Sentencia STC17234-2017/2017-00627 de octubre 20 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-22-10-000-2017-00627-01

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

(Aprobado en sesión de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo de 11 de septiembre de 2017, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de amparo promovida por José Gabriel León Rodríguez contra el Juzgado Veinte de Familia de Oralidad de la misma ciudad, las Fiscalías 32 y 374 Seccionales adscritas a las Unidades de Administración Pública y Recta Impartición de Justicia, y, Delitos contra la Libertad Individual y otras Garantías, respectivamente, y la señora Zulma Patricia Villalobos Moreno, trámite al que fueron vinculados el Juzgado Once de Familia de Oralidad de dicha urbe, el Defensor de Familia y la Procuraduría Delegada para Asuntos de Familia.

Antecedentes

1. El gestor del amparo reclama la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida digna, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con ocasión de lo resuelto al interior de los procesos verbales sumarios de modificación de régimen de visitas y disminución de cuota alimentaria, que promovió en contra de su exesposa Zulma Patricia Villalobos Moreno, así como de la denuncia penal que instauró frente a ésta por los delitos de ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad y fraude a resolución judicial.

Del escrito de tutela en armonía con los demás documentos allegados al mismo, la Sala colige que lo que exige el actor para la salvaguarda de sus prerrogativas, es por un lado, que se ordene a la prenombrada señora cumplir el régimen de visitas aprobado mediante providencia del 7 de septiembre de 2015 por el Juzgado Veinte de Familia de Oralidad de Bogotá; y por el otro, que se ordene a las Fiscalías 32 y 374 Seccionales de la misma ciudad, investigar y sancionar a ésta “por el mal manejo de la custodia de [sus hijas] menores (…) Carol Vanessa y Danna Catalina León Villalobos” (fls. 1 - 30, cdno. 1).

2. En apoyo de su reparo, aduce en síntesis, que el 28 de diciembre de 2013, data en la que su excónyuge decidió dar por terminado el vínculo matrimonial por ellos contraído, comenzó a tener problemas para ver a sus niñas, por lo que decidió interponer la respectiva demanda para obtener la regulación de visitas, la cual correspondió conocer al Juzgado Veinte de Familia de Oralidad de esta ciudad, quien a través del fallo referido en líneas precedentes, aprobó un régimen de las mismas, quedando en manos de la madre la custodia de aquéllas, y fijando como cuota alimentaria a su cargo la suma de $ 800.000, la cual no reprochó, pues, dice, “en ese momento contaba con dos empleos y estaba ganando bien”.

Expresa que no obstante lo anterior, los encuentros con sus hijas siguieron siendo irregulares, dado que la señora Villalobos Moreno no cumple cabalmente con lo acordado, situación que lo condujo a citarla a conciliación ante la Personería Distrital el 17 de abril hogaño, lo que resultó infructuoso, por lo que desde esa data no ha podido ver a sus descendientes, motivo por el cual instauró una nueva demanda para que no solo se disciplinaran las visitas, sino que también se le redujera la cuota alimentaria que le fue impuesta, ya que “en uno de los trabajos [l]e bajaron en gran cantidad el sueldo”, trámite que conoce la reseñada oficina judicial, sin que hasta el momento haya citado a audiencia.

Finalmente sostiene, que ante tal situación, se vio obligado a formular denuncia penal contra su exesposa por el ejercicio arbitrario de la custodia de sus hijas menores de edad y fraude a resolución judicial, la cual fue asignada a la Fiscalía 374 Seccional de esta capital, quien, afirma, la devolvió aduciendo que solo podía ser admitida por el último de los citados delitos, ya que como la denunciada tenía la custodia de los menores, éste punible no se configuraba, por lo que, dice, tuvo que presentar la denuncia así, siendo asignada entonces a la Fiscalía 32 Seccional de dicha urbe, donde le sugirieron que mejor “arreglara por las buenas (…) porque no había ninguna entidad que pudiera obligarla a que cumpliera con las visitas”, situación que lo llevó a radicar un derecho de petición ante el I.C.B.F. y la Procuraduría General de la Nación, primera de ellas que citó a su excompañera e hijas para el 28 de agosto pasado, mientras que la segunda, asevera, “no [le] ha dado respuesta de nada”, razón por la que estima que su reclamo debe ser atendido a través del presente mecanismo excepcional de protección (fls. 25 - 30, Cit.).

