Sentencia 14902-2016 de octubre 18 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

STC14902-2016

Rad. 73001-22-13-000-2015-00570-02

(Aprobado en sesión de doce de octubre de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

Decídese la impugnación interpuesta contra la Sentencia de 18 de marzo de 2016, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué denegó la acción de tutela promovida por Suray Ducuara Culma, Tomás Narváez Matoma, Nelly Culma de Ducuara, Fidel Yara Conde, Fredy Santa Tique, Orlando Conde Viuche, Ismael Trujillo, Graciela Tique Carrillo, Clemente Aroca Matoma, Agustín Urbano, Ricardo Romero Aroca, Adelaida Cupitra y Noel Armando Ducuara Culma frente al Resguardo Indígena El Tambo, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder y Fiscalía General de la Nación, trámite al cual se citó, ex officio, a María Fernanda Cuervo, Jesús Alberto Tique, Raquel Cumaco, María Eva Villate, Orlando Cruz Callejas, Leonardo Yara Oyola, Patricia Luna Paredes, Virgilio Rojas Guluma, Jorge Eliecer González, Marino Viuvhe Carrillo, Gloria Terea Cifuentes de Huertas, Elena Cupitra Aroca, Marina Carrillo, Manuel Alejandro Cucuru, el gobernador del aludido resguardo, el Tribunal Superior Indígena del Tolima, el Consejo Regional Indígena del Tolima - CRIT y la Organización Indígena de Colombia - ONIC.

Antecedentes

1. Los gestores reclaman la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y “acceso a la administración de justicia”, presuntamente vulnerados por los encartados.

2. Arguyeron, como soporte de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:

2.1. En reunión adelantada en octubre de 2012, en que participaron representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Interior, un sector del Resguardo Indígena El Tambo “echó abajo el comité operativo en el proyecto de maíz y sorgo” por cuanto “se crecieron, se sintieron apoyados” por los aludidos entes, a más de impedirles “la participación” en dicha oportunidad; asimismo, hicieron “caso omiso al requerimiento de cumplimiento a la sentencia emitida por parte del Tribunal Superior Indígena del Tolima”, lo que acarreó “la detención de unos indígenas”.

2.2. En 2014 “se eligió la plancha directiva” del “resguardo”; sin embargo, “al día siguiente en la registrada mesa directiva ante la [a]lcaldía [m]unicipal encontramos que el acta elaborada por la secretaría saliente, había sido modificada igual que la hoja del censo donde se relacionan las altas y las bajas” poblacionales. Por ello, el exgobernador formuló “demanda ante el Tribunal Superior Indígena del Tolima, por el delito de falsedad en documento público y asalto a la buena fe, en contra del gobernador Marino Viuche Carrillo, se inició proceso conllevando a la sentencia emitida por el Tribunal Superior Indígena del Tolima, quien lo sentenció a la baja de su cargo”; no obstante el fallo fue “desacatado”.

2.3. El 5 de diciembre de esa anualidad fueron “convocados por el Ministerio del Interior [a una] reunión [siendo que] para e[s]a fecha ya estaban latentes las agresiones físicas y verbales de parte de este grupo autodenominado independientes, tanto así que el día anterior se había presentado una pelea en la entrada de la finca [con] dos de nuestros compañeros [cuando] se disponían a ingresar una máquina agrícola para laborear [una] parcela”. En tal data se nombró “la plancha directiva del Resguardo Indígena de El Tambo, [mas] no [se] tuvo en cuenta [el] reglamento interno, menos [la] vulneración de [sus] derechos”, lo que generó “un problema interno de violencia, donde se han presentado agresiones tanto verbales como físicas”.

2.4. Esgrimen que “no [tienen] respaldo por parte del Consejo Regional Indígena del Tolima, CRIT, debido a que por solicitud de algunos indígenas del Resguardo El Tambo, grupo llamado independiente, solicitaron [la] desafiliación de la organización y dicha organización obró irresponsablemente emitiendo resolución de desafiliación”, aparte que los “delegados” de la mentada cartera ministerial “se han parcializado con el grupo mal llamado independiente”, con quienes se han presentado otras agresiones, por lo que previo reconocimiento de “un dictamen médico”, formularon “denuncia” penal ante la Fiscalía General de la Nación.

2.5. Todo lo anterior acarreó que el día 18 de mayo de 2015, la asamblea general de dicha comunidad étnica, “sin haber[l]os citado y sin [su] presencia”, les impuso la sanción de “expulsión por unos cargos genéricos, sin establecer las pruebas que los sustentan”, lo cual, ponen de presente, va en contra del “debido proceso indígena Pijao” y quebranta sus prerrogativas.

2.6. Por ende, interpusieron “reposición” contra lo así resuelto, aconteciendo que el gobernador del resguardo, el 20 de octubre del año próximo pasado, sostuvo que la decisión adoptada de expulsarlos era ratificada, “argumentando que la misma es inapelable”.

2.7. Igualmente, pregonan la “violación reiterada por parte del Ministerio del Interior, y la Defensoría del Pueblo del acceso a la justicia, al no actuar frente a las múltiples arbitrariedades que se han desarrollado en e[s]a comunidad frente a [ellos] y en especial al no hacer respetar los límites establecidos por la Corte Constitucional a las actuaciones arbitrarías de la autoridad indígena del [sic] Tambo”.

2.8. A la par, acotan que el Incoder de igual forma lacera sus intereses “por no actuar frente a las denuncias sobre arrendamiento de las tierras del Resguardo Indígena El Tambo”, amén que lo propio acaece por parte de la Fiscalía General de la Nación “al no tramitar ágil y prontamente y dentro de un plazo razonable las múltiples denuncias presentadas por [ellos], y en especial frente a las denuncias sobre arrendamiento de las tierras del resguardo indígena del [sic] Tambo”.

