Sentencia STC20190-2017/2017-00718 de noviembre 30 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 11001-22-10-000-2017-00718-01

STC20190-2017

Magistrado ponente

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

(Aprobado en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la impugnación formulada respecto de la sentencia proferida el 12 de octubre de 2017, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la tutela instaurada por Alicia María Hernández Burgos, en representación de sus menores hijas Luciana y Hannah Coronado Hernández, contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, con ocasión del asunto de revisión de cuota alimentaria impulsado por la aquí gestora frente a Luis Alfonso Coronado Arango.

1. Antecedentes.

1. La accionante reclama la protección de sus garantías al debido proceso, “verdad”, acceso a la administración de justicia y “derechos fundamentales de los niños”, presuntamente quebrantadas por la autoridad jurisdiccional acusada (fls. 117-118).

2. De los hechos narrados en el ruego tuitivo, y de la información vertida en el expediente, se extraen como bases del reclamo las siguientes:

2.1. Alicia María Hernández Burgos, en representación de sus menores hijas Luciana y Hannah Coronado Hernández, impetró demanda en contra de Luis Alfonso Coronado Arango, con el objeto de que se regulara la cuota alimentaria fijada a cargo de este y a favor de las aludidas niñas en la escritura pública Nº 3259 de 2015, por cuanto las sumas establecidas en ese instrumento, de apenas dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, resultaban insuficientes e irrisorias frente al “amplio” patrimonio del deudor (fls. 6-33 y 35-38).

2.2. Admitido el libelo (fl. 39), el 4 de mayo de 2017, se abrió a pruebas el asunto (fl. 41), y se ordenó oficiar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que remitiera las declaraciones de renta del convocado, correspondientes a los años gravables 2014 a 2017 (fl. 44), agregadas al expediente, las de 2014 y 2015, en proveído de 25 de julio de esa anualidad.

2.3. El 30 de junio pasado, la apoderada judicial de la petente allegó varios documentos con los cuales, según esa profesional, se demostraba la capacidad económica del demandado (fls. 49-83).

2.4. En memorial radicado el 4 de julio de los corrientes, la querellante solicitó al estrado que “(…) al momento de dictar sentencia en el proceso de la referencia se aplique la facultad del fallo extra y ultra petita para brindar la protección adecuada a l[a]s menores (…)” y se decretaran cautelas sobre los bienes de su padre, con el fin de garantizar el pago de la cuota alimentaria, hasta tanto las niñas cumplieran los 25 años de edad (fls. 45-48).

2.5. En otro escrito presentado en esa misma fecha, la demandante reclamó “(…) no tener en cuenta la prueba testimonial requerida por [el] demandad[o] y en subsidio formulación de tacha de testigo” (fls. 68-69).

2.6. El 5 de julio siguiente, se celebró la audiencia pública en la cual se profirió decisión de fondo; allí mismo se aceptó el desistimiento de las declaraciones de testigos, se halló probada la excepción denominada: “(…) no se determinan las condiciones por las que se solicita el incremento de la cuota”, y se negaron las medidas pedidas.

2.7. En el aludido proveído, el funcionario criticado desestimó las pretensiones, tras avizorar que de las pruebas legalmente aportadas no era posible establecer la suficiencia económica del demandado, requisito imprescindible para incrementar la cuota.

En el mismo pronunciamiento, desestimó la solicitud dirigida a la imposición de cautelas sobre los bienes del padre, aduciendo su incompetencia, pues estas debían ser adoptadas por el funcionario que conociera del proceso ejecutivo por alimentos; y rechazó los elementos demostrativos allegados el 30 de junio de los cursantes, por extemporáneos.

3. Con estribo en lo narrado, exige se deje sin efectos la audiencia celebrada el 5 de julio pasado y las providencias en ella emitidas; se ordene rehacer las actuaciones, decretar pruebas de oficio y valorar nuevamente la totalidad de los medios de convicción allegados y, con fundamento en ello, se dicte fallo ultra y/o extra petita, en el cual se impongan medidas cautelares que garanticen el pago de los alimentos hasta tanto las menores cumplan los 25 años de edad (fls. 115-116).