Respuesta del accionado y los vinculados

a. El titular del Juzgado Veinte de Familia de Oralidad de Bogotá señaló, que “[d]e la revisión efectuada a cada uno de los hechos de la acción constitucional, se concluye que no existe reproche alguno frente a la actuación del suscrito, y se considera respetuosamente que la actuación del despacho se ajustó a criterios legales y jurisprudenciales así como a la realidad probatoria evidenciada en el curso del proceso” (fl. 48, ejusdem).

b. El Fiscal 28 Seccional adscrito a la Unidad de Administración Pública y Recta Administración de Justicia, se limitó a informar que la denuncia penal a la que se refiere el escrito de tutela, fue asignada a ese Despacho el 4 de septiembre hogaño; sin embargo, como es idéntica en los hechos a la que conoce la Fiscalía 32 Seccional, procedió a remitírsela a ésta para lo de su cargo (fl. 50, ídem).

c. La Fiscal 32 Seccional de la citada Unidad, solicitó denegar lo pretendido por el accionante frente a esa dependencia, en atención a que frente a la noticia punitiva que conoce con el radicado 11001600005020178375, la cual recibió el 2 de agosto pasado, “se dispuso elaborar el respectivo programa metodológico”, por lo que “est[á] a la espera de los resultados obtenidos a la orden de trabajo que se emitió con ocasión de precitado programa” (fls. 53 a 58, cdno. 1).

d. El Fiscal 374 Seccional adscrito a la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual y otras Garantías, indicó que inicialmente conoció de la acusación penal descrita por el tutelante; empero, una vez fue estudiada la misma, se determinó que el delito a investigar era el de fraude a resolución judicial, motivo por el cual envió la respectiva carpeta al Fiscal 28 Seccional de la Unidad de Administración Pública y Recta Administración de Justicia, a quien se le corrió traslado de la presente actuación constitucional (fl. 63, Cit.).

e. La vinculada Zulma Patricia Villalobos Moreno, luego de referirse de forma sucinta a cada uno de los hechos narrados por el actor en la demanda de amparo, se opuso al éxito de lo pretendido por éste, manifestando que está de acuerdo con que ambos sean valorados por “el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, grupo de psiquiatría y psicología forense, entidad imparcial y neutral para que evalúe a cada uno (…) y d[é] un concepto individual y grupal y las pautas a seguir” (fls. 66 a 68, ídem).

f. Las demás autoridades vinculadas, guardaron silencio.

La sentencia impugnada

El Juez constitucional de primera instancia, luego de hacer una reseña sobre los requisitos generales y específicos de procedencia del amparo contra providencias judiciales, y de memorar las actuaciones surtidas hacia el interior de los procesos verbales sumarios aquí cuestionados, desestimó la protección suplicada, como quiera que “no encuentra reparo alguno en el trámite adelantado hasta ahora ante los organismos demandados y la señora Zulma Patricia y en las decisiones tomadas, sobre las que se recalca, no pueden ser cuestionadas ante el juez de tutela mediante estudio de la presente demanda, pues como se dijo, según la ley, la cuestión tiene un juez natural a quien corresponde conocer y decidir el asunto” (fls. 85 - 93, cdno. 1).

La impugnación

El promotor del amparo se mostró inconforme con el anterior fallo, esgrimiendo, en esencia, que acude a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un daño irremediable, motivo por el cual deben ser atendidos sus argumentos (fls. 119 - 125, Cit.).

Consideraciones

1. Acerca de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en establecer los requisitos formales que deben acreditarse en el caso concreto como presupuesto para que pueda realizarse el análisis sustantivo acerca de la supuesta vulneración de las garantías superiores al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en tanto son actuaciones adelantadas por servidores públicos que ejercen la facultad jurisdiccional, y gozan del principio de la seguridad jurídica.

Así las cosas, se insiste en que el proceso judicial es el escenario natural por excelencia para garantizar los derechos fundamentales a las partes en contienda, pues cuenta con distintas instancias que permiten la corrección de la actividad jurisdiccional en los casos que las decisiones se aparten de la función esencial de administrar justicia; de ahí que conforme al principio de subsidiariedad que gobierna esta acción, solo es posible la intervención excepcional del juez de tutela cuando se hayan agotado al interior del proceso todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental insalvable.

