Sentencia STC18085-2017/2017-00637 de noviembre 2 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 15001-22-13-000-2017-00637-01

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

(Aprobado en sesión de uno de noviembre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., dos de noviembre de dos mil diecisiete.

Decídese la impugnación interpuesta frente a la sentencia de 3 de octubre de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acción de tutela instaurada por Yesid Acosta Zuleta, contra el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de esa ciudad, con ocasión del juicio ejecutivo por alimentos instaurado por Luisa María Herrera Vivas, en representación de sus hijos Patricio Neftali y Gerardo Diego Acosta Herrera respecto del petente.

1. Antecedentes

1. El promotor exige la protección de las prerrogativas al debido proceso, salud, igualdad, defensa y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial accionada (fl. 1).

2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo lo siguiente:

2.1. Luisa María Herrera Vivas, en representación de sus menores descendientes Patricio Neftali y Gerardo Diego Acosta Herrera, impulsó trámite compulsivo por alimentos respecto del aquí gestor (fls. 3-7 cdno. del proceso).

2.2. En pronunciamiento del 23 de enero de los cursantes, el estrado convocado rechazó la demanda, por incluir conceptos no consagrados en el acta de fijación de la cuota alimentaria, allegada como título base del cobro (fl. 30 cdno. del proceso).

2.3. La ejecutante formuló recurso de reposición contra dicha providencia, alegando que según la expresión “demás necesidades de sus hijos”, contenida en el antelado documento, era permisible el adelantamiento del juicio coercitivo (fls. 31-32 cdno. del proceso).

2.4. Aceptada la tesis, el juzgador cuestionado revocó el auto del 23 de enero, y libró el mandamiento de pago deprecado (fls. 33-35 cdno. del proceso).

2.5. El aquí promotor recurrió ese proveído, aduciendo (i) que el instrumento contentivo de la obligación, por provenir de una Comisaría de Familia (fls. 29-31), debía supeditarse a lo establecido en la Ley 640 de 2001 (art. 32), en particular en lo referente a la transitoriedad de 30 días, requisito que en el asunto no se cumplía por datar, el mismo, de diciembre de 2014; y (ii) porque no se adjuntaron a la demanda pruebas algunas que permitieran constatar la existencia de los rubros por los cuales se emitió la orden de pago, elementos de convicción que, asevera, sólo ingresaron al plenario con bastante posterioridad al libramiento del recaudo, “en la antesala de las audiencias prescritas en los arts. 372 y 373” del C.G.P. (fls. 53-60 cdno. del proceso).

2.6. El primer pedimento, sostiene el interesado, fue rechazado por el juzgador criticado en decisión del 24 de mayo pasado (fls. 74-76 cdno. del proceso), en la cual adujo

“(…) respecto de la cuota fijada por el comisario en el acta base de esta ejecución, no le asiste razón al recurrente al indicar que tiene un carácter provisional, pues en la misma no quedó constancia que alguna de las partes haya solicitado dentro de los cinco días siguientes a su expedición, la revisión de la cuota ante el juez de familia, ni existe registro de que en esta instancia judicial se haya surtido dicho trámite, como lo dispone el artículo 111 de la Ley 1098 de 2016 (…)”.

Y el segundo, en providencia del 5 de julio de 2017(1), donde advirtió:

“(…) se observa en la cuota impuesta por la comisaría tercera que los conceptos alimentarios se ajustan a los preceptos del artículo 413 del Código Civil que explica cuáles son los alimentos congruos necesarios que se deben proteger a los menores de edad, independientemente de que en verdad se hayan realizado, pagado o causado, para lo que al demandado se le concedió un término legal para contestar la demanda ejecutiva y atacar por vía de excepción, de ser el caso, las sumas y conceptos cobrados por la señora Luisa María Herrera Vivas para entrar el despacho a resolver en la etapa procesal correspondiente conforme a los artículos 442 y 443 del Código General del Proceso, pues en caso de no estar demostrados gastos como recreación, vestuario o de prima comunión, entre otros, es claro que no se podrá seguir adelante su ejecución”.

3. El gestor, con estribo en lo aducido en el recurso de reposición propuesto contra el mandamiento de pago, insiste en su ilegalidad; y solicita, se extrae del libelo constitucional, su revocatoria parcial.

1.1. Respuesta del accionado.

El juzgador accionado se limitó a remitir copias de las diligencias.

1.2. La sentencia impugnada.

Denegó la salvaguarda deprecada; en relación con los argumentos enarbolados por el actor, sostuvo:

“El devenir procesal, brevemente reseñado permite plantear, que el debido proceso (…) se estima atendido por el juzgado cuestionado en la medida que este, de manera razonada y atendible, resolvió los recursos interpuestos por el ejecutado en dicho proceso y de manera clara le explica las razones por las cuales no aplicaba el artículo 32 de la Ley 640 de 2001), sino por el contrario daba prevalencia al artículo 111 del Código de la Infancia y Adolescencia, en consideraciones que se aprecian atendibles” (fl. 50).

No debía perderse de vista, adicionó el tribunal,

“(…) que es cierto que el señor Yesid Acosta, después de que se profiriera el “auto” por parte de la Comisaría por medio del cual se impuso la cuota provisional alimentaria, no fue atacado ni se planteó oposición alguna, ni mucho menos que (sic) se remitiera el informe de fijación provisional al juez, dentro de los cinco días siguientes a su expedición, conforme lo indica dicha norma” (fl. 50).

Dedujo la aplicabilidad del Código de la Infancia y de la Adolescencia, por cuanto, además de las razones ya expresadas,

“(…) se trata de una Ley posterior a la 640 de 2001 cuyo artículo 32 se duele el actor que no fuera aplicado, que de acuerdo con reglas generales sobre validez y aplicación de leyes, siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurrencia oposición (sic) entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecerse el tránsito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, la ley posterior prevalece sobre la anterior” (fl. 50).

Desechó la interpretación que esta corporación ha realizado respecto de las reglas 32 de la Ley 640 de 2001 y 111 de la 1098 de 2006, por cuanto

“(…) los precedentes que aduce el actor, que corresponden a fallos de tutela, proferidos por la Corte Suprema de Justicia, en casos que guardan similitud con el que nos ocupa, no son de imperativo acatamiento, primero por cuanto se trata de sentencias de tutela que tienen efecto entre las partes y no se trata de sentencias de unificación o de revisión; y de otra, porque como se ha expresado el Juez Segundo de Familia estaba habilitado para proferir el mandamiento de pago ante el silencio y falta de actuación alguna de parte del señor Acosta, frente a la decisión de la Comisaría de Familia, frente a la que tuvo 5 días una vez pronunciada para efectos de discutirla ante el juez de familia y conjuntamente porque el Código de Infancia y Adolescencia, resulta desde una óptica acorde a los postulados superiores de la Carta Política y los Tratados Internacionales ratificados por Colombia y que ingresan al Bloque de Constitucionalidad (…)” (fls. 50-51).

Finalmente, destacó la posibilidad en cabeza del actor de presentar el material probatorio suficiente y ejercer su defensa con miras a que se determine con posterioridad, en un proceso de regulación de cuota alimentaria, la fijación de la suma que estime no ser lesiva de sus intereses (fl. 51).

1.3. La impugnación.

La formuló el promotor, quien con los mismos argumentos esgrimidos en el libelo inaugural insistió en la ilicitud del apremio proferido en el asunto de marras (fls. 58-73).

2. Consideraciones.

1. El resguardo se concreta en elucidar si se menoscabaron las garantías superiores de Yesid Acosta Zuleta con el mandamiento de pago proferido en el decurso por alimentos, criticado, teniendo en cuenta que, según sostiene, (i) el acta de conciliación elevada ante la Comisaría de Familia no fue homologada por funcionario judicial alguno, como lo establece el artículo 32 de la Ley 640 de 2001; y (ii) porque no se adjuntaron a la demanda introductoria soportes de varias de las sumas cobradas.

2. Pronto se advierte el fracaso del primer motivo de reproche, por cuanto se fundamenta en una hermenéutica desactualizada de la normativa vigente.

2.1. Esta Corte, en fallo adiado el 31 de agosto de 2016, recogiendo doctrina anterior, tuvo ocasión de puntualizar cómo las actas de conciliación, donde se fijen cuotas alimentarias, suscritas ante las Comisarías de Familia, conservan su validez, no obstante, la superación de los 30 días contemplados en el artículo 32 de la Ley 640 de 2001, cuando no se controvierta su contenido en la forma prevista en el ordenamiento.

En esa oportunidad, en efecto, esta corporación razonó, in extenso, lo siguiente:

“Con todo, surge imprescindible señalar que esta Sala debe recoger la postura inserta en la decisión aducida por el censor, pues resulta inviable imponer la “refrendación” contenida en el artículo 32 de la Ley 640 de 2001 a las cuotas provisionales fijadas por los funcionarios administrativos.

Lo anotado porque las normas especiales del juicio de alimentos (arts. 136 y ss. del C.M., aún vigentes conforme al artículo 627 del C.G.P., y art. 111 del C.I.A.) prescriben, como antes se anunció, el mérito ejecutivo de la prestación provisional y la remisión del asunto a las autoridades judiciales sólo en caso de oposición”(2).

2.2. Los argumentos anteriores son suficientes para desestimar esta parte de la acusación.

3. En relación con el segundo punto de la censura, examinada la queja y las pruebas adosadas, se concluye la procedencia del amparo deprecado, por patentizarse en el proceder del funcionario acusado la vía de hecho endilgada por el peticionario, al dictar orden de apremio con fundamento en un título a todas luces inepto para servir de soporte a una ejecución por varios de los rubros suplicados en el libelo inicial.

4. El acta de fijación de cuota alimentaria (fls. 54-56 cdno. del proceso), allegada como base del recaudo, es del siguiente tenor:

“En Tunja, a los quince días del mes de diciembre del año 2014 la suscrita Comisaría de Familia declara fracasada la etapa de conciliación entre alimentos (sic) por no existir ánimo conciliatorio. La suscrita comisaria de familia con fundamento en el artículo 86 y 111 de la Ley 1098 de 2006 fija cuota alimentaria provisional de ochocientos mil pesos mensuales para los niños arriba mencionado, dineros que debe entregar o consignar a la presentante legal de sus hijo (sic) la señora Luisa María Herrera Vivas asimismo debe aportar dos mudas completas de ropa al año de un costo cada muda de doscientos cincuenta mil pesos cada muda para cada hijo. Esta cuota la debe entregar el señor Yesid Acosta Zuleta a la representante legal de sus hijos Luisa María Herrera Vivas dentro de los cinco primeros días de cada mes. Se entera a las partes que la cuota alimentaria se incrementa anualmente el porcentaje que ordena el gobierno nacional (sic) y del salario mínimo legal vigente. Les corresponde a ambos padres en forma solidaria responder por la manutención de sus dos hijos, todo lo relacionado a alimentos, educación, salud, vivienda, vestido y demás necesidades de sus hijos. El progenitor continuará con las obligaciones que ha venido aportando hasta que el juez de familia decida” (resaltos fuera del texto original).

4.1. La Sala, en pretéritas oportunidades, ha admitido la validez de cláusulas como la resaltada para fundar ejecuciones por alimentos, dados los intereses superiores del menor que en esas tramitaciones se busca proteger.

Así, en la STC11406, del 27 de agosto de 2015(3), se razonó, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional(4), lo siguiente:

“Ahora bien, frente a los gastos educativos deprecados en la demanda ejecutiva, cabe señalar que, en virtud al interés superior de la menor y la garantía de que sus derechos alimentarios sean amparados en debida forma, el examen de los requisitos del título ejecutivo comprende no sólo aquél documento que sirve de génesis a las prestaciones, sino también los demás elementos de juicio que lo apoyan para deducir la presencia de un título complejo y que de ambos aflore una deuda clara, expresa y exigible”.

Por lo tanto, el acusado deberá tener presente el criterio sentado por la Corte Constitucional frente a un asunto semejante, cuando expuso que

(…) una providencia judicial en la que conste una obligación alimentaria, como lo es el auto que aprueba una liquidación, presta mérito ejecutivo y puede ser demandada por esta vía, aun en el caso de obligaciones fijadas en abstracto, que para ser liquidadas requieran documentos complementarios que junto con la providencia judicial integren un título ejecutivo complejo (…). En efecto, resulta usual que dentro de los procesos adelantados para demandar el cumplimiento de la obligación alimentaria, ésta sea fijada en forma indeterminada pero determinable, acudiendo a fórmulas como la utilizada en el caso que ocupa la atención de la Sala, en donde el padre responsable resulta gravado con la obligación de cubrir los gastos de educación de su hijo menor, o los gastos de salud, o similares. El cobro ejecutivo de las obligaciones así fijadas, exige la integración de un título ejecutivo complejo, compuesto por la providencia judicial respectiva, sea la sentencia o el auto que aprueba la conciliación, y los recibos de pago que demuestran que dichos gastos se han efectivamente causado y la cuantía de los mismos. Esta circunstancia no impide el cobro ejecutivo respectivo, pues hoy es comúnmente admitido que la unidad del título complejo no consiste en que la obligación clara, expresa y exigible conste en un único documento, sino que se acepta que dicho título puede estar constituido por varios que en conjunto demuestren la existencia de una obligación que se reviste de esas características. Así pues, la unidad del referido título es jurídica, mas no física” (resaltos para destacar).

4.2. También se colige, del precedente transcrito, que en estos casos, al configurarse la existencia de un título de carácter complejo, será imprescindible aportar con la demanda, la totalidad de los documentos que lo componen, de cuyo conjunto, no sobra insistir, se desprenda una obligación clara, expresa y exigible, en las voces del artículo 422 del Código General del Proceso, citado.

5. Siendo el título ejecutivo presupuesto de cualquier acción de esta naturaleza(5), se explica el porqué, al momento de impetrarse el libelo, deba éste reunir la totalidad de los requisitos que la ley, para su eficacia y validez, prevé.

Esa y no otra es la conclusión que emerge del contenido del artículo 430 del Código General del Proceso, a cuyo tenor

“Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida (…)”.

Lo anteriormente razonado es confirmado por Alsina, quien anota:

“De la autonomía de la acción ejecutiva resulta que el título ejecutivo es suficiente por sí mismo para autorizar el procedimiento de ejecución. Nada debe investigar el juez que no conste en el título mismo. Pero por esa razón, y como consecuencia lógica, es necesario que el título sea bastante por sí mismo, es decir, que debe reunir todos los elementos para actuar como título ejecutivo”(6).

6. Aplicadas las anteriores nociones al sublite, pronto se avizora, como quedó dicho, la existencia de la vía de hecho endilgada al juzgador accionado.

6.1. A la demanda, incontrovertible es, no se adjuntaron los diferentes recibos soporte de los gastos por los cuales la demandante solicitó, en el libelo inaugural, el libramiento del mandamiento de pago. Éstos sólo ingresaron al plenario en el término del traslado de las excepciones propuestas por el ejecutado (Cfr. fls. 142 y ss. del cdno. del proceso).

6.2. La anotada circunstancia, a juicio de la Corte, es visiblemente conculcatoria de las prerrogativas superiores del promotor.

La vulneración, en ese sentido, no deviene sólo de la ausencia desde un inicio del título ejecutivo complejo que permita el cobro de las sumas correspondientes a costos de educación, salud y similares que, cual se advirtió, se erige en condición necesaria para el ejercicio mismo de la acción, sino que también cercena sus derechos a la defensa y contradicción pues, como se desprende de los cánones 442(7) y 443(8) del Estatuto Procesal, éste no cuenta con oportunidad adicional para controvertir los medios de convicción introducidos o los hechos alegados en el aludido estadio procesal.

Nótese, no sobra destacarlo, que en trámites como el presente, vencido el traslado de las defensas esgrimidas por el ejecutado, el juez citará a la audiencia de que trata el artículo 392 del Código General del Proceso (art. 443 núm. 2 C.G.P.), en la cual, entre otras actuaciones, fijará el litigio, decretará y practicará las pruebas pedidas por las partes y las que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos que, precisamente, han quedado ya expuestos en el decurso previo y, finalmente, dictará sentencia (arts. 372 y 373, ibídem).

Fue ello, precisamente, cuanto ocurrió en el asunto litigado, pues el estrado criticado, en auto de 23 de agosto pasado (fl. 267 cdno. del proceso), convocó para la ya mencionada diligencia, advirtiendo, allí mismo, que en ella se proferiría el fallo correspondiente.

7. Si bien esta corporación ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la exégesis del ordenamiento jurídico y la valoración de los elementos demostrativos(9), motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos en los cuales la autoridad profiere una decisión ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo o de la jurisprudencia, como la aquí atacada, es factible la intervención de esta particular jurisdicción, por cuanto, se afecta rectamente el debido proceso y el principio de identidad en la construcción del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa.

Asimismo, deviene fértil abrir paso a la protección impulsada por virtud del examen legal y constitucional que atañe en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969(10) (art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso.

8. En razón de lo aquí trasuntado, se revocará el fallo impugnado para, en su lugar, conceder el amparo deprecado.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para, en su lugar, CONCEDER el amparo solicitado.

2. ORDENAR al juzgador accionado que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, revoque el mandamiento de pago deprecado y todas las actuaciones consecuenciales y, en su lugar, dicte uno nuevo teniendo en cuenta los documentos allegados al momento de la presentación de la demanda y con el memorial contentivo del recurso de reposición formulado contra el auto del 23 de enero de 2017, que conformen el título ejecutivo complejo referente a las obligaciones abstractas contenidas en el acta de fijación de cuota alimentaria.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Emitida con ocasión de una solicitud de adición frente al auto de 24 de mayo de 2017, elevada por el demandado (fls. 77-78, cdno. del proceso).

2 CSJ. SC. Sentencia de 31 de agosto de 2016, exp. 2016-00162-01; en el mismo sentido: CSJ. STC12777. Reiterada en la STC1239 de 2017, proferida el 1 de febrero de 2017

3 En igual sentido: CSJ. STC. Sentencia del 2 de febrero de 2014, exp. 00181-02.

4 En particular: Sentencia T-979 de 1999.

5 COUTURE, Eduardo, J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 1958. Pág. 447.

6 ALSINA, Hugo. Juicios Ejecutivos y de Apremio, Medidas Precautorias y Tercerías. Tomo II. Pág. 590. 2002.

7 “La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas: 1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas” (art. 442 núm. 1 C.G.P.).

8 “El trámite de excepciones se sujetará a las siguientes reglas: 1. De las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado se correrá traslado al ejecutante por diez (10) días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, y adjunte o pida las pruebas que pretende hacer valer. 2. Surtido el traslado de las excepciones el juez citará a la audiencia prevista en el artículo 392, cuando se trate de procesos ejecutivos de mínima cuantía, o para audiencia inicial y, de ser necesario, para la de instrucción y juzgamiento, como lo disponen los artículos 372 y 373, cuando se trate de procesos ejecutivos de menor y mayor cuantía.
“Cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en la audiencia inicial, el juez de oficio o a petición de parte, decretará las pruebas en el auto que fija fecha y hora para ella, con el fin de agotar también el objeto de la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373. En este evento, en esa única audiencia se proferirá la sentencia, de conformidad con las reglas previstas en el numeral 5 del referido artículo 373” (art. 443 C.G.P.).

9 CSJ. STC de19 jun. 2013, rad. 2013-00182-01.

10 Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.