Sentencia STC2595-2016/2016-00092 de marzo 2 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC2595-2016

Rad.: 11001-02-03-000-2016-00092-00

(Aprobado en sesión de primero de marzo de dos mil dieciséis)

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá D.C., dos de marzo de dos mil dieciséis.

Decídese la acción de tutela instaurada, a través de licenciado, por Banco de Occidente S.A. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, concretamente contra los magistrados Nubia Esperanza Sabogal Varón y Julio Enrique Mogollón González, y la Superintendencia de Sociedades.

Antecedentes

1. La entidad bancaria reclamante depreca la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades de marras dentro del juicio de acción revocatoria (L. 1116/2006, art. 74) instaurado por MNV S.A., a través de su liquidador, en su contra y en la de Miguel Alberto Nule Velilla, Rina Cecilia Mendoza Beltrán, Decoración y Objetos SAS y Helm Bank S.A.

2. Arguyó, como fundamento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:

2.1. Avocado como fue el asunto sub júdice por la superintendencia acusada, esta emitió el Auto 2015-01-075488 de 12 de marzo de 2015, “mediante el cual resolvió las excepciones previas interpuestas por [la tutelista]; citó a las partes a la audiencia de que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil; delegó […] que [se] adelantara la audiencia mencionada; reconoció personería a los apoderados de las partes que han intervenido en el proceso; decretó algunas pruebas y aplazó la decisión de las demás pruebas solicitadas por las partes para pronunciarse sobre las mismas en la audiencia convocada”, esto es, “se decretaron pruebas de la parte demandante”, de los restantes demandados, “del litisconsorte necesario Luis Guillermo Dávila Vinueza y se omitió por completo decretar” las suyas.

2.2. En punto de esa determinación formuló “recurso de reposición […] para que se decretaran [sus] pruebas […] y […] señal[ó] que de ser decidido negativamente el recurso, subsidiariamente se interponía […] apelación”.

2.3. Para desatar la impugnación dictóse el “Auto 2015-01-117681 del 7 de abril de 2015, […] decid[iéndose] el recurso de reposición interpuesto y en la parte considerativa del mismo, […] al referirse a las pruebas documentales solicitadas y aportadas por [ella], se indic[ó] que “[l]a demandada Banco de Occidente presentó una serie de documentos con su escrito de llamamiento en garantía a Rina Cecilia Mendoza Beltrán y solicitó su citación a interrogatorio de parte”, y a renglón seguido […] reconoc[ió] que por error se omitió incluirlos en la parte resolutiva de la providencia recurrida, por lo que se procedería a corregir” el yerro.

Empero, “[r]especto del interrogatorio de parte del liquidador de la sociedad demandante […] Pablo Muñoz Gómez y el testimonio de […] Javier Escandón Jaramillo, en el citado auto […] se manif[estó] lo siguiente: “En la medida en que en la oportunidad procesal respectiva el Banco de Occidente S.A. no pidió las mencionadas pruebas, este despacho no se pronunciará sobre su decreto a solicitud de la parte”” (sublineado original, como los demás), con lo cual, acota, se pasó por alto que “sí pidió las pruebas que la Superintendencia de Sociedades afirmó que no había solicitado oportunamente pues se pidieron en el escrito de contestación de la demanda” tempestivamente radicado; además, la alzada “se rechaz[ó] de plano, “por cuanto en la mencionada providencia no se tomó ninguna de las decisiones enlistadas en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil ni de sus disposiciones concordantes””.

2.4. Así las cosas, “[p]ara que se corrigiera el grave error anotado, que [la] dejaba sin pruebas en el proceso”, versus el pronunciamiento ut supra enfiló medio impugnativo horizontal relevando, “expresamente[, …] que si la decisión […] era la de persistir en no corregir el error anotado y declarar improcedente el recurso de reposición con el argumento de que el auto que decide una reposición no es susceptible de ningún recurso, en ese caso en forma subsidiaria se solicitaba reconsiderar la decisión de negar el recurso de apelación y proceder a concederlo”, y que “en todo caso, […] de ser decidido negativamente o rechazado el recurso de reposición y negada la concesión de la apelación, en forma subsidiaria, se interponía recurso de queja”.

