Sentencia STC 14870-2017-2017-01695 de septiembre 20 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-22-03-000-2017-01695-01

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá, D.C., veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

Se decide la impugnación formulada respecto de la sentencia proferida el 19 de julio de 2017, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la acción de tutela promovida por Jesús Edgar Papamija Diago contra el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasión del juicio de pertenencia iniciado por el aquí promotor frente a Mauricio Vives Carrillo.

1. Antecedentes.

1. El accionante, por conducto de apoderado judicial, demanda la protección constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada.

2. Para respaldar su queja, sostiene que mediante auto de 7 de julio de 2016, el juzgador accionado, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 373 del Código General del Proceso, convocó a las partes para llevar a cabo la audiencia de instrucción y juzgamiento el 6 de abril de 2017.

En proveído de 6 de octubre de 2016, el juez tutelado decidió adelantar la referida diligencia para el 7 de febrero de 2017, data en la cual no se pudo efectuar por cuanto el titular del despacho querellado se encontraba incapacitado.

Por auto de 9 de febrero de 2017, notificado por estado, el funcionario judicial accionado, dispuso como fecha para desarrollar la memorada audiencia el 21 de febrero de 2017, la cual, en efecto, tuvo lugar en esa oportunidad, sin la presencia del demandante —aquí accionante—, y en donde se profirió fallo adverso a los intereses de este último.

Aduce que si bien el precepto 3º del CGP contempla que ciertos actos procedimentales se pueden surtir por escrito

“(…) esa excepción debe estar “expresamente” [señalada en esa normativa] autorización que no está dada ni por el artículo 372-11 que le ordena al juez, antes de finalizar la audiencia, que fije la fecha y hora para la audiencia de “instrucción y juzgamiento”, ni por el artículo 625 literal b) que por su parte le ordena al juzgador convocar para esa misma [actuación procesal] (…)” (fl. 15, íbid).

El actor considera “abiertamente ilegal” la decisión de concretar la etapa de instrucción y juzgamiento, a través de providencia escrita, pues, a su juicio, ello contraviene lo establecido en el Código General del Proceso, dado que en virtud de este compendio normativo, todas las cuestiones procesales deben surtirse en forma oral, pública y en audiencias.

“(…) sin que después el juez pueda modificar (…) por escrito, lo que en “audiencia oral” dispuso, so pena que si ello ocurre (…) se tornan en ilegales y de contera nulas (…) (fl. 15, cdno. 1).

Advierte que mediante derecho de petición, presentado el 10 de marzo de 2017, solicitó al estrado querellado, le informara las razones que lo llevaron a proferir sentencia el día 21 de febrero de 2017, sin haber recibido respuesta alguna.

3. Reclama, en concreto, decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 7 de julio de 2016.

1.1 Respuesta de los accionados.

a) El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá, pidió despachar desfavorablemente el ruego pues

“(…) el demandante ha tenido acceso al proceso y (…) siempre se le ha dado trámite a sus solicitudes. Situación diferente es que ahora pretenda por vía de tutela revivir un término ya fenecido, como lo es el excusarse por la inasistencia a la audiencia de que trata el artículo 373 del estatuto procesal (…) [ni] ha presentado solicitud de nulidad o recurso de algunas de las actuaciones referenciadas (…) (fls. 22 y 23, íbid)”.

b) El apoderado de Mauricio Vives Carrillo —demandado en el asunto ordinario verbal— requirió negar la salvaguarda, toda vez que atendiendo a lo establecido en el artículo 290 de la Ley 1564 de 2012, los autos de fijación de audiencia pública no deben notificarse personalmente.

1.2 La sentencia impugnada.

El Tribunal concedió el auxilio, tomando como fundamento un precedente de esta corporación “(…) frente a un caso de similar hipótesis fáctica, (…) en contra de la misma unidad judicial y con base al mismo juicio de constitucionalidad (…)” (fl. 47, ídem).

