Sentencia STC16438-2015 de noviembre 27 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC16438-2015

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

(Aprobado en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil quince)

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

1. Examinada la queja constitucional, se observa que la solicitante censura de manera directa la sentencia de 30 de junio de 2006, mediante la cual el Tribunal querellado revocó la de primer grado y, en su lugar, absolvió al Banco Popular de las pretensiones formuladas por el fallecido Jorge Enrique Baquero Baquero.

Se memora que el a quo, el 26 de agosto de 2005, había impuesto, entre otras cuestiones, condenar a la citada entidad bancaria a pagarle al demandante

“(…) la suma de (…) $ 115.265.818.72 (…), por concepto de REAJUSTES DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN, a partir del 27 de agosto de 1997 (…) [y] continuar pagando (…), por lo que resta del presente año, la suma de (…) 1’329.293 (…) MCT, mensuales, más los reajustes anuales y mesadas adicionales que establezca la ley, por concepto de diferencia de pensión de jubilación (…)”.

Asimismo, se encuentra que el reproche incluye la providencia de 14 de agosto de 2007, mediante la cual se negó casar la sentencia del ad quem, porque

“(…) demandas como la que se analiza, es menester reiterar que el recurso de casación no es un alegato de instancia, donde se pueda argumentar de manera libre y desordenada, sino que es necesario que la demanda respectiva se ocupe de derruir las razones decisivas del Tribunal, mostrando de manera concisa y contundente dónde y cómo se produjo la infracción de la ley sustantiva. Lo hasta ahora dicho es suficiente para desestimar el cargo (…)”.

2. Si bien es dable alegar el incumplimiento de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad en el caso fustigado, esta Corte como lo ha hecho en pretéritas oportunidades, tendrá por superados ambos requisitos al vislumbrar, de un lado, que la cuestión litigiosa involucra derechos de índole pensional, irrenunciables e imprescriptibles(1) y, de otra, que los mecanismos de defensa agotados de manera insuficiente por el esposo de la aquí reclamante, carecían de idoneidad(2) para la época en la cual reclamó el reconocimiento de la citada indexación.

Sobre la tempestividad de esta salvaguarda, la Corte Constitucional precisó:

“(…) [H]ay casos en los no es procedente alegar la inmediatez en la interposición de la acción de tutela cuando hay de por medio reclamos sobre pensiones, y cuando el desconocimiento o vulneración del derecho fundamental subsiste con el paso del tiempo. Esto en virtud de que la inmediatez no puede ser entendida como una caducidad, toda vez que la Constitución no ha previsto la caducidad de la acción en el artículo 86”.

“Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, que establece que el derecho a la seguridad social es irrenunciable, en el presente caso puede determinarse que la vulneración a dicho derecho del señor Salgado Herrera persiste en el tiempo. Esto por cuanto, la negación al incremento de su mesada pensional por concepto de compañera permanente dependiente le impide al actor contar con un ingreso básico que le permita satisfacer sus necesidades en forma digna (…)”(3)(resaltado fuera de texto).

En adición, se destaca que el carácter vitalicio y de tracto sucesivo de la prestación exigida, vuelve el derecho imprescriptible y hace que pueda ser reclamado en cualquier tiempo de la vida.

Ahora, en torno al agotamiento de los instrumentos de defensa al alcance de los interesados en asuntos como el reprochado, el Alto Tribunal Constitucional excusó la formulación de dichos mecanismos al ser latente y permanente la negación sistemática de éstos por parte de los juzgadores naturales cuando la jurisprudencia no reconocía de manera abierta y unánime el derecho aquí discutido; así, expresó:

“(…) la Corte (…) [en] la Sala Tercera de Revisión en las sentencias T-885 de 2012[43] y T-688 de 2013; la Sala Sexta de Revisión en la Sentencia T-228A de 2013; y la Sala Séptima de Revisión en la Sentencia T-255 de 2013 (…), sostuvo que el recurso extraordinario de casación era ineficaz para tramitar la solicitud de indexación de la primera mesada pensional, por cuanto en la época que debía presentarse la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia denegaba constantemente dicha pretensión (…)”(4).

