Sentencia STC20610-2017/2017-03168 de diciembre 6 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad:: 11001-02-03-000-2017-03168-00

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

(Aprobado en sesión de seis de diciembre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil diecisiete.

Decídese la tutela instaurada, mediante licenciado, por Humberto Portilla Montenegro frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por los magistrados Luis Roberto Suárez González, Juan Pablo Suárez Orozco y Nubia Esperanza Sabogal Varón, y el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de esta urbe.

Antecedentes

1. El querellante depreca la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y “acceso a la administración de justicia”, presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas dentro del juicio ejecutivo singular que Carlos Alberto Jaramillo Calero le formuló.

2. Arguyó, como sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:

2.1. El sub lite se emprendió “con fundamento en documento apócrifo, “el [P]agaré 10-2009”, con fecha de creación del 30 de octubre de 2009 y con fecha de vencimiento del 29 de octubre de 2010, por valor de $ 850.000.000, suma de dinero supuestamente adeudada por concepto de “honorarios profesionales de 16 años de servicio”“, mismo que fue “diligenciado o lleno [sic] en un formulario destinado para la receta de medicamentos”, siendo que “para la fecha de creación del título el presunto acreedor aún se encontraba privado de la libertad ese día en horas de la noche recobraría su libertad”.

2.2. Comoquiera que la célula judicial recriminada libró orden de apremio adiada 9 de noviembre de 2011, él planteó “varías excepciones de mérito fundadas en la falsedad del documento; la alteración del título, ausencia o violación de los espacios en blanco del documento —en el evento en que se considere que el escrito es un título valor—; cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación; enriquecimiento sin causa y mala fe”, y en aras de denotar que el documento que soportó el pretenso recaudo “fue llenado abusivamente por el ejecutante, sobre un recetario médico que [él …] quien ostenta la calidad de médico gastroenterólogo, había dejado a su hija […] con la orden que lo llenara ya sea para la prescripción de medicamentes [sic] o para realizarse exámenes de laboratorio atendiendo la grave sinusitis crónica que padecía[, resultando ser ese …] el fin o causa de aquella firma en blanco”, se “aportaron y practicaron varias pruebas” acaeciendo que “por razones ajenas a [su] voluntad […] no se pudo realizar el dictamen pericial por un perito grafólogo, ni tampoco se pudo aportar certificación del inpec en la cual se hace constar que el ejecutante […] para el día que dice haber creado el pagaré se encontraba recluido en centro carcelario”.

2.3. Así las cosas, una vez “[a]gotado el trámite procesal”, el despacho encartado dictó sentencia estimatoria fechada 27 de octubre de 2016.

2.4. Apeló tal providencia ocurriendo que la colegiatura enjuiciada, tras denegar “la solicitud de pruebas” que “no se pudieron practicar en primera instancia” lo cual determinó “a través de auto del 14 de febrero de 2017 […] decisión que fue confirmada por la sala dual extraordinaria del 17 de marzo de 2017”, ratificó aquella por fallo de 4 de mayo de 2017.

2.5. Pregona que el pronunciamiento que cerró la jurisdicción soslayó aquilatar apropiadamente el acervo demostrativo compilado, ya que “no se valoró el testimonio de […] Rómulo Perdomo Bonells”, “no se valoró correctamente el testimonio de […] Lorena Portilla”, se “dio una interpretación errónea a los poderes incorporados como prueba documental”, se “otorgó eficacia probatoria a los documentos aportados en copia que no se ceñían a los artículo[s] 254 y 268 en vigencia del Código de Procedimiento Civil” y obró “indebida valoración de los indicios”, todo lo cual quebranta sus prerrogativas.

2.6. Aduce, además, que observó el postulado de la “inmediatez” en tanto que tal “de por sí tampoco es una regla absoluta”, máxime cuando para la data de emitirse la sentencia confirmatoria “la providencia aún no se había notificado y naturalmente no se encontraba ejecutoriada”.

3. Pide, conforme a lo relatado, “dejar sin validez y/o eficacia jurídica, la sentencia de segunda instancia […] y en su lugar, se vuelva a dictar el fallo correspondiente declarando la prosperidad de las excepciones de mérito y/o la nulidad del proceso”.

