Sentencia STC17390-2017/2017-02689 de octubre 25 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2017-02689-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la acción de tutela que formularon Lucila Medina Martínez, Oscar Darío, Yineth y Yadira Farías Mayorga contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, trámite al que se ordenó vincular al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la misma ciudad.

I. Antecedentes

A. La pretensión

Los accionantes solicitan el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, los cuales estiman vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, quienes dentro del proceso de responsabilidad civil que promovieron, eximieron a la ¡aseguradora demandada del pago de perjuicios de orden moral, a pesar de que la cláusula que contemplaba la referida exclusión no se encontraba en la primera hoja de la p5liza, tal como se exigió en una providencia emitida por esta corporación.

Pretenden, en consecuencia, que por respeto al precedente vertical se deje sin efecto la sentencia que definió el asunto en segunda instancia, y en su lugar se ordene emitir una nueva en le. que se disponga que la aseguradora también debe responder por los perjuicios que sufrieron.

B. Los hechos

1. El 18 de diciembre de 2010 Favián Rodríguez Espitia, conductor del vehículo de placas CZT-237, se vio involucrado en un accidente de tránsito en el que Víctor María Farías perdió la vida.

2. La esposa e hijos de la víctima, hoy accionantes, presentaron demanda en contra del conductor y Seguros del Estado S.A. con el fin de que se les declarara civil y solidariamente responsables por la muerte de su familiar y se les condenara al pago de perjuicios materiales y morales que sufrieron.

La esposa del fallecido solicitó que se reconociera a su favor la suma de $ 2.000.000 de pesos por daño emergente y $ 118.916.424 por lucro cesante. Por perjuicios morales ella y sus hijos solicitaron el reconocimiento de $64'435.000 para cada uno.

3. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá.

4. Dentro de la oportunidad pertinente, Seguros del Estado S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones que denominó “configuración de la causal eximente de responsabilidad de culpa de la víctima; incumplimiento de los requisitos legales para la afectación de una póliza de responsabilidad civil; el perjuicio moral como riesgo no asumido por la póliza de seguros de automóviles N-37-48-101009862; límite de responsabilidad de la póliza de seguro de automóviles; inexistencia de obligación solidaria de seguiros del estado S.A. e inexistencia de la obligación”.

Aunque el demandado Favián Rodríguez Espitia fue notificado del auto admisorio de la demanda, no se opuso a las pretensiones ni intervino en el trámite judicial.

5. El 30 de marzo de la presente anualidad se dictó sentencia que declaró probadas parcialmente las excepciones de “límite de responsabilidad de la póliza de seguros de automóviles; el perjuicio moral como riesgo no asumido por la póliza de seguros de automóviles; e inexistencia de obligación y el perjuicio de daño en vida en relación como riesgo no asumido por la póliza de seguros de automóviles”, formuladas por Seguros del Estado S.A.

Además, declaró civilmente responsable a Favián Rodríguez por el fallecimiento de Víctor Farías, por lo que se le condenó a pagar a favor de la esposa del causante la suma de $ 103.509.392 por lucro cesante, $ 2.000.000 por daño emergente, 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por daño moral y un valor igual por daño a la vida en relación. A cada uno de los hijos demandantes se les reconoció 100 salarios mínimos mensuales por daños morales.

En esa decisión se especificó qué Seguros del Estado S.A. respondería de manera solidaria únicamente por las sumas reconocidas a Lucía Medina Martínez por perjuicios materiales.

6. La parte demandante formuló recurso de apelación para que se condene a la aseguradora al pago del perjuicio moral y del daño a la vida de relación, toda vez que “dicha exclusión no está fijada en la primera página o en la primera hoja de la póliza que fue aportada por la aseguradora a este juicio” conforme lo indicó esta Corte en sentencia del 29 de enero de 2015.

7. Mediante providencia del 17 de julio de 2017 el Tribunal confirmó la sentencia impugnada, luego de considerar que de conformidad con lo estipulado en el artículo 1127 del Código de Comercio, “el seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley”.

