Sentencia STC2277-2016/2015-02415 de febrero 25 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Radicación 1100102-04-000-2015-02415-02

(Aprobado en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis)

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá, D.C., veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.

Decídese la impugnación formulada frente a la Sentencia dictada el 19 de enero de 2016 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la tutela promovida por Argemiro Ricaurte Patiño contra la Sala de Casación Laboral de la Corporación, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial y el Juzgado Séptimo Laboral de esta capital, con vinculación de la Empresa de Energía de Cundinamarca de Bogotá S.A. ESP.

1. Antecedentes.

1. El accionante depreca la salvaguarda de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y aplicación del precedente constitucional, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.

2. Su reclamación se soporta en los hechos que enseguida se compendian (fls. 1 a 19 c-1):

2.1. Aduce que laboró en la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. desde el 9 de enero de 1985 hasta el 6 de octubre de 1997 cuando se le comunicó su despido por haber participado en el paro efectuado el 24 y 25 de junio de esa última anualidad, declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

2.2. La terminación de su contrato de trabajo violó disposiciones legales porque: i) siendo miembro sindical en la comisión de seguridad industrial y salud ocupacional debió solicitarse el levantamiento del fuero circunstancial o acudir al comité obrero patronal para la iniciación del proceso disciplinario; ii) para los días de realización del cese de actividades disfrutaba de vacaciones; y, iii) desde el 1º de octubre de esa anualidad la empresa se encontraba en conflicto colectivo de trabajo con el sindicato Sintraelecol, al cual pertenecía desde su vinculación.

2.3. Con fundamento en los anteriores argumentos y pretendiendo su reintegro como el pago de las acreencias laborales correspondientes promovió demanda laboral contra la entidad empleadora ante el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, cuyas súplicas fueron desestimadas en sentencia de 24 de julio de 2003.

2.4. Esta decisión la confirmó la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 11 de febrero de 2010 al desatar la alzada interpuesta.

2.5. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 14 de octubre de 2015 no casó la del Juez colegiado de segundo grado al resolver el recurso extraordinario de casación formulado.

2.6. Los funcionarios accionados al proferir las decisiones censuradas quebrantaron los precedentes constitucionales contenidos en los fallos T-937/06, T-570/11 y SU-432/15, aplicables a su caso porque en ellos se resolvieron situaciones fácticas similares a la suya.

3. Solicita dejar sin efecto las sentencias dictadas por las autoridades judiciales acusadas, ordenar su reintegro y el pago de los salarios y todas las prestaciones sociales a que tiene derecho desde la fecha de su despido injusto y hasta cuando se compruebe su vinculación (fl. 13 c-1).

1.1. Contestación de los accionados y vinculados.

La Magistrada Ponente de la Sala de Casación Laboral de esta Corporación pidió negar el amparo por cuanto la determinación objeto de judicialización es razonada al ser dictada con apego a la Constitución Política y la ley (fls. 180 y 181).

La Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. solicitó igualmente no acoger el resguardo por estimar que ninguna de las providencias atacadas contiene vía de hecho, los precedentes invocados no son aplicables, pues en éstos se estableció la necesidad previa de agotar un procedimiento disciplinario para garantizar el debido proceso de los trabajadores, y en este caso el actor alega encontrarse amparado por el fuero circunstancial, inexistente conforme a las valoraciones realizadas en los fallos acusados, porque la presentación de un pliego de peticiones ante el Ministerio de Minas y Energía no llevaba implícita la obligación de discutirlo por ser presentado ante quien no tenía la condición de empleador (fls. 200 a 209 c-1).

El Juez Séptimo Laboral no se pronunció por carecer de elementos de juicio pues el expediente se encontraba en la Sala de Casación Laboral de la Corte (fl. 247).

1.2. La sentencia impugnada.

No concedió el amparo porque en el fallo de casación se analizaron los cargos formulados concluyendo que el fallador de alzada no tergiversó el contenido de las pruebas señaladas como erróneamente valoradas; éstas evidencian la participación activa del actor en el cese de actividades de 24 y 25 de junio de 1997 en Bogotá y Girardot, la no interpretación equivocada del artículo 450, numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo ni del 1º del Decreto 2164 de 1954, pues las apreciaciones adoptadas al respecto estaban acordes con la jurisprudencia y, además, aquél no se encontraba amparado por el fuero circunstancial.

1.3. La impugnación.

La propone el gestor esgrimiendo similares argumentos a los dados en el escrito inicial (fls. 303 a 308).