2. Circunscrita la Corte a la impugnación formulada por el señor José Gabriel León Rodríguez, de entrada se anuncia que el fallo cuestionado habrá de ratificarse, como quiera que en lo que tiene que ver con el cumplimiento del régimen de visitas aprobado por el Juzgado Veinte de Familia de Oralidad de Bogotá mediante sentencia del 7 de septiembre de 2015, al interior del proceso verbal sumario de modificación de visitas que aquél promovió frente a su exesposa Zulma Patricia Villalobos Moreno (fls. 8 - 11, cdno. 1), el amparo suplicado desatiende el presupuesto de procedibilidad general de la subsidiariedad, toda vez que el reclamante dispone de otro medio de defensa idóneo y eficaz para defender el derecho que le asiste a tener contacto con sus menores hijas, si es que considera que no se le está respetando éste por parte de la progenitora, como lo es acudir directamente a la autoridad judicial que reguló aquellas, a fin de que, previo trámite incidental, adopte las medidas que, según su prudente criterio, sean necesarias para hacer cumplir lo acordado.

3. En efecto, la Sala en reciente oportunidad, donde se analizó un caso de similar situación fáctica al presente, advirtió sobre la necesidad de que el juez de familia asumiera un rol protector y vigilante de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, aun cuando en el ordenamiento existieran otro tipo de acciones y autoridades que, en el plano legal y no en la praxis, pudieran intervenir en la problemática objeto de análisis, dado precisamente el carácter prevalente de tales prerrogativas y el principio de corresponsabilidad que rige la materia(1), el cual obliga al Estado, particularmente, a tomar “acciones conducentes” tendientes a garantizar el ejercicio de dichas prebendas por parte de sus titulares; de ahí que, se concluyó, que el funcionario judicial no podía ignorar o abstenerse de atender las solicitudes que se le hicieran para hacer cumplir el régimen de visitas que previamente impuso a través de decisión judicial, pretextando la concurrencia de otras herramientas jurisdiccionales. Esto dijo la Corte, en su momento:

“3. Ciertamente, la autoridad convocada al decidir en la forma como lo hizo, en punto de las quejas del accionante y las medidas coercitivas requeridas, se limitó a señalar que “el proceso, actualmente se encuentra terminado y es susceptible en cualquier momento de revisión y en caso de incumplimiento a través de los interesado, deberán instaurar las denuncias y acciones penales pertinentes (incumplimiento a resolución jurídica)” (fl. 78 y 79, cdno. 1, Proceso Rad. 2013-00535); lo que de contera evidencia la incursión en causal de procedencia del resguardo, como quiera que de ninguna manera analizó las particulares del caso, la problemática suscitada respecto de los padres de la infante, el largo trasegar de uno y otro ante las instancias judiciales como administrativas, y, lo más importante, que se trataba no simple y llanamente de la queja respecto de la lesión de las prerrogativas alegadas por el señor Delgado Rey, sino del perjuicio directo a los derechos de la infante a tener una familia y a la presencia de la figura paterna en su vida y cotidianidad.

3.1. Ciertamente, frente a los derechos de los menores de edad, se torna necesario recordar, que aquellos se encuentran reconocidos por el artículo 44 del texto constitucional, como por tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, disposiciones en donde consagran que éstos son sujetos de especial protección y que por ende, sus prerrogativas deben ser objeto de protección por la familia, la sociedad y el Estado, a fin de “garantizar su desarrollo armónico e intelectual”.

Ha previsto el artículo 9º del Código de la Infancia y la Adolescencia que “en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos”. Además, en razón del interés superior del menor, todas las personas se encuentran obligadas a garantizar su “satisfacción integral y simultánea”.

3.2. Luego entonces, atendiendo los referidos lineamentos, si bien penalmente existen una serie de sanciones, tal y como lo expuso el juzgado aludido por el ejercicio arbitrario de la patria potestad, lo cierto es que estas penalidades se deben tener como un mecanismo alterno para hacer efectivos los derechos de los infantes, pues lo cierto que a más del mandato de citado en precedencia, la referida codificación estipula una corresponsabilidad de todas las autoridades en la garantía de las prorrogativas de los menores, de allí que era del caso tomar las medidas pertinentes con el acompañamiento de todas las entidades involucradas en la protección de aquéllos, para que de una manera integral(2) se cumpla o se modifique el régimen de visitas establecido en pretérita oportunidad, siendo necesaria entonces, la apertura de un incidente con el fin de verificar esa puntual temática” (STC11867-2016).

