Sentencia STC17976-2016/2016-02403 de diciembre 9 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC17976-2016

Radicación 11001-22-03-000-2016-02403-01

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá, D.C., nueve de diciembre de dos mil dieciséis.

Decídese la impugnación formulada frente a la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la tutela incoada por F.O.O. contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y la notaría XXX del círculo de Popayán.

1. Antecedentes.

1. El gestor suplica la protección de las prerrogativas fundamentales a la salud, vida, reconocimiento de la personalidad jurídica, buen nombre, identidad personal, familia y libre desarrollo de la personalidad, presuntamente vulneradas por las convocadas.

2. En sustento de su inconformidad aduce, en concreto, que en el año 2009, mientras ejercía el cargo de registrador del municipio de XXX, Cauca, fue secuestrado por el “frente XXX” de las FARC, quien lo coaccionó para “registrar y cedular a treinta y ocho (38) miembros de esa guerrilla”, suceso que luego informó a las autoridades, siendo, no solo reconocido por ese hecho como “víctima de la violencia”, sino “obligado” a trasladarse del lugar de trabajo para salvaguardar su vida y la de su familia.

Comenta que la Policía Nacional y el Ejército Nacional, entre otras entidades, le sugirieron cambiarse el nombre por “razones de seguridad”, lo cual realizó en la notaría XXX del círculo de Popayán el 27 de febrero de 2012, situación que le provocó consecuencias adversas, pues tiene, junto con su familia, “suspendido los servicios de salud”.

Por causa de lo anterior, el 17 de junio de 2016, acudió a la mencionada notaría a modificar “su nombre por el auténtico (sic)”, negándosele dicho trámite en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970, quien lo permite por “una oportunidad en la vida”.

Señala que formuló igual pedimento ante la registraduría querellada, rechazado por esta aduciendo razones idénticas a las esgrimidas por el “funcionario de la fe pública”.

3. Suplica, por tanto, permitirle recuperar su “verdadero nombre” (fls. 33 a 35, cdno. 1).

1.1. Respuesta de los accionados.

La Registraduría Nacional del Estado Civil se opuso al ruego tuitivo, manifestando que la legislación colombiana autoriza la “sustitución del nombre por una sola vez”, y como en el caso del reclamante

“ya se ha realizado un cambio de nombre mediante escritura XXX de 27 de febrero de 2012 (sic) (…) para realizar un segundo cambio de nombre es imperioso adelantar un proceso de jurisdicción voluntaria ante el juez civil municipal, para que con base en las pruebas que pretenda hacer valer se determine si es viable nuevamente realizar el cambio de su nombre en el registro civil de nacimiento de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 18 del Código General del Proceso” (fls. 74 a 82, cdno. 1).

La notaría XXX del círculo de Popayán guardó silencio.

1.2. La sentencia impugnada.

No accedió a la protección por ausencia de vulneración, teniendo en cuenta que el actor no puede cambiarse el nombre a su arbitrio después de haberlo hecho primigeniamente, conforme a lo dispuesto en los “artículos 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970 y 2º del Decreto 999 de 1988”.

Adicionalmente, sobre la prestación médica “supuestamente suspendida”, expuso:

“las pruebas obrantes en el expediente [dan cuenta] que la suspensión de dicho servicio no corresponde a discrepancias en su identificación, sino a que ‘su empleador Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra en mora por el no pago de los aportes en el 2016’, asunto que, igualmente, es susceptible de ser debatido en otro escenario (fls. 131 a 135, cdno. 1).

1.3. La impugnación.

La incoó el promotor realzando los argumentos del libelo genitor (fls. 115 a 118, cdno. 1).

2. Consideraciones

1. F.O.O. cuestiona a la Registraduría General de la Nación y a la notaría XXX del círculo de Popayán, porque no le permitieron recobrar su nombre original, el cual cambió en pretérita oportunidad para proteger su vida y la de su familia por amenazas de las FARC.

2. El artículo 1º de la Constitución Política sustenta la existencia del Estado, entre otros principios, en el reconocimiento a la dignidad humana, cuyo presupuesto esencial supone de un lado, que la persona sea tratada de acuerdo con su naturaleza; y de otro, la obligación de las autoridades públicas de garantizarle a ésta la libertad, la autonomía, la integridad física y moral, y nunca acometer acciones denigrantes a su honra e intimidad personal y familiar.