La respuesta de los accionados

El juzgado, expresó que “no puede […] dar detalles sobre las actuaciones surtidas”, ya que no cuenta con el expediente.

El tribunal, en breve, dijo que su decisión fue confirmatoria.

Consideraciones

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la vía idónea para censurar decisiones de índole judicial; solo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación “con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’”, y bajo los presupuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que “no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo” (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).

El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de “Estado Social de Derecho” y la ordenación contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepción la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: “a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela” y, 2. Especiales: “a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución” (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).

2. Observada la censura planteada resulta evidente que el reclamante, al estimar que se obró con desprecio de la legalidad por supuestamente configurarse causal especial de procedibilidad por defecto fáctico, enfila su inconformismo, en últimas, contra el fallo de 4 de mayo de 2017, mediante el cual la sala querellada revalidó el estimatorio de primer grado.

3. Como pruebas, se evidencian las siguientes actuaciones que atañen con la discrepancia elevada:

3.1. Título valor pagaré que soporta el recaudo.

3.2. Sentencia estimatoria de 27 de octubre de 2016, emitida por la célula judicial acusada.

3.3. Fallo ratificatorio de 4 de mayo de 2017, proferido por la colegiatura querellada.

Para arribar así resolver, entre otras reflexiones, consideró, citando jurisprudencia, que “el pagaré objeto de ejecución ofrece como nota peculiar que no es producto de la utilización de un formulario mecánico, preconstituido, proforma o formato, de los que comúnmente se usan en las relaciones entre los sujetos de derecho y, por el contrario, éste se llenó en un papel destinado para la receta de medicamentos por parte del deudor -médico de profesión-, particularidad que, más allá de constituir un indicio serio derivado de lo poco común de su ocurrencia, como ya se explicó, no afecta su existencia como título valor, pues la ley no exige como presupuesto para su eficacia el rito, con carácter ad sustantian actus, de la presencia de tales formularios. Por el contrario, su vigencia y validez está determinada por la concurrencia de las condiciones previstas en los artículos 619, 621 y 709 del Código de Comercio”, deviniendo que su escrutinio “deja al descubierto que ese escrito contiene la promesa incondicional de pagar una suma de dinero […] a favor del ejecutante, pagadero el 29 de octubre de 2010, estipulándose como forma de vencimiento un día cierto, contenido que evidencia su genuina correspondencia con las normas que disciplinan esta tipología de cartulares, que habilita el cobro coactivo del derecho incorporado por medio del proceso ejecutivo, tal como lo autoriza el artículo 793 ib[i]dem”.

Por ende, pregonó que tal “regularidad formal del pagaré, derivada de su originalidad, lo hace gozar de autenticidad presunta, constituye plena prueba y por el principio de la literalidad recoge la medida de los derechos y obligaciones consignados en él, habilitando al acreedor cambiario para exigir a los vinculados por pasiva su tenor, axioma que le da certeza y seguridad porque toda relación con el cartular se define por lo escrito, aunque, a su vez el ejecutado puede, en uso del derecho de contradicción, proponer las excepciones previstas en el artículo 784 del Código de Comercio y solicitar las pruebas que las respalden, facultad ejercida en el sub lite por el ejecutado, quien, en oportunidad, propuso una serie de excepciones que, en esencia, se fundaron en la falsedad del documento y la inexistencia de la obligación”.

Así las cosas, y ocupándose de examinar las defensas perentorias planteadas por el querellante, elucidó que en punto de las denominadas “falsedad material, alteración del título y su llenado sin existir instrucciones […] no hay cuestionamiento alguno en derredor a que la firma que se impuso en el documento tildado como pagaré es de la autoría del ejecutado, circunstancia que trae como efecto que, en línea de principio, exista expresión del consentimiento cambiario, en los términos del artículo 625 del [C]ódigo de [C]omercio, haciendo eficaz al título y, por tanto, blindado con los beneficios que la ley le otorga, condición que, por igual, lo hace inmune al embate a través de la falsedad material, pues al aceptarse que la firma obrante en ese escrito es de su autoría, se presume que su contenido también está cobijado por la autenticidad que de aquella dimana […] presunción [que] opera frente a los títulos valores, con la diferencia de que para ello no es necesario el reconocimiento previo de las firmas o la declaratoria de autenticidad, por cuanto de acuerdo con el artículo 793 [ejusdem], no se exige el reconocimiento de las firmas impuestas en el título valor para el cobro del mismo mediante la acción ejecutiva”.