De igual modo, indicó que “este ramo de seguro es una variable de los seguros de daños, que de acuerdo con el artículo 1088 ibidem tienen respecto del asegurado la característica de ser “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento”, de modo que para abarcar determinados riesgos, como el lucro cesante, deberá ser objeto de un acuerdo expreso”.

“En síntesis prosiguió, el seguro de la responsabilidad civil, por definición legal, sólo impone al asegurador la obligación de indemnizar los “perjuicios patrimoniales”, razón por la cual los de naturaleza extrapatrimonial deben ser objeto de cobertura especial”.

Con relación a la invocación que hizo la parte demandante de los artículos 44 de la Ley 45 de 1990 y 184 del Decreto 663 de 1993, según los cuales los amparos básicos y exclusiones deben figurar en caracteres destacados en la primera página de la póliza, el juzgador de segundo grado estimó que lo que quieren decir esas disposiciones “es que las condiciones generales deben contener, de manera continua y con posterioridad a la primera página, amparos y exclusiones”.

En todo caso, indicó, el artículo 1127 del Código de Comercio expresa que el seguro de responsabilidad civil sólo cubre los perjuicios patrimoniales, por lo que “no resulta lógico entender que si el riesgo asumido es la muerte o lesión de una persona, en esa cobertura quede implícitamente comprendida la indemnización del daño moral o a la vida de relación, como amparo del daño inmaterial. Es decir, la no mención del perjuicio extrapatrimonial obedece a la propia disposición del legislador, que no a una exclusión acordada con el tomador, y el hecho de que en las condiciones generales se le haya traído con el nombre de “exclusión”, ello no quiere decir que haya mediado un acuerdo contractual para excluirlo propiamente. Más aún cuando, como en el presente caso, la compañía alegó, por vía de excepciones de mérito, que no fue un riesgo asumido cuando suscribió el contrato con el beneficiario y tomador, que se reitera, no fueron los aquí demandantes”.

De todo lo anterior concluyó que los perjuicios extrapatrimoniales quedaron por fuera del amparo, por lo que la aseguradora no tenía ninguna obligación respecto del pago de esos conceptos.

8. Los demandantes acuden al amparo constitucional por considerar que la referida decisión vulnera sus derechos fundamentales, pues de conformidad con precedentes de esta Corporación, los riesgos excluidos del contrato de seguros deben estar relacionados en la primera página de la póliza, lo que en su caso no ocurrió.

C. El trámite de la instancia

1. El 4 de octubre de 2017 se admitió la acción de tutela y se ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa.

2. El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá refirió que la inconformidad de los accionantes se contrae a cuestionar la validez de las exclusiones que contenía el contrato de seguros que suscribieron los demandados, discusión que fue zanjada razonablemente en el interior del litigio, sin que sea posible a través de la solicitud de amparo desvirtuar decisiones válidamente emitidas.

Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá remitió copia de la providencia que definió en asunto en segunda instancia.

Seguros del Estado S.A. se opuso a las pretensiones de la acción de tutela e indicó que esta no puede ser empleada como un recurso adicional, siendo claro que la controversia planteada por los accionantes quedó definida con la sentencia de segunda instancia, donde se estudiaron de manera razonada las inconformidades planteadas por la parte demandante.

Allegó copia de la póliza del contrato de seguros que cubría los riesgos generados por el vehículo de placas CZT-237 y las condiciones generales que hacen parte del mismo.

II. Consideraciones

1. La jurisprudencia de manera invariable ha señalado que, por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos están cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administración de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo trámite, con detrimento de las garantías reconocidas a las personas por la Constitución Política.

Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situación termina produciendo un fallo que vulnera derechos fundamentales.

2. Una vez analizado el contenido de la providencia objeto de reclamo, se observa la incursión del Tribunal en una vía de hecho, pues tanto la interpretación que hizo de las normas sustanciales que regulan el seguro de responsabilidad civil, como la valoración material del contenido de la póliza fueron manifiestamente irrazonables.

