Sentencia STC16130-2014 de noviembre 24 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2014-02629-00

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

(Aprobado en sesión de veinte de noviembre de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.

Se decide la tutela formulada por el banco BBVA Colombia S.A. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con vinculación del Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de la misma ciudad, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y Carlos Alberto Jaramillo Muñoz.

I. Antecedentes

1. Obrando por medio de apoderado, el promotor sostiene que le fueron transgredidos los derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia.

2. Señala como contraria a sus garantías, la providencia de la autoridad censurada que revocó la del a quo, y lo condenó a reembolsar a favor de Carlos Alberto Jaramillo Muñoz veintiocho millones novecientos veintinueve mil doscientos once pesos ($28.929.211).

3. Sustentan la protección en los supuestos fácticos que pasan a compendiarse (fls. 90 a 100):

a) Que BBVA Colombia S.A. y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. fueron demandadas para obtener la cancelación de veintiocho millones novecientos veintinueve mil doscientos veintiún pesos ($28.929.221), por concepto de las cuotas pagadas por Jair de Jesús Jaramillo Cárdenas (QEPD), en un crédito a él otorgado, desde la reclamación a la aseguradora por la incapacidad permanente y su posterior fallecimiento.

b) Que se propusieron las excepciones de mérito encauzadas a acreditar los pagos recibidos por el préstamo en el período comprendido entre el 12 de febrero de 2007 y 10 de febrero de 2008.

c) Que el 26 de marzo del año en curso, se declararon prósperas las defensas denominadas “prescripción”, “falta de causa para pedir”, “cumplimiento de las obligaciones” y “falta de legitimación en causa por pasiva”.

d) Que el fallo fue revocado parcialmente por el ad quem, exonerando a la aseguradora, pero condenando al banco a reembolsar “lo que el mutuario le pagó legítimamente en el año previo a la muerte del señor Jaramillo Cárdenas”.

e) Que la decisión del tribunal contiene varias vías de hecho, defectos e irregularidades que violan sus prerrogativas esenciales, causándole como perjuicio irremediable “la obligación de pagar al demandante la suma de treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000) (...), más las costas del litigio, sin razones fácticas, probatorias, ni jurídicas para ello”, siendo ellas:

(i) Resulta contradictorio que en ambas instancias se tenga por demostrada la extinción por prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, y desconociendo los efectos de su propia declaración, la Sala acusada ordene el reembolso de los dineros pretendidos.

(ii) Pasó por alto que no se puede condenar al acreedor por recibir pagos provenientes de un contrato de mutuo vigente, ignorando que los aludidos abonos fueron tan válidos y ajustados a la ley y a lo pactado que de no haber sido realizados la aseguradora no hubiera indemnizado el siniestro de muerte.

(iii) No obstante reconocer reiteradamente en la providencia que el obligado a indemnizar el siniestro amparado por un contrato de seguro es el asegurador, no el banco, condenó a este a reintegrar los pagos que recibió legítimamente del deudor.

(iv) Sin prueba ni justificación alguna afirmó que la negativa de la compañía de seguros a indemnizar la incapacidad permanente, obedeció a conducta del acreedor.

(v) Estimó que el cumplimiento contractual de Jair de Jesús Jaramillo Cárdenas en el año previo a su fallecimiento constituyó un pago de lo no debido regulado en el artículo 2313 del Código Civil.

4. Pide que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia, para que en su lugar, se dicte otra en la que se respeten los derechos fundamentales, la normatividad vigente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia y se efectué una debida valoración de las pruebas allegadas (fl. 99).

II. Respuesta de la accionada y vinculados

1. El tribunal de Medellín señaló que en la decisión de acoger “el pago de lo no debido” a cargo del banco demandado, ninguna incidencia tuvo la relación sustancial derivada del contrato de seguro entre el banco y la compañía de seguros demandada, tópicos que abordó en otros capítulos de la sentencia para evitar confusiones; que tampoco se esgrimió la subrogación para acoger las pretensiones, la que no tuvo ocurrencia, porque la intención del asegurado cuando canceló no fue la de extinguir una deuda ajena. Agregó, que el acreedor no fue diligente como parte en el contrato de seguro para obtener el reconocimiento de la prestación a cargo de la compañía de seguros, incluso, que dio lugar al pago de lo no debido por el deudor; quedando sometido a los intereses del banco y la aseguradora (fls. 115 a 118).

2. Hasta el momento de someter a estudio el asunto los vinculados no se han pronunciado.

III. Trámite

Agotada la instrucción prosigue resolver la salvaguarda planteada.