Agregó, a vuelta de lo anterior, que “[a]nte la presunción destacada, le correspondía al ejecutado desvirtuarla con la demostración de la inconsulta incorporación del contenido cambiario no acordado, razón por la cual la censura debe estar dirigida, en rigor, a la adulteración o falsedad ideológica o intelectual” que no a la de cariz “material” alegada, tópico referente al cual adujo que “visto el pagaré desde la perspectiva estrictamente material, de concurrir, como arguye el contradictor, una indebida integración del mismo, es decir, un ilegal llenado porque no existió [manifestación] expresa de voluntad dirigida en ese sentido, este supuesto, impide predicar, como se anticipó, que se haya alterado físicamente el escrito, pues siguiendo el hilo conductor expuesto, si el suscriptor no participó en la gestación material del título en relación con el valor, causa y forma de vencimiento de la obligación, no habría contenido que materialmente pudiera ser alterado con la imposición de los datos que ahora reprocha el impugnante”.

Explicitó, a esa altura, que “[e]n el caso bajo examen, el ejecutante manifestó que el pagaré se completó en el momento de su creación, es decir, que no existían espacios en blanco, supuesto fáctico que combate el ejecutado al considerar que ello no corresponde a la realidad, ataque que forja la carga de desvirtuarlo, tema que, efectivamente, se propuso en el contradictorio, pero [del] que […] no existe suficiente material para tener por cierto, que el recetario se integró indebidamente, pues de lo arbitrario de la incorporación de ese adeudo, no hay suficiente prueba en el expediente, que permita establecer que el llenado es producto de la utilización abusiva del pliego en blanco para crear un inexistente débito, falencia probatoria que impide desconocer lo que literalmente se encuentra inscrito en el documento base de ejecución”.

Lo señalado, entre otras cosas, comoquiera que “no llama a la discordia que no es común la forma como se creó el pagaré, modo que, por su extrañeza, podría calificarse como un indicio serio en contra de la realidad del negocio cambiario, por cuanto la suscripción del pagaré en un papel que normalmente se utiliza para formular medicinas y no para incorporar derechos de crédito, crearía profunda sospecha sobre la realidad de la negociación, lo cual permitiría inferir que el contenido allí incorporado se habría agregado abusivamente y que no existiría obligación que lo justificara, sin embargo, ese solo elemento es insuficiente para derribar el valor de plena prueba que le asiste al cartular, en particular porque no obran otros dispositivos probativos que otorguen la contundencia necesaria para desestimar un documento con ese privilegiado valor demostrativo, máxime si en el expediente hay prueba de que esos recetarios se utilizaron en operaciones ajenas a la actividad médica”, amén que “en el instrumento objeto de cobro se describió que el crédito incorporado tiene como causa los honorarios profesionales que el ejecutante reclama como adeudados por parte del ejecutado, por lo que era necesario inquirir, de una parte, si tales servicios fueron prestados y, de otra, si ellos eran remunerados y, en caso positivo, si el pago se realizó, negocio causal que, entonces, se erige, en caso de probarse su existencia, en uno de los factibles motivos para la atípica creación del pagaré”.