2.5. Tal formulación fue “decidid[a] por la Superintendencia de Sociedades en la audiencia de que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil llevada a cabo el 28 de abril de 2015 […]. En dicha audiencia se profirió sentencia anticipada parcial y, por supuesto, se negó el recurso antes mencionado porque legalmente no era procedente reposición de reposición, declarando que no se requerían más pruebas y concediendo el recurso de queja contra el Auto de pruebas, además de que se negó en forma completamente ilegal y arbitraria el recurso de apelación interpuesto en la audiencia contra la sentencia anticipada parcial”.

2.6. Ulteriormente, la superintendencia acusada “en audiencia de fallo llevada a cabo el 20 de mayo de 2015, […] profirió sentencia definitiva en [su] contra” no obstante hallarse “en trámite”, ante la colegiatura querellada, “el recurso de queja interpuesto contra el auto que había negado las pruebas oportunamente pedidas […], recurso que también se decidió equivocadamente por el tribunal [accionado] el 21 de agosto de 2015”.

Esa providencia, expresa, “en forma completamente errada […] afirm[ó] que “en su oportunidad [ella] no presentó contestación de demanda ni propuso excepciones de mérito””, móvil por el que no le tuvo “en cuenta ni la contestación de la demanda ni las excepciones de mérito o de fondo propuestas” y, así como tampoco atendió la defensa que propuso el co-demandado Miguel Eduardo Nule Velilla pese a que luego de la “sentencia parcial la litis quedó reducida por la parte demandante o actora a la sociedad MNV S.A. y por la parte demandada a [ella] y a […] Nule Velilla”, lo que meramente realizó fue “un análisis de la buena fe como requisito o presupuesto legal de la prosperidad de la acción revocatoria a que se refiere el artículo 74 de la [L]ey 1116 de 2006”.

Asimismo, acotó, soslayó sus “legítimos derechos […] como propietari[a] y arrendador[a] financier[a] del inmueble objeto del contrato de leasing habitacional destinado a vivienda familiar”, materia de la litis.

Lo propio, habida cuenta quedispuso que se revocaba el pago que por valor de $ 543’213.564 y con ocasión del contrato de [L]easing [H]abitacional Nº 180-041578 hizo la sociedad MNV S.A. a Leasing de Occidente, o lo que es lo mismo, a [ella], y condenó al arrendador a reintegrar a dicha sociedad la mencionada suma de dinero con intereses de mora, intereses que liquidaron en la suma de $ 459’405.348.73, con la que se había terminado de cancelar[le …] el valor de los bienes objeto del contrato de leasing. Pero en la sentencia no se ordenó que se le restituyera […] la propiedad de los mencionados bienes inmuebles, a pesar de que al reintegrar la mencionada suma de dinero no se cancelaba la totalidad del valor o precio de los referidos bienes”, es decir, “sobre este importante efecto del fallo en la sentencia no se hace pronunciamiento alguno”, por lo que fue “condena[da] a reintegrar la suma de dinero que recibió en pago final del precio o valor de los bienes objeto del contrato de leasing […], bienes sobre los cuales se celebró un nuevo contrato de leasing por parte de Helm Bank, y a cambio no recibe compensación alguna”, máxime cuando en la “sentencia anticipada […] se absolvió a la mayoría de demandados, entre esos a […] Rina Cecilia Mendoza, sin tener en cuenta que fue ella quien se beneficiaba al ostentar la propiedad de un inmueble cuyo pago fue posteriormente revocado […] en sentencia definitiva, enriqueciéndose injustamente con dicho pago sin que [se] tenga opción para obtener de dicha señora la restitución del dinero”.

