Sentencia STC17213-2017/2017-00537 de octubre 20 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC17213-2017

Rad.: 76001-22-03-000-2017-00537-01

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

(Aprobado en sesión de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D. C., veinte de octubre de dos mil diecisiete.

Decídese la impugnación interpuesta frente a la sentencia de 21 de septiembre de 2017, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la tutela instaurada por Quala S.A. en contra del Juzgado Trece Civil del Circuito de esa capital, con ocasión del juicio ejecutivo singular iniciado por la aquí gestora respecto de Luis Felipe Hurtado.

1. Antecedentes.

1. La promotora suplica la protección de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el acusado.

2. Sostiene como base de su reclamo, en síntesis, lo siguiente (fls. 1 y 2):

2.1. Dentro del litigio materia de esta salvaguarda, el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal dispuso continuar con el coercitivo, determinación revocada por el despacho del circuito querellado el 8 de agosto pasado, al zanjar la apelación propuesta por el extremo allá demandado, en el entendido de desestimar las pretensiones.

2.2. Según la ahora quejosa, el pronunciamiento del ad quem se sustentó en estudiar la presencia de

“(…) los requisitos formales del título, vencimientos del pagaré, carta de instrucciones y declaró otra fecha de vencimiento [del documento pábulo del reclamo], (…) viol[ando] sus atribuciones, pues ello sólo es susceptible mediante recurso de reposición del mandamiento de pago (…)” (sic).

3. Implora invalidar lo resuelto en segunda instancia en el compulsivo criticado.

1.1. Respuesta del accionado y vinculado.

a. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali se opuso al ruego explicando:

“(…) [E]l apoderado de la sociedad accionante ha dado una interpretación equivocada a la sentencia emitida, comoquiera que el problema jurídico planteado no rodeaba el tema de los requisitos formales del título en cuanto a su concurrencia, sino en desentrañar la verdadera fecha de vencimiento de la obligación, a fin de determinar si había que acceder a la excepción de prescripción, pues, como quedó suficientemente expuesto, el título valor contenía dos fechas de vencimiento, las cuales, por su lejanía, tenían efectos diferentes en caso de admitirse que la prueba señalara que una era válida y la otra no (…)” (fls. 29 y 30).

b. El despacho Treinta y Cuatro Civil Municipal de esta ciudad enunció las actuaciones surtidas en el proceso objetado (fl. 38).

1.2. La sentencia impugnada.

Desestimó la protección tras inferir que el proveído controvertido era razonable, por cuanto “(…) la valoración que llevó al juez a determinar la fecha de exigibilidad del título valor cobrado no es arbitraria, ni irracional o caprichosa (…)” (fls. 42 a 45).

1.3. La impugnación.

La formuló la promotora insistiendo en sus inconformidades (fls. 53 a 63).

2. Consideraciones

1. Quala S.A. critica que dentro del comentado subexámine, en segunda instancia, se haya fallado en contra de sus pretensiones, aduciendo, en concreto, que el juzgador “violó sus atribuciones” al estudiar, en ese estadio, “la concurrencia de los requisitos formales del título”.

2. El Juzgado del Circuito acusado, en la providencia de 8 de agosto de 2017, resolvió de la manera refutada tras advertir, como primera medida, que el instrumento ejecutivo contaba con una fecha de vencimiento incluida al momento de su elaboración, por tanto, desestimó una data posteriormente introducida con “letra manuscrita” por la acá quejosa, precisando que carecía de autorización expresa para tal proceder y destacando la ausencia de un acuerdo entre las partes para ello.

En sus palabras, dijo que en la cláusula segunda del pagaré

“(…) se consignó: “Sobre la suma debida reconoceremos intereses anticipados vencidos equivalentes al “espacio vacío” %; la tercera cláusula (Plazo): Pagaremos el capital indicado en la cláusula primera y sus intereses mediante instalamentos (sic) mensuales sucesivos correspondientes cada uno a la cantidad de $36.869.950 de pesos, el primer pago lo efectuaremos el 29 de octubre del año 2007”.

“Entonces, encontramos que pese a la literatura de la cláusula tercera del plazo del pago, únicamente se pactó el pago a un solo instalamento (sic), un solo pago de $36.869.950, que es el total de la obligación contenida en el pagaré; entonces, el despacho encuentra que hay ya una forma de vencimiento, que de conformidad con el artículo 673 del Código de Comercio, es a un día cierto, (…) el 29 de octubre del año 2007”.