2.1. En efecto, frente a las previsiones de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio, el sentenciador consideró que esas disposiciones limitan el seguro de responsabilidad civil a los perjuicios patrimoniales, desconociendo que las distintas tipologías de perjuicios en la responsabilidad civil extracontractual no tienen el mismo significado en el contexto del seguro de daños, pues lo que para aquélla son dos conceptos distintos (daño emergente y lucro cesante), en éste corresponden a un mismo rubro (daño emergente). De igual modo, lo que para la responsabilidad civil extracontractual es un daño extrapatrimonial, para el seguro de daños es un perjuicio de orden pecuniario. En estricto sentido, una vez el demandado es declarado responsable, la condena a resarcir los perjuicios le representa una erogación que afecta su patrimonio, independientemente de la clasificación que cada daño reciba en el derecho de la responsabilidad civil.

Es cierto que el artículo 1127 del Código de Comercio definía en su redacción original el seguro de responsabilidad como aquél que “impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley”. [Se resalta]

También es verdad que esa disposición fue modificada por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990 (texto que corresponde al vigente), en el siguiente sentido: “El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado”.

De la comparación entre la redacción original de la norma y la introducida por la Ley 45 de 1990 se concluye que la razón de la reforma legal fue adicionarle que el propósito de este contrato es el resarcimiento de la víctima, quien pasó a ser beneficiaria de la indemnización y titular de un mecanismo directo para obtener el pago del seguro, dado que en su acepción primigenia el seguro de responsabilidad civil no era “un seguro a favor de terceros”, por lo que en tal virtud el damnificado carecía “de acción directa contra el asegurador” (art. 1133 anterior).

Bajo su concepción original, el único fin de ese convenio era indemnizar al asegurado por los eventuales costos que tuviera que pagar a terceros en razón de los perjuicios que les ocasionaran sus acciones u omisiones antijurídicas. Pero con la entrada en vigencia de la Ley 45 de 1990 esa situación cambió al ser el propósito principal de ese contrato el resarcimiento de la víctima. De ese modo, según el artículo 1133 vigente, los damnificados pasaron a tener acción directa contra el asegurador, sin que ello signifique que la función de mantener indemne al asegurado haya desaparecido.

Quiso la ley procurar la tutela eficaz de los derechos del damnificado, pero nada más; de ahí que no hay motivo para afirmar que desapareció la razón de ser de este tipo de aseguramiento, cual es la de servir como protección de la indemnidad patrimonial del asegurado, quien precisamente acude a dicha modalidad para precaverse de las erogaciones pecuniarias que deba hacer como consecuencia de la responsabilidad civil en la que incurra.

En esa línea de pensamiento, la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado de manera consistente, señalando que la modificación legal no alteró el objeto ni la finalidad propia del seguro de responsabilidad. Al respecto, sostuvo:

“Con la reforma introducida por la ley 45 de 1990, cuya ratio legis, como ab-initio se expuso, reside primordialmente en la defensa del interés de los damnificados con el hecho dañoso del asegurado, a la función primitivamente asignada al seguro de responsabilidad civil se aunó, delantera y directamente, la de resarcir a la víctima del hecho dañoso, objetivo por razón del cual se le instituyó como beneficiaria de la indemnización y en tal calidad, como titular del derecho que surge por la realización del riesgo asegurado, o sea que se radicó en el damnificado el crédito de indemnización que pesa sobre el asegurador, confiriéndole el derecho de reclamarle directamente la indemnización del daño sufrido como consecuencia de la culpa del asegurado, por ser el acreedor de la susodicha prestación, e imponiendo correlativamente al asegurador la obligación de abonársela, al concretarse el riesgo previsto en el contrato (...).

(...) El propósito que la nueva reglamentación le introdujo, desde luego, no es, per se, sucedáneo del anterior, sino complementario, “lato sensu”, porque el seguro referenciado, además de procurar la reparación del daño padecido por la víctima, concediéndole los beneficios derivados del contrato, igualmente protege, así sea refleja o indirectamente, la indemnidad patrimonial del asegurado responsable, en cuanto el asegurador asume el compromiso de indemnizar los daños provocados por éste, al incurrir en responsabilidad, dejando ilesa su integridad patrimonial, cuya preservación, en estrictez, es la que anima al eventual responsable a contratar voluntariamente un seguro de esta modalidad”(1).