2.7. Paralelo a esto, se duele de que el tribunal censurado, al emitir el proveído de 21 de agosto de 2015, con que “declaró bien denegado el recurso de apelación propuesto contra [la resolución] de marzo 12 de 2015, Auto 2015-01075488”, incurrió en anomalía por cuanto se sustentó en un “argumento eminentemente formalista consistente en que el auto recurrido no negaba las pruebas sino que postergaba su resolución”, amén de sostener que al “resolver[se] la reposición contra el referido auto, [la superintendencia cuestionada] sí se pronunció expresamente sobre dichas pruebas, pues en relación con los interrogatorios a Pablo Muñoz Gómez y a Javier Escandón Jaramillo, “negó su práctica por considerarlos extemporáneos, punto novedoso que correspondía ser controvertido, ahí sí, debidamente por la recurrente a través de la alzada que ahora pretende se conceda””, por lo que no advirtió que se “prof[irió] sentencia […] sin pruebas, a pesar de todos los recursos de reposición interpuestos”.

2.8. Del mismo modo, reconviene que la Sala enjuiciada, luego de ser concedido por la Superintendencia de Sociedades, admitió el recurso vertical que promovió contra el fallo de 20 de mayo de 2015, corriéndole el posterior traslado para alegaciones y, con “desconocimiento del principio de “confianza legítima””, intempestivamente el 20 de octubre posterior optó por “declarar la nulidad de todo lo actuado en e[s]a instancia” e “inadmitirlo” al considerar “que en las acciones revocatorias en los procesos de insolvencia de que trata el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, la sentencia que les pone fin es inapelable por ser un proceso o juicio de única instancia”, quebrantándole así sus prerrogativas.

Frente a ese pronunciamiento interpuso “súplica” que, el 1º de diciembre siguiente, fue desatada adversamente.

3. Pide, conforme a lo relatado, declarar “la nulidad de todo lo actuado por la Superintendencia de Sociedades y por el Tribunal Superior de Bogotá-Sala Civil en el trámite de la acción revocatoria en cuestión desde el auto en que se decretaron las pruebas en el referido proceso, y en su lugar, ordenar: A la Superintendencia de Sociedades que en el trámite de la referida acción revocatoria le d[é] estricto cumplimiento al debido proceso y respete y asegure efectivamente [su] derecho de defensa […]. Al Tribunal Superior de Bogotá-Sala Civil que en el evento en que se profiera por parte de la Superintendencia de Sociedades decisión de primera instancia en [su] contra […] le d[é] trámite al recurso de apelación que se interponga contra la misma, dado el hecho de tratarse de una acción revocatoria cuyo trámite se inició con anterioridad a que el referido tribunal modificara su posición o tesis de que en este tipo de procesos era procedente interponer la apelación contra las sentencias que se profieran”.

La respuesta de los accionados

La superintendencia acusada sostuvo, en compendio, que no hay vulneración de su parte para que proceda el amparo.

El tribunal recriminado guardó silencio.

Consideraciones

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la vía idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación “con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’”, y bajo los presupuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que “no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo” (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).

El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de “Estado Social de Derecho” y la ordenación contemplada en el artículo 4º de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepción la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: “a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela” y, 2. Especiales: “a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución” (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).

2. Observada la censura planteada resulta evidente que la entidad bancaria reclamante, al estimar que se obró con desprecio de la legalidad por presuntamente configurarse causal especial de procedibilidad por defectos material y procedimental absoluto, enfila su inconformismo así:

2.1. Contra la Superintendencia de Sociedades, habida cuenta que dictó sentencia el día 20 de mayo de 2015, sin abordar el estudio de sus excepciones de mérito, como tampoco pronunciarse sobre la prestación mutua de reintegro a su favor del bien objeto del leasing habitacional razón del petitum, no obstante que sí le impuso la devolución del monto dinerario que por tal ajuste de voluntades recibió.

2.2. Relativamente a la corporación querellada, ya que: (i) por proveído de 21 de agosto de 2015, desató adversamente el recurso de queja que interpuso; (ii) por resolución de 20 de octubre posterior, “declar[ó] la nulidad de todo lo actuado en e[s]a instancia” e “inadmiti[ó]” la apelación que interpuso contra el fallo ut supra; y, (iii) el 1º de diciembre ulterior, desestimó la “súplica” con que atacó el auto inmediatamente anterior.