1.3 La impugnación.

La formuló el apoderado del demandado en el memorado asunto ordinario verbal, sosteniendo que el fallo emitido por la magistrada ponente está indebidamente sustentado, pues de un lado, no se pronunció sobre el requisito de inmediatez, que en su criterio, derivaba en la improcedencia de la acción constitucional; y de otro, la fundamentación ofrecida se basó en argumentos completamente diferentes a los aducidos por el tutelante.

Adicionalmente, agregó:

“(…) En el asunto que nos ocupa, se trata de establecer cuáles son las facultades que tiene el juzgador para dictar o no sus providencias y la forma de notificarlas a las partes y de otro lado también establecer cuál es el deber de las partes (y sus apoderados) de ser diligentes y estar revisando sus procesos y actuaciones. O por el contrario premiarlas con providencias que tutelan derechos proscritos por el paso del tiempo con sentencias que decreten nulidades y les den oportunidades procesales adicionales que de otra forma no tendrían (…)” (sic) (fls. 49-51, ibídem).

2. Consideraciones.

1. Sería del caso revocar el fallo impugnado, por inobservancia del principio de subsidiariedad, en tanto que el aquí reclamante no solicitó ante el despacho la invalidez de lo actuado a partir del 7 de julio de 2016; si no fuera porque en el decurso censurado refulge palmaria la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por lo cual se obviará ese presupuesto general de procedibilidad y se estudiará de fondo la solicitud de amparo constitucional.

Esta Corte al ocuparse de asuntos que guardan simetría con el aquí abordado, ha sostenido:

“(…) [E]xisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casuísticamente verificadas, posibilitan que solo y únicamente cuando la decisión cuestionada encierra, per se, una anomalía en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier óptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y “peligro para los atributos básicos”, es posible la extraordinaria intervención del juez de amparo, no obstante[,] la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las vías legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso (…)”(1).

En igual sentido, la sala ha dicho:

(…) Se impone entonces proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. No soslaya la Corte que sibiennoseutilizaronlasherramientasquesetuvieronalalcanceparaimpugnarlasdecisionesqueahoracuestiona,habidacuentaquenoseinterpusorecursodereposiciónfrenteaellas,“talabandononotienelasuficientetrascendenciaparadenegarelamparoporestarazón, si se tiene en cuenta que el Estado en cabeza de los Jueces de la República deben y pueden en ejercicio de su plena autonomía que le otorga la ley y la Constitución, realizar sin ninguna clase de cortapisas los actos preparatorios a efectos de llevar a cabo la venta forzada”(2).

Ahora bien, en lo tocante al requisito de inmediatez alegado por el aquí impugnante como condición ausente que torna inviable este resguardo; se advierte que a partir de la emisión del auto atacado por el aquí tutelante, esto es, desde el 9 de febrero de 2017 y hasta la fecha de presentación de este amparo transcurrieron casi cinco meses; razón por la cual se observa oportuno el reclamo, pues se halla dentro del término que la jurisprudencia ha estimado como razonable para impetrar este auxilio(3).

2. Del examen de la queja se constata que el petente cuestiona el proveído de 9 de febrero de 2017, por el cual el estrado accionado decidió —valga decir “por escrito”— adelantar la fecha para practicar la audiencia de instrucción y juzgamiento, cuando, en su concepto, se trata de una actuación que solo puede programarse en “forma oral”.

3. En este escenario jurídico, esta Corte estima pertinente señalar que el vigente estatuto procedimental civil, en su título preliminar, establece sin ambigüedad la forma como deben surtirse las actuaciones judiciales, esto es, de manera “(…) oral, pública y en audiencias (…)”(4), principio neural del sistema procesal orientador en toda la Ley 1564 de 2012.

Esa circunstancia conlleva un cambio en la estructura de los decursos seguidos tradicionalmente por escrito y les impone a los usuarios de la administración de justicia modificar su comportamiento, pues ahora, entre otras cuestiones, están compelidos a presentarse personalmente frente al juez para exponerle sus argumentos.