IV. Consideraciones

1. La controversia se centra en establecer si la autoridad cuestionada, vulneró las garantías invocadas al absolver a BBVA Seguros Colombia S.A, y condenar al banco BBVA Colombia S.A. a pagar la suma de veintiocho millones novecientos veintinueve mil doscientos once pesos ($28.929.211), por concepto de lo que Jair de Jesús Jaramillo Cárdenas (QEPD) canceló entre el 12 de febrero de 2007 y 10 de febrero de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Carlos Alberto Jaramillo Muñoz frente a las entidades mencionadas.

2. Por la consagración constitucional de la autonomía judicial, las resoluciones de los jueces o funcionarios que administran justicia son, en principio, ajenas al análisis propio de la tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política; la excepción a dicha regla, lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en los eventos en que la respectiva autoridad profiere alguna decisión ostensiblemente arbitraria y caprichosa, esto es, producto de su liberalidad, a tal punto que configure una “vía de hecho”, y bajo los presupuestos de que la persona afectada acuda dentro de un término razonable a formular la queja y no tenga o no haya desaprovechado otros remedios ordinarios y efectivos para para conjurar la lesión de sus garantías superiores.

3. Para el examen que se realiza, está demostrado:

a) Que Jair de Jesús Jaramillo Cárdenas adquirió un crédito con el banco, asegurado con la póliza de vida deudores Nº 01100436, con amparo de incapacidad y muerte del deudor.

b) Que desde febrero de 2002, padeció una grave enfermedad que condujo a que la junta regional de calificación de invalidez, el 30 de enero de 2007, determinara una pérdida de la capacidad laboral de un sesenta y siete punto cinco por ciento (67,5%).

c) Que la aseguradora objetó la reclamación de indemnización por incapacidad realizada por el banco, por prescripción.

d) Que el obligado canceló las cuotas generadas desde febrero de 2007 hasta febrero de 2008.

e) Que BBVA Seguros Vida S.A. indemnizó a Carlos Alberto Jaramillo Muñoz por la muerte de su padre Jair de Jesús Jaramillo Cárdenas.

f) Que el hijo del deudor demandó a BBVA Colombia S.A. y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. para que se les declarara civil y solidariamente responsables del pago de veintiocho millones novecientos veintinueve mil doscientos veintiún pesos ($28.929.221), por concepto de las cuotas pagadas por su progenitor entre el 13 de marzo de 2007 y el 10 de febrero de 2008 (16 vto.).

g) Que se formularon las excepciones de mérito de “prescripción”, “inexistencia de la obligación de indemnizar”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “falta de legitimación por activa”, “cumplimiento de las obligaciones a cargo del banco”, “falta de causa para pedir”, “validez del pago”, “buena fe por parte de la entidad financiera BBVA” (fls. 19 a 22).

h) Que el juzgado profirió sentencia (mar. 26/2014), en la que no acogió las pretensiones del libelo, al estimar frente al banco, las defensas de “falta de causa para pedir”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “cumplimiento de las obligaciones a cargo del banco”, “falta de causa para pedir”, “validez del pago”, “buena fe por parte de la entidad financiera BBVA” y la “prescripción” respecto de ambos demandados (fls. 61 a 87).

i) Que apelada la decisión por el vencido, el ad quem, la convalidó en relación con la aseguradora y la revocó frente al banco, condenándolo a pagar a favor de Carlos Alberto Jaramillo Muñoz veintiocho millones novecientos veintinueve mil doscientos once pesos ($28.929.211), por concepto de lo que Jair de Jesús Jaramillo Cárdenas le canceló en el año previo a su muerte, al establecer que este realizó un pago de lo no debido (fls. 15 a 60).

4. Se acogerá la salvaguarda por los motivos que pasan a mencionarse:

4.1. Ha sostenido esta corporación, que en la tarea de administrar justicia, los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la exégesis del ordenamiento jurídico, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos, a no ser que incurran en una desviación evidente o grosera de la ley.

Esta premisa ha sido reiterada en varias oportunidades, al predicar que

“el juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo solo se abre paso si ‘se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado (...)’” (CSJ STC 11 mayo 2001, exp. 0183, reiterada en STC 22 feb. 2008, exp. 2007-03702-01 y STC 1º ag. 2013, exp. 01622-00).

4.2. En la determinación de 17 de septiembre de 2014, el Tribunal Superior de Medellín, en cuanto a la interpretación de la normativa que regula la materia sometida a su escrutinio, que lo llevó a revocar la del a quo en cuanto estimó la excepción de prescripción del banco BBVA Colombia S.A. y la existencia de un “pago de lo no debido”, y le ordenó cancelar a favor de Carlos Alberto Jaramillo Muñoz la suma de veintiocho millones novecientos veintinueve mil doscientos once pesos ($28.929.211), la Sala encuentra las irregularidades aducidas por el quejoso, según pasa a señalarse.