3. Deprecan, conforme a lo relatado: (i) se “realice un nuevo juicio acorde con los usos, costumbres, normas y procedimientos propios del Pueblo Pijao, para lo cual se deberá llevar a cabo audiencia de la asamblea de la comunidad del cabildo, con la presencia del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo”; (ii) “hacer un llamado a la comunidad del Resguardo Indígena El Tambo, la Defensoría del Pueblo [y el] Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, para que se respete y se dé cumplimiento a la jurisprudencia constitucional, frente a los límites de las autoridades indígenas dentro de la jurisdicción especial indígena, en lo relativo al derecho de contradicción y a la imposición de penas”; (iii) “se compulsen [sic] copias de las actuaciones de los funcionarios tanto de la Defensoría del Pueblo, como del Ministerio del Interior, que a nuestro parecer desbordaron la órbita de sus actuaciones y abusaron de su posición dominante”; (iv) “ordenar al INCODER que desarrolle una investigación a fin de determinar quiénes son los arrendatarios y los arrendadores del Resguardo Indígena El Tambo y compulsar [sic] copias a las autoridades respectivas por el uso indebido de recursos públicos, como lo son las tierras del resguardo conforme al artículo 63 de la Constitución Política colombiana”; y, (v) “ordenar a todas las instituciones presentes en esta tutela a verificar la situación de derechos humanos y conforme a las sentencias de la […] Corte Interamericana de derechos Humanos, Sawhoyamaxa Vs Paraguay, determinar si es factible la división material de la comunidad de El Tambo a fin de evitar posibles, ciertas y futuras vulneración de los derechos fundamentales de sus miembros, lo cual incluye el grave peligro tanto para la existencia comunal, como individual”.

4. El presente asunto se admitió a trámite mediante determinación de 2 de diciembre de 2015 (fls. 79 y 80, cdno. 1), y fue resuelto por providencia del día 18 de marzo de 2016 (fls. 262 a 283, idem), habida cuenta que mediante auto de 18 de febrero del año que avanza (fls. 4 a 10, cdno. 1 Corte), la Sala declaró la nulidad de lo que hasta tal data había sido adelantado en esta actuación, a fin de que se realizaran las vinculaciones allí indicadas y se escindiera el ataque enfilado contra la Fiscalía General de la Nación.

Ulteriormente, esta Corporación emitió proveído de 23 de agosto de esta anualidad, a fin de que el tribunal a quo, ya que había omitido esto último, “procediera a abrir o separar el ataque enderezado contra el aludido ente de investigación criminal”, (fls. 9 y 10, cdno. 2 Corte), móvil por el cual el referido colegiado dictó el auto de 22 de septiembre pasado, dando cumplimiento a lo otrora dispuesto (fl. 504, cdno. 1).

Por tal razón, el presente asunto no gravita en torno a las acusaciones contra la Fiscalía General de la Nación.

La Respuesta de los Accionados y Vinculados.

La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior puso de presente, cardinalmente, que desde 2010 los integrantes del Resguardo El Tambo vienen inmersos en conflictos internos por mal manejo de recursos y por problemáticas de gobernabilidad atañederas con la falta de claridad sobre quiénes deben hacer parte del cabildo; por ende, a fin de buscar soluciones, aquellos convocaron a una asamblea de fundadores celebrada el día 8 de octubre de 2014, en la cual también participaron los delegados de la Defensoría del Pueblo, ONIC, Consejería del CRIT, Ministerio de Defensa, Incoder, Personería y Secretaría de Gobierno de los municipios de Natagaima y Coyaima, además de dicha cartera gubernativa. En esa oportunidad, acotó, los fundadores optaron, dentro de su autonomía, por realizar una verificación y depuración del censo padrón, sin que en desarrollo de ese ejercicio se excluyera a ninguna persona, habida cuenta que tal tipo de decisiones han de ser adoptadas por la asamblea general de la comunidad (fls. 88 a 92 y 166 a 168, cdno. 1).

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural anunció, en suma, que el Resguardo Indígena El Tambo, en Asamblea General de 18 de mayo de 2015, “orden[ó] la expulsión de Fidel Yara, Carmenza Aroca M., Ricardo Moreno, Adelaida Cupitra, Ismael Trujillo, Helena [sic] Cupitra, Nelly Culma de Ducuara, Noel Armando Ducucara, Agustín Urbano, María Gineth Ramírez, Orlando Conde, Graciela Tique, Fredy Ducuara, Ángel Eduardo Ramírez y Clemente Aroca”, decisión contra la cual interpusieron reposición que fue desestimada por el gobernador y representante legal de aquel, el día 20 de octubre de 2015. Además, precisa que para cumplir con los objetivos de tener acceso a los programas que brinda el INCODER a las comunidades indígenas, así sea la constitución, ampliación o saneamiento de resguardos indígenas, es necesario ceñirse tanto a los procedimientos establecidos por la normativa como a las alternativas que posibilitan la adquisición de predios a su favor, debiéndose observar para lo propio los pasos previos o trámites, por lo que no puede ir más allá de lo que dispone la Ley 160 de 1994, emergiendo así que las situaciones y hechos que exponen los querellantes, referentes a asuntos de conflicto social y discrepancias en la comunidad, son definiciones internas que competen al resguardo o la comunidad, por lo que aduce no haber vulnerado derecho fundamental ninguno (fls. 93 a 96 y 148 a 183, idem).

La Organización Indígena de Colombia, en resumen, manifestó que “uno de los principales factores de desarmonización del Resguardo El Tambo, radica en la falta de respeto y reconocimiento de la autoridad respectiva y mientras los comuneros no respeten dicha autoridad, vivirán en constante conflicto ya que no hay reconocimiento de un estatus social ni una disciplina por cumplir las normas internas del [r]esguardo” (fls. 252 a 254, idem).

El Consejo Regional Indígena del Tolima sostuvo, en síntesis, que “una de las principales problemáticas del Resguardo El Tambo, era la falta de reconocimiento por parte de los habitantes de dicho resguardo a su autoridad propia, es decir la autoridad del [g]obernador; y mientras dicho problema no se solución[e], no se lograr[á] el equilibrio social de la comunidad” (fls. 256 y 257, idem).

Los demás, guardaron silencio.

