Sentencia STC15089-2015 de noviembre 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC15089-2015

Radicación 11001-02-03-000-2015-02620-00

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

(Aprobado en sesión de tres de noviembre de dos mil quince).

Bogotá, D.C., cuatro de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

1. Auscultada la queja y las pruebas allegadas, se concluye la procedencia del auxilio solicitado porque en la providencia de 10 de septiembre de 2015, con la cual se modificó la de primer grado en el sentido de “(…) señalar que del mandamiento de pago debe excluirse la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000), correspondientes a la cláusula penal (…)” y se confirmó lo restante, referente a no declarar probadas las excepciones incoadas por la tutelante y seguir adelante la ejecución, se incurrió en irregularidad lesiva del debido proceso.

2. Cumple indicar, delanteramente, que en el asunto reprochado, se libró orden de apremio frente a la demandada, imponiéndole cancelar las siguientes sumas:

“(…) a. Quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) M/cte., por la obligación adquirida en el cheque 9533607 del Banco de Bogotá con fecha de pago 15 de enero de 2009 (…)”.

“b. Por los intereses moratorios que se causen sobre el capital relacionado en el literal que antecede, a partir del día que se hizo exigible la obligación (ene. 16/2009) y hasta que se verifique el pago total de la misma, liquidados conforme a la tasa de interés ordenada por la Superintendencia Bancaria (…)”.

“c. Por la sanción que establece el artículo 731 del Código de Comercio, la cual es del 20% del importe del cheque (…)”.

“d. Ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000) M/cte., por concepto de la cláusula penal estipulada en el contrato de promesa [suscrito entre las partes] (…)”.

Formulada reposición por la aquí actora contra esa determinación, cimentada, puntualmente, en estar prescrita la obligación contenida en el cheque por haber transcurrido más de dos (2) años entre su exigibilidad y la presentación de la demanda y encontrarse caducada la acción cambiaria, el extremo actor, a su turno, adujo, entre otras cuestiones, que la obligación cobrada se desprendía de la promesa de compraventa adosada al litigio, negocio ajustado a la ley y cumplido plenamente por ella.

Teniendo en cuenta lo esbozado, en auto de 25 de julio de 2012, el juez acusado, al desatar el remedio horizontal antes reseñado, resolvió modificar la orden de apremio para excluir del compulsivo el cheque y lo relativo a la sanción estatuida en el citado canon 731 ídem; en consecuencia, decidió “(…) pros[eguir] la ejecución exclusivamente sobre las obligaciones contenidas en el contrato (…)” referido.

Emitida la sentencia correspondiente, la querellante la impugnó en apelación, reprochando, según lo resumido por el Colegiado atacado,

“(…) que el juzgado hubiera oficiosamente reformado la demanda para disponer que se estaba ejecutando el contrato y no el cheque, cuando en la demanda se hace referencia es a éste, siendo además que el mencionado contrato fue cumplido y perfeccionado, al realizarse las escrituras y pagarse el precio. Al pagarse el precio, la promesa deja de existir. Por haber sido cancelado es que el cheque fue guardado por tanto tiempo, casi tres (3) años después de haberse cumplido el contrato de promesa de compraventa. Insiste en la inexigibilidad de la promesa de compraventa por haber sido ya cumplida, por haberse celebrado el negocio prometido. En su sentir, dicho contrato dejó de existir desde el catorce (14) de octubre [de 2008]. Hay entonces inexistencia de título ejecutivo (…)”.

3. Revisadas las elucubraciones de la Corporación atacada para decidir el asunto en la forma referenciada, se observa que si bien esa autoridad tuvo como título base del recaudo la reseñada promesa y para ello argumentó que cuando se inadmitió el libelo ejecutivo la demandante precisó usar la misma como tal, su fundamentación en torno al mérito coercitivo de ese instrumento, además de ser insuficiente y separada de la jurisprudencia de esta Corte, no consulta con lo consignado en el texto de ese negocio.

3.1. Sobre lo primero, se destaca que el Tribunal en cuanto al hecho de haberse perfeccionado la compraventa prometida y generar esa circunstancia la inexigibilidad del contrato preparatorio, la Corporación acusada, de un lado, aprovechó para advertir el cumplimiento de las obligaciones de la vendedora, como sigue:

“(…) las escrituras (…) fueron otorgadas, tal como se puede apreciar a partir del folio 170. La correspondiente al predio ‘LA TURUPA’ o ‘TORUPA’ la 048 de mayo ocho (8) de 2008, en la Notaría Única de Nemocón, y la segunda, predio ‘EL PARAISO’, la 172 del nueve (9) de octubre de 2008, de la misma notaría. (…). Así las cosas, dado que la cláusula penal tiene como propósito asegurar el cumplimiento de esa obligación, hacer escrituras y registrar, surge evidente que ella no puede ser cobrada ejecutivamente. Así lo ha venido señalando esta Sala, acogiendo lo que jurisprudencialmente se ha señalado (…)”.