“En esa medida, cuando ya analizamos en su integridad podemos decir que ya teníamos un título valor, pagaré, de conformidad con el artículo 709 [ibídem], pues estaban reunidos todos los requisitos; entonces, cuestiona el despacho cuáles fueron los espacios en blanco que se dejaron de acuerdo con el numeral 3, (…) pero este título valor ya tenía todos los requisitos y prestaba mérito ejecutivo desde el 29 de octubre de 2007”.

“De ahí entonces, entramos al análisis del acápite inicial del pagaré, donde se habla de la suma y donde se inserta un vencimiento en letra manuscrita, no en la proforma, sino del 22 de junio de 2014, entonces, volvemos a la literalidad, (…) verificando cuáles fueron las pruebas allegadas al plenario que nos demuestren que entre las partes hubo o existió una modificación a esa literalidad del título valor, donde está la prueba, si nos detenemos a analizar el plenario, encontramos únicamente el interrogatorio de parte de la demandada, donde simplemente se dirige a cuestionar el llenado del pagaré que se hizo no conforme a la carta de instrucciones, y luego vamos al interrogatorio de parte de la demandante, donde habla, como bien lo dice la recurrente, que las relaciones comerciales se dieron hasta el año 2011, luego de ello se le advierte (…) que existió un acuerdo de pago entre las partes, pero nada documentado en el expediente, no hay ninguna documentación del año 2014, únicamente encontramos a folio 46 un oficio (…) expedido por el señor Luis Felipe Hurtado Botero del 22 de junio del año 2011, donde dice lo siguiente: “Conforme a nuestro registro contable, la empresa representa (sic) para con ustedes un saldo a cargo por valor (…) de $36.695.995, suma que se ofrece a pagar en un plazo de 75 meses a partir del mes de julio de 2011, sin reconocimiento a intereses o ajuste monetario (…)”.

“Este documento, que sirve de pábulo a la alegación de la parte demandante respecto a la fecha de exigibilidad del título del 22 de junio del 2014, genera para este despacho un efecto contrario, y es (…) que [allí se] está reconociendo una obligación ya vencida, y entonces (…) la verdadera fecha de vencimiento es el 29 de octubre de 2007 (…)”.

“(…) A folio 3 encontramos la carta de instrucciones, expedida sin ninguna fecha, no obstante, debemos entender que es el 29 de octubre de 2007, fecha en la cual fue autenticada en la Notaría Cuarta de Cali, y ahí dice lo siguiente en su numeral 3: “la fecha de vencimiento del pagaré será la del día siguiente a la fecha en que sean llenados los espacios en blanco”. Y se pregunta entonces el despacho ¿dónde está la prueba del día en que se llenaron los espacios en blanco?”.

“Si ya se ha advertido que cuando el pagaré fue otorgado no se dejó ningún elemento al azar, había una forma de vencimiento, un valor, un acreedor y un deudor, (…) pero en caso de haber existido un espacio en blanco, (…) ¿dónde está la prueba de cuál fue el día en que se llenaron los espacios en blanco?, no encuentra el despacho prueba alguna en la cual Quala S.A. se hubiese visto autorizada a modificar la fecha de vencimiento, entonces se encuentra que la forma de vencimiento fue alterada sin ninguna autorización y sin el cumplimiento de las instrucciones impartidas, que se insisten, caen al vacío, pues al otorgarse el pagaré ya se encontraban reunidos todos los requisitos para que sea llamado título valor (…)”.

Seguidamente, con sustento en lo precedente, procedió a argumentar los motivos por los cuales había lugar a revocar la sentencia del a quo, tras encontrar probado el medio exceptivo de prescripción invocado por el allá accionado:

“(…) En esa medida, entonces, entendiendo que la fecha de vencimiento del título es del 29 de octubre del año 2007, el despacho debe entrar a estudiar la excepción de prescripción, (…) tenemos que ser simples en este estudio, pues al revisar el artículo 789 del Código de Comercio, que nos habla de la prescripción de la acción cambiaria, nos dice lo siguiente: “La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento”.

“Tres años que iniciaron el 29 de octubre del año 2007, (…) y terminan el 29 de octubre del año 2010, pero tenemos el documento obrante a folio 46, donde hay un reconocimiento de la obligación y para ello acudimos al artículo 2539 del Código Civil, donde se habla de la interrupción de la prescripción extintiva, y se dice lo siguiente: “La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente”.