La Sentencia Impugnada

El tribunal a quo denegó la salvaguardia reclamada. Ello, por cuanto que “[e]n este evento como se deduce de los hechos de la tutela […] queda […] claro que se trata de conflictos sociales que se vienen presentando entre las comunidades indígenas de San Antonio de Calarma [sic] y El Tambo, que data desde el año 2010 aproximadamente”, motivo por el cual “las autoridades indígenas en procura de dar solución a tales conflictos han llegado a tomar medidas en procura de la solución de los mismos, con fundamento en la autonomía que como tal los faculta para tal efecto”.

Por tanto, “en Asamblea General del 18 de mayo de 2015, el Resguardo Indígena El Tambo, ordenó la expulsión de […] Fidel Yara, Carmenza Aroca M., Ricardo Moreno, Adelaida Cupitra, Ismael Trujillo, Helena Cupitra, Nelly Culma de Ducuara, Noel Armando Ducucara, Agustín Urbano, María Gineth Ramírez, Orlando Conde, Graciela Tique, Fredy Ducuara, [Á]ngel Eduardo Ramírez y Clemente Aroca”, resolución “contra la cual […] se interpuso recurso de reposición pero ésta fue luego confirmada por el [g]obernador y representante legal del resguardo el 20 de octubre de 2015”.

No obstante, tras explicitar los componentes normativos que imponen el “respeto” y “autonomía” de la “jurisdicción indígena”, relevó que para la “aplicación” de tal “también se requiere que existan unas autoridades tradicionales que puedan ejercer las funciones jurisdiccionales, la definición de un ámbito territorial en el cual ejercen su autoridad, además de la existencia de usos y prácticas tradicionales sobre la materia del caso y, la condición de que tales usos y prácticas no resulten contrarias a la Constitución o a la ley en lo que respecta a los límites mínimos señalados por la jurisprudencia constitucional”, siendo que en el presente evento no han sido agotados todos los medios de protección, ya que “los accionantes cuentan con otros medios de defensa a través de las acciones y recursos que la misma legislación indígena les brinda ante el Tribunal Superior Indígena del Tolima, como máxima autoridad en dicha jurisdicción, sin que sea dable a esta instancia judicial como se observó, en forma oficiosa ordenar la remisión del presente conflicto a dicha [j]urisdicción”.

Al margen de lo precedente, relevó que “si bien el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo Nacional, el incoder [sic], han estado presentes en las asambleas realizadas por el cabildo indígena El Tambo, lo han hecho en aras de contribuir dentro de sus competencias a dirimir el conflicto presentado en las mismas comunidades, pero no está demostrado que en las decisiones allí tomadas hayan ingerido directamente, por cuanto quienes lo han hecho son las autoridades indígenas, dad[a] su jurisdicción que los regula dentro de sus propios territorios, por ende no aparece demostrad[a] la vulneración de los derechos fundamentales invocados por dichas entidades estatales” (fls. 262 a 283, cdno. 1).

La Impugnación

La formuló Suray Ducuara Culma, también en “representación de los [demás] tutelantes”, afirmando que el “gobernador del Resguardo Indígena [E]l Tambo”, al imponerles la pena de expulsión, les quebrantó “ciertos derechos fundamentales amparados por la norma constitucional y civil”, olvidando que “en [C]olombia no existe un estado federal, en donde cada departamento, cada grupo indígena, o afrodecendiente tengan su propia ley”, lo cual cual impone que las comunidades étnicas no “est[á]n por encima de la norma constitucional” patria (fl. 483, cdno. 1).

Consideraciones

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación “con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’”, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que “no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo” (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).

El concepto de “vía de hecho” fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el ámbito jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de “Estado Social de Derecho” y la ordenación contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: “a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela” y, 2. Especiales: “a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución” (C-590/2005, reiterada, entre otras, en SU-913/2009 y T-125/2012).

2. Observada la disconformidad planteada resulta evidente que los reclamantes, al estimar que se obró con irregularidad, enfilan su inconformismo, en últimas, frente al Resguardo Indígena El Tambo, puesto que en asamblea general de 18 de mayo de 2015 les impuso la sanción de “expulsión inmediata” de su territorio, determinación que, previa reposición, mantuvo el gobernador del aludido resguardo.

3. Obran como acreditaciones compiladas, cardinalmente, las siguientes:

3.1. Resolución de Asamblea General Ordinaria de 18 mayo de 2015, mediante la cual el Resguardo Indígena El Tambo impuso la pena de “expulsión” física de su territorio a Ricardo Romero Aroca y Adelaida Cupitra, como Grupo Familiar 103, habida cuenta que “han agredido, amenazado, atropellado físicamente a algunos comuneros, han hecho uso abusivo de bienes, recursos”, aparte que “han calumniado[,] difamado temerariamente a nuestra comunidad[,] hacen uso de hechizos y brujerías que han causado lesiones a los comuneros en general, a nuestra integridad espiritual, han violado los derechos humanos de la comunidad, los derechos políticos, sociales, económicos, culturales, tradiciones, usos y costumbres y todas la normas que nuestros Estatutos [I]nternos han considerado para una convivencia en paz y justicia”.

A la par, allí adicionalmente se consignó que “[n]o se cita a los menores pero no conservaran los beneficios de su condición nativa, sin embargo tampoco se pretende romper la unidad familiar” (fls. 15 y 16, cdno. 1).

3.2. Sendas “resoluciones” de la misma data ut supra, mediante las cuales, bajo similares cargos, se impuso la misma sanción de marras, así: al Grupo Familiar. 102, compuesto por Elena Cupitra Aroca e Ismael Trujillo (fls. 17 y 18, idem); al Grupo Familiar. 105, integrado por María Yineth Ramírez Tapia y Agustín Urbano (fls. 19 y 20, idem); al Grupo Familiar. 19, formado por Clemente Aroca Matoma (fls. 21 y 22, idem); al Grupo Familiar. 28, establecido por Nelly Culma de Ducuara y Noel Armando Ducuara Culma (fls. 23 y 24, idem); al Grupo Familiar 117, constituido por Graciela Tique Carrillo y Orlando Conde Viuche (fls. 25 y 26, idem).

