Sentencia STC16392-2017 de octubre 4 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Ariel Salazar Ramírez

STC16395-2017

Rad.: 05001-22-10-000-2017-00296-01

(Aprobado en sesión de cuatro de octubre de dos mil diecisiete)

Bogotá D. C., diez (10) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo proferido el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, en la acción de tutela promovida por M. N. y A. C. A. H. en representación de la menor N. C. O. contra el Juzgado Catorce de Familia de Oralidad de esa ciudad; actuación a la que se ordenó vincular al Defensor de Familia y al Ministerio Público.

I. ANTECEDENTES

A. La pretensión.

Las accionantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, interés superior del niño, acceso a la administración de justicia y mínimo vital que estiman vulnerados por el juzgado accionado por cuanto rechazó la demanda ejecutiva de alimentos interpuesta contra el progenitor de la menor N. C. O., decisión contra la que se interpuso «recurso de apelación», el cual fue rechazado al considerar que los procesos ejecutivos de alimentos son de única instancia, situación que lesionó las prerrogativas de la niña toda vez que debió darle trámite al mismo.

En consecuencia, solicita que se «admita la demanda ejecutiva por alimentos…en favor de la niña N. C.» [fl. 7, cdno. 1].

B. Los hechos.

1. El 5 de mayo de 2017, las accionantes presentaron demanda ejecutiva de alimentos a favor de la menor N. C. O. para que se libre mandamiento ejecutivo en contra de E. C. M. por la suma de $ 8.215.348 por concepto de cuotas alimentarias adeudadas desde el 1º de marzo de 2015 hasta el día en que se verifique el pago de su totalidad, con sus respectivos intereses.

2. Como soporte de sus pretensiones señalaron que V. O. A. conformó una relación sentimental con E. C. M. y fruto de esa unión se procreó a la menor, quien actualmente tiene 7 años de edad.

2.1. Que el 12 de febrero de 2015 la Defensoría de Familia del Centro Zonal Sur Oriental de Medellín, profirió la Resolución Nº 013 que modificó el acto administrativo Nº 0286 de 20 de diciembre de 2012, en la que se declaró la situación de vulneración de los derechos de la niña y se adoptó como medida de restablecimiento dejar la custodia en sus tías abuelas maternas, ahora accionantes.

2.2. Que también se ordenó la fijación de una cuota alimentaria a cargo del progenitor de la menor por el valor del 20% del salario mensual vigente que percibe como agente de la Policía Nacional, los cuales debe cancelar en dos cuotas quincenales los días 1º y 15 de cada mes y ser aumentada cada año en la misma proporción en que se incremente el salario mínimo legal mensual vigente.

2.3. Que el obligado incumplió con su obligación por cuanto sólo ha cancelado la suma de $ 150.000 sin efectuar el incremento pese a que devenga un salario mensual de $ 2.706.035.

3. El asunto le correspondió al Juzgado 14 de Familia de Oralidad de Medellín, autoridad que por auto de 8 de junio de 2017 inadmitió la demanda para que se ajustara el hecho quinto y las pretensiones a los salarios devengados en los años 2015 y 2016.

4. El 16 de junio el apoderado de las actoras informó que para subsanar la demanda presentó solicitud a la Policía Nacional en aras de conocer el salario devengado por el ejecutado para los citados años pero no obtuvo resultados y por tanto solicitó al juzgado aplicar la figura procesal y probatoria denominada «exhibición de documentos» consagrada en los artículos 188, 265 y 266 del Código General del Proceso a la entidad castrense, con el fin de que ésta aporte los haberes devengados en dichas anualidades.

5. El 24 de julio siguiente el despacho rechazó la demanda por no subsanar la falencia advertida y señaló que a pesar que trató de interpretar el mandamiento de pago y librarlo de forma legal no fue posible porque el salario varía de acuerdo al servicio que presta el ejecutado y sólo se acreditó lo devengado en el año 2017 [fl. 20, cdno. 1].

6. En desacuerdo, las tutelantes interpusieron recurso de apelación.

7. El 8 de agosto, se negó la concesión del recurso por cuanto las decisiones proferidas en los ejecutivos de alimentos no son susceptibles de apelación, por tratarse de procesos de única instancia [fl. 21, cdno. 1].

8. En criterio de las peticionarias del amparo en el anterior tramite se vulneraron los derechos invocados, por cuanto la cuota alimentaria que se pide con la demanda, es el único medio de subsistencia con el que cuenta la menor, sin embargo el juzgado accionado «le niega la oportunidad a la misma de acceder a sus alimentos al rechazar la apelación de la demanda» [fls. 1-7, cdno. 1].