“Este documento emanado el 22 de junio de 2011, bien podría entenderse como un reconocimiento de la obligación, pues claramente en su texto dice que “conforme a nuestros registros contables la empresa representa (sic) para con ustedes un saldo a cargo por valor de $36.695.995”, está reconociendo la obligación y generando una propuesta de pago; no obstante, debemos decir que si la acción cambiaria estaba prescrita a 29 de octubre de 2010, a 22 de junio de 2011, ya el reconocimiento no tenía ninguna validez o efecto, pues no podemos interrumpir algo que ya está consumado, como lo es la prescripción que se dio. (…) Encontramos también la renuncia a la prescripción, no obstante, esta renuncia tiene que ser expresa, inclusive, si nos detenemos al estudio del Código General del Proceso, el legislador insertó otra clase de renuncia que es el silencio, una renuncia tácita, que si no se alega oportunamente la prescripción, se entenderá esta renunciada; sin embargo, en este caso no ha habido tal renuncia, pues fue tal la mención expresa a este fenómeno extintivo de la parte demandada, que la alegó oportunamente al momento de contestar la demanda y la propuso como excepción (…)”.

3. Para dilucidar el presente sublite esta Corte debe precisar, frente a la prescripción extintiva, existen tres figuras que afectan su materialización y sus efectos jurídicos, a saber: la interrupción, la suspensión y la renuncia (arts. 2539, 2541 y 2514 del Código Civil(1)).

Los primeros dos fenómenos requieren para su concretización que se generen antes de la consumación del término extintivo; mientras, el tercero exige todo lo contrario, sólo podrá presentarse después de operar la prescripción.

La interrupción se predica cuando el deudor reconoce, tácita o expresamente el débito, o cuando se instaura demanda judicial sin haberse consumado la prescripción. La suspensión se da en favor de los sujetos enunciados en el numeral primero de la regla 2530 del Estatuto Sustantivo Civil, es decir, para “(…) los incapaces y, en general, (…) quienes se encuentran bajo tutela o curaduría (…)”. Finalmente, la renuncia se configura si el obligado acepta la acreencia o reconoce el derecho de forma tácita o expresa, tras hallarse consolidada o consumada la prescripción, por haberse completado o expirado el término prescriptivo.

Ahora bien, la interrupción y la renuncia generan como consecuencia que el lapso prescriptivo empiece a contabilizarse nuevamente, reiniciándose los cómputos. En tanto, la suspensión, como su nombre lo indica, solamente detiene el conteo del tiempo sin reiniciarlo.

Sobre ese puntual tópico esta Sala ha adoctrinado:

“(…) Como la prescripción legalmente está concebida como un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos de los demás, de entrada queda averiguada su finalidad, que no es otra que la de consolidar situaciones jurídicas concretas, en consideración al transcurso del tiempo. En relación con la prescripción extintiva o liberatoria, que es la que viene al caso, la regla general es que el plazo fijado en la ley debe computarse a partir de cuando podía ejercitarse la acción o el derecho. Sin embargo, antes de completarse el término legal de la prescripción puede verse afectado por (…) la interrupción natural o civil, y (…) la suspensión”.

“Lo primero acaece, en el caso de la interrupción natural, cuando el deudor, en un acto voluntario e inequívoco, reconoce tácita o expresamente la obligación, o, si se trata de la civil, en virtud de demanda judicial (art. 2539 del Código Civil), siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las normas procesales para ese efecto. (…) Lo segundo, cuando se impide el computo del término en favor de ciertas personas que merecen una protección especial (menores, dementes, sordomudos y quienes estén bajo patria potestad, tutela o curaduría), en tanto perdure la causa de la suspensión (art. 2541, ibíd..). Empero, ambos fenómenos exigen como elemento común, que el término de la prescripción no se hubiere completado, pero difieren en cuanto a sus efectos. Así, la interrupción borra el tiempo transcurrido y la suspensión impide contarlo durante el tiempo de la incapacidad, para tener únicamente como útil el corrido antes de la suspensión, si alguno hubo, y el transcurrido luego de haber cesado la causa que la motivaba, hasta extinguirse”.

