Sentencia STC17162-2014 de diciembre 16 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

STC17162-2014

(Aprobado en sesión de diez de diciembre de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil catorce.

Decídese la impugnación interpuesta frente a la sentencia de 5 de noviembre de 2014 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de la acción de tutela instaurada por Silvino Dueñas Dueñas y José Jair Walteros Ortíz, respecto de la Secretaría Distrital de Movilidad, los Juzgados Cuarenta y Cinco Civil Municipal y Veintisiete Civil del Circuito, todos de esta capital, trámite al que fueron vinculados el Consorcio “Servicios Integrales de Movilidad”, el concesionario “Sociedad Plus Car” Ltda. y la Corte Constitucional.

1. Antecedentes

1. Los gestores solicitan la protección de los derechos al debido proceso, seguridad jurídica, contradicción, defensa, acceso a la administración de justicia, igualdad, trabajo y propiedad, presuntamente quebrantados por los querellados.

2. Sostienen, como base de su reclamo, en síntesis, lo siguiente (fls. 33 a 36):

2.1. Adquirieron dos vehículos tipo taxi de placas “TEQ054” y “TEP273” en la “Concesionaria de Carros Plus Car Ltda.”, debidamente inscritos en el registro distrital automotor para ser usados en la modalidad de “servicio público”.

2.2. Relatan que mediante auto 108541 de 2013, la Secretaría Distrital de Movilidad de esta ciudad, resolvió “dejar por fuera del servicio” sus automóviles, en acatamiento de una acción de tutela resuelta por los funcionarios judiciales aquí demandados.

2.3. Cuestionan el anterior acto administrativo, pues sin ser parte del referido trámite constitucional, “(…) se les arrebat[ó] (…) la posibilidad de poder debatir sus derechos en [ese] juicio, y se les imp[uso] una condena, sin haber sido citados (…) y vencidos allí (…)”.

3. Suplican (i) dejar sin efecto lo decidido por los Juzgados querellados; (ii) suspender el auto 108541 de 2013; y (iii) ordenar a la dependencia distrital habilitar el registro automotor de los rodantes de su propiedad.

1.1. Respuesta de los accionados y vinculados.

a. La Corte Constitucional precisó que “(…) luego de seleccionar el expediente T.3.400.659, profirió la sentencia T-568 del 17 de julio de 2012, que dio lugar a la expedición del auto expedido por la secretaría de movilidad que es atacado en la presente acción. [Agregó que] la competencia de es[a] corporación no puede ir más allá de las consideraciones y decisiones hechas en la sentencia [enunciada], por tanto, no es posible hacer pronunciamiento alguno diferente (…)”. (fls. 278 a 282).

b. El Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de esta capital indicó que “(…) tramitó en segunda instancia la tutela Nº 2011-1505 de Camilo Otálora, Rosalba Ariza de Páez y Lilia Romero contra la Secretaría Distrital de Movilidad, procedente del Juzgado 45 Civil Municipal de esta ciudad, habiéndose confirmado y modificado el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo, mediante providencia de febrero 7 de 2012 (…)” (fl. 109).

c. El Consorcio “Servicios integrales de movilidad” realizó un recuento de lo acontecido en el asunto materia de amparo y solicitó “(…) denegar la acción, en cuanto que [ni] el concesionario SIM, ni la Secretaría Distrital de Movilidad, han incurrido en la violación a que hace referencia el tutelante (sic) (…)” (fls. 99 a 108).

d. La Juez Cuarenta y Cinco Civil Municipal extemporáneamente arrimó un memorial en el cual imploró la desestimación de la salvaguarda (fl. 364).

e. El concesionario “Sociedad Plus Car” Ltda. coadyuvó las pretensiones de los actores, manifestando que “(…) no se pueden aplicar actos administrativos y suspender los derechos que se tienen sobre los rodantes involucrados a quienes nada han tenido que ver con tutelas (…) o con las decisiones proferidas por la Corte Constitucional en forma posterior a la compra que terceros compradores han hecho (…)” (fls. 223 a 233).

f. Los demás convocados guardaron silencio.