2. Consideraciones.

1. El accionante pretende la revocatoria de los fallos dictados por: i) el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá el 24 de julio de 2003, en el juicio ordinario que él promovió contra la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. EPS, mediante el cual desestimó las súplicas; ii) la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial el 11 de febrero de 2010 confirmatorio del anterior; y, iii) la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 14 de octubre de 2015 que negó el recurso extraordinario de casación interpuesto a la sentencia de segundo grado.

Acusa a los funcionarios accionados de haber cometido vía de hecho al proferir las decisiones censuradas, por cuanto no tuvieron en cuenta los precedentes constitucionales contenidos en las Sentencias T-937/06, T-570/11 y SU-432/15, aplicables a su caso porque en ellas se resolvieron situaciones fácticas similares a la suya.

2. Entre las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales está el desconocimiento del precedente constitucional, entendido como una sentencia antecedente relevante para la solución de un nuevo caso sometido a examen judicial, por contener pronunciamiento sobre un debate soportado en hechos similares, desde un punto de vista jurídicamente destacado; como los supuestos fácticos idénticos deben recibir un tratamiento igual, el fallo precedente debería determinar el sentido del asunto posterior.

En nuestro sistema normativo, tanto la doctrina probable como los precedentes integran el concepto de jurisprudencia, éstos constituyen fuente de derecho, pues proyectan un valor vinculante o persuasivo en la actividad judicial posterior; de ahí, que en aplicación de los principios de igualdad y seguridad jurídica los jueces están obligados a seguir la doctrina probable y la cosa juzgada constitucional (C.N., art. 243) o a justificar fuerte y adecuadamente la decisión de apartarse.

Existen varias formas para apartarse del precedente. Una, cuando se presenta modificación de la regla de decisión, derivada de la concurrencia de elementos de distinción entre el caso actual y el que, prima facie, se consideró precedente; la otra, el surgimiento de motivos normativos, valorativos o sociales que compelen de tal forma el contexto de la decisión, obligando al juez a replantear la subregla jurisprudencial. Un viraje en el punto demanda asumir exigentes cargas argumentativas (Sentencia C-836 de 2001).

Esas cargas han sido llamadas de: a) “transparencia”, evento en el cual el juez tiene el deber de identificar las decisiones previas que podrían ser relevantes para la definición del caso objeto de estudio; b) “suficiencia i” si se pretende establecer una distinción entre el caso previo y el actual debe identificar las diferencias y similitudes jurídicamente relevantes entre ambos casos y explicar por qué unas pesan más que otras, tal como lo exige el principio de igualdad siempre que se pretenda dar un trato diferente a dos situaciones, en principio, semejantes; y, c) “suficiencia ii” el juez debe exponer las razones por las cuales la nueva orientación no solo es “mejor” que la decisión anterior, desde algún punto de vista interpretativo, sino explicar de qué manera esa propuesta normativa justifica una intervención negativa en los principios de confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad, de la parte que esperaba una resolución ajustada a las decisiones previas(1).

3. En la demanda de reintegro por despido injusto y condena al pago de salarios y demás emolumentos prestacionales iniciada por el actor contra la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá en fallo de 24 de julio de 2003 desestimó las pretensiones soportado en la legalidad de la destitución al haberse acreditado su participación activa en el cese de actividades del 24 y 25 de junio de 1997, calificado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como ilegal en Resolución 001957 de 4 de septiembre del mismo año, circunstancia que autorizaba a la empleadora para aplicar el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, y dar por terminada la relación laboral existente.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en fallo de 11 de febrero de 2010 confirmó la anterior decisión al desatar la alzada interpuesta por el demandante, argumentando: El procedimiento para establecer el grado de participación del trabajador en el cese de actividades, previo al despido, una vez calificado el paro de ilegal, no se aplica a todos ellos sólo a los que han asumido una posición pasiva o inactiva en la huelga o que se han visto compelidos a actuar en ella; respecto de quienes han tomado participación activa en la misma, como es el caso del actor, no es obligatorio agotar ese trámite.

La Sala de Casación Laboral de la Corte el 14 de octubre de 2015 no casó la sentencia de segundo grado desestimatoria, apoyada, entre otras razones, en que estando demostrado que el trabajador participó activamente en el paro declarado ilegal; la empleadora estaba facultada para despedirlo sin necesidad de adelantar procedimientos previos o disciplinarios.

Y enfrentando el precedente constitucional afirmó: “(…) aunque es respetable que la Corte Constitucional haya reiterado en sentencias de tutela que es ‘irrelevante’ que ‘este procedimiento no haya sido previsto por la ley’, lo cierto es que esta Sala de la Corte Suprema de Justicia como máxima autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria no comparte tal postura, pues si el legislador al expedir el art. 450-2 del C.S.T., modificado por el art. 65 de la L. 50/1990, no previó un procedimiento previo para despedir a un trabajador que participó directamente en un cese de actividades que posteriormente es declarado ilegal, mal puede exigírsele a la demandada que se sujete a un procedimiento inexistente”.