Por tanto y teniendo en cuenta que las decisiones de las Corporaciones atacadas se emitieron el 30 de junio de 2006 y 14 de agosto de 2007, fechas para las cuales la jurisprudencia del órgano de cierre laboral no permitía acceder a la indexación pretendida, se colige, como antes se advirtió, la ausencia de idoneidad de los medios de defensa defectuosamente formulados.

3. Establecidas las cuestiones precedentes, corresponde revocar la sentencia impugnada al avizorar esta Corporación que el fallo a través del cual se desestimó la prerrogativa reclamada por la promotora, es contrario a la jurisprudencia constitucional y ordinaria ahora imperante sobre la indexación de la primera mesada pensional, como a continuación pasa a verse.

3.1. La sentencia emitida por el Tribunal acusado el 30 de junio de 2006, donde se revocó lo determinado por el a quo, se cimentó, en síntesis, en que el señor Jorge Enrique Baquero Baquero

“(…) reunió y adquirió su derecho pensional con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 1993, no olvidemos que se retiró de la entidad demandada a partir del 1º de enero de 1989, cuando había superado los 30 años de servicio y cumplió sus 55 años de edad el 30 de diciembre de 1992, razón para otorgársele el disfrute de su pensión desde ese día, situación esta que nos impide acceder a su pretensión como equivocadamente lo concluyó el señor Juez de primera instancia, porque la Ley 100 de 1994 (sic), sólo entró en vigencia el 1º de abril de 1994, esto es, 15 meses después de estar ostentando el actor su condición de pensionado y por tanto imposible es para la Sala de Decisión sostener el proveído recurrido, de donde se desprende su revocatoria, para en su lugar absolver a la entidad demandada de los cargos formulados en su contra (…)”.

Esa providencia arguyó a razones respetables sobre la inviabilidad de reajustar la prestación pensional, empero, no puede soslayarse que el citado considerando no se acompasa con el estudio relacionado con la naturaleza del fenómeno inflacionario como hecho económico que perjudica a todos los habitantes del territorio colombiano, pues sus consecuencias no son otras que la devaluación que sufre el dinero, “(…) con independencia de su origen y con total autonomía de las relaciones jurídicas que ordenan el pago de prestaciones dinerarias (…)”(5).

3.2. El razonamiento primigenio inferido por la Sala de Casación Laboral en materia de indexación de la primera mesada pensional ocurrió en la sentencia de 8 de agosto de 1982, donde acogió dicho criterio para “(…) garantizar el poder adquisitivo de las personas frente al fenómeno de la inflación (…)”(6).

Luego, esa colegiatura en providencia de 8 de abril de 1991, radicación 4087, reconoció que la corrección monetaria procedía cuando transcurría un tiempo considerable entre la fecha de desvinculación del trabajador por cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión, “(…) y el tiempo en que tal beneficio se hacía exigible (…)”, por cuanto el último salario devengado “(…) no podía ser tomado como base del ingreso de la liquidación, debido a su evidente devaluación (…)”(7).

De esa manera sostuvo la referida Sala que procedía actualizar el valor de la inicial mesada pensional a cifras presentes sin importar la fecha de reconocimiento de la pensión (trátese de legales o extralegales), esto es, aquellas causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.

3.3. No obstante, mediante el fallo de 18 de agosto de 1999, radicación 11818, la misma Corporación modificó su jurisprudencia al considerar que la indexación “(…) sólo proced[ía] en los casos previstos por el legislador, es decir para las pensiones reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (…)”(8).

3.4. Después, la Corte Constitucional recogiendo la ratio decidendi contenida en varias de sus decisiones, estableció que la postura sostenida por la Sala de Casación Laboral contradecía los principios de favorabilidad y efectividad de las garantías laborales(9).