4. Criterio que no solo en esta ocasión se reitera, sino que se refuerza y profundiza por parte de la Sala, pues, indudablemente, aunque puedan coexistir otras acciones de índole sancionatorio(3), que no en todos los casos llegan a coaccionar al padre o madre incumplido, si en cuenta se tiene que, por un lado, muchas veces las peculiaridades de la situación no se logran enmarcar en los presupuestos para su adelanto, impulso o tramitación(4), y por otro, estas mismas circunstancias en algunas ocasiones pueden tornar inoperante la realización de las visitas(5), lo cierto es que, para la Corte, acudir directamente al juez de familia que las reglamentó, resulta ser el mecanismo más efectivo para hacer respetar o cumplir el régimen impuesto, cuando, claro está, no se controvierte éste(6), en la medida que, como se expuso, dicha autoridad tiene el deber constitucional y legal de proteger, antes que el derecho del progenitor a tener contacto con su hijo, la prerrogativa ius fundamental del menor a tener una familia y no ser separado de ella, en prevalencia de su interés superior, competencia que viene dada por la ley(7), la cual debe ser interpretada a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia en la materia y los principios que la orientan.

5. En este sentido, la Sala se aparta del raciocinio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-431 de 2016, donde de manera puntual dicha Corporación estableció que “el mecanismo idóneo para perseguir el cumplimiento del régimen de visitas (…) es el proceso ejecutivo, el cual puede adelantarse ante el mismo juez para ser tramitado dentro del mismo expediente del proceso verbal en los términos del artículo 306 del Código General del Proceso”, en armonía “con los artículos 422, 426 y 433 del Código General del Proceso, que en su orden regulan el título ejecutivo, la ejecución por obligación de hacer y el procedimiento a seguir cuando la obligación a ejecutar es de hacer” (Subraya de la Sala), por cuanto que para esta Colegiatura tal mecanismo no tiene la idoneidad y la eficacia para lograr dicho cometido, pues, por un lado, si bien la institución de las visitas puede ser equiparada a una obligación de hacer, esta, por las vicisitudes que ya dijimos pueden presentarse, difícilmente podría el juez de familia forzar su cumplimiento, pues, hasta en la hipótesis más simple, cual es la del deudor que se niega a ello, no habría la más mínima posibilidad de dar aplicación a lo previsto en el numeral 3º del artículo 433 del citado Estatuto Procesal, alusiva a que “[c]uando no se cumpla la obligación de hacer en el término fijado en el mandamiento ejecutivo y no se hubiere pedido en subsidio el pago de perjuicios, el demandante podrá solicitar, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de dicho término, que se autorice la ejecución del hecho por un tercero a expensas del deudor; así se ordenará siempre que la obligación sea susceptible de esa forma de ejecución. Con este fin el ejecutante celebrará contrato que someterá a la aprobación del juez”, en razón a que a más que al ejecutante no le interesa el pago de unos perjuicios sino tener contacto con su hijo, la sola idea de autorizar a un tercero resulta totalmente ilógica y descabellada, por lo perjudicial o inconveniente que puede resultar para el infante involucrado.

6. Así las cosas, se reitera, el competente para hacer cumplir el régimen de visitas impuesto a través de decisión judicial, es el juez de familia que la profirió, quien previo trámite incidental donde escuchara a las partes y decretará las pruebas que estime necesarias, adoptará las medidas que sean conducentes para su cumplimiento, según su sensato juicio(8), circunstancia que, como se dijo, torna improcedente el resguardo suplicado, ya que el tutelante no puede pretender a través de esta herramienta especialísima que se provea, así sea de manera transitoria, la solución de una cuestión que corresponde dirimir al juez natural, a través del mecanismo judicial, que se itera, aún no ha formulado, teniendo en cuenta que “la acción de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse solo cuando en el escenario natural del respectivo trámite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, únicamente es permitida la revisión del desarrollo procesal respecto de las garantías propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ningún momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constitución o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevaría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Política” (mencionada últimamente en STC3057-2017 y STC4590-2017).

7. No obstante lo relatado conviene recordar, dada la particular situación que se analiza, que la institución de las visitas tiene como objetivo primordial “el mayor acercamiento posible entre padre e hijo, de modo que su relación no sea desnaturalizada, y se eviten las decisiones que tiendan a cercenarlo (...) requiere de modo principalísimo que no se desnaturalice la relación con los padres (...) las visitas no deben ser perjudiciales para los menores, pero tampoco deben desarrollarse de manera de lesionar la dignidad de quien las pide”(9), por ello, entonces, “cada uno de los padres tiene derecho a mantener una relación estable y libre de condicionamientos frente a sus hijos; y tiene, además la facultad de desarrollar su relación afectiva como la considere pertinente, siempre y cuando no lesione los intereses prevalentes del menor”(10); de ahí que, su función es buscar el desarrollo integral y armónico de los hijos y, por ende, para efectos de lo anterior, quien tenga la custodia o tenencia del menor, debe prestar más colaboración para que exista ese acercamiento entre el otro progenitor y el hijo, más no aprovecharse de su situación de privilegio, pues de lo contrario, estaría vulnerando el derecho fundamental de su descendiente a no ser apartado de quienes conforman su familia, lo cual podría traerle consecuencias adversas(11).