El artículo 16 superior señala que toda persona tiene derecho a desarrollar libremente su personalidad, siempre respetando los derechos de los demás y el orden jurídico. Dicho precepto, según la jurisprudencia constitucional implica “el reconocimiento del Estado de la facultad natural de toda persona de realizar autónomamente su proyecto vital, sin coacción, ni controles injustificados y sin más límites que los que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”(1).

Lo anterior traduce que la pretensión del constituyente de 1991 fue garantizar la defensa del fuero interno de las personas, con el fin de que cada individuo sea autónomo y sin la injerencia de otros, “para adoptar un proyecto de vida según sus valores, creencias, convicciones e intereses”(2), por ejemplo, contar con la posibilidad de cambiarse el nombre siguiendo, claro está, las reglas previstas por la ley para ello, las cuales autorizan hacerlo por una sola vez.

El nombre de una persona la distingue del contexto social que lo rodea; está conformado, por el nombre de pila, que la diferencia de los demás miembros de su familia, y los apellidos, que aproximan su parentesco.

Al respecto, la Carta Política prevé en su artículo 14 “el derecho de todas las personas al reconocimiento de su personalidad jurídica”(3), frente al cual la Corte Constitucional, en Sentencia C-109 de 1995, reseñó:

“La doctrina moderna considera que el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. Son los llamados atributos de la personalidad (...)”.

Así las cosas, la garantía al reconocimiento de la personalidad jurídica se infiere del derecho a tener un nombre y un apellido y a ser reconocido, de acuerdo a lo reglado por la ley, como sujeto de derechos y obligaciones.

De ese modo, el artículo 3º del Decreto-Ley 1260 de 1970, preceptúa:

“(...) Toda persona tiene derecho a su individualidad, y por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo.

“No se admitirán cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las circunstancias y con las formalidades señaladas en la ley.

“El juez, en caso de homonimia, podrá tomar las medidas que estime pertinentes para evitar confusiones (...)”.

Cambiarse el nombre es un derecho que puede ejercitarse “por una sola vez” según lo dispuesto en el canon 94 de la norma ejusdem, modificado por la regla 6ª del Decreto 999 de 1988, el cual dispone:

“(...) Elpropioinscritopodrádisponer,porunasolavez,medianteescriturapública,lamodificacióndelregistro,parasustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todoconelfindefijarsuidentidadpersonal.

“La mujer casada podrá proceder, por medio de escritura pública, adicionar o suprimir el apellido del marido precedido de la preposición de, en los casos en que ella lo hubiere adoptado o hubiere sido establecido por la ley.

Elinstrumentoaqueserefiereelpresenteartículodeberáinscribirseenelcorrespondienteregistrocivildelinteresado,paralocualseprocederáalaaperturadeunnuevofolio.Eloriginalyelsustitutollevaránnotasderecíprocareferencia (...)” (se resalta).

La citada regla ha sido excepcionalmente inaplicada por la Corte Constitucional, quien, en sede de revisión de tutela, ha intervenido para autorizar un segundo cambio, cuando la intención del actor de modificar su nombre nuevamente, se halla motivada por razones de “identidad de género y orientación sexual”, al punto que la limitante legal “implica para un ciudadano la imposibilidad definitiva de adecuar el nombre como rasgo de su proyecto de vida”(4).

3. Ahora bien, en materia de protección de los derechos de las víctimas de actos violentos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno colombiano, la doctrina constitucional ha concluido que la tutela es el mecanismo idóneo para protegerlos, particularmente cuando el hecho que origina la afectación guarda conexidad con situaciones acaecidas en vigencia de este. Sobre ello, destacó:

“(...) Desde esa perspectiva ha reconocido como hechos acaecidos en el marco del conflicto armado (i)losdesplazamientosintraurbanos;(5)(ii)elconfinamientodelapoblación;(6)(iii)laviolenciasexualcontralasmujeres;(7)(iv)laviolenciageneralizada;(8)(v)lasamenazasprovenientesdeactoresarmadosdesmovilizados;(9)(vi)lasaccioneslegítimasdelEstado;(10)(vi)lasactuacionesatípicasdelEstado;(11)(viii)loshechosatribuiblesabandascriminales;(12)(ix)loshechosatribuiblesagruposarmadosnoidentificados,(13)y(x)porgruposdeseguridadprivados,(14)entreotrosejemplos. Si bien algunos de estos hechos también pueden ocurrir sin relación alguna con el conflicto armado, para determinar quiénes son víctimas por hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno, la jurisprudencia ha señalado que es necesario examinar en cada caso concreto si existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado interno (...)” (negrillas de esta Corte).