De esa forma expresó:

“(…) [L]a Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no podía absolver —como lo hizo— al Banco Cafetero y a la Caja de Crédito Agrario de la obligación de cancelar a los demandantes una mesada igual al 75% del promedio real del salario devengado. En efecto, como a lo largo de esta providencia ha quedado explicado, las decisiones de la Sala accionada que negaron a los actores el derecho acceder a una pensión acorde con su salario real i) desconocen la prevalencia del derecho sustancial, en cuanto no se sujetan a los dictados constitucionales de la igualdad, favorabilidad, y conservación del poder adquisitivo de las pensiones y ii) no se informan en la equidad, además de pasar por alto los principios generales del derecho laboral. De modo que a los Jueces de Instancia les correspondía, como lo hizo la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en la sentencia proferida para amparar los derechos fundamentales de la señora Lucrecia Vivas de Maya, dejar sin efecto, las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negaron a los accionantes su derecho constitucional a no ver disminuido el valor real de sus mesadas pensionales (…) porque, como lo ha sostenido insistentemente esta Corporación, compete al Juez Constitucional desconocer la firmeza de las decisiones judiciales que quebrantan el ordenamiento superior, como quiera que el debido proceso indica que el principio de cosa juzgada opera para mantener aquellas decisiones judiciales que aplican el sentido abstracto de la ley de conformidad con los dictados de la Constitución Política (…)”.

Así las cosas, discurrió que el derecho a la indexación abrigaba a todos los pensionados, “(…) sea que hayan adquirido su derecho con anterioridad o con posterioridad a la Constitución de 1991 (…)”, al no existir ninguna razón jurídica para establecer “(…) una distinción odiosa y que afecta el derecho a la igualdad entre ambas clases de pensionados (…)”.

3.5. De la misma manera, la Sala de Casación Laboral, en fallo de 13 de octubre de 2014, radicación 47709(10), rectificó el criterio que en principio sostuvo en materia de indexación pensional, señalando al respecto:

“(…) [L]a existencia de un derecho a la indexación de la primera mesada de las pensiones de jubilación, en términos universales, sin importar la fecha de su reconocimiento, fue reafirmada por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 1073 de 2012, que analizó concretamente el caso de las prestaciones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991”.

“En esta decisión, la Corte Constitucional se apoya en la jurisprudencia desarrollada por esta Sala de la Corte, que anteriormente se rememoró, a la vez que reitera su propia jurisprudencia hasta ese momento elaborada, en torno a la posibilidad de disponer la indexación de la primera mesada de pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991. Luego de ello, concluye básicamente que existe un derecho universal a la indexación y no respecto de categorías de pensionados, además de que el fundamento de ese derecho está dado en principios de la Constitución que “irradian situaciones jurídicas consolidadas bajo el amparo de la constitución anterior”, pues se trata de prestaciones periódicas que proyectan sus efectos a tiempos en los que imperan los nuevos principios constitucionales”.

“En los referidos términos, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda puede impactar de manera negativa a todas las especies de pensiones, sin importar su naturaleza o la fecha en la que fueron reconocidas, además de que esas consecuencias nocivas son, en todo caso, verificables en vigencia de la Constitución Política de 1991, que la Sala ya ha aceptado como fuente válida de la indexación, puesto que se trata de prestaciones periódicas que proyectan sus efectos hacia el futuro”.

“iv) El reconocimiento expreso de la indexación en la Constitución Política de 1991 no puede ser entendido lógicamente como su negación o prohibición, con anterioridad a la vigencia de dicha norma. Contrario a ello, como lo había sostenido esta Sala, la situación verificable antes de 1991 es simple y llanamente la ausencia de una regulación legal expresa para el tema de las pensiones de jubilación, que bien podía ser remediada o integrada a partir de principios generales del derecho como la equidad y la justicia”.

“Esto es que, del hecho de que la Constitución Política de 1991 se hubiera preocupado especialmente por preservar el poder adquisitivo de las pensiones de jubilación y que la Ley 100 de 1993 consagrara mecanismos específicos para lograrlo, no se sigue de manera lógica y diáfana que con anterioridad esa posibilidad hubiera sido totalmente vedada por el legislador. Podía legitimarse, como lo sostuvo esta Sala en su oportunidad, a partir de otros parámetros normativos, con pleno sentido y respaldo normativo.