1.2. La sentencia impugnada.

Negó la súplica tras inferir:

“(…) [E]s evidente que el reproche que hoy se plantea pretende cuestionar las actuaciones adelantadas con ocasión de la pretérita acción de tutela y precisamente para acatar las decisiones allí adoptadas. Memórese que los fallos proferidos por la Corte Constitucional tienen carácter definitivo y contra ellos no procede recurso alguno, de conformidad con lo consagrado en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 (…)” (fls. 289 a 295).

1.3. La impugnación.

La formuló el apoderado de los promotores afirmando:

“(…) [S]e deniega la acción indicando que existe otra vía judicial ordinaria (…), sin embargo, (…) tanto el Juzgado de instancia como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca niegan la demanda intentada por (…) Silvino Dueñas, así como José Jair Walteros, pues se indica que la Secretaría Distrital de Movilidad expide un acto administrativo en cumplimiento de una orden judicial, y se impone a rajatabla tal decisión, aún y a pesar de que se está demostrando, que [los actores] nunca han participado en proceso alguno de tutela, y nunca fueron citados ni por la Corte Constitucional, ni por los despachos judiciales 27 y 45 civil (sic), quienes toman la decisión de arrebatarle el derecho de propiedad (…)”.

“(…).

“(…) [L]a Corte Constitucional en la sentencia que se toca en la solicitud de amparo (…) advierte una postura clara que evidencia que aún y a pesar de que se está frente a un acto de ejecución por parte de una entidad pública, (…) quien conoce del proceso se debe plantear la necesidad de establecer: ¿qué es lo que resultaría procedente cuando terceros que, como en este caso, adquieren esa calidad en razón a un hecho nuevo, y, por consiguiente, no fueron citados al proceso, pero resultan afectado por una providencia de tutela de la Corte Constitucional? (…)” (fls. 381 a 389).

2. Consideraciones.

1. Los promotores censuran a la Secretaría Distrital de Movilidad de esta capital, porque a través del auto 108541 de 2013, dejó “por fuera del servicio” sus vehículos tipo taxi, de placas “TEQ054” y “TEP273”, al cancelarles el registro automotor, en obedecimiento a lo establecido dentro del ruego tuitivo radicado N° 2011-1505, en el cual no fueron parte, por tanto no se les permitió “debatir sus derechos”.

2. Auscultadas las pruebas arrimadas a este expediente, se encuentra que en el señalado trámite tutelar, el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá en sentencia de 1º de diciembre de 2011 (fl. 99 vuelto), resguardó las garantías al debido proceso e igualdad de Camilo Otálora, Rosalba Ariza de Páez y Lilia Romero, decidiendo:

“(…) 2. Ordenar a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. (…) proceda a tramitar las solicitudes de reposición de los vehículos de placas SA-5790, SA-5298, SA-9849, SDH-903, SC-2423, SB1497, SGC-778, SFO-106, SAF-230, SC-4811, SFM-673, SFD-789, SFB-436, AMC-512, SDC-437, SDH-610, SE-9490, SFF-672, SFG-348, SA-3642 y SDF-976, que pretenden adelantar los señores Camilo Otálora y Lilia Romero.

3. Ordenar a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. (…) proceda a efectuar la reposición del vehículo de placa SDF-976, a nombre de la señora Rosalba de Ariza de Páez (…)”.

2.1. La impugnación propuesta por la entidad allí querellada frente a la anterior determinación, fue desatada por el Juez Veintisiete Civil del Circuito el 7 de febrero de 2012 (fl. 100), y dispuso:

“(…) Modificar el numeral segundo de la sentencia para ordenar a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (…) proceda a tramitar la solicitud hecha por Camilo Otálora tendiente a obtener la reposición de los cupos de los vehículos con placas SA-5790, SA-5298, SA-9849, SDH-903, SC-9205, SA-1414, SC-2423, SB-1497. Igualmente (…) proceda a tramitar la solicitud hecha por la señora Lilia Romero tendiente a obtener la reposición de los cupos con los vehículos con placas SGC-778, SFO-106, SA-3642, SAF-230, SFM-673, SFD-789, SDH-610, SE-9490, SFF-972, SC-4811, SFG-348, SFB-436, AMC-512 y SDC-437. Se modifica el numeral tercero para disponer que se tramite la petición de admitir la matrícula inicial del bus nuevo SWS-463 en reposición del SDF-976 (…)”.