1.1. Respuesta del accionado y los vinculados.

1. El juzgador querellado se limitó a enviar el expediente (fl. 123).

2. Los demás guardaron silencio.

1.2. La sentencia impugnada.

En extenso y acucioso fallo, el tribunal desestimó la protección rogada, tras constatar que la totalidad de las decisiones emitidas por el estrado convocado se ajustaron a lo previsto en el ordenamiento, respetando las formas propias de los juicios y garantizando a las partes los derechos de defensa y contradicción (fls. 166-182).

1.3. La impugnación.

La impetró la querellante, insistiendo en los argumentos expuestos en el libelo genitor y exponiendo, pormenorizadamente, los defectos que a su juicio muestra la sentencia de primer grado (fls. 204-222).

2. Consideraciones.

1. Alicia María Hernández Burgos, en representación de sus menores hijas Luciana y Hannah Coronado Hernández se duele porque en el aludido fallo del 5 de julio de 2017, el juzgador accionado negó las pretensiones de la demanda dirigidas a la revisión de la cuota alimentaria fijada en la escritura pública 3259 de 2015.

En particular, expresa que (i) se desconocieron, por extemporáneas, las pruebas allegadas al plenario el 30 de junio pasado; (ii) no se decretaron, de oficio, medios de convicción para establecer los ingresos del padre; (iii) la decisión finiquitora del asunto no fue ultra o extra petita, cual era —aduce— obligación del fallador; (iv) ella aceptó el desistimiento de una prueba testimonial requerida, por presunta insinuación de uno de los empleados del estrado convocado; y (v) no se ordenaron las medidas cautelares peticionadas, sobre el patrimonio del demandado.

2. La sentencia es el acto jurisdiccional asignado por excelencia al juez(1), cuya característica definitoria la constituye el zanjar de fondo una controversia, proveyendo sobre la sustancia o lo principal de esta(2).

Justamente, la Corte, en fallo proferido en las postrimerías del siglo XIX, acotó, luego de transcribir apartes del artículo 672 del Código Judicial del para ese entonces recién extinto Estado de Cundinamarca, lo siguiente:

“La simple lectura de esta definición deja comprender que no puede haber sentencia propiamente dicha sino cuando hay una decisión judicial que pone fin á una controversia ó pleito entre partes que pretenden cada una hacer efectivo un derecho ó extinguir una obligación (sic)”(3).

Ese pronunciamiento agota, a través de su ejercicio pleno, el derecho de acción, que es de orden público no solo por la necesidad de la asistencia jurisdiccional para proteger la tranquilidad y paz pública, sobre la base de las garantías subjetivas reconocidas por el ordenamiento, sino también para el logro definitivo de los mismos valores fundantes de la sociedad, en lo concerniente al acatamiento y fuerza vinculatoria perdurable de los fallos proferidos por la justicia(4).

2.1. En lo atañedero a su contenido, el fallo judicial se halla integrado por las declaraciones de hechos que, en mérito de la apreciación de las pruebas legalmente allegadas y practicadas en el juicio, estima probadas el juzgador; por las definiciones jurídicas que de ellas, como verdad legal, se deriven, y por la consiguiente declaración del derecho discutido en la controversia(5).

2.2. El fundamento de toda sentencia es la totalidad del material procesal(6), por tratarse esta de un acto del juez que satisface la obligación de proveer(7). No puede ir más allá ni fuera de las peticiones de la demanda, so pena de incurrirse en alguna de las tres únicas causales de incongruencia, previstas hoy en el artículo 281 del Código General del Proceso, a cuyo tenor:

“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y que hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.

“No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta”.

“Si lo pedido excede de lo probado se le reconocerá solamente esto último (…)”.

