STC17084-2016

Rad.: 20001-22-14-002-2016-00242-01

(Aprobado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.

Magistrado ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Decídase la impugnación formulada frente a la sentencia dictada el 7 de octubre de 2016 por la sala civil familia laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la tutela incoada por Epifania Olivo Moreno en nombre propio y en representación de su hija incapaz Yessika Rivero Olivo, en contra del juzgado primero civil del circuito y la inspección primera urbana de policía, ambos de la misma ciudad, con ocasión del juicio de entrega del tradente al adquirente promovido por Pablo José Cervantes Orozco respecto de Jaime Rivero Méndez.

1. Antecedentes

1. La gestora suplica a su favor y de su prohijada, la protección de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, igualdad, vivienda digna y defensa, presuntamente vulneradas por las autoridades convocadas.

2. En sustento de su inconformidad aduce, en concreto, que en el pleito materia de este resguardo, el juzgado primero civil del circuito de Valledupar dictó sentencia estimatoria de las pretensiones, ordenando al allí demandado, entregarle al convocante el “(…) bien inmueble ubicado en la calle 22 Nº 18D – 74 del barrio Primero de Mayo (…)”.

Alega la tutelante que la inspección primera urbana de policía de esa ciudad, con el “(…) fin de llevar a cabo el cumplimiento (…)” de la anotada determinación judicial, fijó diligencia para el día 28 de septiembre de 2016, a las 9:00 a.m.

Censura las decisiones anteladas, por desconocer que el predio en disputa lo habitan la gestora y su hija desde 1995, derivando su sustento del mismo, pues lo destinan para ejercer allí la actividad comercial de peluquería, cuyos ingresos, “(…) apenas alcanzan para su subsistencia (…)”.

Señala la patente que el “(…) tradente (…)” en dicho litigio es su excompañero permanente, quien, para defraudar a la sociedad patrimonial de hecho declarada “por un juez de familia” el 5 de febrero de 2015, enajenó el fundo al “(…) demandante del [mentado asunto] (…)”.

Comenta que su representada Yessika Rivero Olivo padece un “(…) retardo mental grave, acompañado de trastorno del comportamiento, y deterioro cognitivo marcado (…)”.

3. Exige, por tanto, suspender la “entrega” del bien (fls. 1 a 6, cdno. 1).

1.1. Respuesta de los accionados.

El juez primero civil del circuito de Valledupar se opuso al ruego tuitivo, manifestando

“(…) que los argumentos que sustentan la acción de tutela que nos ocupa, ya fueron debatidos y controvertidos en el proceso acusado; la hoy accionante actuó en el mismo en calidad de opositora a la entrega del bien traditado, quien, bajo los argumentos que aparecen en la decisión datada el 9 de junio de 2016, le fue rechazada su oposición, ello de conformidad con la normatividad aplicada legalmente para el caso, especialmente el artículo 1 de la Ley 28 de 1932 (…)” (fls. 47 a 50, cdno. 1).

El otro tutelado guardó silencio.

1.2. La sentencia impugnada.

No accedió a la protección por incuria, teniendo en cuenta que la actora no formuló recurso de apelación contra el auto de 9 de junio de 2016, “(…) por medio del cual se rechazó la oposición por ella deprecada (…)” (fls. 284 a 293, cdno. 1).

1.3. La impugnación.

La incoó la promotora realzando los argumentos del libelo genitor (fls. 303 a 310, cdno. 1).

2. Consideraciones

1. La querellante reprocha al juez convocado porque ordenó la entrega del predio materia del subexámine, pretiriendo que aquélla y su hija discapacitada, ocupan y derivan su sostenimiento económico del mismo.

2. Examinado el plenario, se advierte que la señora Epifania Olivo Moreno se opuso a la “(…) diligencia de entrega (…)” programada inicialmente para el 14 de mayo de 2016, alegando “(…) vivir junto [con] su descendiente incapaz (…)” en el inmueble desde hace más de 20 años, ejerciendo actos de señora y dueña durante ese tiempo.

De igual forma, aseveró que el fundo formaba parte de la sociedad marital de hecho constituida por ella y el señor Jaime Rivero desde 1984 hasta 2013, “(…) reconocida en sentencia proferida por el juzgado de familia de Valledupar (…)”.

Así las cosas, concluyó la patente que los anteriores motivos justificaban la “(…) improcedencia (…)” del comentado acto procesal.

Posteriormente, el juez primero civil del circuito de la misma ciudad, mediante proveído de 9 de junio de 2016, resolvió negativamente el pedimento de la actora, aduciendo que la existencia o no la sociedad marital de hecho, no impedía su venta por su propietario. Sobre ello, destacó:

“(…) [De] la lectura del artículo 1º de la Ley 28 de 1932 se colige que el señor Jaime Rivero podía vender el inmueble ordenado en entrega a favor de los demandantes, como efectivamente lo hizo, pues tenía la facultad de disponer de él libremente y no estaba afectado a vivienda familiar para esa fecha (sic), por consiguiente, que haya existido o no una sociedad marital de hecho entre los excompañeros no abona a los propósitos de la oposición (…)”.