Con todo, prosiguió enunciando que “obsérvese que los mismos testigos expresan que el ejecutante le prestó varios servicios de asesoría jurídica al ejecutado, aunque los mismos no eran remunerados, pues respondían a las relaciones familiares —suegro yerno—, quedando establecido, probatoriamente, el negocio que justifica, en principio, la generación del cartular, primera razón para que las conjeturas fundadas en la forma como se presentaron los hechos, pierdan la necesaria gravedad, precisión, concordancia y nexo de causalidad con el hecho que se averigua por la vía de las inferencias, y, por tanto, son impotentes para formar la íntima convicción […] sobre la veracidad de la defensa, pues el aparente vigor demostrativo que la prueba en comento otorga, se impone mientras no se demuestre que hay otros que señalen su restricta apariencia, que es lo que ha ocurrido en el sub lite”, en tanto que “probado como está que el ejecutante le prestó servicios jurídicos al ejecutado o a las empresas en las que tenía interés su suegro, su documentación en cualquier escrito -formulario impreso o en un simple papel no tradicional-, adquiere justificación, circunstancia que se actualiza en el caso concreto, pues el ejecutante, a pesar de la condición abstracta propia de los títulos valores, incorporó en el título que el crédito tenía como causa los honorarios profesionales adeudados”, resultando que “ese adeudo lo reconocen, aunque con alguna resistencia, los testigos, pero lo más importante es que sobre esos servicios obra la prueba documental que el ejecutante aportó en el interrogatorio de parte […] los cuales fueron avalados por el juzgador y no cuestionados por el ejecutado, quien en el traslado realizado guardó silencio, generándose un reconocimiento tácito”.

Entonces, adujo, de “la valoración de la referida prueba documental surge con nitidez la existencia de varios escritos en los que [el tutelista], ya como gerente de Mister Pollo ora a título personal, otorgaba poder al ejecutante para gestionar diversos aspectos ante diferentes entidades administrativas y judiciales, material que en sentir de la posición mayoritaria es suficiente para establecer la realidad de la causa que el actor incorporó en el pagaré como fundamento de su creación y existencia”, aparte que “probado que el acreedor, de manera abusiva o no, incorporó como negocio causal los honorarios profesionales en el pagaré, en caso de que se considerara que no le adeudaba nada, debió comprobarlo o, en su defecto, ante el hecho cierto de la presencia de una labor de asesoría, demostrar que la suma integrada era excesiva, o que eran adeudados por otras personas que como beneficiarías directas de tales asesorías, les correspondía su pago; supuestos que no se han demostrado en la actuación y, en sentido adverso, en la actuación militan cuentas de cobro sobre los mismos, las cuales acreditan la onerosidad de la prestación de tales servicios”, así como que, no puede olvidarse, “tales recetarios también se utilizaban para actividades ajenas a la formulación de medicamentos o exámenes y si para documentar algunas actividades comerciales, tal como consta a folios 106 y 108, de los que se le corrió traslado al ejecutado en el interrogatorio de parte practicado al actor, guardando el deudor un injustificado silencio, significativo, como ya se puntualizó, de un reconocimiento tácito de los mismos”.

Abundó, a esas cotas, que “[t]ampoco es viable extraer material de prueba de las contradicciones que el [censor] quiere destacar de la abstención de precisar en la demanda los hechos objeto de controversia, en particular que el pagaré había sido llenado por el actor el mismo día que el ejecutado impuso su firma, pues en realidad aquel no tenía la carga de expresar tales circunstancias, omisión que no está penada en el ordenamiento, a lo que se adiciona que si nada se dijo en el libelo introductorio, no puede existir contrariedad con lo manifestado en el traslado de las excepciones. Sin embargo, no ofrece discusión que tanto en el pagaré como en la demanda se expresó que el derecho incorporado respondía a la remuneración por los servicios profesionales prestados, como supuestos relevantes para la eventual discusión que se pudiera presentar ante el cobro coactivo del título valor”.

A la par, relevó referente a las deposiciones vertidas que “la sola circunstancia de que las atestaciones provengan de familiares del ejecutado, no es suficiente para negarles, de plano, poder de convicción, orientación que respetó la falladora [a quo], pues ante la evidencia de que el conflicto tuvo su génesis y desarrollo en las relaciones íntimas de los sujetos involucrados en este contradictorio, pues tanto el uso del formulario médico como el negocio que, se dice, justifica su incorporación al mismo, se presentaron en el decurso filial, la proximidad devenida del parentesco natural o civil existente entre las partes y los declarantes, de quienes se puede predicar un conocimiento fundado en los hechos que ellos percibían, pueden arrojar luces sobre la realidad de las cosas, razón por la cual los valoró y ante las contradicciones e animadversión que halló contra el ejecutante, concluyó en su escaso mérito demostrativo”; ello, habida cuenta que de “la versión de los testigos, ciertamente, se advierte animosidad contra el actor[,] no les consta el momento de llenado del escrito, y tampoco probaron, con otros elementos de persuasión, el padecimiento de enfermedades que justificaran la entrega de los recetarios para prescribir medicinas”.