4.2.1. En apretada síntesis, Carlos Alberto Jaramillo reclamó en proceso ordinario el reembolso del pago realizado por su progenitor Jair de Jesús Jaramillo Cárdenas (QEPD) de las cuotas del crédito causadas desde febrero de 2007 hasta febrero de 2008, por el no reconocimiento de la indemnización por incapacidad, sustentado en el hecho de que el banco, tomador del seguro, conoció la solicitud de tal declaratoria desde el 26 de diciembre de 2006.

4.2.2. En relación con el tema del reembolso frente a la compañía de seguros BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y de la prescripción alegada por las dos demandadas, afirmó con soporte en el artículo 1081 del Código de Comercio, que para las acciones derivadas del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen es dos (2) años para la ordinaria y de cinco (5) para la extraordinaria, siendo aplicable en el caso concreto la primera, que ya se había consumado para la fecha en que se presentó el libelo, bastándole con advertir que el 30 de enero de 2007, se produjo el dictamen de incapacidad por la junta regional de calificación de invalidez y, de contera, se consumó y conoció el acaecimiento del riesgo, en tanto el escrito introductorio data del 12 de enero de 2010, esto es, cuando ya habían transcurrido dos (2) año y más de once (11) meses.

4.2.3. La acción de reembolso frente al banco BBVA Colombia S.A. la fundamentó en el pago realizado por Jair de Jesús Jaramillo Cárdenas de las cuotas del crédito, a pesar de la ocurrencia del riesgo —incapacidad— no reconocido por la aseguradora, adentrándose en el tema de la acción de repetición por el pago de lo no debido consagrado en el artículo 2313 ibídem, resaltando de esta tres elementos necesarios para su estructuración (a) que exista un pago del demandante al demandado; (b) que carezca de todo fundamento jurídico real o presunto; y (c) que obedezca a un error de quien lo hace, aun cuando el mismo sea de derecho.

Después de recapitular sobre los contratos de mutuo y de seguro, y sobre la no existencia de discusión en torno a la incapacidad sobreviniente del deudor y el no pago de la indemnización por la seguradora, en afirmación que carece de apoyo legal, dijo:

“(...) Lo anterior significa, que con la ocurrencia del siniestro, la obligación que gravitaba en cabeza del deudor automáticamente se traslada al asegurador y se extingue para aquel; pues como se precisó líneas atrás, con estos seguros, a la postre es el patrimonio del deudor el que está protegido y asegurado (...).

Si por el acaecimiento del riesgo la obligación se extingue para el deudor y surge para la aseguradora; ello, ni más ni menos, significa el fin del vínculo obligacional entre el inicial deudor y el acreedor y, además, la consumación del contrato de mutuo. Bajo estas circunstancias el inicial deudor o sus causahabientes, ya no son parte de ese nuevo vínculo obligacional que ha surgido entre el acreedor y la compañía aseguradora; son terceros, y si en esta calidad realizan un pago, este carece de causa, se reitera, porque ya el vínculo obligacional que surge del contrato de mutuo se ha extinguido y deja de ser causa.

Si bajo esas circunstancias se realiza un pago, estaríamos en presencia de un pago de lo no debido”.

Fue así como, respecto de la devolución de dineros pretendida, tras detallar la actividad del banco en la reclamación de la indemnización por incapacidad, que culminó con la oposición de la misma por la aseguradora, concluyó, que el pago efectuado por Jair de Jesús Jaramillo Cárdenas de las cuotas comprendidas entre febrero de 2007 y febrero de 2008, “obedeció a un error de quien lo hizo, porque estaba pagando lo que realmente no debía, lo que implica que no existía causa que los justificara y sin que se pueda tomar como una donación, porque esta no se presume (...)”.

4.2.4. El desacierto del ad quem, radica entonces, en entender que con la ocurrencia del siniestro, la obligación de mutuo del deudor hipotecario se extinguió “automáticamente”, como si no fuera necesario formular reclamación y la aseguradora no contara con la posibilidad de objetarla por cualquier razón, incluida la prescripción, como en efecto sucedió.

Olvidó la autoridad querellada que el poder liberatorio se da en virtud del pago efectivo del siniestro, no de la mera expectativa generada por su acaecimiento, y además, que el deudor en vida, pudo ejercer todas las acciones encaminadas a obtener el reconocimiento de la indemnización por la incapacidad, y no lo hizo.

En el examen de los presupuestos de la figura del “pago de lo no debido”, fue desatento al desconocer la supervivencia del mutuo, que para la fecha de los abonos reclamados, no había sido totalmente solucionado por el principal obligado, contrariando el mandato del artículo 2313 del Código Civil.

