior, la Sala aprecia que las condiciones especiales que la jurisprudencia demanda para la prosperidad del amparo no se configuran en el caso bajo estudio, razón por la cual se anticipa la confirmación de la sentencia cuestionada, teniendo en cuenta lo siguiente:

5.1. Con relación a Patricia Herrera Cabarcas, esta alega que el traslado hacia la ciudad de Pasto le causará un supuesto perjuicio en su salud, pues padece de “hipertensión arterial”, la cual, dice, puede agravarse debido a la altitud geográfica de dicha localidad. Sin embargo, de la historia clínica obrante en el expediente (fls. 8 a 12 cdno. 2; y 219 a 223 cdno. 1), no se infiere que la salud de la accionante pueda verse afectada por tal motivo, máxime cuando la atención médica que recibe en Cartagena a través de su EPS, tampoco se verá interrumpida, pues en Pasto podrá contar igualmente con profesionales especializados en el tratamiento de su enfermedad. Finalmente, la gestora tampoco demostró que con el traslado se pudiera afectar su núcleo familiar.

5.2. Ahora bien, G. M. M. O. alegó su condición de madre lactante para obtener la protección de sus garantías y, de ese modo, evitar su traslado a la ciudad de pasto como consecuencia de lo dispuesto en el acto administrativo censurado.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la mujer embarazada o lactante “es un sujeto de especial protección constitucional, por esta razón le asiste una garantía de estabilidad laboral reforzada y la protección de sus derechos por vía de tutela solo debe cumplir en esencia dos requisitos: a) la existencia de una relación laboral o de prestación de servicios y, b) que la mujer se encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguiente al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. El alcance de la protección se determinará de acuerdo a la modalidad bajo la cual se encuentre vinculada y si su empleador conocía o no de su estado” (Resalta la Sala, C.C. ST-138 de 2015).

Así mismo, se ha dicho que

“La variación de las condiciones laborales de una trabajadora que vulneren o amenacen las garantías constitucionales protegidas a través de la estabilidad laboral reforzada deben ser consideradas contrarias a la constitución y por consiguientes objeto de tutela. Concluye pues esta Sala que, para garantizar efectivamente el derecho de las mujeres embarazadas y lactantes a la estabilidad laboral reforzada, esta debe extenderse a aquellos casos en los cuales el empleador, de manera arbitraria, modifica las condiciones laborales de la trabajadora en desmedro de los derechos constitucionalmente amparados a través de esta institución. Debe existir dentro de cada caso en concreto, prueba de que dicha variación afecta los derechos fundamentales de la trabajadora y por consiguiente, las condiciones dignas y justas en las cuales debe desarrollarse la relación laboral o de que la variación se da por su condición. En caso de probarse dicha situación, el juez constitucional debe intervenir, como medida transitoria con el fin de resguardar los derechos fundamentales de la trabajadora y devolverla a las condiciones en que se encontraba antes de que fueran variadas las condiciones de trabajo mientras se dirime la situación ante el juez laboral” (C.C. ST-138 de 2015).

Con vista en lo anterior, la Corte observa que G. M. M. O. actualmente superó el límite previsto en la jurisprudencia constitucional para otorgarle la protección constitucional como sujeto especial de protección, pues su menor hija hoy en día cuenta con más de 5 meses de edad (fl. 23 cdno. 1) y, en todo caso, la gestora no adujo, verbigracia, una patología o cualquier otro impedimento físico o mental que agravara su condición personal o la de su niña para obtener la procedencia excepcional de este mecanismo y, mucho menos acreditó en qué medida el traslado atacado podía poner en riesgo la lactancia de su descendiente y la ruptura de su núcleo familiar.

6. Sin embargo, lo dicho hasta ahora no impide que las accionantes puedan demandar la legalidad de acto administrativo censurado, a través de la acción de nulidad prevista en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, escenario en el cual podrán alegar las razones por las que consideran que las disposiciones contempladas en el mismo desconocen el ordenamiento jurídico y, presentar las pruebas que estimen pertinentes, trámite dentro del cual cuentan con la posibilidad de reclamar la suspensión provisional de lo resuelto, según lo establece el artículo 231 de la obra en mención, medida sobre la cual, desde su consagración se tiene establecido que “de hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administración, mientras se decide el asunto” (CSJ STC, 14 oct. 2011, rad. 2011-00201-01; criterio reiterado en STC13686-2015).

7. Con apoyo en las razones que preceden, se concluye la improsperidad de lo pretendido en la demanda de tutela, y la consecuente confirmación del fallo impugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrado Ponente: Álvaro Fernando García Restrepo—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.