“En cambio, la renuncia expresa o tácita de la prescripción sólo tiene lugar “después de cumplida”, según lo declara el artículo 2514del Código Civil, por cuanto si las normas que gobiernan la prescripción son de orden público y, por ende, no disponibles, la renuncia entonces opera sólo luego de vencido el plazo y adquirido el derecho a oponerla, es decir, una vez se mire únicamente el interés particular del renunciante (arts. 15 y 16, ibíd.), de donde se explica la razón por la cual, a pesar de estar consumada, el juez no puede reconocerla de oficio si no fuere alegada (arts. 2513, ejusdem, y 306 del Código de Procedimiento Civil)”.

“De igual manera, si la renuncia ocurre únicamente después de expirado el término prescriptivo, y si como quedó dicho, la interrupción y la suspensión operan siempre antes de cumplirse, no resulta difícil avizorar la diferencia de uno u otro instituto. Con todo, como la renuncia, a semejanza de lo que ocurre con la interrupción, conlleva a contabilizar un nuevo término de prescripción, la Corte tiene averiguado que el “resultado de la renuncia, igual que la interrupción, es la prescindencia de todo el tiempo de inercia corrido hasta entonces, de modo que el cómputo se reinicia, con posibilidad prácticamente indefinida de que se repitan los fenómenos, hasta que el término respectivo transcurra íntegro nuevamente” (…)”(2) (Se resalta).

4. Para esta Colegiatura, el juez acusado incurrió en un yerro susceptible de ampararse en esta sede, por causa del erróneo análisis efectuado a la manifestación realizada por el allá demandado el 22 de junio de 2011, a través de la cual, en palabras del propio juzgador, ese sujeto procesal “(…) reconoci[ó] la obligación y gener[ó] una propuesta de pago [estando] la acción cambiaria (…) prescrita (…)”.

Si bien es cierto, el juzgador acertadamente descartó que esa aseveración interrumpía el cómputo del plazo de prescripción de la acción cambiaria(3), en los términos del artículo 2539 del Código Civil, por cuanto se llevó a cabo luego de los 3 años a partir del momento en el cual se hizo exigible el título base del recaudo judicial; erró al no argumentar con suficiencia si en ese caso se había presentado una renuncia a la prescripción, acudiendo a la égida del precepto 2514 ibídem: “(…) La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida (…)”.

Nótese, el fallador se limitó a concluir la inexistencia de la “renuncia tácita”, resaltando para ello que el allá ejecutado había “alegado oportunamente” la excepción de mérito de prescripción; empero, nada dijo para definir lo concerniente a sí se había presentado la “renuncia expresa” con la manifestación atrás transcrita, realizada por el extremo allá pasivo el 22 de junio de 2011, cuando la parte deudora reconoció expresamente los saldos debidos, quedando su argumentación incompleta al respecto.

4. En consecuencia, la Corte hará el control constitucional inherente a la acción de tutela, así como también el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, según lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos(4), que obliga a los países suscriptores de ese instrumento de procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. Así se consignó en sus preceptos primero y segundo:

“(…) Artículo 1º. Obligación de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

“2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano”.

“Artículo 2º. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1º no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (…)”.

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como éste, so pena de incumplir obligaciones internacionales. Por tanto, es menester tener en consideración las prerrogativas a las “garantías judiciales” y a la “protección judicial”, según las cuales, una persona podrá acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resolución de sus litigios.

En el presente caso, como se dijo, el accionado omitió argumentar con suficiencia el asunto sometido a su estudio. De esa manera, contravino los cánones 8.1 y 25 de ese tratado:

“(…) Art. 8º. Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (…)”.

“(…) Art. 25. Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

“2. Los Estados Partes se comprometen: “a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; “b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y “c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso (…)” (Subrayas fuera de texto).

5. Por lo discurrido, se revocará el fallo impugnado. Por tanto, se ordenará al Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, deje sin efecto la sentencia de 8 de agosto de 2017, y proceda a emitir un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta lo precisado en antelación.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia y CONCEDER el amparo deprecado.

En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, deje sin efecto la sentencia de 8 de agosto de 2017, y proceda a emitir un nuevo fallo teniendo en cuenta lo precisado en esta providencia.

2. Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 “(…) Art. 2539. La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente”. “Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial (…)”.
“(…) Art. 2541. La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en el número 1º del artículo 2530 (…)”.
“(…) Art. 2514. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida (…)”.

2 CSJ. Civil, sentencia de 3 de mayo de 2002, Exp. 6153.

3 “(…) Art. 789. La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento (…)”.

4 Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.