3.3. Recurso de reposición interpuesto, de manera unificada, por Fidel Yara Conde, Carmenza Aroca Maníos, Ricardo Romero Aroca, Adelaida Cupitra Cupitra, Ismael Trujillo, Elena Cupitra Aroca, Nelly Culma de Ducuara, Noel Armando Ducuara Culma, Agustín Urbano, María Yineth Ramírez Tapia, Orlando Conde Viuche, Graciela Tique, Fredy Santa Tique, Suray Ducuara Culma, Ángel Eduardo Ramírez Ducuara y Clemente Aroca Matoma, contra las decisiones enantes referidas.

Al efecto argumentaron, resumidamente, que las sanciones se afianzan en “unos cargos genéricos y sin establecer las pruebas que los sustentan”, además de que “tampoco se respetó el debido proceso indígena, que implica fundamentalmente el derecho de defensa y contradicción al interior de la asamblea general, ya que no fu[eron] citados, ni notificados […], por tal razón tampoco participa[ron] de la misma”.

Del mismo modo, adujeron que “[l]a sanción de expulsión inmediata es contraria a la prohibición de una pena imprescriptible establecida en la Constitución [P]olítica [c]olombiana” (fls. 27 y 28, idem).

3.4. Pronunciamiento de 20 de octubre de 2015, suscrito por el gobernador del Resguardo Indígena El Tambo, mediante el cual puso de presente lo siguiente: “en uso de las facultades que me otorga la Constitución Nacional, el Reglamento [I]nterno del Resguardo y la ley, me permito darles a conocer la decisión adoptada por asamblea del Resguardo llevada a cabo el pasado lunes -19 de octubre 2015; con relación a la reposición interpuesta por ustedes en contra del Cabildo Gobernador, la directiva y los comuneros en general del Resguardo El Tambo, el pasado 5 de los corrientes (Octubre 5-2015). En tal sentido les comunico que la [a]samblea, en ejercicio de sus facultades soberanas y de su autonomía como comunidad del Pueblo Indígena Pijao, consagradas en el artículo 246 de la Constitución, 330 y artículos del [C]onvenio 169 de la OIT, ratificó en todas y cada una de sus partes sobre la decisión adoptada de expulsar del seno de la comunidad y excluir del censo indígena a ustedes ciudadanos expulsados léase desterrados por considerar que su conducta ha lesionado gravemente los derechos fundamentales de nuestra comunidad poniendo en riesgo la existencia física y cultural del [r]esguardo y causando profundo e injustificado sufrimiento en sus miembros, mediante la ejecución de conductas que hoy son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación; por considerar que su presencia en el [r]esguardo constituye un alto riesgo para la integridad y seguridad de la comunidad” (fl. 29, idem).

3.5. Memorial suscrito por Hernán Tique Capera, en su calidad de gobernador del Resguardo Indígena El Tambo, en el cual, en atención a la prueba de oficio decretada por auto de 29 de septiembre de 2016, aseveró, básicamente, que “[c]uando la falta es leve l[a] conoce en primera instancia el gobernador” y “si la decisión es apelada l[a] conoce la asamblea general y [lo] resuelto en esta […] termina sea cambiando o ratificando la decisión del gobernador” (acentuado propio, como los demás). Empero, puso de presente, si la “falta es grave o gravísima la queja o el informe llega a conocimiento del gobernador, pero este no lo tramita solo. La investigación, el juicio y la sentencia la llevan a cabo en Asamblea General. Cuando la falta es gravísima se hacen tres (3) sesiones como mínimo y en la última se toma la decisión final. Esta decisión así tomada no tiene apelación u otra instancia donde se pueda hacer más reclamos por la decisión que se haya tomado internamente como justicia propia”.

Agregó que “[e]l caso de las expulsiones que se decidieron fueron por faltas gravísimas que atentaron y atentan contra la vida [y] existencia de cada uno de los miembros individualmente considerados y también violaron los derechos colectivos”, razón por la cual “[n]o tiene[n] apelación debido a que conforme a nuestros usos y costumbres la Asamblea General es la máxima instancia de toma de decisiones para asuntos de suma y trascendental importancia que afecta la vida comunitaria, produce cambios en la armonía para la convivencia e integridad de todos los miembros de la misma”.

Adujo, también, que “[l]a expulsión como un último recurso a los miembros sancionados se dio porque ya no se encontró otra alternativa para seguir conviviendo”, destacando que no se procedió “en contravía del derecho interno, ni en contra de los derechos humanos como se quiere dar a entender, ni tampoco se saltaron los procedimientos, se hizo garantizando el debido proceso y respetando las instancias. Reitero que el caso lo conoció la Asamblea General por la gravedad del asunto y ésta siendo la máxima autoridad interna no hay lugar a más instancias de decisión. Mientras la Asamblea no decida cambiar esta regla o crear una instancia distinta se tendrá que respetar la autonomía que tiene las autoridades y sus comunidades siempre que respete el derecho interno y los derechos humanos”.

Finalmente, sostuvo que “cuando la comunidad hace compromisos organizativos con otras de segundo grado y se obliga a que le revisen las actuaciones se puede dar una instancia que se revise dichas actuaciones internas. Pero en el caso de nuestro resguardo no es filial de otras organizaciones de segundo grado, a título informativo el Resguardo estaba afiliado al Consejo Regional Indígena del Tolima CRIT, pero en enero 27 del 2014 la comunidad renunció” (fls. 35 a 37, cdno. 2 Corte).