3. De acuerdo a las acreditaciones compiladas, se observan las siguientes actuaciones que incumben al asunto objeto de estudio:

3.1. Pronunciamiento número 2015-01-075488 de 12 de marzo de 2015, a través del que la superintendencia accionada, luego de precisar que en “la audiencia de que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil […] resolverá de manera definitiva sobre el decreto de pruebas”, procedió allí, a continuación de haberse pronunciado adversamente sobre las “excepciones previas” formuladas por el banco reclamante, a decretar unos medios de convicción y “aplaz[ó] la decisión sobre las demás pruebas solicitadas en el proceso, sobre las cuales se decidirá en la audiencia convocada” (fls. 689 a 694, c. 4 copias).

3.2. Reposición y apelación subsidiaria formulada por la tutelista contra la anterior resolución (fls. 695 a 698, ídem).

3.3. Decisión 2015-01-117681 de 7 de abril siguiente, por la que la Supersociedades determinó: “Primero. Modificar la providencia recurrida, y en consecuencia decretar las siguientes pruebas: del demandado Banco de Occidente: a. Documentales: ténganse como prueba los documentos presentados con el escrito de llamamiento en garantía a Rina Cecilia Mendoza Beltrán. b. Interrogatorio de parte: el día de la audiencia [de que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil], se llevará a cabo el interrogatorio de parte a la llamada en garantía a Rina Cecilia Mendoza Beltrán. Segundo. Confirmar, en lo restante, el Auto […] de 12 de marzo de 2015. Tercero. Rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto contra el mencionado auto, por no ser susceptible de este recurso” (fls. 731 a 733).

3.4. Acta enumerada 2015-01-212688 de 28 de abril del año próximo pasado, contentiva de la “sentencia anticipada parcial” que desestimó “las pretensiones que componen el grupo de pretensiones principales de la demanda y las pretensiones segunda y cuarta de las pretensiones subsidiarias”; “absolvió” a los “demandados e intervinientes” Helm Bank S.A., Rina Cecilia Mendoza Beltrán, Decoración y Objetos SAS, Luis Guillermo Dávila y la denunciada en el pleito Orietta Mendoza”; y, dispuso “continuar el proceso respecto de las pretensiones restantes”. La alzada propuesta por la censora en contra de tal fue rechazada “por no haberse interpuesto inmediatamente proferida la sentencia” y, en cambio, se concedió la apelación interpuesta “por la parte demandante”.

A continuación allí se “prescind[ió] de las demás pruebas” citándose a “reanudación de la audiencia”, determinación esta en punto de la cual no se interpuso ningún recurso (fls. 738 y 739).

3.5. Fallo 2015-01-253582 de 20 de mayo de 2015, con que la Superintendencia de Sociedades resolvió: “Primero. Declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por los demandados. Segundo. Revocar el pago realizado por la sociedad MNV S.A. (hoy en liquidación judicial) el 26 de enero de 2010 a Leasing de Occidente S.A. (hoy Banco de Occidente S.A.) por la suma de $ 543’213.564, en ejecución del contrato de Leasing Habitacional 180-041578 celebrado entre Miguel Eduardo Nule Velilla y Leasing de Occidente S.A. Tercero. Condenar a la demandada Banco de Occidente S.A. a reintegrar al patrimonio de la sociedad MNV S.A. en liquidación judicial la suma de $ 543’213.564,oo, por concepto de capital, y $ 459’405.348,73 por concepto de intereses de mora. Cuarto. Condenar en costas a la demandada Banco de Occidente S.A. Liquídense por secretaría una vez en firme la presente sentencia” (fls. 627 a 645, c. 3 copias).

3.6. Proveído de 21 de agosto de 2015, por el cual el tribunal recriminado declaró bien denegado el “recurso de apelación” interpuesto contra el de 12 de marzo de 2015, que “resolvió sobre el decreto de unas pruebas, aplazando “la decisión sobre las demás (…) solicitadas en el proceso, sobre las cuales se decidirá en la audiencia convocada […]”” conforme al artículo 432 del Código de Procedimiento Civil.

A ese fin predicó que la providencia emitida por “el a quo, entre otras determinaciones, resolvió sobre el decreto de unas pruebas, aplazando “la decisión sobre las demás (...) solicitadas en el proceso, sobre las cuales se decidirá en la audiencia convocada en el numeral segundo de esta providencia””, acaeciendo que “[c]ontrario a lo afirmado por la quejosa, ese proveído no negó el decreto o práctica de alguna prueba pedida por ella, sino que postergó su resolución a la audiencia mencionada, situación que la excluye de las específicas disposiciones del artículo 351 del estatuto procesal civil, y hace improcedente la alzada en su contra”.

