Sentencia STC16350-2015/2015-00473 de noviembre 26 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 15001-22-13-000-2015-00473-02

STC16350-2015

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

(Aprobado en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil quince)

Bogotá, D. C., veintiséis de noviembre de dos mil quince.

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo de 28 de octubre de 2015, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acción de amparo promovida por J. S. T. G. contra la Procuradora 28 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la misma ciudad, trámite al que fueron vinculados el Juzgado Primero de Familia de dicha urbe, el Defensor de Familia y la parte activa del proceso al que alude el escrito de tutela.

Antecedentes

1. El accionante a través de apoderado judicial, reclama la protección constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad administrativa accionada, con la cuota alimentaria provisional que fijó arbitrariamente en el Acta de Conciliación No. 0228 del 28 de noviembre de 2013, la cual sirvió de base para que se librara mandamiento de pago en su contra y a favor de sus nietas XXX, YYY y ZZZ, y decretara medidas cautelares sobre su mesada pensional y un bien inmueble de su propiedad, dentro del proceso ejecutivo de alimentos promovido por C. J. V. P., en su calidad de representante legal de las prenombradas infantes.

En consecuencia requiere, de manera concreta, que se ordene a la autoridad convocada, «dejar sin efecto (…) al ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL [citada]», y, que se ordene al Juzgado Primero de Familia de Tunja, «Revocar el MANDAMIENTO DE PAGO (…) que (…) profirió con base en [dicha] ACTA» (fls. 7 y 8, cdno. 1).

2. En apoyo de tales pretensiones, y en cuanto interesa para la resolución del presente asunto, aduce en síntesis, que su difunto hijo C. A. T. A., procreó cuatro hijas con la demandante de la ejecución de alimentos mencionada en líneas precedentes, quien lo citó ante la funcionaria censurada para conciliar una cuota alimentaria en favor de sus nietas, la cual, extralimitándose en sus funciones, dispuso fijar cuota provisional de alimentos a favor de tres de ellas, al estar una a su cargo, por un valor de $500.000.oo, decisión que se tomó con base en información falsa suministrada por la convocante y sin observancia de los hechos alegados durante la audiencia, como lo fue que ésta percibe ingresos producto de la renta de una propiedad que adquirió junto a su hijo, y es quien recibe la pensión que éste les dejó a sus descendientes, aunado a que es quien administra los bienes de la sociedad conyugal y de la sucesión.

Afirma que con dicho documento la señora V. P. inició un proceso ejecutivo de alimentos en su contra, el cual correspondió conocer al Juzgado Segundo de Familia de Tunja, quien el 29 de enero de 2014 no solo libró orden de apremio en su contra por la suma solicitada, más «intereses legales a razón del 0.5% mensual», sino que decretó el embargo tanto de su mesada pensional en un 50% como el de un inmueble de su propiedad, lo cual «le viene generando graves perjuicios».

Finalmente advierte, que con la expedición de dicha acta se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, pues la madre de las niñas es quien debe garantizarle los alimentos por tener plenas capacidades económicas para hacerlo, máxime cuando tiene a su cargo a su esposa y a otro nieto nacido de una relación extramatrimonial de su hijo (fls. 1 a 13, cdno. 1).

Respuesta del accionado

El titular del Juzgado Primero de Familia de Tunja, solicitó denegar el resguardo suplicado, con fundamento en que «existe un mecanismo judicial de defensa (…) que precisamente ha ejercido el accionante», como lo es «proponer excepciones de mérito», las cuales se decidirán en la respectiva sentencia, aunado a que la solicitud de amparo no atiende el presupuesto de la inmediatez, toda vez que «desde la interposición de la demanda y notificación al demandado [ha trascurrido] más de un (1) año» (fls. 50 y 51, cdno. 1).

La Procuradora Veintiocho Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Familia de la misma ciudad, pidió declarar improcedente la protección reclamada, tras manifestar, en esencia, los mismos argumentos que expuso la anterior autoridad al replicar el escrito de tutela, a lo que agregó, que el tutelante también solicitó se citara a audiencia de conciliación respecto de lo pretendido, y que el tiempo al que alude el artículo 32 de la Ley 640 de 2001, no debe entenderse como una limitante para proteger los derechos de los menores, «sino a todo el tiempo en que subsista la necesidad que las originó» (fls. 55 y 57, ídem).

Los demás vinculados guardaron silencio.

La sentencia impugnada

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, negó el resguardo implorado, con sustento en que éste no atiende el presupuesto de la inmediatez, en la medida que el tutelante dejó transcurrir «casi dos años» desde que se le impuso la cuota alimentaria objeto de cobro en la ejecución debatida, a más que el mismo resulta prematuro, si en cuenta se tiene que aquél formuló excepciones de mérito contra la orden de apremio cuestionada, las cuales aún no han sido resueltas por el juez del conocimiento del reseñado proceso, «llama[ndo] la atención el hecho de que (…) a la par que está buscando en el proceso una conciliación, concurra al Juez Constitucional en amparo de sus derechos fundamentales, sin esperar a que se defina ese trámite, o las excepciones por él formuladas, que (…) no han sido definidas precisamente por el pedimento de la conciliación» (fls. 14 a 25, cdno. 3).