4. Sea lo primero señalar que la Corporación guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución (artículo 241 Superior) ha esclarecido que la “legitimación por activa”, tratándose de tutelas en que se persigue la defensa de intereses concernientes con “comunidades étnicas”, puede ser ejercida por una amplia gama de interesados, más allá de los directos presuntamente afectados. Sobre el particular estableció, en Sentencia T-866 de 27 de noviembre de 2013, que:

Esta Corporación, en diversos pronunciamientos ha señalado que los derechos de las comunidades indígenas pueden ser defendidos por sus dirigentes o sus miembros, pues estos “gozan de legitimidad para reclamar en sede de tutela la protección de los derechos fundamentales de los cuales goza su comunidad. Así mismo ha admitido que pueden hacerlo las organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la Defensoría del Pueblo”, e incluso terceros, cuando los hechos así lo demanden.

[…] En ese sentido, con mayor razón cuando la acción de tutela es interpuesta por las propias autoridades de la comunidad indígena se tiene legitimación por activa para interponer la acción de tutela a favor de sus propios miembros, toda vez que un presunto desconocimiento del fuero y de la jurisdicción especial indígena, atenta no solo contra los derechos y garantías establecidas en cabeza de los miembros de los pueblos indígenas, sino también contra las garantías consagradas a favor de las comunidades indígenas como colectividades reconocidas por la Constitución Política (véase).

En ese orden de ideas, para este particular evento, no ya en lo que hace con la “legitimación” para promover la tutela sino para interponer la “impugnación”, cumple señalar que si bien esta la presentó Suray Ducuara Culma en su nombre y en “representación de los [demás] tutelantes”, ello no comporta que ese ejercicio de defensa resulte estéril en sus efectos de cara a los demás peticionarios, puesto que a la postre lo que aquí se está buscando es resguardar el debido proceder judicial supuestamente conculcado por parte de la “jurisdicción indígena” ejercida por el resguardo acusado, accionar que, como se vio, por supuesto atañe con “los derechos y garantías establecidas en cabeza de los miembros de los pueblos indígenas” y con “las garantías consagradas a favor de las comunidades indígenas como colectividades reconocidas por la Constitución Política”, tanto más cuando, en este evento, se está accionando contra el propio resguardo y su gobernador.

5. Atañedero, in genere, con la organización de las comunidades aborígenes, la Corte ha sostenido, entre otras cosas, lo siguiente:

[L]os artículos 286 y 287 de la Constitución Política establecen que los territorios indígenas son entidades territoriales con autonomía y derecho a su gobierno propio, [con] funciones específicas, recursos propios y transferencia de la nación. Los cabildos indígenas son entidades públicas especiales, cuyos miembros son indígenas elegidos y reconocidos por una parcialidad localizada en un determinado territorio, encargados de representar legalmente a su grupo y ejercer las funciones que le atribuye la ley, sus usos y costumbres, situación igualmente consagrada en los artículos 329 y 330 de la Carta Política.

Por imperativo Constitucional, la jurisdicción indígena está integrada por sus propias autoridades judiciales, la potestad que tienen para establecer normas y procedimientos con sujeción a la ley y a la Constitución. El ejercicio de esta jurisdicción no está condicionado a la expedición de una ley que la habilite (se realza; CSJ STL, 19 feb. 2008, rad. 20313).

5.1. Relativamente a la aludida “jurisdicción indígena”, que es de rango “especial”, también se ha expuesto que “[e]n guarda de la identidad cultural de los indígenas se les reconoce el derecho de gobernarse por autoridades propias, conforme a sus usos y costumbres, y a ejercer las facultades jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, según sus propias normas y procedimientos, siempre que aquellas y estos no sean contrarios a la Constitución ni a las leyes de la República. De ese modo se hace compatible el estatuto de los pueblos indígenas con el régimen constitucional y legal” (sublineado propio; CSJ STP, 29 ago. 2008, rad. 37.444).

De este último tópico, el artículo 246 de la Carta Política se yergue como su génesis en el ordenamiento nacional; el alcance de tal precepto, conforme lo apuntó la Corte Constitucional, “comprende los siguientes elementos: “[i] la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, [ii] la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, [iii] la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, [iv] y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional”. Los dos primeros, conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas, mientras que los dos últimos, constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional. De esta manera, por expreso mandato constitucional, las comunidades indígenas que cuenten con autoridades judiciales y procedimientos propios, tienen autonomía para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial” (T-300 de 21 de mayo de 2015).

Asimismo, esa Corporación Nacional ha aseverado que “la atribución constitucional de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, reconocida a las autoridades indígenas, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, está supeditada a la condición de que éstos y aquellas no sean contrarios a la Constitución y a la ley” (T-254 de 30 de mayo de 1994).

Por lo propio, al efecto señaló en esa misma decisión, de un lado, que “[e]l derecho fundamental al debido proceso constituye un límite jurídico— material de la jurisdicción especial que ejercen las autoridades de los pueblos indígenas que la realizan según “sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley” (CP art. 246). Cualquiera sea el contenido de las disposiciones jurídicas internas de las comunidades indígenas, estás deben respetar los derechos y principios contenidos en el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 29 de la Carta. En efecto, el derecho fundamental al debido proceso garantiza los principios de legalidad, de imparcialidad, de juez competente, de publicidad, de presunción de inocencia y de proporcionalidad de la conducta típica y de la sanción, así como los derechos de defensa y contradicción. El desconocimiento del mínimo de garantías constitucionales para el juzgamiento y sanción equivale a vulnerar el derecho fundamental al debido proceso” (se sublineó); y, de otro, que “[l]a autonomía política y jurídica reconocida a las comunidades indígenas por el constituyente, por su parte, debe ejercerse dentro de los estrictos parámetros señalados por el mismo texto constitucional: de conformidad con sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley (CP arts. 246, 330), de forma que se asegure la unidad nacional” (negrilla propia del texto original).

Por supuesto, existe una “jurisdicción especial indígena” que se guía bajo sus “usos y costumbres”. Empero, tales deben respetar los “derechos humanos”, los “derechos fundamentales” y las “leyes imperativas que protejan valores superiores constitucionales”, habida cuenta que los postulados enantes enunciados devienen en límite al principio de “diversidad étnica” de que aquella se reviste.