4. Yendo al caso concreto, debe advertirse, que las autoridades querelladas actuaron en ejercicio de sus atribuciones funcionales y no podían estas, ante el estatuto del registro del estado civil de las personas, permitirle al actor cambiarse el nombre por segunda vez.

Sin embargo, la realidad probatoria revela de manera concluyente, que el tutelante fungía en el año 2009, como registrador del municipio de XXX, Cauca, condición que lo llevó a ser secuestrado por el “Frente XXX” de las FARC, quien lo conminó a “registrar y cedular” a treinta y ocho (38) de sus combatientes, suceso que luego informó a la Fiscalía General de la Nación (fls. 14 a 17, cdno.1).

Por haber denunciado su infortunio a la autoridad competente, fue amenazado de muerte por el citado grupo armado ilegal, situación que lo obligó a desplazarse junto con su familia a la ciudad de XXX, Putumayo, hecho destacado por la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas en la resolución XXX de 5 de octubre de 2015, por la cual se incluyó al actor en el Registro Único de Víctimas, así:

“(...) El señor D.E.R.D. (nombre original del gestor) declaró ser víctima de amenaza el día 19 de marzo de 2011 en el barrio XXX del municipio de XXX, Cauca, y por tal razón, forzado a desplazarse, junto con los miembros de su hogar, el día 20 de marzo de 2011, desde el mismo lugar, hacia el barrio XXX del municipio de XXX, Putumayo. Lo anterior, es descrito en la narración de los hechos: ‘la alcaldesa del municipio de XXX se había enterado por intermedio de un enfermero de allá de la vereda XXX que el (miembro de un grupo armado), habíadadolaordendedarmedebajaporlainformaciónsuministradayladenunciadadapormí.Ademásdeladetencióndelaseñora(miembrodeungrupoarmado)meenteréqueera(sic)manejabalasfinanzasdelgrupoypenséqueellaeraunaciudadanaigualmenteobligadacomoyo,luegomeenteréquela(miembrodeungrupoarmado)queríainvolucrarmecomoauxiliardelas(FARC),peroél(miembrodelasFARC)leindicóquenohicieranadaqueélresolvíaesasituación,esdecir,mandarmematar,dandolaordenel18demarzo (...). Me desplacé a la personería municipal, informé lo sucedido (sic), pues lo que menos quería era que me declararan (sic) en abandono del cargo (...), me comuniqué con una escuadra del [ejército] que estaba prestando una brigada de salud y nos brindaron apoyo (...). Salíconunamaleta,debídejartodo(sic),misenseres,laviviendapropia,elcarro’.Esimportantemencionarqueeldeclaranteresidióenellugardeexpulsióndurante5años (...)” (negrillas de esta Corte) (fls. 5 a 8, cdno.1).

Posteriormente, radicado en la ciudad de Popayán, continuó laborando para la Registraduría Nacional del Estado Civil, empero, para evitar ser descubierto por las FARC, por sugerencia de los organismos de seguridad, relató el actor que cambió su nombre por escritura pública XXX de 27 de febrero de 2012, otorgada en la notaría XXX del circuito de la referida capital (fl. 4, cdno. 1).

Ahora, pese a no existir plena certidumbre sobre la versión del interesado en punto a la necesidad de cambiarse el nombre por circunstancias del conflicto armado interno, en aplicación de los principios de interpretación favorable y buena fe, los cuales establecen “que toda duda sobre la existencia de los hechos victimizantes debe operar a favor de quien alega sufrirlos”(15), tal circunstancia deberá entenderse que ocurrió por el miedo de aquel de perder su vida y la de su familia por denunciar una conducta punible de la que fue víctima.

Frente a lo antelado, esta Corte encuentra que, no obstante, la existencia de mecanismos judiciales como el proceso de jurisdicción voluntaria(16) para la solución del presente problema jurídico, ante la inminencia de los perjuicios que al gestor le ocasiona mantener un nombre que riñe con su identidad, el cual cambió para ocultarse de la guerrilla de las FARC, debe inclinarse por la garantía de los derechos del peticionario, pues la conexidad entre el nombre y la “personalidad jurídica, integridad personal, la familia y libre desarrollo de la personalidad”(17) es evidente en este caso.

Lo anterior constituye razón suficiente para inaplicar el artículo 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970 en lo relacionado con el cambio de nombre del tutelante por una sola vez, pues de lo contrario, al mantener el actual, que es producto de la coacción y de la violencia de la guerra interna colombiana, fijado en contra de su verdadera autonomía y del ejercicio de la libertad, significaría perpetuar la indefensión y el aniquilamiento de caros derechos personalísimos para una víctima directa de ese conflicto al no permitirle recuperar su identidad.