Y es que, puso de presente, “muy a pesar de que se aceptara que fuera verdad que el médico dejaba recetas en blanco para ser llenadas en caso de necesidad, ello no implica, necesariamente, que el papel en el que se incorporó la obligación cambiaría cobrada hubiera sido fruto de la indelicadeza que se reclama, surgiendo solo un indicio contingente, equívoco, por cuanto es perfectamente posible que los sujetos de derecho puedan acudir a una hoja con esas peculiares características para crear una obligación de tipo comercial, en consonancia con las precisas circunstancias o condiciones que, en ese momento, informaban a las partes”.

Al margen de lo pretérito, exteriorizó que relativamente con “la autoincriminación que en sentir del ejecutado comprueba que se desvirtuó la presunción de autenticidad del título, en verdad, ese medio demostrativo no se ha actualizado, pues si por medio de ella se tuviera como hecho plenamente probado que el actor impuso el contenido obligacional el día 30 de octubre de 2009 y que no existían instrucciones de llenado, coincidente con el supuesto fáctico alegado por el ejecutante, la probanza cuya valoración reclama el ejecutado, en puridad, beneficia a su contraparte, pues quedaría en vigor la hipótesis factual base de las pretensiones, la que, precisamente, debió ser desvirtuada, demostrando el ejecutado que hubo aprovechamiento de la sustracción del recetario para llenarlo con el crédito proveniente de un negocio inexistente, laborío que no agotó con la intensidad que reclama enfrentarse a un documento que tiene pleno valor demostrativo”.

Anejo a lo anterior, y luego de pregonar que el quejoso no asumió la carga de la prueba que le incumbía, estipuló que “[p]or demás, en las exceptivas planteadas con base en la irrealidad de la imposición del contenido del escrito y su suscripción por el ejecutado en un mismo día, no se hizo valer tal supuesto fáctico, antes de la iniciación del proceso, omisiones que impedían su decreto” oficioso como pruebas en la segunda instancia ya que “el supuesto fáctico que se quería probar no había sido planteado como base de las defensas ejercidas”.

En fin, denotó que “si bien la prueba indiciaria, es un medio que tiene expresa y formal idoneidad para acreditar supuestos de importancia en un proceso judicial, pues el juzgador, partiendo de hechos conocidos, puede llegar a la conclusión de la existencia del hecho controversial desconocido, sin embargo para que la misma se imponga, esto es, que sea posible tener por demostrado el supuesto “indicado” es necesario que no haya otros elementos demostrativos que los relativicen o les hagan perder ese poder de convicción, conclusión que va a emerger del juicio valorativo que, en conjunto, realice el juzgador, circunstancia que conduce a la desestimación de las exceptivas, pues apreciado en integridad el material acopiado se desgaja que no hay suficiente material de prueba que las soporte”.

4. Delanteramente se dirá que pese a no escapar de la atención de la Sala el incumplimiento del requisito de la inmediatez por parte del tutelista, pues desde la precisa data en que se profirió la sentencia de segundo grado enjuiciada han pasado más de los 6 meses que jurisprudencialmente se han considerado como razonables para acudir al amparo, lo cierto es que como se ha dicho en casos similares, donde la vulneración es evidente, “la misma no constituye un obstáculo infranqueable para que [el amparo] proceda, si se tiene en cuenta que, se itera, la decisión comentada está amparada en un actuar contrario a [D]erecho, lo que hace evidente y grave la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del accionante, y por ende necesaria la intervención del Juez Constitucional para conjurar la afectación que generó tal proceder” (CSJ STC10672-2017, 21 jul. 2017, rad. 2017-01778-00).

