Sentencia STC16240-2015/2015-02822 de noviembre 26 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC16240-2015

Rad.: 11001-02-03-000-2015-02822-00

(Aprobado en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil quince)

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

Bogotá D.C., veintiséis de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Conforme a lo previsto por el artículo 86 de la Carta Política, la tutela es un mecanismo establecido para la protección de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acción o la omisión ilegítima de una autoridad pública o, en determinadas hipótesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

De la misma forma, se ha señalado que esta acción, en línea de principio, no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisión por completo opuesta al régimen legal previamente señalado, sin ninguna objetividad, apoyado únicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder ilegítimo, situación frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las prerrogativas fundamentales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las vías ordinarias de defensa judicial, dado el carácter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.

2. En el asunto en estudio, aunque el reclamo constitucional se dirige igualmente contra de la sentencia proferida el 25 de enero de 2012 por el juzgado primero civil del circuito de Cartagena, la Corte únicamente se ocupará de la que dictó el Tribunal Superior de esa ciudad el 24 de abril de 2015, al resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra aquella, toda vez que además que ésta es la que resuelve de manera definitiva la temática objeto del debate en esta sede, la queja resulta temeraria en relación con el a quo, pues, es el reflejo de un ejercicio repetido, en dos asuntos esencialmente parecidos, al replantear un tema que ya había sido sometido al escrutinio y definición de un juez constitucional.

3. Del examen de la providencia de segundo grado, la Sala evidencia de entrada el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, por cuanto entre tal determinación y la formulación de este resguardo - 12 de noviembre de 2015, han transcurrido más de seis (6) meses, término considerado por la Corte como razonable para acudir tempestivamente a esta acción, pues la exigencia del enunciado presupuesto tiene como finalidad evitar que la tutela se convierta en factor de inseguridad jurídica y en fuente de vulneración de garantías constitucionales de terceros, como también que se desnaturalice el trámite mismo, en tanto la protección que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una transgresión o amenaza actual.

Sobre el punto esta corporación en reiteradas ocasiones ha sostenido:

“Si bien la jurisprudencia no ha señalado unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción (…) [por tanto] (…) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser (…) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante” (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre muchos otros en STC15074-2015 y STC15832-2015, 19 nov. rad. 02756-00).

4. No obstante, al margen de lo anterior y analizada la providencia censurada, no se observa en ella desafuero o arbitrariedad, por cuanto la autoridad querellada, contrario a lo profusamente reiterado por el accionante, declaró infundado el enunciado recurso de revisión con fundamento en normatividad y jurisprudencia aplicable y valorando prudentemente el caudal probatorio recepcionado, además que, analizó y resolvió pormenorizadamente los hechos en los cuales el actor fundó su demanda de revisión, que fueron, en esencia, los mismos que soportan la súplica constitucional.

Justamente, el tribunal comenzó por precisar que la causal aducida por el reclamante fue la prevista en el numeral 6° del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, relacionada con la existencia de “colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”, seguidamente y tras citar el criterio de la Corte sobre el aludido motivo de revisión, acometió el análisis de los supuestos aducidos por el revisionista consistentes en que

“El argumento principal en que se funda la revisión presentada radica, en síntesis, en la circunstancia de que una de las piezas documentales aportadas como prueba con la demanda, consistente en un cheque No. 0327277 del Banco de Colombia por 40 millones de pesos, signado a la orden de la mandataria que aparecía colocada por el vendedor para que representara sus intereses en la celebración del negocio jurídico de compraventa, que se buscó anular en dicho trámite ordinario, en definitiva, es una prueba expurea (sic) que no corresponde a la realidad del negocio jurídico celebrado entre las partes compradora y vendedora del inmueble, sino más bien, a una supuesta prueba inventada o ideada por la referido actor de dicho proceso ordinario, para engañar o hacer incurrir en error al dispensador de justicia”

Frente a lo anterior, el fallador estimó pertinente indicar que las actuaciones surtidas en el trámite ordinario en mención, en el que se profirió la sentencia que mediante el recurso se pretende aniquilar, daban cuenta que “efectivamente a folio 12 del cuaderno 1 de primera instancia, indudablemente se aportó con la demanda de resolución del contrato de compraventa contenido en la escritura pública 5323 del 20 de diciembre de 1994, otorgada ante la notaria octava del círculo de Cali (Valle), un cheque, en documento original del Banco de Colombia, de número 0327277 del 15 de marzo de 1995, por valor de $ 40.000.000”.

