Sentencia STC16663-2015/2015-02866 de diciembre 3 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

STC16663-2015

Rad.: 11001-02-03-000-2015-02866-00

(Aprobado en sesión de dos de diciembre de dos mil quince)

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones.

1. La Corte ha señalado de manera categórica que los presupuestos esenciales que orientan la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política son su inmediatez y la subsidiariedad.

El primero evita que la tutela sea vehículo de inseguridad jurídica y fuente de vulneración de garantías supralegales de terceros, e impide igualmente desnaturalizar su trámite, en tanto la protección que persigue su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una transgresión o amenaza actual.

Frente al tema, la jurisprudencia de esta Sala ha señalado:

“(...) [E]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ord. 7, art. 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamentar.

“Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses (…)”(1).

Y el segundo, obliga el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposición de los interesados, dado el carácter eminentemente residual de esta acción, pues de otra manera se convertiría en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo cual terminaría cercenando los principios edificantes de esta herramienta ius fundamental.

En lo relativo al citado requisito, esta colegiatura ha sostenido:

“(...) [D]e modo que, si incurrió en pigricia y desperdició las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochados, - pues los mismos son perentorios e improrrogables, (...) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (...)”(2).

2. Al margen de lo expuesto, cuando se trata de procesos ejecutivos por créditos de vivienda, esta Corte, siguiendo las subreglas constitucionales, ha sostenido como presupuestos específicos para acceder al resguardo: i) que la acción haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble hipotecado; (ii) haber actuado el actor con una mínima diligencia dentro del compulsivo censurado, ejerciendo los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, establecido en el artículo 51 Superior y gobernado por la Ley 546 de 1999(3).

En torno a lo discurrido, en la Sentencia SU-813 de 2007, la Corte Constitucional razonó:

“(...) [L]os jueces que estén conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos ejecutivos que se refieran a créditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificación. Por lo tanto, a) deberán conceder la acción de tutela cuando i) este haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia mínima dentro del mismo (…)”(4).

En un reciente pronunciamiento, esa colegiatura indicó además:

“(...) [E]n tratándose de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, esta corporación ha especificado que el principio de inmediación se cumple —para efectos de proteger a terceros adquirentes de buena fe— si la acción de tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en pública subasta sea registrado (...)”(5).

Ahora, como el litigio coercitivo no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, el cotejo de la oportunidad temporal en la interposición de la tutela se comprende a partir de las actuaciones subsiguientes a aquélla hasta la almoneda, mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia, el accionante debe agotar los medios procesales a fin de evitar la posible vulneración de sus prerrogativas fundamentales.

3. Yendo al caso, corresponde destacar que en él se cumplen los presupuestos (i) y (iii) arriba señalados, pues sobre el primero, el auxilio fue deprecado antes de la diligencia de remate; y en lo concerniente al tercero, es claro que la discusión aquí planteada gira en torno a la supuesta reliquidación del préstamo cobrado sin el cumplimiento de las exigencias previstas por la Ley 546 de 1999 y la doctrina constitucional, relacionándose así con el derecho a la vivienda digna desarrollado en tales disposiciones normativas y jurisprudenciales.

No ocurre lo mismo con la condición (ii) relativa a actuar con la mínima diligencia, toda vez que en el asunto los gestores no fueron diligentes, pues inutilizaron las herramientas de defensa consagradas por el legislador para ello.

En efecto, los tutelantes notificados del mandamiento de pago, los tutelantes formularon las “(...) excepciones de mérito (...) [de] (...) pago (...), inexistencia de la obligación de pagar intereses corrientes y de mora por objeto ilícito pactado en la forma de aplicarlos (sic)”; empero, no ventilaron los argumentos pábulo de este auxilio.

Conducta similar mostrada ante la liquidación del préstamo realizada con posterioridad al fallo referenciado, pues contra ella los aquí actores no incoaron ataque alguno.

Ahora, si bien los accionantes, previo a la diligencia de remate, peticionaron la nulidad del proceso aduciendo que en dicho pleito se había pretermitido establecer la existencia de la “reestructuración” del crédito, la jurisprudencia constitucional, en particular “el fallo SU-813 de 2007”, y los artículos 38 y 39 de la Ley 546 de 1999, no presentaron recurso de reposición contra el auto que negó de plano la invalidez deprecada, emitido el 5 de agosto de 2015.

Dicha herramienta resultaba pertinente para obtener un pronunciamiento en torno a viabilidad de finalizar el pleito por configurarse la citada figura.

En lo concerniente al recurso de reposición, esta colegiatura ha sostenido su idoneidad en los siguientes términos:

“(...) [Y], no se diga que el recurso de reposición es ineficaz porque el funcionario que emitió el proveído recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondría en entredicho sería la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variaría su decisión, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que animó al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinación y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, propósito que, aparte de acompasar con los principios de economía y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicción de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en única instancia (…)”(6).

Así las cosas, en este caso resulta improcedente el amparo suplicado porque como viene de indicarse, en la actuación de los querellantes no se halla el mínimo de diligencia necesario para la procedencia de este extraordinario mecanismo, pues pretermitieron medios de defensa idóneos y eficaces para alegar las cuestiones ventiladas por esta senda residual.

Al respecto, esta Corte indicó:

“(...) [D]e modo que si incurrió en pigricia y desperdició las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensión de recurrir tal actuación por esta vía extraordinaria o de tratar de recuperar mediante [este resguardo] tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para rescatar términos derrochados, —pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prevé el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil—, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervención del Juez constitucional en tanto no está dentro de la órbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituyó la tutela (…)”(7).

4. No obstante lo reseñado y conforme a la jurisprudencia en cita, los tutelantes pueden ventilar nuevamente el reclamo aquí expuesto, teniendo en cuenta que en el juicio materia del presente resguardo aún no se realiza el remate del bien allí cautelado.

5. Por las razones anotadas, el amparo deprecado será negado.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la tutela solicitada por Helbert Ricardo y Jefferson Leonel Castro Becerra frente a la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, integrada por los magistrados Gloria Esperanza Malaver de Bonilla, Álvaro Vincos Urueña y Jairo Armando González Gómez, y al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasión del juicio ejecutivo hipotecario instaurado por el Banco Granahorrar S.A. -hoy BBVA S.A. respecto de los aquí actores.

2. Notificar lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.

3. Si este fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».

(1) CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00.

(2) CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.

(3) CSJ STC, 10 de julio de 2014, Rad. 2014-00174-01; 17 de julio de 2014, Rad. 00919-01; 25 de agosto de 2014, Rad. 00139-01; 27 de marzo de 2015, Rad. 00060-01; y 7 de abril de 2015, Rad. 00601-00.

(4) Sentencia SU-813 de 2007, reiterada en Sentencia T-1240-08.

(5) Sentencia T-881-2013.

(6) CSJ. STC de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo año, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.

(7) CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-1, reiterada, entre otros pronunciamientos, el 19 de mayo de 2011, exp. 00412-01.