C. El trámite de la primera instancia.

1. El 22 de agosto de 2017 se admitió la acción de tutela y se ordenó correr traslado de la demanda a todos los interesados para que ejercieran sus derechos de contradicción y defensa [fl. 29, cdno. 1].

2. El Juzgado Catorce de Familia de Oralidad de Medellín se opuso a la prosperidad del amparo y señaló que lo pretendido por las accionantes era cobrar durante los años 2015, 2016 y 2017, el porcentaje pactado como cuota alimentaria, únicamente con la certificación de lo devengado por el ejecutado durante el año 2017, «sin tener en cuenta que su remuneración mensual, en los años 2015 y 2016, obviamente tuvo que ser menor.» y por tanto, al no ser la obligación clara, porque no existía una cantidad «determinada ni determinable», no fue posible emitir la orden de apremio ni mucho menos interpretar la demanda para tal efecto.

Finalmente manifestó que el artículo 186 del Código General del Proceso, cuya aplicación solicitaron las actoras, es una prueba extraprocesal y, con la expedición de la Ley 1564 de 2012, desaparecieron todas las diligencias previas a librar la orden de apremio que consagraba el Código de Procedimiento Civil [fl. 33, cdno. 1].

3. En sentencia de 31 de agosto de 2017, el Tribunal Superior de Medellín concedió el amparo tras considerar que el juez accionado negó el recurso de apelación que fue interpuesto oportuna y debidamente por las accionantes contra el auto que rechazó la demanda ejecutiva de alimentos, aduciendo que se trata de un proceso de única instancia frente a los cuales no procede dicho recurso, no obstante, si bien es cierto le asiste razón, también lo es que conforme al contenido del parágrafo del artículo 318 del Código General del Proceso, debió tramitar el medio impugnativo por el que resultara procedente, vale decir, el recurso de reposición, sin embargo se limitó a negarlo y no realizó ningún pronunciamiento sobre este último recurso, decisión que afecta los intereses de quien se opuso a lo resuelto.

En consecuencia, dispuso dejar sin efectos el auto proferido el 8 de agosto de 2017 y ordenó al juzgado accionado proceda a dar trámite a la impugnación que frente al auto que rechazó la demanda presentaron las accionantes pero por las reglas del recurso de reposición, que es el que legalmente procede [fls. 40-46, cdno. 1].

4. Inconforme con esta determinación, el Juzgado Catorce de Familia de Oralidad de Medellín, la impugnó para cuyo efecto señaló que contra el auto que rechazó de plano el recurso de apelación «planteado contra la decisión que rechazó la demanda», no se planteó ningún medio impugnativo, sin que las accionantes se quejaran en algún momento del hecho de no habérsele dado curso a una reposición por ellas propuesta, o de la falta de aplicación del parágrafo del artículo 318 del Código General del Proceso [fl. 55, cdno. 1].

II. CONSIDERACIONES

1. La jurisprudencia de manera invariable ha señalado que por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.

Ese desconocimiento de la ley adjetiva o procesal debe ser, sin embargo, un error trascendente que por tener una influencia directa en la determinación de fondo que se emite, afecta de manera grave el debido proceso.

2. De otra parte frente a los derechos de los menores de edad, se torna necesario recordar, que aquellos se encuentran reconocidos por el artículo 44 del texto constitucional, como por tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, disposiciones en donde consagran que éstos son sujetos de especial protección y que por ende, sus prerrogativas deben ser objeto de atención y ayuda por la familia, la sociedad y el Estado, a fin de «garantizar su desarrollo armónico e intelectual».

De ahí, que se reconozca que cualquier persona puede reclamar de la autoridad competente «su cumplimiento y la sanción de los infractores», e incluso ha establecido que existe un interés superior del menor, que consiste en la prevalencia que tienen sus derechos y que impone obligaciones para protegerlos.

Es así que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha definido que, esa especial defensa de los derechos del menor incluyen «i) la prevalencia del interés del menor; ii) la garantía de la adopción de medidas de protección que su condición requiere; y iii) la previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad», por ello, refiere, que frente a los poderes públicos, tal régimen constitucional del infante y del adolescente, al mismo tiempo que potencia, limita las competencias.