Asimismo, acentuó que la queja que en revisión eleva el entonces demandado, refiere a que dicho fallo está secundado “de un trámite en el que hubo colusión o maniobras fraudulentas de la parte demandante, al aportar, como ya se dijo, un título valor (cheque), que imputándoselo de su autoría señala que el precio real acordado para la venta del inmueble eran 40 millones de pesos y no 8 y medio millones como vino consignado en la escritura de venta, siendo que en realidad, se sostiene a través de la senda extraordinaria, dicho instrumento se otorgó por persona distinta del revisionista, tal como obró probado en el mismo proceso con la certificación expedida por el Banco de Colombia, en la que se anexa copia del documento de apertura de la cuenta corriente de donde surgió dicho instrumento valor, sosteniéndose en esta sede, que nunca se giró ni endosó dicho instrumento de crédito por parte del aquí recurrente”, y acerca de esta alegación, afirmó que

“se observa a primera vista, que ello no fue un hecho ajeno al debate probatorio de la instancia analizada, como quiera que, incluso, como prueba de oficio se dictó la solicitud al Banco de Colombia, sucursal de Cali, para que emitiere certificación sobre el origen de dicho instrumento cambiarlo, y se aportó por dicha entidad financiera el informe de dicho aspecto, refiriéndose a que fue conferido por parte de la sociedad Inmobiliaria Constructora García Sierra, a través de la cuenta corriente aperturada por dicha compañía en la entidad financiera (fls. 231-233, c. 2 primera instancia); este elemento de persuasión no admite reparo alguno en cuanto a sus requisitos, y, por supuesto que fue regular y oportunamente allegado a la actuación dada la tarea ex oficio del operador jurídico, sólo que el funcionario judicial encargado de apreciarlo dedujo o consideró, en su particular apreciación probatoria, que resultaba valedero tener su impago como constitutivo de incumplimiento del contrato, por lo que se configuraba la necesidad de declarar el incumplimiento del negocio jurídico, y la consecutiva resolución del contrato de compraventa.

Por tanto, como en el fondo lo que pretende ahora la parte recurrente es, con ese mismo medio de prueba, que se trae además como anexo de la demanda contentiva del recurso de revisión, un nuevo examen del litigio tendiente a alterar el fallo allá proferido, no puede tener acogida esta causal de revisión alegada. En este mismo sentido, ha expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que:” (...) aunque la norma no lo diga expresamente, constituye (...) requisito inherente a dicha causal que las maniobras fraudulentas se hayan conocido con posterioridad al pronunciamiento del fallo impugnado, toda vez que es obvio que de haberse notado su presencia con anterioridad al mismo, ese discernimiento habría permitido la utilización de los medios de impugnación ordinarios que, en modo alguno, pueden ser suplidos por el recurso extraordinario de revisión” (Sentencia de 15 de marzo de 1994, GJ. t, CCXXVIII, p. 766)”.

Sobre lo discurrido, el tribunal concluyó:

“Lo dicho hasta aquí supone que, si la conducta que el actor recriminó del demandante en el proceso ordinario a la que tildó de configurar “colusión u otra maniobra fraudulenta”, conforme a la causal sexta de revisión, está relacionada con circunstancias que conforme al escenario probatorio pudieron ser objeto de análisis por el juzgador de instancia, tal cual es la certificación de que el cheque no correspondía a quien se le atribuía, y por ende, no se vinieron a conocer, notar o percibir con posterioridad a ese pronunciamiento judicial, pues más aún, fueron materia de la propia disposición oficiosa probatoria y del análisis del a quo, lo que en definitiva, hace palmar que la alegación del recurrente por vía extraordinaria, no corresponde a la hipótesis prevista en la causal invocada”.