4.2.5. Ha sostenido la Corte en relación con el pago de lo debido, que

“1º) Según prescribe el artículo 1626 del Código Civil, ‘el pago efectivo es la prestación de lo que se debe’, y constituye la satisfacción del interés del acreedor, tanto si lo efectúa directamente el deudor o quien obra en su nombre, como un tercero extraño a la obligación; de allí que el artículo 1630 ibídem, habida cuenta de que no hay razón justificativa del acreedor para rechazar el pago bajo el pretexto de no provenir exactamente del deudor, cuestión que en últimas ha de resultarle indiferente, disponga de modo tajante que ‘puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor’, salvo que se trate de obligación de hacer en la que influya la aptitud o talento del deudor, evento en el cual ‘no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor’.

2º) Cumple el pago, entonces, por excelencia una función de satisfacer al acreedor que, a su vez, constituye motivo de la extinción de toda obligación; por eso no llama a sorpresa que entre los medios extintivos enumerados en el artículo 1625 del Código Civil se incluya, en primer orden, ‘la solución o pago efectivo’, siéndolo cualquiera sea la persona que lo haga —solvens—, es decir, sea que provenga del deudor o de quien lo represente, o de un tercero. Igualmente, haciendo ecuación perfecta con lo anterior, el pago que recibe el acreedor puede ser conservado para sí por él, únicamente en la medida en que haya tenido por causa una obligación civil o natural, pues careciendo de ese preciso fundamento jurídico deviene inválido —solutio sine causa vel indebiti—, y antes que permitírsele mantener lo pagado, se le impone su devolución.

3º) Significa lo anterior que un pago adecuado, a la par que conforma o satisface al acreedor, extingue la obligación; ya liberándose al deudor del vínculo que contrajo, si fue el mismo u otro en su nombre quien hizo el pago; o ya, sin que opere tal liberación, como ocurre en aquellos casos en que el tercero que paga toma la posición del acreedor en relación con el del deudor, lo cual no obsta para reconocer el efecto extintivo definitivo respecto del original acreedor.

Ahora bien, que el pago pueda ser efectuado por un tercero no solo es una posibilidad jurídica admitida legalmente, sino que se consagran medidas tendientes a protegerlo patrimonialmente, tanto que en determinadas hipótesis no obstante ser ajeno a la obligación que le sirve de causa ingresa como sujeto activo, por vía del ‘pago con subrogación’, por el cual se le trasfiere, ope legis, la posición del acreedor, como ocurre cuando ‘paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor’ (art. 1668, num. 5º, C.C.).

Y si el tercero paga a espaldas del deudor o inclusive contra su voluntad, tiene acción para pedir al deudor el correspondiente reembolso, a condición, solo en último caso, de que la gestión le hubiere sido efectivamente útil al deudor, ‘y existiere la utilidad al tiempo de la demanda, por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extinción de una deuda que, sin ella, hubiere debido pagar el interesado’, según se deduce de lo dispuesto en el artículo 2309 del Código Civil” (Cas. Civ. 23 ab. 2003, exp. 76519, reiterada el 2 ab. 2013, rad. 00533-01).

4.3. En estos términos, procede el amparo pretendido, por cuanto el tribunal acusado incurrió en un proceder opuesto al ordenamiento jurídico, ya que realizó una inadecuada interpretación y aplicación de la ley y la jurisprudencia, a más de una indebida valoración probatoria.

En estricta sujeción a los anteriores lineamientos, en el Fallo STC 12 jul. 2012, rad. 01351-00, reiterado en STC 3 ab. 2013, exp. 00481-01 y en STC8655-2014, 3 jul. rad. 013326-00, la Corte señaló, que

“(...) si bien es cierto que el juez goza de independencia y autonomía tanto en la interpretación y aplicación de la ley, como para evaluar el material probatorio, tal facultad no es ilimitada, porque como lo ha dicho la jurisprudencia, en tales eventos debe basarse en criterios objetivos y racionales, de tal suerte que se desliga por completo de esa obligación cuando expone una hermenéutica irrazonable, o cuando en forma simple ignora la prueba, o sin razón atendible no da por probado el hecho o la circunstancia de que de la misma aflora clara y objetivamente (...)”.

5. En consecuencia, atendiendo las especiales circunstancias del caso y para salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso del accionante, se ordenará al ad quem dejar sin efecto la sentencia de 17 de septiembre de 2014 y, en su lugar, dicar el pronunciamiento que en derecho corresponda atendiendo las particularidades del debate.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el resguardo solicitado en el asunto de la referencia. Por consiguiente, ordena a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que luego de dejar sin valor la sentencia de 17 de septiembre de 2014, resuelva la alzada teniendo en cuenta lo aquí analizado en torno a la solución de la obligación de mutuo y a los presupuestos del pago de lo no debido.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, y si la decisión no es impugnada, oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese.

Magistrados: Jesús Vall de Rutén Ruiz, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.