5.2. Ahora, referente a la penalidad de “expulsión” que aquí es motivo de dolencia por los promotores, ha dicho la Corte Constitucional que “[e]l artículo 38 de la Constitución Política establece como límite constitucional al ejercicio de la sanción punitiva la de imponer pena de destierro, pues ella significa aislar al individuo de su entorno social y condenarlo al ostracismo. De acuerdo con el Pacto Internacional, de Derechos Políticos y Civiles (art. 12) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 5) el destierro se refiere a la expulsión del territorio del Estado del cual se es nacional. Por lo tanto, como los cabildos sólo pueden administrar justicia dentro de su jurisdicción, es claro que se destierra del resguardo y no de todo el territorio nacional y, en consecuencia, la sanción no encuadra dentro de la restricción del artículo 38 de la Constitución. Por otra parte, el hecho que la comunidad decida alejar de su territorio a un miembro, no sobrepasa los límites del ejercicio de la jurisdicción indígena, motivo por el cual la Corte no encuentra ningún reparo contra esta determinación.

“[… D]e acuerdo con lo dicho hasta aquí, es preciso señalar, que no es compatible con el principio de la diversidad étnica y cultural imponerles a las comunidades indígenas las sanciones o castigos que la tradición occidental ha contemplado (como parecen sugerirlo los jueces de tutela). Una interpretación en contrario, plantearía un razonamiento contradictorio que podría expresarse así: “La Constitución propende a la recuperación de su cultura, pero sólo en aquellas prácticas que son compatibles con la cosmovisión de la sociedad mayoritaria”. Es claro que un razonamiento de este tipo respondería a una hegemonía cultural incompatible con el pilar axiológico del pluralismo que, entre otras, permite a las comunidades aborígenes la materialización de sus costumbres, siempre y cuando no violen el núcleo duro de lo que “verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre”. Pero además, desconocería los mismos preceptos constitucionales que, al reconocer la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas, posibilitan, dentro del marco del Estado, la recuperación y reinterpretación de los símbolos y tradiciones culturales propias” (se resaltó; T-523 de 15 de octubre de 1997).

No obstante lo anterior, ha de dejarse claro que la Corporación atrás enunciada ha establecido puntuales condiciones a la imposición de sanciones, entre ellas la señalada de “expulsión”, habida cuenta que si bien ha de ser respetada la “autonomía indígena”, también lo es que como aquella se trata “de una decisión que reviste las características de una verdadera decisión judicial, dictada al amparo de la autonomía jurisdiccional reconocida por la Constitución Política para estos pueblos […], dicha autonomía tiene dos límites que deben ser respetados: la prohibición de generar situaciones que resulten verdaderamente intolerables por atentar contra los bienes más preciados del hombre, y el aseguramiento del núcleo duro de los derechos fundamentales de los miembros de las comunidades indígenas” (se relievó; T-300 de 2015).

Esas estipulaciones, en torno a la pena de expulsión, casuísticamente desprenden un par de circunstancias que menester es observar, a saber: 5.2.1.—Una, que la misma no puede extenderse a los familiares inocentes del infractor.

Sobre ese particular aspecto precisó que “[l]a pena impuesta al peticionario involucró la expulsión de éste y de su familia de las tierras de la comunidad indígena, colocando a los integrantes de la familia en una situación económica y social de desventaja por sus circunstancias especiales. De esta forma, la pena trascendió a la persona del infractor y terminó por cobijar a los miembros de su familia, evidenciándose como desproporcionada y contraria a los tratados internacionales sobre derechos humanos. En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 52 establece que “la pena no puede trascender la persona del delincuente”, de manera que se deja a salvo el derecho a la integridad personal de quienes han sido ajenos al juzgamiento de conductas punibles cometidas por otro.

“Ordinariamente la imposición de una pena, no obstante su individualización, puede materialmente afectar a terceros, ajenos a la infracción, y no por ello ésta deja de tener validez. La expulsión del miembro de una comunidad indígena como medida sancionatoria, sin embargo, tiene una particularidad que exige considerar sus efectos frente a su familia. Las secuelas de la pena, en este caso, revisten mayor gravedad y fácilmente se traducen en punición para los miembros de la familia. Para ellos, la expulsión acarrea la completa ruptura de su entorno cultural y la extinción de su filiación antropológica; de otro lado, la consiguiente y forzosa inserción en un marco cultural diferente, supone la alteración radical de su modo de vida y la necesidad de interactuar en condiciones de inferioridad. Desde el punto de vista de la comunidad indígena, la pérdida de miembros, vista su condición minoritaria, no contribuye a su objetiva conservación.

“Las sanciones o penas colectivas son contrarias al principio de que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ...” (CP art. 29). Adicionalmente, la ley penal se erige sobre el principio de responsabilidad individual, que supone el juzgamiento del acusado y el respeto del principio de presunción de inocencia, presupuestos esenciales del poder sancionatorio del Estado o de los particulares que excepcionalmente ejercen funciones jurisdiccionales. En consecuencia, la pena impuesta al peticionario se revela desproporcionada y materialmente injusta por abarcar a los integrantes de su familia, circunstancia que genera la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la integridad física de sus hijos. La negativa de las directivas del cabildo indígena a aceptar la propuesta de asignar la parcela que trabajaba Ananias Narvaez a su hijo mayor carece de fundamento jurídico, hace más gravosa la situación del sancionado y priva irracionalmente a sus hijos de la única fuente de subsistencia, como lo muestra el hecho de que con posterioridad a su expulsión fue encontrado nuevamente en terrenos de la comunidad sustrayendo alimentos porque sus “hijos tenían hambre”. Esta situación no es consecuencia, como podría pensarse en forma simplista, de la propia conducta del peticionario, sino que se originó en la voluntad de las autoridades indígenas de resolver de plano el problema al expulsar a la familia del infractor. Por lo tanto, la pena de expulsión del petente y de su familia como consecuencia de los actos del padre vulneró el derecho al debido proceso, particularmente por trascender la persona del infractor” (se destacó; Cfr. T-254 de 1994).