Lo anterior, sin duda, pugna por el respeto y garantía de principios trascendentales como los de oralidad, concentración, celeridad, transparencia, contradicción e inmediación desarrollados en los cánones 4º y siguientes de la dicha obra. Igualmente, las reglas 106 y 107 ídem, contemplan la metodología a seguir para el desarrollo de los litigios, dirigida, concretamente, a lograr que aquellos además de tener una duración razonable (CGP, art. 121), comprendan solamente una audiencia inicial y, si es el caso, una de instrucción y juzgamiento.

La contundencia de la oralidad y del derecho a ser oídos para los justiciables, partes y terceros, es tal que el numeral 1º del artículo 107 consagra la nulidad de la actuación de presentarse “(…) la ausencia del juez o de los magistrados (…)” en la respectiva diligencia. A su turno, el inciso 5º de la misma preceptiva impone la convocatoria “(…) a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar (…)” cuando se presenta el cambio del juez que debe dictar el fallo y, aunado a ello, el numeral 6º ídem prescribe: “(…) Prohibiciones. Las intervenciones orales no podrán ser sustituidas por escritos (…)”; en concordancia con el numeral 7º del art. 133, donde se prevé la invalidez del decurso si “(…) la sentencia se profier[e] por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación (…)”.

Sobre lo enunciado, la Corte Constitucional en Sentencia C-124 de 1º de marzo de 2011, sostuvo:

“(…) [E]l legislador no está facultado para prever, bajo el simple capricho o la arbitrariedad, las ritualidades procesales, “(…) pues no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por (…) hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso (…)”.

En torno al cambio del procedimiento escritural por el verbal en materia civil, el Alto Tribunal Constitucional al pronunciarse respecto de las distintas medidas insertas en la Ley 1395 de 2010, expresó sus razones para tener por apegado a la Carta Política ese proceder.

Así, indicó que el objetivo de dicha reglamentación

“(…) es evidente: obtener la descongestión de los despachos judiciales a partir de reformas al procedimiento que privilegien la celeridad y la consecución de decisiones sin dilaciones justificadas, de acuerdo con el mandato constitucional, sirviéndose para ello de un modelo procesal regido por la oralidad, de una nueva concepción del procedimiento civil, fundada en la preeminencia de las audiencias orales, en contraposición con el peso específico del proceso escrito (…). El legislador, en ese orden de ideas, hace uso de la amplia facultad de configuración legislativa, a fin de establecer a la oralidad como un instrumento de superación de la inveterada congestión de la jurisdicción civil en Colombia. Estasoluciónlegislativa,queestádirigidaagarantizarunprocesoeficientey,asuvez,respetuosodelosderechosfundamentalesdelaspartes,enespecialeldebidoproceso,semuestraprimafaciecompatibleconlaConstitución. A su vez, la preferencia que [se] hace (…) por la oralidad en el proceso civil significa una reconceptualización de la función de administración de justicia. Por años, el procedimiento civil ha sido arquetípicamente escrito, incluso respecto de procesos que formalmente han sido denominados por décadas como ‘verbales’. En tal sentido, la reforma legal en comento busca lograr que la audiencia sea el escenario preferente de desarrollo del proceso (…)”.

“En términos de autores como Chiovenda, ‘la experiencia derivada de la historia permite añadir que el proceso oral es el mejor y más conforme con la naturaleza y las exigencias de la vida moderna, porque sin comprometer en lo más mínimo, antes bien, garantizando la bondad intrínseca de la justicia, la proporciona más económicamente, más simplemente y prontamente’. La instauración de la oralidad, en ese orden de ideas, también es un escenario de satisfacción de derechos constitucionales. Ello en el entendido que la audiencia oral está precedida de garantías que, si bien tienen raigambre procesal, son parte integrante de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Estas garantías refieren a la inmediación, la concentración y la publicidad (…)”(5) (subraya fuera de texto).