4. La doctrina jurisprudencial desde hace varios años [SU-036/99, T-937/06, T-107/11 y SU-432/15] ha señalado uniforme y constantemente, sin perjuicio de la validez constitucional de la causal de despido por la participación en un paro declarado ilegal [artículo 450, numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 65 de la Ley 50 de 1990](2), que su aplicación debe ir acompañada del respeto por el debido proceso a través de un trámite breve y sumario para permitirle al trabajador el ejercicio del derecho de contradicción y defensa debido al carácter sancionatorio de ese preciso motivo de destitución como al respeto por la dignidad humana; pues, las actas elaboradas por el Ministerio de Trabajo en el marco de un conflicto colectivo operan exclusivamente como medio de prueba que deben ser ponderadas en ese rito, más no sustituyen la garantía del procedimiento interno y respetuoso de las prerrogativas a ser oído.

Ha sostenido igualmente, que sustituir el procedimiento interno por las diligencias administrativas adelantadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el marco de un conflicto colectivo equivale a negar al empleado el derecho de defensa, a responder por su conducta o a replicar la existencia de los hechos imputados aportando pruebas, comenzando por su propia versión de los acontecimientos.

5. El planteamiento del actor consistente en que en las sentencias T-937/06 y SU-432/15 la Corte Constitucional concedió los amparos en casos iguales al suyo resulta relevante para la decisión a tomar, pues se trata de pronunciamientos efectuados en eventos que guardan perfecta identidad con el presente. Allí se analizaron y juzgaron las situaciones de dos trabajadores de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP [la misma entidad donde laboraba Argemiro Ricaurte Patiño] directivos sindicales de Sintraelecol [el promotor era miembro de la comisión de reclamos de la EECSA ESP], despedidos por su participación en el cese de actividades del 24 y 25 de junio de 1997, declarado ilegal posteriormente por el Ministerio del Trabajo [el mismo paro que dio lugar a la destitución del accionante, y la misma resolución por la que fue declarado ilegal].

Los afectados con esas decisiones iniciaron sendos procesos ordinarios laborales siendo negadas sus súplicas en ambas instancias; la casación interpuesta en el juicio iniciado por José David León Bermúdez [SU-432/15] fue desestimada por la Sala de Casación Laboral; los jueces que conocieron del asunto se soportaron en argumentos idénticos a los que han esgrimido los funcionarios accionados en esta oportunidad; insistieron en señalar que el acta levantada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 24 y 25 de julio de 1997 probaba su participación activa en la huelga, por tanto, el empleador no estaba obligado a adelantar procedimiento administrativo alguno para aplicar el artículo 450, numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 65 de la Ley 50 de 1990.

Agotados los mecanismos ordinarios el exempleado Félix Antonio Cifuentes Olarte acudió a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en acción de amparo convocando a la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial y el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, dicha Corporación el 18 de abril de 2006 negó las súplicas, la cual fue confirmada por la Sala de Casación Penal al desatar la impugnación; estos fallos al ser seleccionado para revisión fueron revocados por la Corte Constitucional en sentencia T-937/06 para en su lugar conceder la tutela.

Igualmente el extrabajador José David León Bermúdez presentó tutela ante la Sala de Casación Penal de la Corte citando a la Sala de Casación Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito y el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, no accediendo a dicha acción el 16 de mayo de 2013, decisión confirmada por la Sala de Casación Civil el 31 de ese mes y año al desatar la impugnación presentada. Como estas determinaciones fueron seleccionadas para revisión la Corte Constitucional las infirmó en SU-432 de 2015 para enseguida otorgar el amparo.

6. Deviene indudable para la Sala, que los funcionarios accionados incurrieron en vía de hecho por defecto sustantivo al interpretar erradamente el artículo 450, numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo, pues la Sala de Casación Laboral de la Corte teniendo conocimiento de la jurisprudencia constitucional explicitada en los fallos SU-036/99, T-937/06, T-107/11 y SU-432/15 se apartó de su ratio decidendi sin cumplir la carga de identificar las determinaciones previas relevantes para definir el asunto (carga de transparencia). No expuso adecuadamente el alcance de los precedentes constitucionales, dejó de explicar por qué su decisión supone una mejor interpretación del ordenamiento jurídico a la luz de los derechos constitucionales involucrados en el trámite y el principio pro homine, y tampoco demostró que esa posición representa beneficios al derecho laboral, superando el costo que significa para la seguridad jurídica, la confianza legítima, a la igualdad y la interpretación uniforme de la ley apartarse de la regla decisional definida por la doctrina jurisprudencial constitucional en esos trámites.