5. Examinada la providencia emitida por el tribunal encartado fechada 4 de mayo de 2017, así como las acreditaciones allegadas a esta actuación, se concluye que la solicitud de resguardo constitucional debe prosperar, dado que efectivamente aquel incurrió en un proceder que vulnera las prerrogativas del peticionario, habida cuenta que cejó aquilatar de manera cruzada todo el acervo demostrativo compilado, con lo cual dejó su laborío explicativo ayuno de la motivación y ponderación que era de esperar para desnudar la razón que dio pie para concluir del modo en que lo hizo.

5.1. El artículo 164 del Código General del Proceso establece que “[t]oda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”; amén, su par 176 positivó que “[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

Es por lo anterior que si bien los jueces gozan de una discreta autonomía en el laborío valorativo de los elementos de convicción que a cada litigio se arriman, ello no implica que en el ejercicio de sus funciones puedan dejar de expresar, de manera suficiente por demás, las concretas razones por las cuales en cada caso en particular adoptan su peculiar postura en aras de dirimir el conflicto de intereses puesto a su consideración.

5.2. En el sub lite, de entrada, se otea que en virtud a que el pleito se trabó entre personas conexas a título familiar, es de ver que quienes a priori estaban en mejor condición lo que en manera alguna excluye a otros órganos de prueba de dilucidar los aspectos salientes de la discordia son, precisamente, los demás sujetos pertenecientes a ese concreto círculo de lazos afectivos. Entre otras cosas, ya que las connotaciones emergentes de ese tipo de relaciones, en muchos de los casos, no alcanzan a trascender fuera de dicha órbita, lo cual anejamente depara que en tanto media su proximidad a los implicados, eso mismo les pudo posibilitar un enteramiento más exacto de las particularidades del pleito en cuanto a su origen.

Y es que, verbigracia, llama la atención que en la deposición de Lorena Cecilia Portilla Sosa (hija del quejoso) fueron expuestas, enunciándose las razones de lo así dicho, manifestaciones que dan precisa cuenta del móvil por el cual habíanse dejado por parte del ejecutado ciertos recetarios firmados por él, aparte de explicitar que las asesorías legales a que alude el ejecutante como causa de la pretensa obligación virtualmente no fueron tal; en similar sentido, el testimonio de Humberto Ramiro Portilla Sosa (hijo del tutelista) da cuenta de aspectos que tienden a desvirtuar lo aseverado por el allí demandante.

Esas versiones, que se aluden meramente a manera de ejemplo, si bien inicialmente pueden resultar sospechosas en tanto provienen de los deudos del demandado, lo que comportan es que en cabeza de los juzgadores recaía un mayor celo por hallar la verdad real de los aconteceres suscitados en derredor de la disputa judicial ventilada; ello, máxime cuando adicionalmente otros asuntos también llaman la atención, como puede ser la ocurrencia de que uno de los adversarios procedimentales estaba por los días de la suscripción del título valor detenido en un establecimiento carcelario, así como que el acreedor del sub examine recientemente se había separado y/o divorciado de una de las descendientes del deudor, aspectos que, cómo no, del mismo modo debieron ser examinados, según correspondía, para despejar toda duda y suspicacia que en torno de ello pudiera darse.

5.3. Las expuestas connotaciones al igual que otras inquietudes que contingentemente hubieren podido llegar a surgir en el tribunal acusado, si bien es cierto que el onus probandi recae ab initio en quien está interesado en sacar avante ya sus pretensiones ora sus excepciones (canon 167 ejusdem), sí comportaban una especial acuciosidad en los falladores para que, incluso con el empleo de las facultades oficiosas que en materia demostrativa el legislador proveyó (reglas 169 y 170 ibidem), indagasen más allá del escrutinio formalmente emprendido, puesto que mal puede perderse de vista que el fin perenne de los ritos es hacer prevalecer el derecho sustancial.