Y, de otro, arguyó que en el litigio “[n]o se trata[ba] de discutir la validez o subsistencia de la promesa de compraventa, porque ya las escrituras se hicieron y se entregaron incluso los predios (…)”.

Esas apreciaciones, como se dijo, resultan lacónicas de cara a lo expresado por la tutelante en la alzada, pues se memora que aquélla además de cuestionar la modificación “oficiosa” hecha al libelo introductor en el sentido de tener la promesa como título ejecutivo y no el cheque adosado para el efecto, cuestionó la exigibilidad de ese pacto por haberse celebrado el contrato allí prometido y reiteró la satisfacción de la obligación, precisamente, por girar el indicado instrumento de pago.

Respecto de ese último punto, vale acotar, como lo esgrimió la promotora, que no se comprenden las razones del Tribunal para retirar del cobro compulsivo la cláusula penal si, justamente, estimó el incumplimiento de la obligación de pagar el precio convenido por la solicitante.

En adición, se colige que el ad quem relegó lo señalado por esta Corte respecto de la naturaleza del negocio preparatorio, pues en pasadas oportunidades se ha considerado:

“(…) la promesa de contrato, como tal, se encuentra en los momentos postreros en la gestación de los acuerdos contractuales, teniendo un peculiar cariz provisional y transitorio en cuanto es un convenio eminentemente preparatorio de otro cuyo resultado no pueden o no quieren alcanzar de inmediato las partes, pero a cuya realización se comprometen mediante un vínculo jurídico previo que les impone la obligación recíproca y futura de llevarlo a cabo con posterioridad, agotándose en él su función económico - jurídica, quedando claro, entonces, que como “no se trata de un pacto perdurable, ni que esté destinado a crear una situación jurídica de duración indefinida y de efectos perpetuos, la transitoriedad indicada se manifiesta como de la propia esencia de dicho contrato” (G. J. CLIX pág. 283) (…)”.

“(...) Trátase, pues, de una temporalidad consubstancial al contrato, necesaria sí, pero racional y breve, circunscrita exclusivamente a disponer el contrato futuro, razón por la cual repugna a su esencia que pueda ser ilimitada o vaga, toda vez que, insístese, la naturaleza del contrato apunta a la celebración de otro a cuya espera no pueden permanecer perpetuamente vinculadas las partes (…)”.

“De ahí que la Corte, en sentencia del 13 de noviembre de 1981, luego de asentar la consensualidad del contrato de promesa mercantil y la incompatibilidad en la materia con el artículo 89 de la Ley 153 de 1889, hubiese advertido que “El contrato de promesa tiene una razón económica singular, cual es la de asegurar la confección de otro posterior, cuando las partes no desean o están impedidas para hacerlo de presente. Por eso no es fin sino instrumento que permite un negocio jurídico diferente, o, para mejor decir, es un contrato preparativo de orden general. De consiguiente, siendo aquélla un antecedente indispensable de una convención futura, esta modalidad le da un carácter transitorio y temporal y se constituye en un factor esencial para su existencia. Desde luego los contratantes no pueden quedar vinculados por ella de manera intemporal, porque contradice sus efectos jurídicos que no son, de ninguna manera, indefinidos (…) (G.J. CLXVI. Nº 2407) (…)” (resaltado fuera de texto)(1).

Preciso es relievar que las obligaciones de la promesa pueden no sólo dirigirse a la celebración del negocio prometido, pues es posible pactar anteladamente, como en este caso, cancelaciones anticipadas o lo relativo a la entrega de los bienes ofrecidos en venta; sin embargo, lo referente al cumplimiento de dichos deberes, los cuales subsisten luego de agotarse la finalidad del convenio prometido, generan vías especiales para su reclamación y, en lo atinente a este asunto, bien puede advertirse que un trámite ejecutivo no se muestra como idóneo, pues existe amplia discusión en torno a la satisfacción del compromiso de pago adquirido por la aquí querellante.