“Contrario a lo anterior, la expedición de ‘esas normas demuestra la necesidad imperiosa de ponerle coto a situaciones de flagrante injusticia, y la pertinencia del remedio aplicado por la doctrina jurisprudencial’ (Sent. ago. 5/96, rad. 8616) (…)”.

Para concluir:

“(…) [D]e todo lo expuesto, la Sala [deduce] que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al principio de igualdad”.

Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991 (…)” (se resalta).

3.6. Luego, esta Sala de Casación Civil en sentencia de 4 de noviembre de 2014, radicación 00166-01, aceptó tutelar los derechos de un pensionado a quien no se le indexó su primera mesada pensional reconocida antes de la Constitución de 1991, porque para la fecha en que se le privó de tal derecho, aquélla era la tesis jurisprudencial vigente defendida por la colegiatura accionada antes del año 2003.

Al respecto, dijo esta Corporación:

“(…) [E]n efecto, la Corporación accionada no advirtió que el fenómeno inflacionario es un hecho económico que afecta a todos los habitantes del territorio nacional, cuyas repercusiones se hacen sentir en la devaluación que sufre el dinero, con independencia de su origen y con total autonomía de las relaciones jurídicas que ordenan el pago de prestaciones dinerarias”.

“Por ello, el ajuste del valor de la moneda es una situación que debe reconocerse en virtud de los principios de justicia y equidad, pues lo contrario supondría obligar a las personas a que reciban una suma de dinero nominal muy inferior a la que realmente les fue reconocida. De ahí que todos los pensionados tengan derecho al reajuste de su mesada, sin importar la naturaleza de su prestación ni la fecha en que les fue declarado el derecho a la pensión”.

“Esta garantía, que posee el carácter de universal, no es objeto de dudas en la actualidad, por lo que tiene el carácter de cierto, tal como fuera reconocido en las sentencias C-862 de 2006; C-891A de 2006; SU-120 de 2003; T-663 de 2003; T-1169 de 2003; T-805 de 2004; T-815 de 2004; T-098 de 2005; T-045 de 2007; T-390 de 2009; T-447 de 2009; T-362 de 2010; T-1096 de 2012; SU-1073 de 2012; T-448 de 2013 y T-182 de 2014 (…)”(11).

3.7. De ese modo, la actualización periódica de la mesada pensional constituye un mecanismo para garantizar el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, pues de lo contrario, la pérdida del poder adquisitivo de la misma les impediría satisfacer sus necesidades.

3.8. Como se advirtiera, la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali, materia de este amparo, desconoce la actual jurisprudencia constitucional y legal sobre la indexación pensional, al punto de que la Sala de Casación Laboral, según se reseñó, optó por corregir su doctrina, situación que amerita en este caso conceder el amparo, garantizando los principios de justicia, equidad, e interpretación más favorable, sin perjuicio de la cosa juzgada, particularmente, porque la accionante es una persona de la tercera edad y por tal situación merece una especial protección por parte del Estado, cuyo mínimo vital se encuentra afectado por la pérdida del valor adquisitivo del monto reconocido como pensión de vejez.

3.8.1. Resulta conveniente indicar que Luz Elena Ocampo de Baquero se encuentra plenamente legitimada para demandar la garantía prestacional objeto de este resguardo, pues, de una parte, se halla demostrada su condición de cónyuge supérstite de Jorge Enrique Baquero Baquero y, de otra, es a ella a quien en la actualidad afecta la falta de indexación de la mesada pensional reconocida a su esposo, pues desde el 2008 recibe tal prestación en calidad de consorte sobreviviente.

3.9. Expuestas así las cosas, esta Corte concederá el resguardo e infirmará la decisión del a quo, dejando sin efecto el fallo de 30 de junio de 2006, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y las decisiones que de éste dependan, y en su lugar, le ordenará a esa autoridad dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, una nueva sentencia con base en las consideraciones aquí expuestas, con sustento en la jurisprudencia ordinaria y constitucional vigente, relativa a la indexación de la primera mesada de jubilación, previo análisis sobre la compartibilidad de la pensión de sobrevivientes concedida a la petente y la procedencia de la prescripción trienal pensional.

