Sentencia STC15927-2016/2016-00564 de noviembre 17 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC15927-2016

Rad.: 73001-22-13-000-2016-00564-01

Magistrado Ponente

Dr. Luis Alonso Rico Puerta

(Aprobado en sesión del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis)

Bogotá, D. C., diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el 30 de septiembre de 2016, dentro de la acción de tutela promovida por Samuel Arturo Monroy Castaño contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al cual fueron vinculadas las partes en el proceso ejecutivo singular Nº 2015-00605.

Antecedentes

1. El solicitante, actuando a nombre propio, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, en tanto declararon la terminación de una ejecución, “al no dar interpretación correcta a la excepción previa denominada inepta demanda por falta de los requisitos formales”.

2. Como soporte de su queja, expone que frente al cobro compulsivo que impetró contra Angélica María Rodríguez Orjuela y Germán Ricardo Rodríguez Orjuela, estos propusieron la “excepción previa de inepta demanda por falta de requisitos formales”, la cual fue declarada próspera por el juez de primera instancia en proveído del 22 de febrero de 2016, adicionado por el de segunda mediante auto del 8 de junio de 2016, condenándolo al pago de perjuicios.

Indica que para llegar a la cuestionada decisión, el encartado interpretó equivocadamente el medio exceptivo, incurriendo en “vía de hecho por defecto sustantivo”, pues lo resuelto “no se compadece con la realidad procesal”, ya que la exigibilidad de la obligación no es un requisito formal sino un aspecto sustancial que comprende el fondo del asunto.

3. Pretende que se ordene “dejar sin efectos el auto de fecha 22 de febrero de 2016”, proferido por la Juez Primera Civil Municipal de Ibagué, y que en su lugar “proceda a adoptar las medidas necesarias para adelantar el trámite del proceso ejecutivo” (fls. 2 a 5, cd. 1).

Respuesta de los accionados y vinculados

1. El Juez Quinto Civil del Circuito de Ibagué, quien acaba de aprobar la liquidación de costas a que fue condenado el ejecutante, tras la decisión desfavorable producida en esa instancia en providencia del 8 de junio de 2016 y cuya adición fue denegada el 29 de los mismos, señaló que “el actuar de esa oficina no ha desbordado la normatividad vigente y mucho menos se han vulnerado derechos fundamentales de los intervinientes” (fl. 11, ibídem).

2. La Juez Primera Civil Municipal de esa ciudad, dijo que al proceso ejecutivo en comento se le impartió el trámite legalmente previsto para el momento de los hechos, garantizándole a las partes el derecho al debido proceso, y que la decisión objeto de inconformidad se encuentra ante el superior “surtiendo la alzada” (fl. 12, ibíd.).

La sentencia impugnada

Concedió el amparo al encontrar que los jueces de conocimiento resolvieron la excepción previa que fue estructurada bajo los supuestos de una de mérito, constituyéndose así un defecto sustantivo, pues “no guarda ninguna relación” la ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales con el cuestionamiento de que la obligación de hacer “ya se efectuó con el otorgamiento de la Escritura Pública Nº 2449 del 9 de septiembre de 2015” (fls. 20 a 27, cd. 1).

La impugnación

Los vinculados, en su calidad de ejecutados en el proceso cuya actuación se censura, criticaron el fallo señalando que la falta de aptitud de la demanda ejecutiva no puede limitarse a los requisitos formales e indebida acumulación de pretensiones, sino que comprende el estudio de que las sumas de dinero objeto de cobranza así como la obligación de hacer contenidas en la promesa de compraventa, ya se habían satisfecho. Además, que por economía procesal y eficacia, no puede “desgastarse todo el aparato jurisdiccional” para adelantar un proceso cuando la obligación “no es exigible o bien no le asiste el derecho al demandante”.

En últimas, que como presupuestos de la demanda en forma está la enunciación clara y precisa de los pretendido y los fundamentos de hecho, y que éstos daban cuenta que en este caso el contrato de promesa de compraventa “ya no existía en la vida jurídica, por cuanto se celebró la obligación de hacer”, y allegando copia integral del expediente, concluye que no existen los defectos materiales o sustantivos aducidos por el a-quo ya que lo decidido está debidamente sustentado (fls. 38 a 47, ibídem).

Consideraciones

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones allí proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornarían imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico.

Recuérdese que cuando se profiere una decisión trascendental en el proceso obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, queda desconectado del ordenamiento jurídico, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administración de justicia, y en esas condiciones la vía constitucional resulta idónea para conjurar o prevenir el perjuicio.