Los motivos de disonancia, amplia y frecuentemente estudiados en sede de casación por la jurisprudencia, se cifran, (i) cuando se otorga más de lo pedido por el actor (ultra petita); (ii) se resuelve sobre lo que no fue impetrado por este (extra petita); o (iii) cuando al decidir, se omite pronunciarse, en todo o en parte, acerca de la demanda o las excepciones del reo, lo que hace el pronunciamiento diminuto (cifra o minima petita)(8).

2.3. La congruencia en la providencia judicial solo mira la armonía entre la decisión y la pretensión-excepción, y nada tiene que ver con la iniciativa o pasividad del juez en la investigación de las circunstancias fácticas que rodean la controversia.

Como bien explica Devis Echandía,

“Los hechos que las partes aducen en la demanda configuran no solo el objeto de la pretensión sino la causa jurídica de donde se pretende que emane el derecho para perseguir tal objeto, lo que delimita exactamente el sentido y alcance de la resolución que deba adoptarse en la sentencia (…). La máxima judex judicare debet secundum alligata et probata significa en materia de congruencia que el juez debe atenerse a los hechos de la demanda y de las excepciones, probados en el juicio, pero no que el juez no pueda tener iniciativa para buscar esas pruebas, como debiera tenerla”(9).

3. La sentencia también debe encarar los medios de convicción aportados por las partes. Uno de sus principios es el concerniente a la carga de la prueba, cuya génesis normativa se halla en el centenario artículo 1757 del Código Civil, de ordinario es asignado por la ley al demandante: onus probando incumbit actori(10), pero también al excepcionante, pues cuando excepciona funge de actor, por virtud del principio reus in excipiendo fict actor.

Tan caro postulado fue explicado en 1938, cuando la Corte, con elocuencia, señaló:

“Prescribe el artículo 1751 (hoy 1757) del Código Civil que “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas”.”.

“De este principio legal, trasunto de la equidad y de la justicia abstractas, resulta entonces que todo demandante que intente una acción debe acreditar el fundamento en que se apoya; y todo demandado que, sin negar el hecho mismo alegado contra él, invoque otro hecho que destruya el efecto del primero, debe aducir la prueba correspondiente.”.

“De consiguiente al demandado corresponde probar los hechos en los que se funda su acción. Actori incumbit probatio. Como el actor propónese introducir un cambio en la situación jurídica presente, pretendiendo el reconocimiento de un vínculo de derecho obligatorio contra él y el demandado, en fuerza del cual el segundo tiene a su cargo una prestación, lo racional es que acredite ese vínculo, y mientras no lo haga, el demandado está libre por la presunción de que no es deudor. Por tal razón el demandado que se limita a negar los hechos alegados por el demandante, no tiene que presentar prueba alguna en apoyo de su negación. Incumbit probatio qui dicir, non qui negata.”

“Por el contrario, cuando el actor prueba la exactitud de los hechos en que se apoya, es decir prueba la obligación, la situación primaria se invierte, debido a que la presunción originaria queda destruida. De esta manera si el demandado opone medios de defensa, pretendiendo que las consecuencias jurídicas de los hechos alegados se paralicen por otros hechos, por ejemplo, si sostiene que es propietario por prescripción adquisitiva, o que ha cumplido la obligación, etc., es a él a quien incumbe aducir las pruebas de estos medios de defensa. Reus excipiendo fict actor.”(11)

4. No obstante, como la misión de la justicia es lograr la demostración de la verdad real respecto de los intereses en conflicto a ella sometidos, ha dicho la Corte, que cuando los litigios ofrecen deficiencia probatoria, es obligación del juzgador emplear los poderes oficiosos para decretar todos los elementos de convicción que, a su juicio, considere convenientes para verificar los hechos alegados por las partes(12).

A esa filosofía responde el canon 170 del CGP cuando reza:

“El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia”.