En efecto, dicha corporación al abordar el tema en el fallo cuestionado justificó su separación de esa tesis aseverando solo: “(…) aunque es respetable que la Corte Constitucional haya reiterado en sentencias de tutela que es ‘irrelevante’ que ‘este procedimiento no haya sido previsto por la ley’, lo cierto es que esta Sala de la Corte Suprema de Justicia como máxima autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria no comparte tal postura, pues si el legislador al expedir el art. 450-2 del C.S.T., modificado por el art. 65 de la L. 50/1990, no previó un procedimiento previo para despedir a un trabajador que participó directamente en un cese de actividades que posteriormente es declarado ilegal (…)”, argumentación que no se acompasa con las exigencias requeridas por la jurisprudencia para efectos de tener por justificado el desconocimiento del carácter vinculante del precedente constitucional.

7. Con todo, independientemente de la teoría que se abogue en punto de las fuentes formales del derecho, así como del efecto vinculante o persuasivo que pueda expandir la doctrina probable creada por las Cortes de Casación o por los jueces, y del precedente; ambos institutos manifestaciones de la jurisprudencia y de su papel dinámico para legitimar los principios democráticos de seguridad jurídica y de confianza legítima, en el presente caso resulta protuberante la infracción del principio y del derecho constitucional de la igualdad.

Al margen de cuanto sentó la Sala de Casación Laboral al explicar las razones por las cuales no era de recibo la interpretación constitucional de tramitar un proceso breve y sumario para determinar la participación activa o pasiva de los trabajadores en un cese de actividades luego de haberse declarado ilegal, y de una observancia mínima del debido proceso, o como desde otro ángulo, pudieran analizarse los efectos temporales hacia el pasado de una doctrina jurisprudencial; en el presente caso, sí resulta patente la infracción de la regla 13 de la carta política, disposición que también se halla anclada en instrumentos internacionales y que, por tanto, ameritaría inclusive un control de convencionalidad. En síntesis, desde éste precepto estelar, el resguardo deviene necesario.

La prerrogativa y principio de la igualdad reglado en el artículo 13 de la carta política(3), al limpio ordena, entre otras cosas, dar un trato igual a situaciones o sujetos ubicados en idéntica situación; un trato semejante a quienes se hallan en condiciones semejantes, y un trato diverso a quienes se encuentran en distintas circunstancias fácticas. La igualdad, las semejanzas y las diferencias deben sopesarse desde un punto de vista jurídicamente relevante y, generalmente, el juez se ve obligado a ponderar el peso de las igualdades y las diferencias antes de concluir si está determinado un trato igual, semejante y diverso.

8. Así las cosas, se revocará el fallo impugnado, se concederá la tutela, se dejarán sin efecto las decisiones censuradas y se ordenará a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que desate nuevamente la alzada contra la decisión del a quo siguiendo las directrices adoptadas en esta providencia.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas para en su lugar, tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Argemiro Ricaurte Patiño.

2. Dejar sin efectos las sentencias proferidas por: i) el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá el 24 de julio de 2003, que negó las pretensiones de la demanda ordinaria laboral promovida por el actor contra la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP; ii) la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial de 11 de febrero de 2010 que confirmó la del a quo al desatar la alzada formulada; y, iii) la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 14 de octubre de 2015, por la cual no casó la del ad quem al resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto.

3. Ordenar a la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial que dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes al recibo del expediente, avoque y decida nuevamente el recurso de apelación interpuesto al fallo de 24 de julio de 2003 dictado por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del juicio citado en precedencia [expediente 07-1998-0204], con base en las consideraciones aquí expuestas, teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional vigente relativa al debido proceso en la aplicación del artículo 450, numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 65 de la Ley 50 de 1990 o por participación en un cese de actividades declarado ilegal.

4. Secretaría libre oficio al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá para que remita de manera inmediata el expediente en mención, si allí se encuentra, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, para lo de su cargo.

5. Secretaría deberá remitir copia de esta providencia a los funcionarios acusados.

6. Comunicar telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona. 

(1) Corte Constitucional sentencia T-698 de 2004, T-464 de 2011 y SU-432 de 2015.

(2) “Casos de Ilegalidad y Sanciones. (…) 2º. Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado en él, y respecto a los trabajadores amparados por el fuero el despido no requerirá calificación judicial”.

(3) “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía (…)”.