2. Bajo las precedentes premisas, de la revisión que la Corte realiza al caso bajo estudio, encuentra que el amparo estuvo bien concedido, como quiera que tanto la providencia proferida por la Juez Primero Civil Municipal de Ibagué el 22 de febrero de 2016 (fls. 201 y 202, cd. 1 copias), como la emitida en segundo grado por el Juez Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, se tornan irrazonables a la luz del texto legal pertinente y con vista en las probanzas regular y oportunamente recogidas en la ejecución. Así, aunque el reclamo se dirige contra las decisiones de primera y segunda instancia, se precisa que el análisis de la Sala se circunscribirá al proveído del 8 de junio de 2016 (fls. 26 a 29, cd. 3 copias), adicionado el 29 del mismo mes y año (fl. 37, ídem), ya que comprende la definición del debate. Al respecto la jurisprudencia sostiene que:

“(…) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisión de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoración sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada” (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, y STC12946-2016, 14 sep. 2016, rad. 02499-00).

2.1. En efecto, la corporación observa que la obligación que es materia de cobro por vía compulsiva, refiere a aquella de pagar sumas líquidas de dinero que comprenden, entre otros conceptos, el saldo del precio pactado en el contrato de promesa de compraventa de un inmueble ubicado en el perímetro urbano de Ibagué, identificado con el folio de matrícula Nº 350-15169, el cual se celebró el 9 de septiembre de 2015 y que incumbe al título base de la acción judicial.

2.2. Según se explica en la respectiva demanda y se constata con el aludido documento privado y cuyas firmas fueron autenticadas ante notario (fls. 5 a 9 cd. 1 copias), el valor total del predio se estableció en $170´000.000 que se pagaría en dos cuotas: una por $140´254.291 mediante consignación en una cuenta de ahorros de Davivienda a nombre de Samuel Arturo Monroy Castaño, destinado a cubrir una hipoteca a favor del Fondo de Empleados Médicos de Colombia - Promédico, y la otra por $29´745.709 a depositarse en una cuenta de Citibank cuyo titular es también el promitente vendedor y acá accionante.

2.3. Da cuenta el expediente que siguiendo lo estipulado en dicho documento, el 9 de septiembre de 2015 la compraventa prometida por las partes se elevó a escritura pública, la cual fue otorgada en la Notaría Primera de Ibagué con el radicado Nº 2449 (fls. 101 a 108, ibídem), y que el 29 de septiembre del mismo año, ante la Notaría Quinta de Bogotá y según instrumento público Nº 2891 (fls. 13 a 17, ibídem), se canceló la hipoteca que gravaba el bien raíz.

Conforme a esas aserciones, en principio se tendría que con la actuación en comento se satisfizo la obligación de hacer en cuanto a la suscripción de la correspondiente escritura pública, mas no necesariamente que se haya cancelado la totalidad del precio convenido. Nótese que según costumbre en nuestro entorno nacional, la promesa de venta recoge con mayor rigor la realidad de la negociación, y en ésta el precio pactado fue $170´000.000, mientras que en el instrumento público, el valor reportado solo fue $131´000.000, siendo esta la suma que en la cláusula cuarta el vendedor expresó haber recibido a satisfacción, verificable con el comprobante de consignación bancaria (fl. 100, ídem).

2.4. Entonces, más allá de los posibles vicios ocultos que pudieron haberse observado respecto del inmueble o eventuales desacuerdos en lo relacionado con arrendamientos, de lo cual se quejan los compradores al descorrer la demanda, lo cierto es que la promesa de compraventa, no podría al amparo de supuestos reparos de orden formal, predicarse aniquilada por el otorgamiento de la escritura pública, dado que aquel documento no sólo contiene la obligación de hacer sino también la de pagar sumas de dinero, y para quebrantar la vigencia de dicho crédito, sería preciso demostrar su extinción o modificación por vía de las defensas de mérito que deben atenderse en el fallo respectivo.

3. Así las cosas, no basta con aseverar, en una etapa tan liminar del trámite, que la escritura subsume integralmente la promesa, o que instrumentalizada la compraventa, el negocio preparatorio desaparece, pues junto a la principal obligación allí contenida, podrían quedar pendientes otras como la de pagar sumas de dinero o la de hacer entrega material del bien, sin que sea de recibo una prematura desestimación del documento en un escenario previsto para cuestionar su forma y presupuestos básicos.