Sin embargo, la obligación de decretar pruebas oficiosamente solo es exigible en hipótesis precisas. En las demás, la ley concede al juzgador la potestad o facultad de hacerlo según su razonable y prudente arbitrio.

Es excepcional el deber de proceder de esa forma:

“(…) es obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la genética en los procesos de filiación o impugnación; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. (…) so pena que una omisión de tal envergadura afecte la sentencia”(13).

5. Las particularidades propias de los procesos de alimentos, se hallan en esa línea por los fines que persiguen y los intereses que protegen. En los alimentos de menores, de discapacitados y otro tipo de controversias al estar comprometidos fines de orden público compete al juez actuar con especial celo.

El numeral 3º del canon 397 del Código General del Proceso, clara y terminantemente le impone al fallador la obligación de decretar, aún oficiosamente, “(…) las pruebas necesarias para establecer la capacidad económica del demandado y las necesidades del demandante, si las partes no las hubieren aportado”.

En forma concomitante se atempera el principio de consonancia de la sentencia en ese mismo tipo de asuntos, cuando sin ambages se prevé:

“En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultra y extra petita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole” (CGP, art. 281, pár. 1).

6. Aplicando las nociones anteriores al sublite constitucional, pasan a resolverse, separadamente, los puntos planteados.

6.1. En lo atinente a la infracción, enarbolada al amparo de la supuesta omisión de fallar ultra o extra petita, nada hay que recriminar al juzgador querellado pues, como se recordó precedentemente, el sustrato de las sentencias judiciales lo es el material debida y legalmente allegado al proceso, que a su vez fija su contenido; y con base en este, se constata, el estrado acusado adoptó su decisión, desfavorable de las pretensiones del extremo actor al no hallar probada la suficiencia económica del demandado.

No fue, en suma, un problema de incongruencia del fallo, sino, simplemente, de la carencia de material demostrativo para dar por acreditado un hecho, lo que llevó al juez a adoptar la antelada determinación.

6.2. Ningún reproche merece, tampoco, la decisión del sentenciador enderezada a no otorgar valor alguno, por extemporáneas, a las documentales adjuntadas el 4 de julio pasado, pues esa actuación se ajustó a la preceptiva del artículo 173 del CGP y garantizó los derechos de defensa y contradicción en cabeza del demandado.

6.3. Suerte similar corre el motivo dirigido a tachar de irregular la aceptación del desistimiento de la prueba testimonial, pues fueron las partes, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 175(14) ibídem, quienes expresaron su voluntad de renunciar al decreto y práctica de la misma, y el juez, como es su deber, simple y llanamente se limitó a acceder a dicho pedimento.

Ahora, si estima la petente que fue ilegal la conducta del empleado del estrado accionado, quien —supuestamente— le sugirió abdicar del mentado elemento de convicción, le incumbe a la interesada poner en conocimiento de los entes respectivos, entre estos el propio fallador, las presuntas irregularidades advertidas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias de ello.

En torno a este tópico, la corporación expresó:

“(…) [E]s preciso indicar que si el aquí convocante estima que alguno de los intervinientes incurrió en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, está facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haciéndose por supuesto responsable de su gestión y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la sala: ‘En relación a la petición de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito (…)”(15).

6.4. Distinto destino, a juicio de la Sala, corre el motivo de la acusación referente a la omisión, en el fallador, de decretar oficiosamente los medios de convicción en aras de verificar los hechos relevantes del juicio, en particular la capacidad económica del demandado.

Nótese, el numeral 3º del artículo 397 del Código General del Proceso, conforme quedó advertido, estatuye, sin ambages, la obligación consistente en que, en los juicios de alimentos, la actividad del sentenciador se destaca por la iniciativa que en materia probatoria posee, más aún, tratándose de demostrar lo concerniente a la suficiencia patrimonial del extremo pasivo, al cual expresamente se refiere la norma en cita.