A la luz de lo discurrido, la oralidad se erige como postulado rector de la actual codificación procesal civil y demanda ser respetada con ímpetu dentro de los juicios de esa especialidad, pues a través de ella se logrará la realización de prerrogativas como la contradicción y defensa. Además, se busca garantizarle a los administrados la facultad de ser oídos por los funcionarios judiciales, cuestión que, al final, les impone a todos los sujetos procesales intervenir con transparencia, fundamento de la democracia participativa.

4. De esta manera, en virtud del estatuto procesal vigente el principio de oralidad debe prevalecer en todos los actos procesales, los cuales han de desarrollarse en audiencia “a viva voz” y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente señalado en la ley.

Así lo dispone el canon tercero de ese plexo normativo al señalar

“(…) ART. 3º—Proceso oral y por audiencias. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva (…)”.

Esta preceptiva desarrolla el principio de oralidad desde dos frentes: i) señalando que la regla general es el cumplimiento de las actuaciones en forma oral, pública y en audiencia, con lo cual busca rodear la instrucción y el juzgamiento de una garantía amplia de respeto al debido proceso, conminando a los actores procesales a incursionar en una nueva cultura jurídica que de prevalencia a la razón pública; y ii) que las actuaciones escritas y reservadas, estarán previstas expresamente en la ley, de manera que todo acto que debiendo ser oral se realice en forma escrita y reservada atenta abiertamente contra la publicidad del juicio(6).

El problema constitucional planteado a la sala se inserta en este marco procesal, como es el atinente a la fijación de la data para resolver el litigio.

Resulta palmario que la determinación de la fecha para la diligencia de juzgamiento cuando la sentencia no se dictó en esa oportunidad, es un acto procesal que debe llevarse a cabo en desarrollo de esa audiencia inicial, conforme lo establece el numeral 11 del canon 372 del Código General del Proceso:

“(…) 11. Fijación de audiencia de instrucción y juzgamiento. El juez, antes de finalizar la audiencia, fijará fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento, y dispondrá todo lo necesario para que en ella se practiquen las pruebas (…)”.

5. Con todo, lo dicho anteriormente no significa, en manera alguna, que en virtud del nuevo ordenamiento adjetivo le esté vedado a los jueces realizar actuaciones por escrito cuando circunstancias especiales y muy particulares así lo impongan.

Ahora, aun cuando en principio, la fijación de la fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento, en virtud de la disposición procesal antes citada, solo puede ser determinada oralmente durante la celebración de la audiencia inicial; ello no es óbice para que su reprogramación pueda hacerse por escrito, cuando por algún evento no sea posible desarrollarla en la data inicialmente establecida.

Sin embargo, dada la relevancia de este acto procesal, el juzgador está obligado a poner en conocimiento de las partes esa determinación por el medio más efectivo, con miras a no vulnerar su derecho al debido proceso, específicamente, al de defensa del cual deriva el ejercicio de la doble instancia.

Fíjese o no en forma pública en audiencia o, por escrito cuando las circunstancias lo impongan, jamás puede esquilmarse el derecho a la tutela judicial efectiva, uno de cuyos elementos centrales es el debido proceso, y, por tanto, debe notificarse efectivamente a las partes de la realización de ese acto.

En el caso sub judice, la sola notificación por estado resultaba insuficiente para asegurar la publicidad de una decisión que al no ser comunicada eficazmente conllevó consecuencias gravosas para el aquí accionante, pues su inasistencia a la referida diligencia le impidió impugnar la sentencia emitida en esa oportunidad, adversa a sus intereses.

Con ese proceder, el sentenciador acusado constitucionalmente borró de tajo el derecho de las partes para ser convocadas, oídas y vencidas en juicio.

