Sentencia STC1938-2015 de febrero 26 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2015-00327-00

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

STC1938-2015

(Aprobado en sesión de veinticinco de febrero de dos mil quince)

Bogotá, D. C., veintiséis de febrero de dos mil quince.

La Corte resuelve la acción de tutela interpuesta por el señor Santiago Uribe Vélez contra la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Antecedentes

1. Santiago Uribe Vélez, por conducto de apoderado especial, afirma que la autoridad acusada dentro de las diligencias que le adelanta con el radicado 13799-10, le ha vulnerado las garantías fundamentales al debido proceso.

2. Sostiene que a partir de la denuncia formulada el 15 de diciembre de 1995 por el señor Albeiro Martínez Vergara, el 22 de diciembre del mismo año la Fiscalía Regional de Medellín declaró la apertura de la investigación a la cual se le asignó el radicado 19-427, y que después de una exhaustiva investigación, fue vinculado a la misma.

2.1. Informa que el 3 de septiembre de 1996 rindió su versión libre dentro del citado asunto, el cual siguió su trámite sin que apareciera ninguna prueba en su contra, por lo que el 25 de agosto del mismo año se profirió resolución inhibitoria, que fue confirmada por la autoridad competente.

2.2. Agrega que “más de 10 años después (…), el señor Juan Carlos Meneses Quintero, con un claro motivo político, dio una declaración en la ciudad de Buenos Aires, ante cinco ciudadanos argentinos, en la que de manera falsa [lo] sindicó (…) en supuestas actividades delictivas”, lo que suscitó la intervención de varios fiscales y comportó la vinculación de otras personas a la investigación, con diferentes resultados jurídicos.

2.3. A continuación señala que en el citado asunto, en lo pertinente, el 17 de octubre de 2013 rindió indagatoria, la cual fue ampliada por solicitud de la defensa el 23 de abril de 2014, y que mediante Resolución 957 del 16 de mayo de 2014, el señor Fiscal General de la Nación dispuso variar la asignación de la investigación y designar específicamente al Fiscal Décimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia con el orden de radicación 13799-10, sin que a la fecha se haya resuelto su situación jurídica pese a que se encuentra vinculado a la investigación desde la citada data.

2.4. Para terminar sostiene, que como “el término legal se encuentra vencido”, pues “está siendo investigado (…), desde el año 1996 (…), por la supuesta comisión de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado (…), hechos que según la fiscalía tuvieron ocurrencia en el año 1994”, sin que en las diligencias surtidas “exista ninguna excusa legal para persistir en la situación de indefensión en la que se [le ha puesto]”, es necesario brindar el amparo incoado para que se resuelva su situación jurídica (fls. 1 a 16, cdno. 1).

3. Pide que en el campo del artículo 86 de la Carta Política, se declare que en el citado proceso “se ha desconocido abiertamente el término establecido en el artículo 354 de la Ley 600 de 2000 (…) y, por lo tanto, [que] se ordene a la Fiscalía Décima Delegada resolver [su] situación jurídica” (fl. 17 ídem).

4. El 18 de febrero de 2015, se admitió la aludida queja, se dispuso la publicidad necesaria y se ordenó allegar la documentación que en tal auto se indica.

Consideraciones

1. La acción de tutela, de conformidad con los criterios jurisprudenciales de esta corporación, no es procedente, como regla general, contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional inmiscuirse en el escenario de los trámites judiciales en curso o ya terminados para interferir, modificar o sustituir las determinaciones allí pronunciadas, porque con ello se quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.

Empero, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurra en un proceder claramente opuesto al ordenamiento aplicable, si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial, puede intervenir el juez constitucional, con el exclusivo propósito de retirar el acto generador de la vulneración o amenaza de las prerrogativas fundamentales.

2. La Corte, en el caso sometido a consideración, comprueba que la acción de tutela promovida por el apoderado especial del señor Santiago Uribe Vélez tiene como propósito cuestionar a la autoridad acusada por la alegada inactividad o abandono en el impulso de las diligencias de carácter penal hoy radicadas con el Nº 13799-10, pues aunque “se encuentra vinculado a la investigación desde el 17 de octubre de 2013 (…), por la supuesta comisión de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado (…), hechos que según la fiscalía tuvieron ocurrencia en el año 1994”, no hay “excusa legal para persistir en la situación de indefensión” en la que se encuentra, dado que el accionado no “resuelv[e]” su “situación jurídica” (fls. 1 a 16 ídem).

No obstante lo anterior, evaluados los motivos expuestos por el funcionario convocado en relación con las circunstancias acaecidas en el trámite del acotado asunto, se concluye que la demanda constitucional presentada no puede prosperar, merced a que el señor Fiscal Décimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, precisó, por un lado, que a él “físicamente le fue entregado el asunto el día 27 de mayo de 2014” y, por el otro, que se trata de “un proceso en fase de instrucción, que consta de veintidós (22) cuadernos originales (…) y veintitrés (23) cuadernos anexos (…), [con] un abundante material digital en el que se contiene horas de pruebas de carácter testimonial”.

Sostuvo además, que en diferentes oportunidades el defensor del señor Santiago Uribe Vélez le ha pedido la práctica de varias pruebas con el fin de “que sean valoradas al momento de resolver la situación jurídica”, cuestión que impone emitir las pertinentes resoluciones, respecto de las cuales la propia defensa ha manifestado que “sus declarantes no han podido ser localizados por lo que [ha] solicita[do] (…) a través del CTI establecer los datos de ubicación”, terreno en el que señaló, “fueron enviadas el día 1º de diciembre de 2014 múltiples cartas rogatorias con destino a autoridades judiciales en los Estados Unidos de América (…), para que a través de la cooperación judicial internacional, se autorice recibir declaraciones a través de videoconferencia (…) de comandantes paramilitares extraditados a dicho país”, destacando que “se señaló la última semana de este mes para escuchar en declaración jurada a tres de los jefes de las llamadas autodefensas (…) testimonios que habían sido ordenados en el año 2013” (fls. 77 a 81, cdno. 1).

Así las cosas, queda claro que si bien desde la iniciación de las acotadas diligencias judiciales ha transcurrido un tiempo importante, no puede soslayarse que el funcionario encargado de las respectivas labores ciertamente expuso en forma detallada la complejidad del caso, al tiempo que las particularidades que experimentan el citado trámite, y como tales razones estrictamente, no surgen de un comportamiento subjetivo o caprichoso, queda eliminada entonces la posibilidad de predicar el quebranto de las garantías fundamentales invocadas, pues de conformidad con lo incorporado en el memorado informe, se establece que lo acaecido en (sic) interior del respectivo proceso penal no proviene de la evidente incuria o abandono de aquel en el cumplimiento de sus deberes legales, sino de las eventualidades o circunstancias arriba señaladas que le ha impedido cerrar el trámite propio del organismo demandado.

Con otras palabras, si la situación materia de la demanda constitucional no proviene de la manifiesta indolencia de la autoridad demandada, tampoco de una actitud displicente o visiblemente antojadiza, se impone memorar que los requisitos fácticos descritos en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1º del citado Decreto 2591, relacionados con la “vulneración o amenaza”, no concurren en el caso materia de análisis, cuestión que impone denegar la protección solicitada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona, Presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Jesús Vall de Rutén Ruiz.