La impugnación

El accionante a través de gestor judicial, impugnó el anterior fallo, sin ampliar las razones de su inconformidad (fl. 34, ídem).

Consideraciones

1. Como es sabido, la acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, porque sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En tratándose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna aún más excepcional, pues sólo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervención del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneración de los derechos fundamentales.

2. Circunscrita la Corte a la impugnación formulada por la parte aquí interesada, y luego del análisis de los informes y las pruebas aportadas, la Sala advierte que el fallo impugnado debe ser revocado, por las razones que pasan a explicarse.

En el caso que se examina, no cabe duda que el Juzgado Segundo de Familia de Tunja incurrió en una actuación caprichosa, al desconocer lo normado en el artículo 32 de la Ley 640 de 2001, al momento de proferir el mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo de alimentos promovido por C. J. V. P., en representación de sus hijas XXX, YYY y ZZZ, en contra del accionante, pues no se percató que la cuota provisional de alimentos fijada en el acta de 28 de noviembre de 2013 por la Procuradora Veintiocho Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Familia de la misma ciudad (fls. 15 y 16, cdno. 1), no era exigible a la luz de dicho precepto, en razón a que este tipo de medidas provisionales solo podrán ser adoptadas hasta por 30 días, las cuales «para su mantenimiento deberán ser refrendadas por el juez de familia», tal y como lo ha dicho la Sala en casos de idéntica situación fáctica al que se estudia(1), por lo que si ya habían trascurrido un poco más de ese tiempo desde que aquélla se estableció, y ésta nunca fue revalidada por un juez de familia antes de ser recaudada, mal hizo dicho funcionario en librar la orden de apremio solicitada por la parte demandante con base en un título que, se itera, no era exigible, así como en decretar las medidas cautelares que se pidieron con fundamento en éste, las cuales le están irrogando un perjuicio al actor.

3. Ahora, si bien el peticionario propuso excepciones de mérito, las cuales aún no han sido resueltas, para la Sala dicha circunstancia no se erige como obstáculo infranqueable para que proceda el amparo solicitado, puesto que se hace urgente y necesaria la intervención del juez constitucional para conjurar la vulneración evidenciada, y evitar así se siga consumando un perjuicio irremediable sobre el actor y su familia, teniendo en cuenta que tanto él como su esposa L. A., y dos nietos de nombres L. C. T. V. y Á. Y. T. B., dependen la mesada pensional que devenga, la cual fue embargada en un porcentaje del 50%.

Además, nótese que en el sub examine tampoco puede alegarse falta de inmediatez, pues si bien el 29 de enero de 2014 se libró la reseñada orden de apremió, con base en la memorada acta de conciliación criticada, la amenaza a los derechos del tutelante se ha mantenido en el tiempo, pues su único ingreso, como antes se anotó, se encuentra embargado.

4. Por consiguiente, como la transgresión se materializó desde el mismo momento en que se profirió el tantas veces mencionado mandamiento de pago, y no desde que se fijó la aludida cuota alimentaria, pues es obvio que no se atendió, se concederá la protección reclamada en aras de restablecer el orden de cosas que habría existido de no incurrirse en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del accionante, la cual, se aclara, si bien no fue cometida por el Juzgado Primero de Familia de Tunja, será la autoridad a quien se le imparta la respectiva orden protectora, por estar conociendo actualmente el asunto.

5. Finalmente, cabe recalcar, en atención al comentario expresado por la procuradora judicial accionada respecto de la intelección que se debe dar al artículo 32 de la mentada ley, en relación a que, en síntesis, con la orden de pago se está «ratifica[ndo] (…) la cuota impuesta», que tal refrendación no puede ocurrir en tales términos, puesto que, por un lado, dicha tarea, dado el carácter provisional de la medida, se enmarca en la permanencia de las condiciones que dieron origen a su imposición, como lo son la necesidad del alimentario y las capacidades económicas del alimentante, las que entonces deben ser estudiadas nuevamente por el respectivo juez de familia para su validación, y, por el otro, la misma naturaleza del proceso ejecutivo hace que dichas circunstancias no puedan ser analizadas al momento de librarse la orden de apremio.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnación, y en su lugar, CONCEDE la protección al derecho fundamental al debido proceso.

En consecuencia, ORDENA al Juzgado Primero de Familia de Tunja, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, deje sin efecto todo lo actuado a partir del mandamiento de pago de 29 de enero de 2014, inclusive, y proceda a resolver nuevamente sobre su procedencia, según los lineamientos previstos en esta sentencia.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez.

1 CSJ STC6260-2015.