En punto a lo enunciado esta Sala indicó:

“(…) No obstante que la eficacia final del contrato se encuentra encaminada a obtener la celebración del acto jurídico prometido, suele acontecer que las partes, además de acordar la prestación de hacer que la naturaleza del contrato les impone, ajusten otras obligaciones propias del negocio jurídico prometido (prestaciones anteladas), mediante las cuales persiguen la consecución de algunos de los efectos concernientes a éste. Son, pues, prestaciones que se avienen más con la naturaleza del contrato prometido, en el cual encuentran venero y no tanto con la de la promesa que, como ya se dijese, agota su eficacia final en el cumplimiento de una mera obligación de hacer. Tórnase equitativo, entonces, que las restituciones a que haya lugar por la resolución de la promesa, sean gobernadas por las normas reguladoras de las restituciones mutuas del contrato prometido cuyo cumplimiento antelado la origina y con cuya naturaleza se acomodan, desde luego que ellas son ajenas a la entidad del contrato de promesa, el cual, despojado de los pactos adicionales de esa especie, no da lugar a ninguna restitución entre las partes (…)”(2).

3.2. En lo concerniente a la indebida valoración del texto de la promesa para definir el valor compulsivo de ésta, se resalta que dicho documento se suscribió en estos términos:

“(…) Carlos Hernando Rojas Bernal, (…) quien en este documento se denominara el prometiente Vendedor y ACANDI S.A. identificada con Nit 800187009-0, Representada por la Sra. Annie Furmanowski de Rojas GERENTE, mayor de edad de Nacionalidad Belga y vecina de Bogotá, identificada como aparece al pie de su firma, con sociedad conyugal vigente quien en este contrato promesa de compraventa se denominaran los PROMETIENTES VENDEDORES, y ANA BEATRIZ PARRA MEDINA, (…) quien en adelante se llamara la PROMETIENTE COMPRADORA, hacemos constar que hemos celebrado el contrato promesa de compraventa que se regirá conforme a las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto: (…) Los prometientes vendedores se obligan a vender a la Prometiente Compradora y esta a su vez se obliga a comprar a ellos, el derecho de propiedad y la posesión plena que tienen y ejercitan sobre los siguientes bienes inmuebles denominados EL PARAÍSO, ubicado en el municipio de TILO DIRÁN municipio de Yopal Casanare y la TURUPA ubicado en el municipio de TILO DIRÁN municipio de Yopal Casanare, (…) Lotes de terreno junto con todas sus dependencias y anexidades, SEGUNDA: PRECIO: Que el precio de este compromiso de compraventa es de la suma de mil quinientos millones de pesos (1.500.000.000) M/Cte. los cuales serán entregados a los prometientes vendedores así: en Tres Cuotas. PRIMERA CUOTA - La suma de cien millones de pesos (100.000.000) M/cte en ganado, mas ciento ochenta millones de pesos (180.000.000) M/cte., representados en una camioneta Toyota Land Cruiser Modelo 2006 Placa EKS666, mas cien Millones de pesos (100.000.000) M/CTE., en efectivo pagaderos el día 15 de noviembre de dos mil siete y la suma de ciento veinte millones de pesos (120.000.000) M/CTE. para el día 20 de Enero de 2008. SEGUNDA CUOTA - La suma de Quinientos Millones de Pesos (500.000.000) M/CTE para el día 15 de Julio de 2008 y la TERCERA Y ÚLTIMA CUOTA la suma de quinientos millones de pesos (500.000.000) para el día 15 de enero de 2009. TERCERA OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA: a convenir por las partes en la fecha en que se haga el PAGO POR PARTE DEL COMPRADOR DE LA SEGUNDA CUOTA Y SE OTORGARÁ EN LA NOTARÍA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE CUARTA CLÁUSULA PENAL: Las Partes acuerdan la suma del 10% del valor total de esta compra venta la suma de ciento setenta millones de pesos (170.000.000). Que tanto el Prometiente Vendedor como el Prometiente Comprador se obligan a pagar a la parte contraria en caso de incumplir lo pactado en este documento. QUINTA ENTREGA: La entrega del inmueble Denominado la TURUPA se hará a la firma de esta promesa y la entrega del PREDIO EL PARAÍSO se realizara en la última semana del mes de julio del año 2008 (…)” (resaltado fuera de texto).

Al reverso de ese negocio, las partes convinieron un “otro sí” del siguiente tenor:

“(…) fijan las partes la firma de la escritura en esta fecha, igualmente la compradora gira un cheque 9533607 por la suma de quinientos millones de pesos $ 500.000.000, o sea el saldo para quedar a paz y salvo por dicha compra del predio el paraíso, ubicado en (…) [la] jurisdicción Casanare (…)”.

El documento transcrito fue apreciado de manera deficiente por el Colegiado querellado, pues se limitó a indicar que compartía lo manifestado por el a quo porque no se demostró el pago de la suma cobrada, lo cual, en su criterio, hacía “exigible” la obligación; igualmente, anotó:

“(…) El documento presentado como título ejecutivo, efectivamente lo es: proviene de la demandada y contiene una obligación clara, expresa y exigible, en cuanto se habla de que esta debe pagar una determinada suma de dinero, en unas condiciones y fechas determinadas. El plazo allí consagrado es determinado y vencido (…)”.

Esas afirmaciones no explican realmente el porqué se tuvo por cumplida la claridad, expresividad y exigibilidad del título para recaudar la “(…) tercera y última cuota (…)” allí convenida; y, de igual manera, evidencian que el Colegiado denunciado apreció como no probado el pago de la obligación, sin detenerse a revisar el “otro sí” citado.

3.3. Precisado lo anterior, corresponde advertir que el mandamiento de pago, luego de las modificaciones surtidas por el a quo cuando retiró el cheque del compulsivo y del Tribunal, al sacar la cláusula penal en su sentencia, se torna completamente ambiguo, pues no hay claridad en torno a los valores por los cuales continuaría la ejecución.

Téngase en cuenta que en primer grado se excluyó del cobro el cheque y la sanción consagrada en el artículo 731 del Código de Comercio y, a su turno el Colegiado hizo lo propio con la cláusula penal; así las cosas, no se comprende si el único monto a perseguirse, sería lo relativo a los intereses bancarios; cuestión a todas luces extraña porque retirados los $ 500.000.000 insertos en el cheque, no se sabe sobre qué valor se determinarían tales intereses.

Compete entonces al Tribunal, además de ajustar su decisión en los aspectos arriba referenciados, definir la viabilidad de librar la orden de apremio y los términos de ésta.

4. Se memora que esta Corporación, respecto de la estimación de los elementos de convicción ha indicado:

“(…) [E]n torno a (…) la ausencia de valoración probatoria, (…) ha expuesto la Corporación que ‘[u]no de los supuestos que estructura aquella es el defecto fáctico, en el que incurre el juzgador cuando sin razón justificada niega el decreto o la práctica de una prueba, omite su valoración o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere mérito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisión y formar libremente su convicción, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (CPC, art. 187), también es cierto que jamás pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderación de los medios de persuasión implica la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso’ (sent. oct. 10/2012, exp. 2012-02231-00, reiterada mayo 8/2013, exp. 2013-00105-01) (…)”(3).

5. En consecuencia, si el Colegiado acusado no tuvo en consideración las disquisiciones pertinentes sobre los aspectos reseñados, se corrobora el quebranto de la prerrogativa fundamental prevista en el artículo 29 de la Constitución Política.

Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la exégesis del ordenamiento jurídico y la valoración de los elementos demostrativos(4), motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos en los cuales la autoridad profiere una decisión ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo o de la jurisprudencia, como la aquí atacada, es factible la intervención de esta particular jurisdicción, por cuanto, se afecta rectamente el debido proceso y el principio de identidad en la construcción del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa.

6. Al margen de los considerandos precedentes, es necesario indicarle a la solicitante la inviabilidad de revocar las cautelas practicadas en las diligencias reprochadas porque para tal fin cuenta con la posibilidad de deprecar el levantamiento de esas medidas, de donde se colige, en este punto, el fracaso del auxilio por incumplirse el presupuesto de subsidiariedad.

7. De acuerdo con lo discurrido, el resguardo deprecado será dispensado para ordenarle al Tribunal accionado dejar sin efecto el fallo de 10 de septiembre de 2015 y proceder a resolver, nuevamente, la apelación impetrada frente a la sentencia de primer grado, atendiendo a los lineamientos expuestos en esta providencia.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER la tutela solicitada por Ana Beatriz Parra Medina frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal y a la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por los magistrados Jairo Armando González Gómez, Gloria Esperanza Malaver de Bonilla y Álvaro Vincos Ureña, con ocasión de la ejecución incoada por Acandi S.A. contra la aquí actora.

En consecuencia, se le ordena al Tribunal atacado que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento, deje sin efecto la determinación de 10 de septiembre de 2015 y proceda a resolver, nuevamente, la apelación impetrada frente al fallo de primer grado, atendiendo a los lineamientos expuestos en esta providencia.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.

3. Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.»

1 CSJ. Civil. Sentencia de 28 de julio de 1998, expediente 4810, criterio reiterado el 26 de marzo de 1999, expediente 5149; y el 7 de noviembre de 2003, expediente 7386.

2 CSJ. Civil. Sentencia de 12 de marzo de 2004, expediente 6759.

3 Corte Suprema de Justicia. Civil. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, expediente 1800122140002013-00109-01.

4 CSJ. STC, jun. 19/2013, rad. 2013-00182-01.