Así las cosas, lo que la sala recriminada debió fue, con base en las atribuciones que prescriben los artículos 169 y 170 del Código General del Proceso, y bajo la óptica trazada por los preceptos 228 de la Carta Política y 11 de la ley civil adjetiva, proveerse de los elementos de convicción necesarios para que el juicio ejecutivo sometido a su consideración se evidencie como la legal vía “para dar material valía y eficaz corporeidad al real encausamiento de los derechos sustanciales” (CSJ STC, 3 jul. 2013, Rad. 00059-01), todo ello enmarcado en una senda previamente delimitada que ha de ser trasegada de modo respetuoso, equitativo y justo a propósito de que la determinación adoptada se enriquezca de legitimidad.

Continuamente esta corporación ha pregonado que la facultad de decretar “pruebas de oficio” es un “poder-deber” del juzgador, más que una posibilidad a la cual puede acudir a mero título discrecional; tal está caracterizado como una actividad del Estado que está enderezada a la realización del Derecho, ya que mediante aquellas “se propende a la expedición de sentencias acordes con la legalidad, la justicia y la verdad, presupuestos axiológicos basilares que son menester en aras de atender el impostergable y sempiterno deber de dar íntegra y cabal preeminencia al derecho sustancial” (CSJ STC, 3 jul. 2013, rad. 00059-01), lo propio a fin de que “la justicia no se torne en letra yerma de la mano de la dejación de las funciones que a cada servidor judicial le corresponden dentro de la órbita de sus atribuciones legales” (CSJ STC16909-2017, 23 nov. 2016, rad. 2017-03288-00). Al efecto, la Sala ha señalado que:

“[E]se poder del juez, caracterizado como se encuentra, según se ha dicho, de un razonable grado de discrecionalidad, se trueca, en algunas hipótesis claramente definidas en el aludido estatuto, en un verdadero deber, despojado, por consiguiente, de aquél cariz potestativo, manifestándose, entonces, como una exigencia que el juzgador, como director del proceso, debe satisfacer; se trata, entonces, de específicos eventos en los cuales la ley impone la práctica de una determinada prueba en ciertos procesos, en cuyo caso, incumbe al juzgador cerciorarse de la realización de la misma, […].

En los supuestos de esta especie, la actividad oficiosa del juzgador no depende de su prudente y razonable juicio, sino que ella debe desplegarse por requerimiento legal, de manera que su incumplimiento genera la inobservancia de un deber de conducta que pesa sobre él” (CSJ SC, 7 nov. 2000, rad. 5606).

Por tanto, ha destacado la Corte que “la adopción de pruebas oficiosas no es cuestión de discrecionalidad, sino un imperativo de justicia que se impone en cabeza [del juez] de conocimiento” (CSJ STC, 28 jun. 2010, Rad. 00015-01).

5.4. Con todo, es del caso señalar que referente a la disconformidad elevada por el peticionario, atañedera con que presuntamente la sentencia cuestionada, que fue proferida bajo la égida del Código General del Proceso, “otorgó eficacia probatoria a los documentos aportados en copia que no se ceñían a los artículo[s] 254 y 268 en vigencia del Código de Procedimiento Civil”, la Sala, en CSJ STC17804-2017, 31 oct. 2017, rad. 2017-02529-00, aseveró lo siguiente:

“En el sub examine, la acreedora como vocera del encargo fiduciario GLP Ecopetrol, promovió demanda ejecutiva singular en contra de Pacif Oil & Gas S. A., se duele del fallo proferido en segunda instancia en el que se decretó de oficio la “falta de legitimación por activa”, en tanto considera que el ad-quem erró al restarle valor probatorio al escrito de cesión aportado en copia simple junto al libelo demandatorio.

Por su parte, el colegiado enjuiciado en providencia adiada 15 de marzo de 2017 decretó de oficio la excepción de “falta de legitimación por activa”, al concluir que el ejecutante no acreditó tal calidad, pues si bien aportó el escrito de “cesión” celebrada entre ellos y Fidupetrol, también lo era, que dicho documento fue aportado en el año 2014 en copia simple “falencia que sin duda impide su valoración pues para la data en que fue aportado se encontraba vigente el artículo 254 C.P.C.”.