En relación con la posesión alegada, la desestimó porque la gestora no probó el ánimus y el corpus, simplemente se constató que ella residía en el bien por permiso del dueño.

3. Con arreglo a lo expuesto, se avizora prima facie la incuria de la tutelante, pues no formuló recursos de reposición y en subsidio apelación contra la determinación arriba reseñada, instrumentos procedentes conforme lo disponen los artículos 318(1) y 321, (num. 9º)(2) del Código General del Proceso.

No es dable acudir a esta acción excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. Al respecto, esta Corte ha dicho:

“(…) [L]a accionante (…), no cuestionó la decisión adoptada por la funcionaria judicial acusada, (…) a través del recurso (…) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acción debido a su carácter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepción esto es, de afectación y peligro para los atributos básicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a través de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acreditó que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condición (…)”(3).

4. Al margen de lo antelado, la providencia nugatoria de la oposición no luce arbitraria ni caprichosa, por tanto, no hay lugar a la intervención de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial.

Así las cosas, si la peticionaria disiente de estas apreciaciones, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisión discutible o poco convincente, sino que ésta se encuentre afectada por defectos superlativos y carentes de fundamento objetivo, situación que por supuesto no ocurre en el subexámine.

En un asunto similar, esta Sala ha sostenido:

“(…) [A]l margen de que esta corporación comparta o no, el análisis (…) efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (…)”(4).

5. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.

6. No obstante, en este particular asunto, se concederá el amparo de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta la calidad de discapacitada de Yessika Rivero Olivo, comprobada con la sentencia de interdicción de 21 de agosto de 2015, emitida por el juez primero de familia de Valledupar, siendo aquélla hija de la accionante y del demandado en el subexámine, aspecto que amerita la intervención de esta particular justicia.

La orden de desalojo a pesar de no haberse todavía materializado, soslayó la situación de debilidad manifiesta de Yessika Rivero Olivo, por tanto, se impone morigerar la medida para evitar que su salida del inmueble desconozca esa condición, al punto de no eximir al Estado de su deber de adoptar medidas a favor de aquélla como sujeto de especial protección constitucional, protegiéndola así de un inminente abuso, al privársele de un hogar(5).

Al margen de los conflictos recíprocos de la pareja, las dos, personas capaces; y con independencia de la estructura y suerte del proceso de entrega del tradente al adquirente, brota necesario contemplar la situación de discapacidad de la interdicta de la que se ha prescindido por los jueces de la causa. La vivienda como derecho es parte de la obligación alimentaria, y es responsabilidad de ambos padres con relación a la disminuida psíquica a la cual los dos deben contribuir al cumplimiento; empero pese a ser una relación obligatoria y solidaria, no fue prevista ni analizada en ninguno de los fallos aportados: el concerniente a la declaración de unión marital y el de la interdicción. Por tanto, a pesar de la incuria procesal de la tutelante, aún con sus propios derechos; se proveerá resguardo constitucional a favor de la discapacitada, dada la protección reforzada que la Constitución y la Ley1306 de 2009 demandan a su favor.

En consecuencia, se ordenará al juzgado primero civil del circuito y a la inspección primera urbana de policía, ambos de Valledupar, suspender por cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de la presente decisión, la diligencia de entrega del inmueble ubicado en la calle 22 Nº 18D - 74 del barrio Primero de Mayo, plazo en cual de común acuerdo deberán Jaime Rivero Méndez y Epifania Olivo Moreno, en su condición de padres de Yessika Rivero Olivo, establecerle a ésta a una nueva vivienda, que le garantice condiciones dignas y favorables para sobrellevar su padecimiento.

7. Por las razones anotadas, se infirmará el fallo examinado.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada, y en su lugar CONCEDER TRANSITORIAMENTE el amparo a Epifania Olivo Moreno y a su hija Yessika Rivero Olivo.

En consecuencia se ordena al juzgado primero civil del circuito y a la inspección primera urbana de policía, ambos de Valledupar, suspender por cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, la diligencia de entrega sobre el inmueble ubicado en la calle 22 Nº 18D - 74 del barrio Primero de Mayo, plazo en cual de común acuerdo deberán Jaime Rivero Méndez y Epifania Olivo Moreno, en su condición de padres de Yessika Rivero Olivo, establecerle a ésta a una nueva vivienda, que le garantice condiciones dignas y favorables para sobrellevar su padecimiento.

2. Comunicar telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala.

Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

(1) “(…) ART. 318.—Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del Magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen (…)”.

(2) “(…) ART. 321.—(…) También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:
“(…) 9. El que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano (…)”.

(3) CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente.

(4) CSJ. STC. 15 de feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterado STC. 24. sep. 2013, rad. 2013-02137-00.

(5) Artículos 13, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54 y 68 de la Constitución Política.