Ciertamente, los asuntos tendientes a la revisión de la cuota alimentaria, acertadamente lo indicó el estrado criticado y ratificó el a quo constitucional, no tienen por fin la venta de los bienes del demandado.

Pero también lo es, la iniciativa probatoria pudo haberse dirigido a determinar los posibles ingresos que la hacienda de este producía, y no limitarse a afirmar, cual lo hizo, que por cuanto la actora no acreditó si estos generaban alguna renta, no era viable acceder a las súplicas.

Luego, si el juzgador censurado obvió acatar las obligaciones impuestas por la ley, y eso, precisamente, motivó la desestimación de los ruegos, es patente, para la Corte, la configuración de la vía de hecho atribuida y, en consecuencia, la sentencia fustigada habrá de revocarse.

6.5. En punto de las cautelas cuyo decreto, bajo la égida del artículo 129(16) del Código de la Infancia y la Adolescencia, exigió la accionante, y como adecuadamente lo advirtió el a quo constitucional (fl. 15), es de destacarse que la decisión del juez, excusándose en su presunta incompetencia, es manifiestamente equivocada.

En efecto, dispone la norma en cita:

“(…) El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes o derechos de aquel, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas del proceso ejecutivo” (inc. 3º).

En momento alguno, el legislador limita la práctica de las medidas a los eventos en los cuales se ventilen pretensiones ejecutivas.

Distinto es, conforme también se infiere de su lectura, que su ordenanza se halla supeditada al proferimiento de providencia favorable, cuyo resultado útil garantizarán.

Aunque el amparo, en torno a esta cuestión, también habrá de concederse, el decreto de las cautelas suplicadas, se insiste, dependerá de si la decisión acoge —o no— las pretensiones de la accionante.

7. Lo razonado no implica que el fallador convocado deba, inexorablemente, acceder a las súplicas de la demanda, pues en ello seguirá manteniendo las facultades propias de su función. No obstante, con fundamento en el material demostrativo recaudado debe proveer nuevamente. Lo expresado, por cuanto el juez constitucional no puede apropiarse de las funciones señaladas por la ley a los falladores naturales.

8. En consecuencia, la Corte hará el control constitucional inherente a la acción de tutela y también el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, según lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos(17), que obliga a los países suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. Así se consignó en sus preceptos primero y segundo:

“(…) ART. 1º—Obligación de respetar los derechos: 1. Los Estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

“2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano”.

“ART. 2º—Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1º no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (…)”.

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como este, so pena de incumplir deberes internacionales. Por tanto, es menester tener en consideración las prerrogativas a las “garantías judiciales” y a la “protección judicial”, según las cuales, una persona podrá acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resolución de sus litigios.

En el presente caso, como se dijo, el accionado desestimó las pretensiones al no encontrar material probatorio idóneo para tener por demostrada la suficiencia económica del demandado, cuando era su obligación ejercer las facultades oficiosas estatuidas en la ley, y desestimó la el requerimiento de las medidas cautelares con fundamento en una interpretación equivocada del artículo 129 del Código de la Infancia y de la Adolescencia.

En consecuencia, contravino los cánones 8.1 y 25 de ese tratado:

“(…) ART. 8º—Garantías judiciales. 1. Todapersonatienederechoaseroída,conlasdebidasgarantíasydentrodeunplazorazonable,porunjuezotribunalcompetente,independienteeimparcial,establecidoconanterioridadporlaley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (…)”.

“(…) ART. 25.—Protección judicial. 1. Todapersonatienederechoaunrecursosencilloyrápidooacualquierotrorecursoefectivoantelosjuecesotribunalescompetentes,quelaamparecontraactosqueviolensusderechosfundamentalesreconocidosporlaConstitución,laleyolapresenteconvención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

“2. Los Estados Partes se comprometen: “a) agarantizarquelaautoridadcompetenteprevistaporelsistemalegaldelEstadodecidirásobrelosderechosdetodapersonaqueinterpongatalrecurso; “b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y “c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso (…)” (Subrayas fuera de texto).