2.2. La oficina accionada informó que junto con el Consorcio “Servicios Integrales de Movilidad” acataron los prenombrados proveídos y repusieron los rodantes de placas “SA5709” y “SA1414” por los identificados “TEP273” y “TEQ054”, respectivamente, los cuales fueron adquiridos posteriormente por los aquí accionantes.

2.3. La Corte Constitucional revisó ese amparo mediante sentencia T-568 de 17 de julio de 2012 (fls. 3 a 12 vuelto cdno. Corte), y revocó los fallos de los funcionarios judiciales aquí querellados, por cuanto:

“(…) [E]s clara la improcedencia de la presente tutela para resolver las situaciones expuestas, dado que en se plantea una discusión que debe ser resuelta por el juez competente y no por el juez constitucional, pues la pretensión de los accionantes va dirigida a materializar un derecho legal, que consiste en obtener la reposición de los vehículos de servicio público sobre los cuales manifestaron tener derecho, es decir que se trata de una discusión legal que no involucra derechos constitucionales (…)”.

“(…) En consecuencia, es[a] Sala de Revisión considera que los accionantes pueden acudir a los mecanismos ordinarios de defensa judicial que están previstos en la jurisdicción contenciosa administrativa, para controvertir las decisiones de la autoridad administrativa accionada, o si es el caso, pueden acudir a la jurisdicción civil para que a través de la acción de saneamiento por evicción, los accionantes en calidad de cesionarios exijan a los cedentes de los derechos de reposición, que garanticen el goce de los mismos. Cabe resaltar, que además de las razones expuestas, es pertinente utilizar los mecanismos ordinarios de defensa judicial, por cuanto no se vislumbró la inminencia de un perjuicio irremediable, que requiriera la protección inmediata de la acción de tutela (…)”.

Finalmente, resolvió:

“(…) REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia el 7 de febrero de 2012 por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, que confirmó la sentencia de primera instancia proferida el 1º de diciembre de 2011 por el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, la cual tuteló los derechos al debido proceso e igualdad de los accionantes. En su lugar, se NIEGA por improcedente la presente acción de tutela (…)”.

3. Como consecuencia de lo anterior, la enunciada Secretaría Distrital profirió el 29 de noviembre de 2013, el acto administrativo cuestionado (fls. 6 a 13 cdno. 1), concluyendo lo siguiente:

“(…) ART. 1º—Dese cumplimiento a la sentencia T-568/12, proferida por la H. Corte Constitucional, que resolvió negar por improcedente la acción de tutela, en vía de revisión, del expediente T 3.400.659 (…)”.

“(…) ART. 2º—En consecuencia de lo estipulado en el artículo anterior, déjese sin efecto los actos administrativos ordenados con ocasión de las solicitudes de trámite efectuadas en cumplimiento y con posterioridad a las sentencias del Juzgado Veintisiete (27) Civil del Circuito de Bogotá D.C. del 7 de febrero de 2012 y del Juzgado Cuarenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá D.C. el 1º de diciembre de 2011 (…)” (resaltados propios).

Así las cosas, esa orden acarreó la cancelación de los registros de los vehículos de placas “TEQ054” y “TEP273”, de propiedad de los aquí gestores, pues los mismos se habían efectuado reponiendo la inscripción de los rodantes identificados “SA5709” y “SA1414”, determinación dejada sin efecto y que tradujo la intervención de los automotores para ser utilizados en el servicio público, materializándose la afectación de los derechos de sus propietarios.

4. El acto administrativo censurado se expidió en acatamiento de lo decidido en sede de revisión por la Corte Constitucional, por lo tanto, la vulneración de los derechos fundamentales reclamada por los aquí promotores tiene su génesis en la referida sentencia T- 568 de 17 de julio de 2012, y no en lo actuado por la Secretaría Distrital de Movilidad ni por los Jueces Cuarenta y Cinco Civil Municipal y Veintisiete Civil del Circuito de esta capital.