4. La Corte resalta que en este caso no corresponde ordenarle a Colpensiones, antes Instituto de Seguros Sociales, decidir lo pertinente en torno a la indexación demandada, como se hizo en pretérita ocasión en fallo de 5 de noviembre de 2015(12), por concurrir aspectos que deben ser decididos judicialmente.

Lo señalado porque además de los efectos inter partes de esa providencia, los supuestos fácticos allí ventilados difieren de los del presente caso, pues en aquél, el Tribunal en sede de apelación, accedió a la prestación reclamada con una argumentación suficiente, restando solamente que la administradora de pensiones atendiera a esa determinación, mientras en este asunto, a pesar de haberse reconocido el derecho demandado por el a quo, es indispensable que la Corporación tutelada se pronuncie sobre la prescripción trienal referenciada y en lo concerniente a la posible compartibilidad de la pensión reconocida a la querellante.

5. Por las razones anotadas, se revocará la providencia examinada.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas, para en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, la seguridad social y el mínimo vital de Luz Elena Ocampo de Baquero.

2. DEJAR SIN EFECTO el fallo de 30 de junio de 2006, en cuanto a la negativa a acceder a la indexación demandada por Jorge Enrique Baquero Baquero (q.e.p.d.), proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y las decisiones que de éste dependan.

En consecuencia, se ordena a dicha Corporación que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una nueva sentencia con base en las consideraciones aquí expuestas, teniendo en cuenta la jurisprudencia ordinaria y constitucional vigente, relativa a la indexación de la primera mesada de jubilación, previo análisis sobre la compartibilidad de la pensión de sobrevivientes concedida a la petente y la procedencia de la prescripción trienal pensional.

3. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.

4. Remítase el expediente al despacho de quien actualmente remplaza al magistrado Mauricio González Cuervo, para lo de su cargo, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en auto de 8 de septiembre de 2015.

Notifíquese y cúmplase.»

1 CSJ. Sentencia de 14 de mayo de 2015, expediente 11001-02-04-000-2015-00579-01.

2 CSJ. Civil. Sentencia de 4 de noviembre de 2014, expediente 13001-22-13-000-2014-00290-01.

3 Sentencia T-217 de 2013.

4 Sentencia T-887 de 2014.

5 Al respecto, esta Sala de Casación Civil definió la indexación como “(…) un método económico que se usa para reajustar el valor de una suma de dinero por la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido la moneda en virtud del fenómeno de la inflación (…)” (CSJ STC, nov. 4/2014, rad. 00166-01).

6 Radicación 12, M.P. Rafael Baquero Herrera.

7 Criterio que se mantuvo incólume entre otras, en las sentencias de 8 de febrero de 1996, radicación 7996, 5 de agosto de 1996, radicación 8616, 11 de diciembre de 1996, radicación 9083, 1º de abril de 1997, radicación 9359, 10 de diciembre de 1998, radicación 10939.

8 Bajo esa égida jurisprudencial se aceptó la indexación sólo para las pensiones de jubilación que se regían por las previsiones de la Ley 100 de 1993, en donde sí se contempló expresamente, negándose la aplicación de dicho cálculo para las pensiones extralegales y para las que no encontraban un soporte claro en dicha norma (Ver las sentencias del 16 de octubre de 2002, radicación 18518 y del 25 de julio de 2005, radicación 23913, entre muchas otras.

9 SU-120 de 2003.

10 Reiterada posteriormente en CSJ SL 6297-2014, 7 mayo de 2014, radicación 45446 y en CSJ SL 9285, 16 de julio de 2014, radicación 45313, en esta última se aclaró que deben establecerse la concreción de los beneficios para pensión por acumulación de aportes con base en los supuestos del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, y no en los establecidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relativos al “(…) régimen de transición (…)”.

11 Criterio reiterado por esa Sala en sentencia de 14 de mayo de 2015, expediente 11001-02-04-000-2015-00579-01.

12 CSJ, Sentencia de 5 de noviembre de 2015, expediente 11001-02-04-000-2015-01620-02.