Al mismo tiempo que el seguro de responsabilidad civil resguarda el pago de la indemnización a que tiene derecho el beneficiario, también protege la integridad del patrimonio del asegurado.

De modo que una interpretación de la regulación del seguro de responsabilidad civil que desconozca, suprima o aminore su función originaria en cuanto a la protección patrimonial del asegurado, desnaturalizaría el contenido esencial de dicho convenio y particularmente la función con la que fue concebido por la ley, en demérito de la confianza que el asegurado deposita en esa modalidad de aseguramiento.

Luego, como el propósito del legislador no fue otro que otorgarle a los damnificados acción directa contra el asegurador, es lógico que desde la perspectiva de las víctimas los daños que estas sufren son causados por el asegurado. Por consiguiente, para conservar la coherencia de la redacción del artículo 1127 del Código de Comercio, fue necesario cambiar la expresión que indicaba que el seguro de responsabilidad “impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado”, por la actual que establece que dicho contrato “impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado” con ocasión de esa responsabilidad.

Es ostensible que desde la perspectiva de los damnificados en el nivel de la responsabilidad civil, ellos son quienes sufren los daños y no quienes los causan. Más desde la óptica del contrato de seguro, los daños que causa el asegurado son los mismos que éste sufre en su patrimonio cuando queda obligado a pagar la indemnización.

De lo anterior se concluye que no es admisible interpretar el artículo 1127 del Código de Comercio como si prescribiera que el asegurador únicamente está obligado a indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufre la víctima como resultado de una condena de responsabilidad civil, sino que hay que seguir interpretándolo en su acepción original, esto es desde el nivel de sentido del contrato de seguro, según el cual el asegurador está obligado a mantener al asegurado indemne de los daños de cualquier tipo que causa al beneficiario del seguro, que son los mismos que el asegurado sufre en su patrimonio.

No está sujeto a discusión que el perjuicio que experimenta el responsable (asegurado) es siempre de carácter patrimonial, porque para él la condena económica a favor del damnificado se traduce en la obligación de pagar las cantidades que el juzgador haya dispuesto, y eso significa que su patrimonio se verá afectado por el cumplimiento de esa obligación, la cual traslada a la compañía aseguradora cuando previamente ha adquirido una póliza de responsabilidad civil.

En consecuencia, los daños a reparar (patrimoniales y extrapatrimoniales) constituyen un detrimento netamente patrimonial en la modalidad de daño emergente para la persona a la que les son jurídicamente atribuibles, esto es, para quien fue condenado a su pago.

El tribunal, por lo tanto, cometió un error manifiesto y trascendente al negar la condena en contra de la aseguradora llamada en garantía con fundamento en la interpretación que hizo de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio, según la cual la indemnización a su cargo no comprendía el daño moral ni el daño a la vida de relación inferido a los demandantes por ser de carácter extrapatrimonial. Al razonar de esa forma, desconoció que los perjuicios patrimoniales de que trata el 1127 son los que el asegurado causa al damnificado, es decir los mismos que aquél sufre en razón del pago de la indemnización a su cargo.

En consecuencia, al interpretar erróneamente tales disposiciones, aplicó indebidamente el artículo 1127 ibidem, incurriendo de ese modo en una violación del derecho fundamental al debido proceso que denunciaron los tutelantes.

2.2. Ahora bien, respecto de los artículos 44 de la Ley 45 de 1990 y 184 del decreto 663 de 1993, que indican clara e inequívocamente que los amparos básicos y las exclusiones deben figurar en caracteres destacados en la primera página de la póliza, el juzgador realizó una exótica interpretación, según la cual esas disposiciones sólo expresan “que las condiciones generales deben contener, de manera continua y con posterioridad a la primera página, amparos y exclusiones”, mas no que éstas deben consignarse en la primera página; lo anterior en contravía de lo explicado por la jurisprudencia de esta Corte en STC 514 del 29 de enero de 2015.