5. Prima facie, debe decirse que por regla general no se admite la posibilidad de atacar a través de este amparo otro de similar naturaleza, principalmente cuando sobre el caso ya existe un pronunciamiento del Máximo Tribunal Constitucional, así lo preceptúan el inciso 1º de la regla 253 de la Carta Política, según el cual “(…) [l]os fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional (…)” y el parágrafo 4º del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, “(…) [n]o procederá la tutela contra fallos de tutela (…)”.

5.1. En ese sentido, la jurisprudencia emanada al respecto por esta Sala de Casación y por la Corte Constitucional, pacíficamente han declarado la improcedencia de ruegos tuitivos presentados con la finalidad de refutar lo decidido en pretérita oportunidad por esta especial jurisdicción.

Esta corporación ha dicho:

“(…) Entonces, como el tema rebatido en esta tutela ya se definió con anterioridad, y hay un mandato constitucional que propendió por remediar la amenaza alegada, sin que la máxima autoridad en esa materia hubiese variado tal pronunciamiento, se configura la cosa juzgada constitucional, respecto de la cual se ha explicado que una vez definido un asunto y finalizado el procedimiento de su eventual revisión, opera dicho fenómeno y el fallo emitido se torna intangible (…)”1.

5.2. Al respecto, la Corte Constitucional ha conceptuado:

“(…) Una vez ha culminado el proceso de revisión por parte de la Corte, ‘no hay lugar para reabrir el debate’ y, por tanto, la decisión se torna inmutable y definitivamente vinculante, revistiéndose de la calidad de cosa juzgada. Así las cosas, ‘(…) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión (…), opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 num. 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido’. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acción de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisión, tales argumentos no serán procesalmente admisibles, pues la decisión del juez de tutela, una vez surtido el trámite de revisión en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional (…)”2.

5.3. Empero, la “cosa juzgada constitucional” no es absoluta, así lo estableció esa Corte en el fallo transcrito con antelación, al fijar los siguientes criterios para determinar su materialización, a saber:

a. Identidad de objeto: “(…) la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada (…)”.

b. Identidad de causa petendi: se concreta cuando las pretensiones del amparo persiguen lo mismo que lo ya decidido anteriormente en sede constitucional.

c. Identidad de partes: “(…) al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada (…)”.

Sin el cumplimiento de los mismos, “(…) no opera el fenómeno jurídico (…) y el juez, obviamente, sin contrariar el principio de non bis in ídem, podrá pronunciarse sobre un asunto puesto a su consideración (…)”.

6. De esta manera, la “cosa juzgada constitucional” no es absoluta, pues es posible un segundo análisis jurisdiccional cuando no concurren los tres elementos enunciados en precedencia, admitiendo la posibilidad de solicitarse el amparo alegando hechos o afectaciones que pudieron pasar inadvertidas en el trámite tutelar primigenio o, incluso, que se generaron con las sentencias proferidas al interior del mismo.

Los presupuestos del estado social de derecho, exigen una labor proactiva en el operador judicial, dada su condición de garante principal del debido proceso y de las prerrogativas fundamentales en general, máxime cuando está revestido de las facultades especialmente conferidas para ejercer en la jurisdicción constitucional. El juez tiene entonces, la obligación de estudiar cada caso en concreto, confrontando las normas aplicables a la luz de los principios rectores y garantías consagradas en la carta magna.

Así lo ha entendido esta corporación al precisar:

“(…) Ahora, si bien es cierto que la parte actora no solicitó la revisión del fallo acusado ante la Corte Constitucional para denunciar las irregularidades aquí expuestas, para la Sala dicha circunstancia no se erige como obstáculo infranqueable para que proceda el amparo solicitado, no sólo porque dicho trámite es una eventualidad, como quiera que tiene que someterse al proceso de selección al azar que realiza el máximo Tribunal Constitucional, sino porque a diferencia de lo señalado por los inconformes, el hecho de que las sentencias de tutela hayan sido excluidas de la revisión eventual prevista en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, ello no implica per se que hubiesen hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, pues los efectos del fallo de tutela no pueden oponerse a quienes no hicieron parte en el memorado trámite, en la medida en que, se itera, ciertamente no fueron debidamente vinculados a la acción a quienes les asistía el derecho a intervenir en defensa de sus legítimos intereses (…)”3 (resaltado propio).