En esa línea de pensamiento, estimó pertinente destacar el fallador, que para que se configure la conducta fraudulenta, la misma debe ser ilícita y engañosa, y no, como se presentó en la actuación de la referencia, en la que el tema fue objeto del debate procesal, “Por lo demás, tampoco está acreditado en el trámite que la parte que solicitó la revisión del aludido contrato, haya obrado en el juicio a través de medios fraudulentos o ilegítimos, o bajo el amparo de maniobras rayanas en la ilegalidad o el abuso, circunstancia que refuerza aún más la improcedencia del recurso”.

Y efectuadas las anteriores precisiones en relación con los alegatos de la parte recurrente, resaltó de otra parte, las actuaciones cumplidas a fin de obtener la notificación del demandado, indicando que

“Ahora bien, como quiera que la causal argüida, en manera alguna, se extiende a otro campo de la de revisión, establecida en el numeral 7o del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, es decir, “estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152 (hoy 140), siempre que no haya saneado la nulidad”, que le hubiere impedido apelar la sentencia en mención, siendo la naturaleza de este recurso extraordinario estrictamente rogado, le deviene vedado a este tribunal, el entrar a analizar dicha causal motu propio, por más que el escenario fáctico así lo buscare anunciar o advertir, amén que, dentro del líbelo de revisión, la misma no fue expresamente peticionada, y en tal sentido, las mismas causales son taxativas y de interpretación restrictiva, debiéndose proponerse dentro de los perentorios y precisos términos, técnicas y métodos señalados para cada causal por el legislador en los artículos 380,381,382 y 384 del Código de Procedimiento Civil”.

Con fundamento en aquellos argumentos y soportado en diversos precedentes de esta corporación, el juzgador colegiado accionado concluyó, que “La suma de las circunstancias descritas permite establecer, fehacientemente, que la revisión presentada respecto de la causal sexta, no está llamada a proceder, por infundada” (fls. 80 a 96).

5. De lo anotado en precedencia se evidencia que las mencionadas reflexiones que la autoridad accionada invocó para edificar la criticada decisión, al margen de que la Corte en el terreno estrictamente legal las comparta o no, en manera alguna pueden considerarse como constitutivas de una típica vía de hecho, único supuesto que, repetidamente se ha señalado, le permite obrar al mecanismo constitucional interpuesto, respecto de providencias o actuaciones judiciales.

Así las cosas, comprueba la Sala que no se está frente a una actividad susceptible del amparo tutelar incoado, puesto que los funcionarios competentes expusieron los motivos para arribar a la conclusión disputada, cuestión que impide interferir esa puntual labor, en cuanto que de manera uniforme se ha sostenido que el

“Juez de tutela, a pretexto de examinar si existió vulneración de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisión de los jueces ordinarios que conocieron del trámite y los recursos, como si esta acción hubiere sido concedida como un medio de impugnación -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, ... por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorgárselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De allí que toda consideración en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atención de la Sala, tiene una competencia limitada y también residual. Tanto, que en concepto configuración de una de las apellidadas vías de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria (CSJ STC, 14 mayo 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC, 20 jun. 2013, rad. 01276 y).

6. Por otra parte, y sólo para ahondar en razones que signan el fracaso del resguardo suplicado, encuentra la Sala que la acción invocada también deviene improcedente en virtud de su carácter residual y subsidiario, toda vez que el reclamante disponía del recurso de revisión para alegar su indebida notificación invocada en su demanda, y en este sentido pudo alegar la causal 8 de revisión como así le fue revelado en los fallos de tutela a los que hizo relación en su escrito de amparo.

7. Como consecuencia de lo anteriormente esbozado, corresponde denegar el amparo pretendido en el libelo de tutela que se decide.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo».