Sentencia STC18651-2017/2017-02724 de noviembre 9 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC18651-2017

Radicación 11001-02-03-000-2017-02724-00

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

En virtud que en sección de 25 de octubre de 2017 la ponencia del magistrado Luis Armando Tolosa Villabona fue derrotada el proyecto pasa al despacho de la suscrita para decidir la tutela instaurada por Edinson David González Martín frente a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.

Antecedentes

1. El gestor, a través de apoderado, reclama la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y “defensa”, presuntamente vulnerados por la autoridad encartada dentro del juicio reivindicatorio que la sociedad CI Las Amalias S.A. en Liquidación le inició a su padre Luis Alberto González Delgado (q.e.p.d.).

2. Arguye, como sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:

2.1. Que admitido el libelo reivindicatorio el demandado se notificó el 2 de mayo de 2016 y otorgó poder “al doctor Víctor Augusto Puello Restrepo, con tarjeta profesional 40.843 del Consejo Superior de la Judicatura, para que diera contestación a la demanda y lo representara”, empero el abogado “el día 8 de marzo de 2016 y hasta el 7 de agosto de 2016 ... se encontraba suspendido por el Consejo Superior de la Judicatura, según sentencia de fecha diciembre 2 de 2015”.

2.2. Releva que el “19 de octubre de 2016, el demandado Luis Alberto González Delgado (q.e.p.d.) otorga poder al apoderado Armando Sepúlveda Acevedo y revoca poder al doctor Puello Restrepo”, entretanto el despacho cognoscente en proveído de 17 de noviembre pasado “da por revocada la representación que realizaba el Dr. Puello Restrepo y se reconoce nuevo mandato...”.

2.3. En el sub judice se declaró fracasada la etapa de conciliación en los términos estipulados en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, y el a quo no encontró nulidades para declarar, pero el nuevo abogado del extremo pasivo “recurre en reposición y en subsidio el de apelación, ya que considera se encuentra configurada la causal de nulidad, estipulada en el numeral 7º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil”.

2.4. La aludida célula judicial rechazó de plano la “nulidad” alegada “por considerar que el demandado (hijo) era carente de legitimidad para proponer la nulidad...”, inconforme interpuso recurso de apelación.

2.5. El 11 de julio del año que avanza el tribunal recriminado confirmó la determinación del a quo al encontrar que la irregularidad expuesta había sido saneada.

3. Solicita, conforme a lo relatado, se “revocar la decisión de fecha 11 de julio de 2017...” (fls. 39-47, cdno. 1).

La respuesta de los accionados y vinculados

El ad quem encartado, señaló que “la alzada fue decidida mediante proveído del once de julio de 2017, confirmando la decisión, en tanto, la irregularidad había sido saneada al otorgarle nuevo poder a un abogado quien actuó sin proponerla - artículos 143 y 144 del Código de Procedimiento Civil” (fl. 60).

La sociedad CI Las Amalias S.A. en Liquidación, a través de apoderado, manifestó que “tal y como acertadamente lo señaló el tribunal accionado en decisión de 11 de julio de 2017, con posterioridad a la configuración de la nulidad invocada, el apoderado Amado Sepúlveda realizó actuaciones tendientes entre otros al reconocimiento de su estatus de abogado en octubre de 2016”.

Y, añadió que “en consecuencia la parte accionante interpuesto incluso recursos que obedecían a peticiones planteadas por el apoderado Puello Restrepo, con posterioridad a que ya hubiese solicitado reconocimiento de personería al abogado Amado Sepúlveda. Siendo así, no solo está validando el actuar de su antecesor, sino que adicionalmente se encontraría saneando una eventual nulidad como la que quiso alegar varios meses después en audiencia del artículo 101...” (fls. 66-70).

Consideraciones

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es el medio idóneo para censurar decisiones de índole judicial; solo puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación “con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure “vía de hecho”...”, y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que “no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo” (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).

El concepto de “vía de hecho” fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de “Estado social de derecho” y lo contemplado en el artículo 4º de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepción la posibilidad de proteger esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: “a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela” y, 2. Especiales: “a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución” (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).

2. Observada la censura planteada resulta evidente que el reclamante, al estimar que se actuó con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en defecto material, procedimental y fáctico, enfila su inconformismo, en últimas, contra el tribunal censurado por confirmar la determinación del a quo de rechazar de plano la nulidad alegada.

3. Del examen de las pruebas y, en lo concerniente con la queja, se desprende lo siguiente:

3.1. Auto admisorio de la acción reivindicatoria promovida por CI Las Amalias S.A. en Liquidación, contra Luis Alberto González Delgado (fl. 23).

3.2. Notificación personal del extremo activo (02-05-16), poder que le otorga al profesional Víctor Augusto Puello Restrepo (31-05-16) y contestación al libelo radicada por el citado abogado el 31 de mayo de 2016 (fls. 24-28).

3.3. El demandado revocó el poder a Puello Restrepo y confirió nuevamente el de Amado Sepúlveda, lo cual fue aceptado por el juzgado cognoscente en auto de 17 de noviembre de 2016 y allí se fijó fecha para la audiencia de que trata el artículo 101 CPC (fl. 35, núm. 1).

3.5. Acta de audiencia de conciliación de fecha 16 de marzo de 2017 en la que se lee: el reconocimiento de Edilson David González Martín (aquí accionante) como hijo y sucesor procesal del demandado fallecido; se reconoció personería a Amado Sepúlveda Acevedo como apoderado de González Martín; se declaró fracasada la “etapa de conciliación” y luego de ello el citado abogado alegó nulidad por “indebida representación”, pero le fue rechazada de plano (fls. 31-34).

3.6. El ad quem acusado al desatar la alzada confirmó la decisión de primer grado (fls. 35-38).

3.7. Certificado de antecedentes disciplinarios del señor Víctor Augusto Puello Restrepo (fl. 29).

4. En cuanto concierne con el rebate planteado en punto del pronunciamiento ratificatorio anotado en el numeral inmediatamente anterior, adoptado por el colegiado recriminado, ha de señalarse que contrario sensu a lo manifestado por el disconforme, el mismo no alberga anomalía que imponga, prima facie, la perentoria salvaguardia deprecada respecto de la vía procesal exigida para obtener la anulación de la providencia que le fue desfavorable.

Lo apuntado en vista que el tribunal, sobre el particular, esto es, en resumen de la decisión sostuvo, de una parte, que “la nulidad reclamada se estructura, conforme al numeral 7º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil cuando: “... es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales solo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso”.

En el sub lite, se aduce que el poder otorgado por el demandado al primer apoderado no fue por él firmado, que nunca lo suscribió, pero lo cierto es que, como se dejó expuesto en el antecedente, las copias aportadas, a folio 88 anverso, obra sello de presentación personal diligenciado por el demandado, lo que permite afirmar que el mandato se otorgó en debida forma y que el demandado si fue representado por aquel abogado.

Y, de otra, que “es que aquel apoderado inicial del demandado no podía representarlo porque estaba suspendido en el ejercicio de la profesión y su actuar, contrariando la sanción, sería causal de nulidad del proceso por indebida representación.

No obstante haberse allegado al proceso los antecedentes disciplinarios del apoderado, abogado Víctor Augusto Puello Restrepo, y que de ellos se desprenda que estuvo este suspendido en el ejercicio de la profesión por el periodo comprendido entre marzo 8 de 2016 y agosto 7 de 2016; lapso de tiempo dentro del cual llevó la representación del acá demandado, recibiendo su mandato y contestado la demanda, lo cierto es, que no habría lugar a declarar la nulidad invocada.

Pues aunque el ejercicio del derecho de postulación es necesario para acudir, por regla general, al proceso judicial y este debe recaer en abogado titulado que haya obtenido la tarjeta profesional que así lo acredite; y que en el tiempo en que sea aquel suspendido como sanción disciplinaria no podría ejercer mandato alguno, por así prohibirlo el artículo 29 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007.

Lo cierto es que el error cometido por el demandado de dar poder a quien no podría representarlo, por tener suspendido su autorización para el ejercicio de la abogacía, se entiende subsanado porque aquel, afectado con la irregularidad, otorgó nuevo mandato al apoderado que acá reclama la configuración del vicio y este, en su nombre, actuó en el proceso, con posterioridad a la configuración de la nulidad que acá invoca y no pidió entonces su declaratoria, configurando con su proceder el saneamiento del vicio procesal”.

Precisó, que “en efecto, a folio 94 del Código Civil obra el poder que el día 19 de octubre le otorgó el acá demandado al apoderado peticionario de la nulidad, y a folio 93 de la misma encuadernación, el escrito presentado al juzgado por el mismo apoderado, en octubre 28 de 2016, pidiendo el reconocimiento de personería para actuar”.

Y, finalmente anotó que “la solicitud de nulidad que este eleva en la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, adelantada el día 16 de marzo de 2017, debía ser rechazada de plano, pues según lo impone el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, el juez rechazará de plano la nulidad que se proponga después de saneada; y conforme lo dispone el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, la nulidad se considera saneada “3. Cuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada, actúa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente”.

Al abrigo de dichos argumentos y otros de similar perfil adoptó la providencia objeto de censura.

4.1. En efecto, el tribunal enjuiciado luego de contrastar la situación fáctica del asunto de marras con la normatividad aplicable a aquella (CPC), concluyó que la decisión impugnada debía ser confirmada, al advertir que de haberse consolidado la nulidad por indebida representación alegada por el abogado del extremo pasivo (sucesor procesal), la misma quedó saneada en los términos de que trata el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 144 inciso 3º “lanulidadseconsiderarásaneada, en los siguientes casos: ... cuando lapersonaindebidamenterepresentada, citada o emplazada, actúaenelprocesosinalegarlanulidadcorrespondiente; 143 inciso 4º “eljuezrechazarádeplanolasolicituddenulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse en excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro incidente de nulidad, o quesepropongadespuésdesaneada...” (subrayado fuera de texto).

4.2. Teniendo en cuenta lo anterior, el colegiado censurado encontró acreditado dentro del sub examine que el abogado del demandado con anterioridad a la petición de nulidad ya había actuado, es más se le había reconocido personería jurídica y en esa oportunidad nada había expuesto al respecto, solo hasta después de realizada la audiencia de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil elevó inconformidad en ese sentido, proceder con el que sin duda alguna saneó la irregularidad invocada.

Sobre el particular, la Corte ha establecido que “si el petente de la nulidad no la propuso en su primera intervención sino que actuó sin proponerla, con tal conducta la saneó y por ello no puede alegarla posteriormente” (CSJ STC, 1º feb. 2007, rad. 00065-00, reiterado en STC12892-2015, 24 sep. rad. 00168-01 y STC 17481-2015, 16 de Dic. rad. 03061-00, 23 Ago. 2017, rad. 01799-01).

5. Bajo esa perspectiva, emerge diáfana la inviabilidad de la protección extraordinaria exigida, en la medida en que, itérase, no está demostrada la causal específica por defectos material, procedimental y fáctico enrostrados, en tanto que de la transcripción enantes vista, independientemente que la Corte la prohíje en su totalidad por no ser este el escenario idóneo para lo propio, dimana que las demostraciones obrantes en el plenario fueron puntual y armónicamente observadas y apreciadas, amén que la exposición de los motivos decisorios al efecto manifestados se funda en tópicos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado.

6. Así las cosas, la providencia cuestionada no luce arbitraria o caprichosa, todo lo cual no merece reproche desde la óptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervención del juez de amparo.

Al respecto, la Sala ha reiterado, de un lado, que “el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de árbitro para determinar cuáles de los planteamientos valorativos y hermenéuticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los más acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisión oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia” (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que “la adversidad de la decisión no es por sí misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural” (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01).

Así mismo, ha considerado que:

[E]l juez de tutela, a pretexto de examinar si existió vulneración de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisión de los jueces ordinarios que conocieron del trámite y los recursos, como si esta acción hubiere sido concedida como un medio de impugnación —paralelo— que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, ... por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorgárselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De allí que toda consideración en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atención de la Sala, tiene una competencia limitada y también residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuración de una de las apellidadas vías de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria” (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en las CSJ STC 2 mar. 2005, rad. 2004-00385-01; 31 may. 2011, rad. 001007-00; 22 jun. 2012, rad. 01201-00; 9 ago. 2012, rad. 00332-01; 13 feb. 2013, rad. 00216-00 y 21 Oct. 2015, rad. 02420-00).

7. De conformidad con lo discurrido, no se otorgará la salvaguarda impetrada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado.

Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

SALVAMENTO DE VOTO

1. No comparto la decisión adoptada en la sentencia objeto de este pronunciamiento, por cuanto en mi criterio el tribunal accionado erró al negar la nulidad deprecada por Edilson David González Martín respecto del juicio reivindicatorio adelantado por la sociedad CI Las Amalias S.A. a Luis Alberto González Delgado (q.e.p.d.), donde el aquí quejoso funge como sucesor procesal del convocado a ese pleito.

2. Según se acreditó en esta tramitación, el colegiado querellado mediante auto de 11 de julio de 2017, acotó en punto de esa invalidez apoyada en la causal 7ª del Código de Procedimiento Civil(1), que como sustento de la misma, entre otras cosas, se discutió “(...) que el apoderado inicial del demandado no podía representarlo porque estuvo (...) suspendido en el ejercicio de su profesión por el período comprendido entre marzo 8 de 2016 y agosto 7 de 2016; lapso de tiempo en el cual llevó la representación del acá demandado, recibiendo su mandato y contestando la demanda (...)”.

Seguidamente, destacó el juzgador el fracaso de tal planteamiento, porque el error cometido por González Delgado de conferir “(...) poder a quien no podía representarlo, por tener suspendid[a] su autorización para el ejercicio de la abogacía, se ent[endía] subsanado porque aquel, afectado con la irregularidad, otorgó nuevo mandato [a un] apoderado (...) y este, en su nombre, actuó en el proceso, con posterioridad a la configuración de la nulidad que acá invoca y no pidió entonces su declaratoria, configurándose con su proceder el saneamiento [de la misma] (...)”.

2.1. Los hechos narrados en precedencia reflejan dos causales de nulidad explicitadas o no: 1. Indebida representación de la parte; y 2. Interrupción del proceso.

2.2. Ninguna falta constitucional pudo presentarse, con relación a la indebida representación, pues pese al ejercicio ilegal de la abogacía, el artículo 24 del Decreto 196 de 1971, establece que ello no constituye causal de nulidad de lo actuado, pero quienes la infrinjan estarán sujetos a las sanciones correspondientes.

2.3. Sin embargo, de donde en realidad surge la falencia del tribunal, la cual daba lugar a conceder el amparo, es de lo atinente a la interrupción del proceso, pues ese juzgador dio por saneada la nulidad, soslayando verificar el elemento subjetivo, esto es, el momento en el cual la parte tuvo conocimiento de la suspensión en el ejercicio de la profesión de su abogado, en tanto, para el efecto, simplemente se partió de una circunstancia objetiva, como es, la intervención del nuevo profesional del derecho presentando el poder y pidiendo el reconocimiento de personería.

3. La regla 159.2 del Código General del Proceso, prevé, entre otros, como motivo de interrupción del proceso: “(...) [la] muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado” (sublínea fuera de texto).

Y el mandato 133.3 ibídem, estima nulo el juicio: “Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida” (se subraya).

4. Por tanto, si la invalidez se afincó en la suspensión en el ejercicio de la profesión del primer abogado del demandado, lo esperado era que el ad quem antes de resolver sobre el vicio discutido, indagara en realidad desde cuándo el mandante conoció o debió haber sabido dicha situación, para luego sí enrostrarle, de ser procedente, la subsanación de la nulidad, por su no alegación oportuna.

No es tanto la suspensión del ejercicio de la profesión del abogado del señor Luis Alberto González Delgado, la conducta a imputar a este, sino el conocimiento de ese hecho, por tratarse de un evento que podría serle ajeno; como tampoco su actuación posterior a través de otro abogado, pues es factible que en esa ocasión no se tuviera noticia de la sanción disciplinaria, aunque sí después, como ocurrió en el caso, cuando al interponerse el recurso de apelación el nuevo apoderado afirmó de manera indefinida, al margen de su realidad o veracidad, pues la carga de la prueba del hecho contrario le corresponde a la otra parte, que “los (...) vicios de nulidad que pedí los acabo de conocer el día de hoy y en ese mismo orden los acabo de exponer en la audiencia”.

5. Así las cosas, no hay duda, el proveído generador de la inconformidad aquí analizada, viola ostensible y flagrantemente el debido proceso, en la forma como aparece concebido en el artículo 29 de la Carta Política, al desconocer la real situación fáctica vertida en el asunto y las normas llamadas a gobernarla.

6. En los anteriores términos, dejo consignada mi anunciada discrepancia.

Bogotá, D.C., ut supra.

Luis Armando Tolosa Villabona 

(1) Vigente para el momento en el cual se alegó el yerro.