5.2.2. Y otra, que tal no puede llegar a confinar al excluido de la comunidad a la “convivencia en un entorno completamente extraño o con el que no comparta ningún rasgo común” (se destacó; Cfr. T-300 de 2015), razón por la cual el aludido fallo siguió diciendo que “[e]specíficamente para el caso de la pena de destierro, como también se señaló, resultaría intolerable que, en tratándose de comunidades con tradiciones y usos muy arraigados, el indígena afectado se viera abocado a una vida en un mundo que le resulta por complete extraño” (se denota).

6. Escrutados los precisos casos materia de análisis, surge que el amparo instado ha de otorgarse; ello, en consideración a lo que pasa a exponerse.

6.1. De acuerdo al memorial arrimado por el gobernador del Resguardo Indígena El Tambo, surge que a los gestores condenados a “expulsión inmediata” se les adelantó juicio por “faltas gravísimas”, trámite en que no hay posibilidad de “apelación debido a que conforme a nuestros usos y costumbres la Asamblea General es la máxima instancia de toma de decisiones para asuntos de suma y trascendental importancia que afecta la vida comunitaria, produce cambios en la armonía para la convivencia e integridad de todos los miembros de la misma”.

Por lo anunciado, los fundamentos en que se afincó el fallo constitucional impugnado de inmediato decaen, no observándose, entonces, la existencia de otro medio de resguardo diverso al tutelar a que acudieron los reclamantes y que posibilite predicar la residualidad que halló el tribunal a quo para denegar el amparo.

Y es que, valga anotarlo, conforme a las acreditaciones recaudadas en la actualidad al interior del aludido resguardo no existe autoridad jurisdiccional superior a su “asamblea general”, razón por la que en sus determinaciones no tiene cabida ninguna injerencia por parte del Tribunal Superior Indígena del Tolima (ni de ningún otro ente); y si bien “el Resguardo estaba afiliado al Consejo Regional Indígena del Tolima CRIT”, lo cierto es que “en enero 27 del 2014 la comunidad renunció” a pertenecer a tal, razón por la cual como las sanciones objeto de este estudio fuero impuestas en data posterior a la preanotada, es que claramente emerge la inexistencia de subsidiariedad como motivo, per se, para declarar la improcedencia de la salvaguardia pedida.

Por supuesto, debe abordarse el fondo del asunto puesto de presente.

6.2. Sin que aquí pueda en modo alguno reprocharse por parte de la Corte lo que jurisprudencialmente se ha dado por denominar como “defecto” de “decisión sin motivación”, que es uno de los “requisitos específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”, habida cuenta que la “autonomía” de la “jurisdicción indígena” implica que las disposiciones étnicas adoptadas lo sean conforme a sus “usos y costumbres” imponiéndose, por ende, que tales no deban ser vistas bajo los parámetros que rigen la justicia ordinaria “occidental” sino meramente bajo su cosmovisión, lo cierto es que en el particular y delimitado evento sí corresponde, según las pautas jurisprudenciales atrás vistas, impartir la puntual y concreta orden de que por la Asamblea General del Resguardo Indígena El Tambo se produzca expresa manifestación acerca de cómo es la relación de cada uno de los indígenas sancionados con el “mundo exterior” allende la comunidad tribal enjuiciada, a fin de que por parte de esta se llegue a establecer, ponderadamente, si la “expulsión inmediata” los lleva o no a un desarraigo que les afecte desde el punto de vista constitucional de manera “intolerable”, quebrantándoles el “núcleo duro” de sus derechos fundamentales.

Lo acotado, ya que como se ve en las “resoluciones” de “expulsión” al efecto adoptadas el día 18 mayo de 2015, tales en manera alguna hicieron alusión, siquiera someramente, a ese particular, no obstante que ello debe ser un específico asunto a abordar cuando se impone la descrita pena de separación del grupo territorial, conforme a la doctrina atrás transcrita.

6.3. A la par, se le recuerda a la congregación étnica querellada que, a la hora de imponer ese tipo de reprimendas, ha de tener “cuidado” en que las “sanciones” no se extiendan a la familia de los penados extrañados de la comunidad, ya que ningún proceso judicial, como eminentemente es el que se adelanta por parte de la jurisdicción especial indígena, puede pasar por alto el “principio de responsabilidad individual” o la “presunción de inocencia” que aplica a todo connacional; por tanto, ningún castigo puede cobijar a quien es ajeno al juicio emprendido.

Y es que ello se rememora dado que, verbigracia, en el pronunciamiento que sancionó al Grupo Familiar 103, conformado por Ricardo Romero Aroca y Adelaida Cupitra, particularmente se consignó que “[n]o se cita a los menores pero no conservaran los beneficios de su condición nativa, sin embargo tampoco se pretende romper la unidad familiar” (se hace notar), disposición que claramente va en contra vía del “debido proceso” y que, por ende, no puede sostenerse, máxime cuando los menores “condenados” por “extensión” detentan derechos que prevalecen sobre los de los demás (artículo 44 Superior).

6.4. Eso sí, y en esto se hace especial hincapié, lo ut supra señalado lejos está de pretender ser una intromisión en la autonomía jurisdiccional indígena, que por supuesto se respeta en su todo, por cuanto no está en duda que la resolución del asunto ha de emitirse por las autoridades tribales correspondientes y, así mismo, adoptarse conforme a las precisas pautas que demarquen sus usos y costumbres; lo que aquí se predica, por ende, no es más que el reflejo de las prescripciones establecidas por la jurisprudencia constitucional que, sin embargo, han de observarse en tratándose de la imposición de sanciones de exclusión a los integrantes de cualquier grupo aborigen que se ubique en el territorio patrio.

Demostración de ello es que lo aquí expresado no puede tomarse, ni más faltaba, como imposición alguna del sentido decisorio a aplicar sobre ese particular, que totalmente recae en la exclusiva órbita de la asamblea general del resguardo enjuiciado.