Así mismo, es posible acotar, que este tipo de realidades merece ser regulada de la manera más completa, clara y precisa posible, dada las garantías superiores que se encuentran en juego y las consecuencias negativas que ellas pueden generar a la familia, que es el núcleo esencial de toda sociedad y, por ende, del Estado.

8. Finalmente cabe argüir, en lo que respecta a la queja enrostrada por el actor frente a la presunta desatención de las autoridades penales a las denuncias que formuló contra su exesposa Zulma Patricia Villalobos Moreno, por los delitos de ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad y fraude a resolución judicial, que el reclamo tampoco puede salir avante a través de esta vía, puesto que, tal y como lo informaron las fiscalías seccionales accionadas, las mismas estás cursando su trámite, al punto que se está a la espera del resultado de la orden de trabajo que se le impartió al funcionario investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I.), razón por la que realmente no existe la vulneración alegada, premisa que se comparte en lo que atañe al reproche atinente a la falta de resolución del juicio de alimentos que instauró recientemente(12), y a los derechos de petición que aquél elevó ante el Centro Zonal Cecilia Fuentes de Lleras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Procuraduría General de la Nación, dado que, por un lado, la reseñada actuación está surtiendo su curso, pues apenas fue admitida la demanda; y por el otro, el mentado instituto, tal y como lo indicó el mismo peticionario, ya citó a la señora Villalobos Moreno y a sus hijas para conocer sus apreciaciones sobre lo pretendido por éste, sumado a que la misiva radicada en el aludido ente de control no corresponde a un derecho de petición como tal, en la medida que con ella solo se está comunicando un cambio de radicación de la actuación penal atrás referenciada (fl. 19, cdno. 1); de ahí que la misma no amerita un pronunciamiento por parte de esa autoridad, como lo sugiere el aquí interesado.

9. Por tanto, y como delanteramente se anunció, se impone mantener incólume el fallo controvertido.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Al que se debe agregar, por supuesto, el de “exigibilidad de los derechos”, el cual para el Estado se traduce en “la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”.

2 Entiéndase acompañamiento médico, psicológico, familiar directo no solo de la menor, sino de los padres biológicos.

3 Demanda ejecutiva, denuncia penal (Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor – Fraude a resolución judicial) y querella administrativa (restablecimiento de derechos).

4 Por ejemplo, cuando la autoridad competente determina que la conducta denunciada no encuadra en el tipo penal que se imputa.

5 Piénsese en los casos donde se alegue como factores de desatención violencia intrafamiliar y abuso o actos sexuales abusivos frente a los menores por parte del progenitor (padre o madre) que tiene derecho a las visitas.

6 ya que, en caso contrario, lo que procede es su modificación o la definición de uno nuevo a través de otro proceso.

7 Ya la Guardiana de la Carta Política se había referido al respecto, en los siguientes términos: “Aclarado que no se trata de cuestionar la medida judicial sino su ejecución, la Sala comprende que la cláusula general de competencia otorgada a las autoridades de familia para resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de los derechos derivados de la patria potestad, puede cobijar aquellos que involucren la ejecución del régimen de visitas, permitiendo que los interesados acudan a solicitar el cumplimiento del mismo a través de requerimientos u otras medidas de protección” (C.C. T-115/14).

8 Esta postura además garantiza que no se judicialice aún más el enfrentamiento o disputa que pueda existir entre los padres, sino que aboga por que se dé una solución a la problemática que se presente, a través del funcionario que en pretérita oportunidad con su decisión garantizó las garantías superiores que le asisten al menor objeto de las visitas.

9 CSJ SC, 25 Oct. 1984, GJ CLXXVI.

10 C.C. T-500/93. Ver en el mismo sentido, T-012/12.

11 Hasta la pérdida de la patria potestad.

12 Más no de modificación de visitas, como lo indicó el actor en el escrito de tutela.