7. Refulge patente en el presente asunto, la inexistencia de la denominada “cosa juzgada constitucional”, por “inoponibilidad” supralegal contra Dueñas Dueñas y Walteros Ortiz, por no haber intervenido en el primer juicio constitucional directa ni indirectamente, ni como partes, ni como causahabientes; por tanto, no se encuentran satisfechos los requisitos atrás reseñados, al no existir identidad de sujetos, de objeto ni de pretensiones.

Los actores no cuestionan el trámite ni lo decidido dentro de la memorada salvaguarda, sino los efectos que le son adversos de la misma, pues no participaron en ese litigio y es necesario tener en cuenta que la orden proferida por la Corte Constitucional desconoce los derechos patrimoniales que aseguran haber adquirido, por ende, se estudiará el fondo del asunto.

8. Ahora, para resolver la problemática planteada por los accionantes, debe analizarse lo atinente a la posibilidad de amparar resguardos promovidos alegando afectaciones derivadas de actuaciones administrativas surgidas en acatamiento de un fallo de tutela.

8.1. Al respecto, como las órdenes formuladas por la providencia que solventa una salvaguarda son de inmediato cumplimiento, de conformidad con lo reglado por el inciso 1º del artículo 86 constitucional, puede suceder que, como en el sublite, mientras se surte el procedimiento de la revisión ante el Tribunal Constitucional, se obedezca lo resuelto por los jueces de instancia, y ello genere situaciones jurídicas consolidadas a favor de terceros de buena fe.

Existe un vacío jurídico o “zona de penumbra” sobre la materia, pues nada se dice en la normatividad procesal aplicable en esta clase de decursos, sobre los efectos de los fallos impugnados o en trámite de la revisión, lo cual daría una solución a la situación aquí formulada.

8.2. Esta Sala en sede de tutela, tratándose de terceros afectados con lo decidido en sentencias de amparo, ha desarrollado la teoría de la “inoponibilidad” de las mismas frente a aquéllos. En efecto, en un caso donde se analizó la transgresión de las garantías de dichos terceros como consecuencia de determinaciones adoptadas dentro de una acción de tutela, expresó:

“(…) La accionante, en calidad de tercero adquirente de buena fe de los inmuebles adjudicados en el proceso hipotecario, solicita puntualmente, la ineficacia de la orden de entrega a la ejecutada de los inmuebles perseguidos por el Banco AV Villas en acción real hipotecaria frente a Marina Rico de Pinto, invalidar la providencia por la cual el Juzgado accionado dejó “sin efecto las anotaciones Nº 10 y 11” del folio de matrícula inmobiliaria de los predios, relativas a los contratos de compraventa y la tradición del dominio de los bienes y adoptar las medidas tendientes a restablecer su derecho de propiedad”.

“Las providencias proferidas por el Juzgado accionado el 26 de abril de 2006 (…) y el 8 de junio de 2006 (…), son adoptadas en cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional en la sentencia de revisión T-199 del 16 de marzo de 2006 (…)”.

“(…) En rigor, la accionante no fue parte en el amparo previo, su situación específica no se analizó ni se adoptó decisión sobre sus derechos, esto es, no concurren ninguno de los requisitos de la cosa juzgada”.

“(…) En este orden de ideas, limitada la Sala a analizar la situación jurídica de la señora Nency María Sánchez, tercero al proceso ejecutivo y a la sentencia de revisión, adquirente de buena fe de los bienes sobre la situación pública inscrita en el registro inmobiliario, considera procedente el amparo constitucional, única y exclusivamente en lo que concierne a la protección de sus derechos adquiridos de buena fe (…)”.

“(…) [L]os pronunciamientos de la Sala4 sobre la cuestión jurídica que atañe, ninguna duda dejan sobre la protección que se ha prohijado a los terceros que con arreglo a la ley han adquirido un inmueble, y que luego se ven sorprendidos con una determinación judicial que invalida su derecho, entendiéndose tal postura, en la medida que son adquirentes de buena fe exenta de culpa, que no le pueden ser trasladadas las vicisitudes de una causa judicial ajena y que la seguridad jurídica impone el respeto de los actos jurídicos que los particulares han realizado conforme a las reglas y procedimientos consagrados por el legislador”.