6.5. Finalmente, se resalta que como únicamente se aportaron las resoluciones de expulsión de Ricardo Romero Aroca, Adelaida Cupitra, Elena Cupitra Aroca, Ismael Trujillo, María Yineth Ramírez Tapia, Agustín Urbano, Clemente Aroca Matoma, Nelly Culma de Ducuara, Noel Armando Ducuara Culma, Graciela Tique Carrillo y Orlando Conde Viuche, de suyo emerge que el amparo instado solamente podrá ser otorgado a favor de estos; y es que, recuérdese, la acción constitucional que ahora ocupa la atención, si bien se caracteriza por ser de naturaleza célere y breve, tal circunstancia no exime a los sujetos intervinientes de que, relativamente a las manifestaciones que elevan, alleguen, al menos sumariamente, las acreditaciones respectivas, según corresponde.

Por supuesto, en materia de la carga de prueba en “acciones de tutela”, se ha dicho, entre otras en CSJ STC15680-2014, 14 nov. 2014, rad. 2014-02574-00, que:

“[…] quien pretende la protección judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su pretensión, como quiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el daño o la amenaza de afectación” (Sentencia T-835 de 2000).

En aplicación de lo antes citado, es claro que en el sub judice no puede el juez constitucional, ante la ausencia de elementos probatorios, arribar a una decisión distinta que la denegación de la protección solicitada, pues correspondía a los accionantes aportar por lo menos elementos sumarios para sustentar su solicitud de amparo (CSJ STC, 5 jul. 2011, rad. 01271-00. Reiterada, entre otras providencias, en CSJ STC, 24 abr. 2013, rad. 00009-01; y, CSJ STC, 24 jul. 2014, rad. 00120-01).

7. Cabe relevar, por demás, que al interior de este asunto tutelar tampoco se acreditó, según era de esperar, que el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el Tribunal Superior Indígena del Tolima, el Consejo Regional Indígena del Tolima o la Organización Indígena de Colombia hubiesen tenido injerencia alguna en la adopción de las “sanciones” repudiadas impuestas el 18 mayo de 2015, como tampoco en el pronunciamiento de 20 de octubre de 2015, suscrito por el gobernador de dicho grupo étnico, mediante el cual resolvió el “recurso de reposición” al efecto interpuesto contra aquellas, lo que implica, per se, no adoptar ninguna resolución en contra de tales.

Con todo, y en cuanto hace con la solicitud de que se expidan “copias” con miras a que se inicien investigaciones por las “actuaciones de los funcionarios” del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, vale señalar que los gestores están en mejores condiciones de exponer ante las autoridades competentes las circunstancias que estiman como infractoras, motivo por el cual ellos, si a bien lo tienen, pueden dirigir directamente las peticiones que encuentren oportunas, razón por la que tampoco se accederá a esa deprecación.

8. Aparte de lo ya dicho, y respecto de la queja consistente en que el INCODER supuestamente no ha actuado “frente a las denuncias sobre arrendamiento de las tierras del Resguardo Indígena El Tambo”, señálase que no obra que esa disconformidad hubiera sido expuesta directamente ya ante las autoridades indígenas que presiden ese resguardo ora ante dicha entidad, lo cual impone que se active el postulado de la subsidiariedad, ya que conforme a los elementos de acreditación arrimados, surge que aquellos, previamente a presentar el libelo de amparo, no plantearon la formulación que aquí elevan, según era de esperar, agotando de ese modo los mecanismos que sus usos y costumbres les ofrecen, amén que el ordenamiento legal del mismo modo ofrece vías para lograr tal tipo de pretensiones a propósito de la satisfacción de sus intereses, tanto más cuando, como puso de presente en su contestación el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, al efecto es necesario ceñirse a los procedimientos establecidos por la normativa, debiéndose observar para lo propio los pasos previos o trámites, por lo que dicho ente no puede ir más allá de lo que dispone, entre otros preceptos, la Ley 160 de 1994 que lo rige.

9. Finalmente, se pone de presente que la petición de realizar la “división material de la comunidad El Tambo” ha de plantearse ante las autoridades de dicha organización, que es la encargada de atenderla, por lo que se torna inane la intervención del juez de amparo sobre el particular.

10. En resumen, exclusivamente se amparará el debido proceso de ciertos tutelistas, esto es, los enantes expresamente enunciados, habida cuenta que los demás no demostraron que hubieran sido sancionados con expulsión, según fue el reparo elevado. A su vez, meramente se concederá la protección reclamada en frente del Resguardo Indígena El Tambo, pues no se probó injerencia alguna en las decisiones sancionatorias tomadas, que ahora se repudian, por ningún otro ente accionado o vinculado.

11. De conformidad con lo discurrido, se revocará el fallo objeto de la impugnación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, Revoca el fallo de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede y, en su lugar, dispone:

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de Ricardo Romero Aroca, Adelaida Cupitra, Elena Cupitra Aroca, Ismael Trujillo, María Yineth Ramírez Tapia, Agustín Urbano, Clemente Aroca Matoma, Nelly Culma de Ducuara, Noel Armando Ducuara Culma, Graciela Tique Carrillo y Orlando Conde Viuche, según se consideró.

2. Dejar, en consecuencia, sin valor ni efecto tanto las Resoluciones de expulsión de 18 mayo de 2015, adoptadas por la Asamblea General del Resguardo Indígena El Tambo en punto de los Grupos Familiares 19, 28, 102, 103, 105 y 117; asimismo, el pronunciamiento de 20 de octubre de 2015, suscrito por el gobernador de dicho grupo étnico, mediante el cual resolvió el “recurso de reposición” al efecto interpuesto contra aquellas. Lo propio, a fin de que la aludida “asamblea general”, dentro del término máximo de un (1) mes, proceda a emitir nuevas resoluciones en torno a los aludidos quejosos, atendiendo al efecto lo expuesto en las motivaciones, sin que por ello en modo alguno se le esté imponiendo adoptar un sentido decisorio determinado. Por Secretaría, envíese copia del presente fallo a todos los interesados.

3. Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello BlancoAroldo Wilson QuirozMonsalvo Luis Alonso Rico PuertaAriel Salazar RamírezLuis Armando Tolosa Villabona.