De manera que para «el legislador y la administración, representa tanto obligaciones imperativas como facultades que impulsan los procesos de creación, interpretación y aplicación de normas jurídicas y también los de formulación, implementación, análisis y evaluación de las políticas públicas.», lo que ocurre de manera similar para los jueces constitucionales, pues «tanto en las decisiones de constitucionalidad como en las de tutela en las que se encuentren involucrados los menores de edad, aparecen como criterios hermenéuticos fuertes, de modo que el juicio abstracto o concreto debe efectuarse en clave de lo aquí visto: ser sujetos de especial protección, el imperativo jurídico de buscar el interés superior del menor, el carácter prima facie prevaleciente de sus derechos, el reconocimiento de las garantías de protección para el desarrollo armónico, que generan obligaciones constitucionales verticales y también horizontales, la exigibilidad de los derechos y por consiguiente de las obligaciones, basadas en el carácter subjetivo y colectivo de los derechos e intereses protegidos».(1) (Subrayado fuera del texto).

Condicionamiento que, es evidente, afecta igualmente a los poderes de los jueces con competencias ordinarias para conocer de los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, como se ha previsto el artículo 9° del Código de la Infancia y la Adolescencia que indica: «en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos».  

Dentro de ese conjunto de garantías superiores de los niños, niñas y adolescentes se halla la alimentación equilibrada, de la cual ha sostenido la Corte en relación con sus destinatarios que «debe implicar la eliminación de cuanto obstáculo trate de impedirles el goce efectivo», más cuando «prevé el artículo 134 de la Ley 1098 de 2006 que los créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de prelación sobre todos los demás»(2).

Es así que el legislador para proteger tal prerrogativa, ha creado procedimientos especiales, como son los juicios de fijación de cuota alimentaria, ejecución y revisión de los mismos, los cuales, deben guiarse por el principio constitucional mencionado, desarrollado en la Ley 1098 de 2006, que hace referencia al interés superior de los menores en los siguientes términos: «ART. 8º—Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes».

Lo anterior en aras de rodear a los infantes de garantías y beneficios que los protejan en su proceso de formación y desarrollo hacia la adultez, dentro del cual los recursos para el sostenimiento de los menores juegan un papel primordial.

3. En el presente asunto, como resultado del análisis de la providencia en contra de la que se dirigió principalmente el reclamo en tutela, esto es, la proferida por el Juzgado Catorce de Familia de Oralidad de Medellín, mediante la cual se negó la concesión del recurso de apelación interpuesto contra la providencia emitida el 24 de julio de 2017 que rechazó la demanda ejecutiva de alimentos formulada por las actoras a favor de la menor N. C. O., se advierte su incursión en una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela, que hacía necesario el amparo, porque se transgreden los derechos fundamentales de las tutelantes, haciendo por tanto imperiosa la intervención del juez constitucional, conforme lo advirtió el a quo.

Si bien es cierto que, por regla general, la acción de tutela se encuentra sometida a la verificación de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las que se encuentra el cumplimiento de los requisitos de la subsidiariedad, en el entendido de que cuando el reclamante pretenda cuestionar una actuación judicial, debe previamente agotar oportuna y correctamente las herramientas legales que tenía a su alcance para ello.

No obstante, cuando la vulneración de los derechos fundamentales es protuberante y afecta garantías de superior valor como lo son los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, entre otros, la concesión del amparo se torna obligatoria y no puede desconocerse so pretexto de que no se cumplieron unos requisitos de naturaleza procesal.

Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, al señalar que a pesar de que las reclamantes no hayan utilizado los medios de defensa legales para impugnar las decisiones que censuran por vía de tutela, excepcionalmente es posible «proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal» (Tutela de 12 de octubre de 2012, Exp. 2012-1545-01)

En idéntico sentido se ha admitido que en atención a la esencia de la acción de tutela, «ésta no puede verse limitada por formalismos jurídicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad está supeditada a la verificación de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en parámetro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protección» (Sent. de tutela de 13 de agosto de 2013, Exp. 2013-093-01)

4. Las anteriores reflexiones conllevan a admitir que aun cuando las actoras nominaron erróneamente el recurso interpuesto contra el auto de 24 de julio de 2017, que rechazó la demanda ejecutiva de alimentos por ellas presentada contra E. C. M., ello no es motivo suficiente ni absoluto para negar la protección invocada

En efecto, resulta evidente que la parte afectada cuestionó dentro de la oportunidad establecida por la ley procesal la decisión en comento, a través del recurso de apelación, sin que sea admisible el argumento que adujo la autoridad demandada para negar su trámite, que se concretó en que esa no era la vía procedente, pues, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, así como el respeto por las garantías procesales de contradicción y defensa, imponían al funcionario judicial darle el trámite correcto.