Según el artículo 27 del Código Civil, “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. Luego, como el artículo 44 de la Ley 45 de 1990 y el artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero son claros al exigir como requisito que “los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza”, cualquier otra interpretación que desconozca el tenor literal de esas disposiciones se erige en una arbitrariedad, tal como ocurrió con la particular exégesis del tribunal, según la cual el sentido de aquellas normas es “que las condiciones generales deben contener, de manera continua y con posterioridad a la primera página, amparos y exclusiones”, lo cual es tan absurdo y alejado de la finalidad de la ley que no merece mayores comentarios.

Al respecto, esta corporación en varias oportunidades ha aclarado que el marco legal que regula el tema de las exclusiones en las pólizas de seguro es de naturaleza pública y, por tanto, de obligatorio cumplimiento, lo que vicia de ineficacia las estipulaciones de los contratos de seguro que se celebren con desconocimiento de tales formalidades. En consecuencia, las exclusiones que contravengan los requerimientos legales, como su redacción en caracteres destacados en la primera página de la póliza, se tendrán en todos los casos como no escritas, tal como lo ha afirmado esta Corte en STC del 25 de julio de 2013 (Rad. 01591-01) y STC514 del 29 de enero de 2015 (Rad. 2015-00036-00).

La elaborada interpretación del tribunal, en suma, desconoció el imperio de la Ley y los lineamientos jurisprudenciales que esta Sede ha expresado en materia de cumplimiento de requisitos formales de las pólizas de seguros, lo que lo condujo a dar valor probatorio a unas exclusiones que no sólo no eran tales -como se indicó con anterioridad- sino que ni siquiera se demostró que hicieran parte del contrato de seguro, como enseguida pasa a explicarse.

2.3. Con relación a la valoración material del documento contentivo de las exclusiones, el juzgador de segunda instancia pasó por alto que en la primera página de la póliza se señaló que “hacen parte de la presente póliza las condiciones generales contenidas en la forma 10/06/2015-1329-P-02-EAU001A” [folio 71]. Sin embargo, la aseguradora mencionada allegó al proceso las cláusulas contenidas en un formato diferente, identificado con el número “26/03/2010-1329-P-02-EAU001A” [folio 72 y s.s.]; por lo que ni siquiera logró demostrarse la existencia material del documento que la aseguradora pretendió hacer valer como prueba de la exclusión que adujo como sustento de sus excepciones.

Al no haber prueba de las supuestas exclusiones en las que la aseguradora pretendió fundar la ausencia de su obligación contractual respecto al pago de los perjuicios sufrido por el asegurado con ocasión de su responsabilidad extracontractual, no existió ninguna razón para declarar la prosperidad de aquélla excepción, por lo que la limitación de su obligación al pago de los perjuicios patrimoniales que sufrieron las víctimas careció de todo sustento legal.

4. Por los motivos mencionados prospera la protección invocada, por lo que para proteger las prerrogativas constitucionales de la parte actora se dejará sin valor y efecto la decisión de 17 de julio de 2017 y, en su lugar, se ordenará al Tribunal accionado que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, emita nuevo fallo teniendo en cuenta lo ~esto en esta providencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el amparo invocado por los accionantes, en relación a la actuación surtida en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

2. DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la sentencia de 17 de julio de 2017, mediante la cual se confirmó la emitida en primer grado.

3. ORDENAR al Tribunal accionado que dentro de las 48 horas siguientes al recibo del expediente, emita nuevo fallo teniendo en cuenta lo expuesto en esta providencia.

4. Por secretaría remítase el expediente contentivo del proceso ordinario que los accionantes promovieron contra Favián Rodríguez y Seguros del Estado S.A. a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral anterior.

Comuníquese lo aquí resuelto a los interesados por el medio más expedito; y en caso de no ser impugnada esta providencia, remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión».

1 CSJ SC, 10 Feb. 2005, Rad. 7614; en igual sentido CSJ SC, 10 Feb. 2005, Rad. 7173 y CSJ SC, 14 Jul. 2009, Rad. 2000-00235-01.