[…] En el puntual tema de “valor probatorio de las copias” en virtud de lo reglado en el C. P. C., tales documentos carecían de valor probatorio, […]. Entretanto, el C. G. P., consagra lo contrario, esto es, les reconoce valor probatorio a las copias simples, pues las provee de plena eficacia demostrativa […].

[…] A la luz de lo reseñado, se advierte que la tesis expuesta por el colegiado enjuiciado, en el sentido de restarle valor probatorio al escrito de cesión, aportado como copia simple junto al libelo genitor, en virtud de aplicar lo reglamentado por el C. P. C., puesto que era la norma vigente al radicar la demanda (6 de octubre de 2014), desconoce lo normado en el actual Estatuto Procesal, específicamente, los artículos 624, 625 y 246 de [dicho] compendio, por lo que en definitiva, no tiene[n] acogida las razones expuestas por el ad-quem, puesto que [al] valorar la eficacia demostrativa del mencionado documento, debió haberla realizado teniendo en cuenta el tránsito de legislación y, en ese orden, proveer al respecto.

[…] En ese orden de ideas, es del caso precisar que la interpretación de las normas procesales a la luz de lo normado en el artículo 11 del C. G. P., tiene como objeto la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial” y, en caso de duda, ésta deberá aclararse “mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias”.

[…] Así las cosas, es oportuno destacar que la actuación judicial objeto de reproche, se encuadra en el presupuesto especial por “defecto sustantivo” comoquiera que —reitérase— el tribunal encartado en fallo de 17 de marzo de 2017 desconoció indiscutiblemente lo normado en los cánones 624, 625 y 246 del C. G. P., artículos aplicables al sub judice, en la puntual inconformidad expuesta y, no lo hizo, por el contrario dio relevanciaa una legislación que no se encontraba vigente al momento de la estimación de la eficacia probatoria de los documentos adjunto[s] al libelo ejecutivo, esto es, el artículo 254 del C. P. C.

[…] Según lo precedente, surge que la autoridad acusada al adoptar la providencia aquí cuestionada, dio prevalencia a una norma que no era pertinente ni vigente al asunto de marras y, en su lugar, desechó la llamada a resolver el caso en cuestión, sin distinguir que allí había operado el tránsito de legislación de que trata el C. G. P., lo que significaba, la aplicación de la norma específica existente; lo expresado en razón a que no es del caso darle efecto ultractivo a las disposiciones del C. P. C., que regulan el valor probatorio de las copias simples, por cuanto que el art. 624 del C. G. P., que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no trae en las diferentes hipótesis que contempla, lo atinente a la valoración de la prueba (se destacó).

6. Así las cosas, entonces, itérase, emerge próspera la reclamación extraordinaria y en consecuencia se dejará sin valor ni efecto el fallo de 4 de mayo de 2017, así como las actuaciones que de este se desprendan, ordenando a la colegiatura accionada que, previa adopción de las medidas probatorias oficiosas que estime del caso en pro de remover cualesquiera inquietud en torno a la resolución del litigio en cuestión, se pronuncie nuevamente sobre el recurso de alzada interpuesto contra la sentencia de primera instancia y lo propio en el término de veinte (20) días contados a partir del momento en que finalice la práctica de las pruebas correspondientes, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, de conformidad con lo plasmado en la parte motiva de este pronunciamiento.

7. De conformidad con lo discurrido, se otorgará el amparo rogado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Humberto Portilla Montenegro, conforme a la motivación exteriorizada, por lo que se deja sin valor ni efecto la sentencia de 4 de mayo de 2017, dictada dentro del juicio ejecutivo referido en los antecedentes.

2. ORDENAR a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, previa adopción de las medidas probatorias oficiosas que estime del caso en pro de remover cualquier inquietud en torno a la resolución del litigio en cuestión, se pronuncie nuevamente sobre el recurso de alzada interpuesto contra la sentencia de primera instancia y lo propio en el término de veinte (20) días contados a partir del momento en que finalice la práctica de las pruebas correspondientes, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, de conformidad con lo plasmado en la parte motiva de este pronunciamiento. Por Secretaría, envíesele copia de la presente decisión.

3. Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, de no ser impugnada, oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.