“En ese orden de ideas, si (…) adquirió la propiedad de dos inmuebles que, conforme a los documentos públicos pertinentes, no tenían registro de medidas cautelares o procesos judiciales pendientes, no puede posteriormente privársele de dicho derecho constitucional, bajo el argumento de haberse declarado la “ilegalidad”, “invalidez” o “falta de eficacia” de unas actuaciones judiciales”.

“En síntesis, la providencia de tutela T-199-2006, como expresó la Corte Constitucional, no analizó la situación jurídica de la tercero adquirente de buena fe de los bienes y, por consiguiente, al no ser parte del proceso donde se profirió ni contener análisis ni decisión respecto de ella, no la vincula, le es inoponible, así como las providencias y actuaciones posteriores”.

“En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, para amparar los derechos fundamentales, declarando la inoponibilidad de las providencias antedichas respecto de la tercero adquirente de buena fe de los bienes y de contera ordenar al Juzgado accionado adoptar las medidas respectivas para la cesación de todo efecto jurídico respecto de la accionante de los actos por los que se dispuso la orden de entrega de los inmuebles a que se ha hecho alusión en la parte considerativa de esta providencia, así como de las providencias que invalidan los registros correspondientes a los mismos y sustentan el dominio de la tutelante (…)”5 (resaltado propio).

8.3. Frente al asunto tratado en el precedente transcrito, la Corte Constitucional manifestó:

“(…) En el origen del problema se identifica a la Sentencia T-199 de 2006 de la Corte Constitucional como la fuente de la afectación de los derechos fundamentales que se estiman violados, dado que en relación con ella la accionante afirma tener la calidad de tercero con interés que no fue vinculado al proceso. En un caso como el que ahora ocupa la atención de la Sala, es claro que al tercero afectado no le es oponible la decisión adoptada en un proceso en el que no fue parte. A la accionante no le pueden ordenar la entrega del bien que adquirió de buena fe, porque no hay una orden judicial que le resulte vinculante. El problema está en que, de hecho, la cancelación de los registros, le priva del título de su derecho y la pondría en la situación de un mero poseedor. (…) En este caso se está, no solamente ante un defecto procesal, sino que, además, se trata de un adquirente de buena fe, que obró sobre la base de una adjudicación dispuesta judicialmente y debidamente registrada y sin que se hubiesen adoptado medidas cautelares para prevenir la negociación del inmueble (…)”.

“(…) El interrogante que se plantea es, entonces, ¿Cómo obtiene el tercero afectado la declaratoria de inoponibilidad de la decisión de tutela que afecta sus derechos? En este caso, para ese efecto se acudió a una acción de tutela contra la actuación que se adelantó directamente contra la accionante, y a partir de la cual pudo obtenerse el pronunciamiento de inoponibilidad de la decisión de tutela que le sirve de fundamento. Dado que, de por medio están las órdenes expedidas en otro proceso de tutela, y, en este caso concreto, una sentencia de revisión de la Corte Constitucional, es claro que la decisión que confiere el amparo de los derechos del tercero afectado, solo puede tener un alcance transitorio, mientras que por el juez cuya decisión se declara inoponible, en este caso la Corte Constitucional, se adoptan las medidas que permitan reconciliar los extremos en tensión. Advierte la Corte que, no obstante que la inoponibilidad puede ofrecer una respuesta, al menos parcial, para el tercero afectado, la decisión que la declara deja en el limbo jurídico el asunto sometido a la consideración del juez constitucional en el primer proceso de tutela, y resultaría una solución inequitativa, si se llegare a establecer que, aún con la participación del tercero, la orden emitida en dicho proceso debiera mantenerse. En ese caso, el beneficiario de la orden, por un error circunstancial, que no afectaría el resultado, vería la orden de protección que se expidió en su favor convertida en una expresión meramente formal. En ese contexto se encuentra la Corte con el hecho de que en la Sentencia T-199 de 2006 se emitió una orden para amparar los derechos de la entonces accionante, la cual, por las circunstancias que se han expuesto, resulta inoponible a quien actúa como accionante en esta oportunidad. Esa decisión comportaba para AV Villas restituir el inmueble que le había sido adjudicado a la culminación del proceso ejecutivo y reestructurar la correspondiente obligación. Como quiera que, dado que el inmueble se transfirió a terceros adquirentes de buena fe, esa actuación resulta ahora imposible de cumplir y es indispensable adecuar la orden de tutela inicialmente proferida, para garantizar la efectividad de la protección dispensada por la Corte (…)”6 (resaltado de esta Sala).