En un asunto de similares perfiles esta Corte adujo:

“(…) [E]s evidente que el tribunal no adelantó ninguna gestión tendiente a enterar a los recurrentes ni a su apoderado de la carga que con ocasión del proveído fechado el 9 de julio de 2014 les fue impuesta, circunstancia que hizo nugatorio su derecho de contradicción y defensa, pues en la práctica, no contaron con la posibilidad de cumplir tal obligación.

Puestas así las cosas, se impone acceder a la protección, con miras a amparar el derecho fundamental al debido proceso del promotor del amparo (…)”(7).

Ahora, si bien en este caso la parte conoció de la anticipación de la audiencia que se reprogramó, adviértase que en esa oportunidad el juez no concurrió y tampoco fijó próxima data, luego, la parte permaneció a la deriva de esa disposición, porque a pesar de que pudo ejecutarse la notificación por estado, medio válido de publicidad, no aparece elemento probatorio alguno que establezca que se le comunicó y se le enteró de la nueva decisión.

Cuando se precisa el día para la ejecución de una diligencia en audiencia, los concurrentes quedan notificados en estrados. Sin embargo, en el caso donde se procedió de la forma como censura el accionante, sin duda, no se le puso al corriente del espacio temporal en que se desataría su pretensión litigiosa, quebrantándose la garantía del debido proceso.

Si la parte es sorprendida con fijaciones de fecha para audiencia cuando ya se ha establecido una en pretérita ocasión y luego el juez anticipa una distinta, sin duda, el juicio se torna arbitrario y desleal para los sujetos procesales al punto que les impide ejercer convenientemente sus derechos.

En procura de proteger el derecho a la doble instancia, esta corporación ha precisado que el remedio vertical es

“(…) el medio más efectivo para remediar las irregularidades o desaciertos en que pueda incurrir el funcionario del conocimiento de una puntual actuación judicial, de manera que el mismo se constituye en ‘una piedra angular dentro del Estado de derecho’, como quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho de defensa al permitir que ‘el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una decisión en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente (…)”(8).

6. Referente al precedente aludido por el tribunal(9), se advierte que si bien dicha providencia fue proferida por esta sala en el corriente año y la misma se apoyó en supuestos fácticos similares a los aquí aducidos, su ratio decidendi no guarda relación con el presente caso, por cuanto aquel se gobernó bajo los derroteros del sistema procesal escritural del anterior estatuto de procedimiento civil.

7. En consecuencia, la Corte hará el control constitucional inherente a la acción de tutela, así como también el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, según lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos(10), que obliga a los países suscriptores de ese instrumento de procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. Así se consignó en sus preceptos primero y segundo:

“(…) ART. 1º—Obligación de respetar los derechos: 1. Los Estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

“2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano”.

“ART. 2º—Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (…)”.

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como este, so pena de incumplir obligaciones internacionales. Por tanto, es menester tener en consideración las prerrogativas a las “garantías judiciales” y a la “protección judicial”, según las cuales, una persona podrá acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resolución de sus litigios.

8. Por las razones expuestas, se impone proteger la salvaguarda de la garantía al debido proceso, por lo que se confirmará la decisión del tribunal a quo.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 CSJ, STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC11491-2015, 28 agosto de 2015, radicación 00059-02.

2 CSJ STC Sentencia de 12 de octubre de 2012, exp. 00328-01, rad. 01545, reiterada en STC11491-2015, 28 agosto, 2015, rad. 00059-02.

3 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00.

4 “(…) Artículo 3º—Proceso oral y por audiencias. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva (…)”.

5 Corte Constitucional. Sentencia C-124 de 1º de marzo de 2011.

6 Código General del Proceso, artículo 3º y numeral 5º del artículo 107.

7 CSJ STC 1898, 25 de febrero de 2015, rad. 2015 - 0334.

8 CSJ. STC de 11 de noviembre de 2010, exp. 2010-1872-00, reiterada el 12 de marzo de 2012, exp. 05001-22-03-000-2011-00932-01.

9 CSJ STC 9862, 11 de julio de 2017, rad. 2017 -1262.

10 Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.