Si bien es cierto que el auto dictado por el accionado que rechaza la demanda ejecutiva de alimentos no admite aquel medio de impugnación, su denominación no fue más que un error intrascendente del recurrente, si en cuenta se tiene su verdadera intención —cuestionar la declaratoria de rechazo de la demanda—, que no afecta en nada el cumplimiento de las garantías procesales de las partes, ni contraviene el debido proceso; además que no se erige en un impedimento legal para la concesión de la censura.

Una interpretación garantista y respetuosa de las prerrogativas procesales de las tutelantes, habría dado lugar a que, ante la improcedencia de las herramientas defensivas por ellas utilizadas, su recurso se tramitara por la vía adecuada —la reposición—, pues es evidente que al haber cuestionado oportunamente la decisión del juzgado accionado, su objetivo no era otro que controvertir las razones expuestas por el juez en su providencia, sin que sea relevante, desde la óptica constitucional, la nominación que hayan dado a sus reparos.

En este sentido, esta Sala reiteró en pretérita oportunidad, refiriéndose al recurso extraordinario de casación, que «…la nominación del cargo no representa un obstáculo insalvable para la admisión de la demanda (Auto de 2 de junio de 2010, Exp. 76520-3110-002-1993-06299-01, cfrm. Sent. Cas. Civ de 12 de noviembre de 2007, Exp. 0800131030081982-24646-01), argumento que llevaría a la necesidad de buscar la verdadera intención del recurrente, más allá de sus equívocas palabras» (Auto de mayo 9 de 2011, Exp. 68001-31-03-009-2004-00123-01).

La negación de la impugnación, equivale a un excesivo rigorismo en las formas, cuando establecido se tiene que sobre ellas priman los derechos subjetivos de las partes, de ahí que el legislador haya incorporado al ordenamiento legal una norma que impone direccionar correctamente las impugnaciones interpuestas por los sujetos procesales, vale decir, el parágrafo del artículo 318 del Código General del Proceso, que a la letra indica:

«…Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.» 

Precepto orientado, evidentemente, a impedir que se continúe denegando el acceso a la administración de justicia de las partes por simples requisitos de forma, y a corregir las prácticas que se vienen presentando en esta materia, pues una interpretación sistemática de la Constitución Política y el ordenamiento jurídico, imponen a la judicatura propender por la efectividad de las garantías procesales y no por su obstaculización como ocurrió en este caso.

El respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en sí mismos, todo lo contrario, la primacía de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administración de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella.

No se trata de avalar el desconocimiento absoluto de la ritualidad procesal, pero tampoco de que el funcionario judicial atienda de manera tan rigurosa a esas formalidades, pues ello apareja un «excesivo ritual manifiesto» que sacrifica prerrogativas constitucionales para salvaguardar la forma.

Ante tal horizonte, es evidente que la autoridad demandada, no garantizó la prevalencia del derecho sustancial, tal como lo ordena el artículo 228 de la Constitución Política y se atuvo más a la literalidad de las palabras que a la verdadera intención del recurrente.

3. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado debía concederse, no obstante como el juez constitucional ordenó en el numeral tercero del fallo al Juzgado Catorce de Familia de Medellín «que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a dar trámite a la impugnación que frente al auto que rechazó de (sic) la demanda presentó la parte ejecutante, pero por las reglas del recurso de reposición, que es el que legamente procede conforme a lo expuesto en la parte motiva.» se modificará tal disposición en el sentido de ordenar al referido juzgado dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación de este fallo, libre mandamiento de pago contra E. C. M. de acuerdo con el salario y capacidad de pago demostrados en la demanda ejecutiva de alimentos presentada por las accionantes.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, MODIFICA el numeral tercero de la sentencia que por vía de impugnación se ha revisado, en el sentido de:

1. ORDENAR al Juzgado Catorce de Familia de Medellín para que dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación de este fallo, libre mandamiento de pago contra E. C. M. de acuerdo con el salario y capacidad de pago demostrados en la demanda ejecutiva de alimentos presentada por las accionantes.

2. CONFIRMAR en lo demás.

3. COMUNÍQUESE telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Corte Constitucional, Sentencia C-055 de 2010.

2 CSJ TSC, de 6 de agosto de 2009, Rad. 6800122130002009-00238-01.