9. La situación en la cual se afinca la solicitud de amparo atenta contra los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, puesto que los aquí actores adquirieron los vehículos bajo el convencimiento que podían destinarlos para la prestación del servicio público, empero, por una determinación adoptada en un ruego tuitivo como el presente, respecto del cual, se reitera no fueron parte, resultaron directamente perjudicados con lo allí decidido, pues en virtud de ello se cancelaron los registros automotores, no pudiendo ser utilizados en la actividad comercial para la cual fueron adquiridos.

En punto al segundo de los mencionados principios, la Corte Constitucional ha dicho:

“(…) [P]rocura garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias (…)”7.

10. En consecuencia, la acción de tutela emerge como el mecanismo judicial idóneo para resarcir la vulneración de los derechos fundamentales de los aquí gestores, pues como dejó sentado la anterior jurisprudencia, es necesario que el juez de conocimiento dentro del ruego cuestionado, en este caso la Corte Constitucional, actualice su fallo teniendo en cuenta la vulneración que Dueñas Dueñas y Walteros Ortíz afirman se ha producido con el mismo.

Refuerza el otorgamiento de la salvaguarda, el hecho que los promotores acudieron ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo atacando el auto 108541 de 2013, y sus demandas fueron rechazadas por dirigirse a declarar la nulidad de un acto de ejecución en cumplimiento de una sentencia judicial (fls. 19 a 28), por ende, buscaron agotar los mecanismos judiciales ordinarios sin lograr que sus pretensiones fueran estudiadas de fondo.

11. En conclusión, resulta necesario conceder el amparo deprecado frente a la prerrogativa fundamental al debido proceso vulnerado por la Corte Constitucional. En consecuencia, se declara inoponible lo decidido en la sentencia T-568 de 17 de julio de 2012 frente a los señores Silvino Dueñas Dueñas y José Jair Walteros Ortiz, así como el auto 108541 de 29 de noviembre de 2013, proferido por la Secretaría Distrital de Movilidad de esta capital, a quien se le ordena que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a adoptar las medidas correspondientes para la cesación de todo efecto jurídico de ese acto administrativo respecto de los accionantes, tornándolo inaplicable en cuanto atañe a estos.

12. Por las razones explicadas, se impone infirmar el fallo impugnado.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia y CONCEDER el amparo deprecado por Silvino Dueñas Dueñas y José Jair Walteros Ortiz.

En consecuencia, se declara inoponible lo decidido en la sentencia T-568 de 17 de julio de 2012 frente a los señores Silvino Dueñas Dueñas y José Jair Walteros Ortiz, así como el auto 108541 de 29 de noviembre de 2013, proferido por la Secretaría Distrital de Movilidad de esta capital, a quien se le ordena que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a adoptar las medidas correspondientes para la cesación de todo efecto jurídico de ese acto administrativo respecto de los accionantes, tornándolo inaplicable en cuanto atañe a éstos.

(sic)3. Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Remitir copia de este proveído a los sujetos procesales.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jesús Vall De Rutén Ruiz, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 CSJ ATC sentencia de 10 de julio de 2013, exp. 1100122030002013-00989-01; véase también el fallo de 25 de junio de 2013, exp. 1100102030002013-01262-00.

2 Corte Constitucional, sentencia T- 218 de 20 de marzo de 2012.

3 CSJ STC10073 de 31 de julio de 2014.

4 Sentencias de 30 de marzo de 2006 exp. 2006-00159-01, de 8 de octubre de 2007 exp. 2007-01599-00 y de 29 de octubre de 2007 exp. 2007-01652-00.

5 CSJ STC de 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00094-01.

6 Corte Constitucional, sentencia SU-787 de 11 de octubre de 2012.

7 Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001.