En consecuencia, el restablecimiento de su originario derecho, auténtico atributo de su personalidad, apenas emerge como elemental medida reparativa a la merma que sufrió su estado civil.

5. Por las razones anotadas, se infirmará el fallo examinado, y en su lugar se concederá el amparo, como la muestra del ejercicio por parte de esta Corte de un verdadero y concreto examen de constitucionalidad en una situación particular y como un acto de control de convencionalidad, siguiendo los principios del Pacto de San José, al cual se halla sometido el Estado colombiano(18).

Así las cosas, se ordenará a la notaría XXX del círculo de Popayán inaplicar el artículo 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970, conforme a la parte considerativa de esta providencia y con efectos exclusivamente circunscritos al presente caso, y proceder, previa solicitud del accionante y a su costo, a otorgar una nueva escritura pública de cambio de nombre, de F.O.O. por el de D.E.R.D., restableciendo el folio de registro civil correspondiente.

De igual forma se conminará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto de su respectivo delegado en Bogotá o a quien haga sus veces, que, si aún no lo ha realizado, dentro de los términos previstos al efecto, con base en el documento que emita la notaría XXX del círculo de Popayán en cumplimiento de esta decisión, expida la cédula de ciudadanía a D.E.R.D., con número de identificación XXX.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada, y en su lugar CONCEDER el resguardo a F.O.O.

En consecuencia, se ORDENA a la notaría XXX del círculo de Popayán inaplicar el artículo 94 del Decreto- Ley 1260 de 1970, conforme a la parte considerativa de esta providencia y con efectos exclusivamente circunscritos al presente caso, y proceder, previa solicitud del accionante y a su costo, a otorgar una nueva escritura pública de cambio de nombre, de F.O.O. por el de D.E.R.D., restableciendo el folio de registro civil correspondiente.

De igual forma se ORDENA a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto de su respectivo delegado en Bogotá o quien haga sus veces, que, si aún no lo ha realizado, dentro de los términos previstos al efecto, con base en el documento que emita la notaría XXX del círculo de Popayán en cumplimiento de esta decisión, expida la cédula de ciudadanía a D.E.R.D., con número de identificación XXX.

2. Comunicar telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Corte Constitucional, Sentencia T-1033 de 2008.

2 “(...) donde el individuo se encuentra a solas consigo mismo, que la persona decide el sentido de su vida y el significado que a ella quiere darle; eso es lo que llamamos el ser de cada persona (...)” (C. Const., Sent. T-611/2013).

3 “ART. 14.—Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

4 Corte Constitucional, las sentencias T-1033 de 2008, T-086 de 2014, T-611 de 2011 y T-077-2016.

5 Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 2003.

6 Corte Constitucional, Auto 93 de 2008 y T-402 de 2011.

7 Corte Constitucional, Auto 92 de 2008 y T-611 de 2007.

8 Corte Constitucional, Sentencia T-821 de 2007.

9 Corte Constitucional, Sentencia T-895 de 2007.

10 Corte Constitucional, sentencias T-630 y T-611 de 2007, y T-299 de 2009.

11 Corte Constitucional, Sentencia T-318 de 2011.

12 Corte Constitucional, Sentencia T-129 de 2012.

13 Corte Constitucional, sentencias T-265 de 2010 y T-188 de 2007.

14 Corte Constitucional, Sentencia T-076 de 2011.

15 “(...) En virtud de los principios de buena fe y favorabilidad se presenta una inversión en la carga de la prueba que atiende a las especiales circunstancias en las que suelen encontrarse las personas en situación de desplazamiento forzado interno; además, en vista de tales circunstancias, se ha entendido que las inconsistencias que presenten las declaraciones de las personas desplazadas no configuran una prueba suficiente de la falsedad de las mismas(...)” (se subraya) (C. Const., Sent. T-605/2008).

16 De acuerdo con el numeral 11 del artículo 577 del Código General del Proceso, la jurisdicción voluntaria tramita, entre otros, los siguientes asuntos: “(...) 11. La corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil o del nombre, o anotación del seudónimo en actas o folios de registro de aquel (...)”.

17 Cuaderno inicial de tutela contenido en los folios 33 a 35.

18 Colombia se constituyó como Estado Parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973, conforme a la Ley 16 de 1972.