El instrumento citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constitución Nacional, cuando dice:

“(…) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (…)”.

Complementariamente, la regla 93 ejúsdem, dispone:

“(…) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.

“Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”.

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 1969(18), debidamente ratificada por Colombia, según la cual: “(…) Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (…)”(19).

9. En razón de lo aquí trasuntado, se infirmará la sentencia impugnada para, en su lugar, conceder parcialmente el auxilio deprecado.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada y CONCEDER PARCIALMENTE el amparo solicitado.

2. ORDENAR al juzgador accionado que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, deje sin efectos la sentencia proferida en el comentado juicio de Alicia María Hernández Burgos, en representación de sus menores hijas Lucia y Hannah Coronado Hernández, contra Luis Alfonso Coronado Arango, decrete pruebas de oficio necesarias para determinar los ingresos que producen los bienes del demandado, y profiera el fallo correspondiente dentro de los veinte (20) días siguientes al enteramiento de la presente decisión.

En el mismo pronunciamiento habrá de referirse a las medidas cautelares peticionadas, teniendo en cuenta lo razonado precedentemente.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello BlancoÁlvaro Fernando García Restrepo, Ausencia justificada—Aroldo Wilson Quiroz MonsalvoAriel Salazar RamírezOctavio Augusto Tejeiro DuqueLuis Armando Tolosa Villabona.

1 CSJ. S.C. Sentencia de 22 de octubre de 1935.

2 Cfr. CSJ. S.C. Sentencia de 17 de diciembre de 1935; auto de 23 de septiembre de 1937; fallo de 14 de junio de 1967.

3 CSJ. S.C. Sentencia de 9 de noviembre de 1895.

4 CSJ. S.C. Sentencia de 27 de marzo de 1958.

5 CSJ. S.C. Sentencia de 2 de octubre de 1956.

6 Cfr. Morales Molina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. 1978. Pág. 458.

7 Echandía, Devis. Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General. Tomo III. 1963. Pág. 346.

8 Sobre las causales de inconsonancia de los fallos judiciales, véanse: CSJ. SC. Sentencias de 30 de noviembre de 1935; de 16 de agosto de 1938; 13 de junio de 1946; de 30 de marzo de 1949; de 30 de abril de 1952; de 30 de agosto de 1954; de 8 de febrero de 1955; de 2 de diciembre de 1958; de 13 de agosto de 1964; de 3 de diciembre de 1975; 25 de noviembre y 13 de octubre de 1993. Entre muchísimas otras.

9 Echandía, Devis. Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General. Tomo III. 1963. Pág. 352.

10 CSJ. S.C. Sentencia de 4 de diciembre de 1945. En idéntico sentido: CSJ. S.C. Sentencias de 13 de febrero de 1936; 12 de febrero de 1980; 25 de enero de 2008; 21 de febrero de 2012.

11 CSJ. S.C. Sentencia de 29 de abril de 1938.

12 CSJ. S.C. Sentencia de 7 de septiembre de 1978. En sentido similar: CSJ. S.C. Sentencia de 29 de noviembre de 2004.

13 CSJ. S.C. Sentencias 26 de julio de 2004; de 15 de julio de 2008; de 28 de mayo de 2005; de 21 de octubre de 2010; de 17 de mayo de 2011; de 21 de febrero de 2012; de 20 de septiembre de 2013; y de 14 de noviembre de 2014.

14 “Las partes podrán desistir de las pruebas no practicadas que hubieren solicitado (…)”.

15 CSJ STC 11 de noviembre de 2011, exp. 00502-01, reiterada el 14 de marzo de 2013, exp. 00492-00.

16 “(…) El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes o derechos de aquel, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas del proceso ejecutivo” (inc. 3º)”.

17 Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.

18 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.

19 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.