Lo anterior en momento alguno significa que la Sala esté desconociendo los efectos del artículo 861 del Código de Comercio, ni que el pago es una de las formas para la extinción de las obligaciones como lo consagra el Código Civil, tampoco se está definiendo una u otra postura, esto es, que se canceló en su totalidad la prestación económica derivada de la promesa de compraventa, o que por el contrario, se incumplió la cancelación de la última cuota convenida. Lo que motiva el análisis precedente no es otra cosa que reiterar que son los jueces ordinarios, siguiendo las reglas preestablecidas en la ley, los llamados a resolver los conflictos puestos en su conocimiento.

4. En este orden, es el juez de la causa quien debe determinar si lo planteado mediante recurso de reposición, aludiendo hechos que configuren excepciones previas como lo prevé el numeral 3º del artículo 442 del Código General del Proceso, y que en similares términos lo contemplaba el inciso final del canon 509 del Código de Procedimiento Civil, daría lugar a corregir, enmendar o prevenir alguna falencia procesal, como generalmente ocurre, o si por el contrario alcanzaría para terminar el proceso mediante sentencia anticipada al tenor del inciso final del artículo 97 ibídem, retomado en el artículo 278 del actual estatuto adjetivo.

En consecuencia, la advertencia contenida en el artículo 430 del Código General del Proceso, en cuanto a que “[N]o se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada” a través del recurso de reposición, y que las deficiencias del título ejecutivo “no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso”, aplica en la medida en que los vicios correspondan a los denominados “formales”, es decir, aquellos que debe contener el título base de recaudo y la demanda que lo postula, más no comprende los condicionamientos de orden sustancial como si la obligación se pagó o está insoluta, en tanto se reitera, esa es una decisión reservada para la definición de la litis, una vez agotado el trámite en el que ambas partes hayan ejercido plenamente las garantías que se desprenden del postulado del debido proceso, mismo que incluye la posibilidad de que la determinación final sea revisada en segunda instancia, si a ello hubiere lugar.

Cosa distinta es que de entrada el juzgador advierta que el título ejecutivo, en realidad no lo sea, porque tras una preliminar revisión constate que hay evidente carencia de “obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él”, como lo señala el artículo 422 del estatuto procedimental vigente, evento ante el cual la resolución sería negar la orden de pago.

La situación comprendida en el caso examinado no se ajustaba a la previamente relatada, por ende, no era dable revocar el mandamiento de pago, pues el punto cardinal de tal resolución, radicó en que para reclamar la obligación contenida en una promesa de compraventa elevada a escritura pública, debía procederse a un proceso declarativo con indemnización de perjuicios, como si lo planteado estuviera dirigido a una obligación de hacer y no a la de pagar sumas de dinero, como ya se precisó en precedencia.

5. En suma, la inobservancia de las disposiciones legales aplicables al asunto, en particular a los preceptos 422, 430 y 442 del Código General del Proceso, atinentes al alcance de la excepción previa por falencias del título ejecutivo en lo que a requisitos formales refiere, aunada a la interpretación de los artículos 1546 del Código Civil y 861 del Código de Comercio, en lo que a atañe a la ejecución las obligaciones derivadas de una promesa de compraventa, confluyen para que lo resuelto por los jueces de instancia constituya los defectos sustantivo o material y procedimental absoluto, y, en últimas, configura violación directa a la Constitución, todo lo cual amerita el remedio invocado.

Nótese que el yerro procedimental tiene lugar cuando se actúa al margen del procedimiento establecido, mientras el sustantivo acontece cuando la providencia se funda en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando, como en este caso, se aplica un contenido normativo que está en discordancia con los presupuestos que son inaplicables para el caso concreto.

6. En este orden, la Sala respalda la posición del Tribunal al conceder el resguardo, empero, dirigirá la orden sólo al juez de segunda instancia, habida cuenta lo esbozado al comienzo de este acápite, por ser esa la actuación definitiva.

En tales condiciones, la sentencia impugnada será modificada para dejar sin efectos los autos proferidos por el juez ad quem de la ejecución, a efectos que resuelva de nuevo el recurso de apelación concedido respecto del proveído del 22 de febrero de 2016, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas en esta oportunidad.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados al inicio, en cuanto a la orden impartida en el numeral 1º de dicha providencia.

En consecuencia, ORDENAR al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué, que en el término de diez (10) días, contadas desde la notificación de este fallo, deje sin valor ni efecto la providencia calendada el 8 de junio de 2016, adicionada el 29 del mismo mes y año, y en su lugar profiera una nueva decisión que resuelva el recurso de apelación concedido respecto del auto emitido por el Juzgado Primero Civil Municipal el 22 de febrero de 2016, dentro del proceso ejecutivo Nº 2015-00605, atendiendo los razonamientos esgrimidos en el cuerpo de este pronunciamiento.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.