Denotó, de inmediato, que “al resolver la reposición frente a ese proveído, el fallador de primera instancia sí se pronunció expresamente sobre dichas pruebas, pues tuvo como tales, “los documentos presentados con el escrito de llamamiento en garantía Rina Cecilia Mendoza Beltrán”, ordenó su interrogatorio, y respecto de los “interrogatorios a Pablo Muñoz Gómez y a Javier Escandón Jaramillo..., en la medida en que en la oportunidad procesal respectiva [la parte enjuiciante] no pidió las mencionadas pruebas, este despacho no se pronunciará sobre su decreto” […] es decir, negó su práctica por considerarlos extemporáneos, punto absolutamente novedoso que correspondía ser controvertido” (fls. 754 a 758, c. 4 copias).

3.7. Providencia, también de 21 de agosto del año pasado, por la que la corporación encartada admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad quejosa “frente a la sentencia proferida el 20 de mayo de 2015” (fl. 767, ídem).

3.8. Auto de 2 de septiembre ulterior, por la que se corrió “traslado a las partes para presentar sus alegaciones en esta instancia, en la forma y por el término previsto en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil” (fl. 769).

3.9. Determinación de 10 de septiembre posterior, mediante la que se precisó que en “el proveído de 2 de septiembre hogaño se incurrió en una irregularidad, consistente en ordenar correr traslado a las partes para presentar sus alegaciones en segunda instancia, acorde con el artículo 360 del estatuto procesal civil. En estrictez, el aludido pronunciamiento carece de sustento legal, toda vez que el artículo 434 de la citada codificación, prevé que una vez admitido el recurso de apelación contra la sentencia proferida en un proceso verbal —naturaleza que ostenta el litigio de la referencia—, “se señalará día y hora para la audiencia de alegaciones y fallo”. Consecuentemente, se dispone dejar sin efectos el primer párrafo del citado Auto de 2 de septiembre de 2015, y se señala la hora de las 3:30 p.m. del 21 de octubre del año en curso para llevar a cabo la audiencia a la que refiere el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil” (fls. 770).

3.10. Resolución de 20 de octubre de la pasada anualidad, por la cual la Sala querellada declaró “la nulidad de todo lo actuado en esta instancia por falta de competencia funcional y, por consiguiente, inadmiti[ó] el recurso de apelación interpuesto por [la entidad quejosa] frente a la sentencia que profirió el 20 de mayo de 2015” la Superintendencia de Sociedades.

Lo anterior, en compendio, habida cuenta que “[e]l régimen de insolvencia empresarial consagrado por la Ley 1116 de 2006 estableció un sistema unificado aplicable a comerciantes, personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras, con el fin de velar por la protección del crédito, preservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente de empleo, y, en el caso de ser necesario, obtener una liquidación pronta buscando el aprovechamiento del patrimonio del respectivo deudor”, por lo cual para “materializar tales objetivos se establecieron los mecanismos de reorganización empresarial y liquidación judicial, primero de los cuales pretende la conservación de una empresa viable, mientras que el segundo procura la distribución patrimonial del insolvente para atender equitativamente las obligaciones a su cargo, en el evento en que la susodicha unidad económica esté llamada a extinguirse”.

Pregonó, que “esos procedimientos de carácter jurisdiccional fueron confiados, excepcionalmente, a la Superintendencia de Sociedades, que en uso de las facultades establecidas por el inciso 3o del artículo 116 de la Constitución Política, es competente para conocer del proceso de insolvencia “de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes” (L. 1116/2006, art. 6o)”, y “también estableció la ley que “el proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia” (art. 6o, par. 1o, ib.)”.

Por tanto, enunció que “[d]esde esa perspectiva, forzoso es concluir que la petición revocatoria de que trata el régimen de insolvencia empresarial, tramitada ante la mencionada entidad, resulta ser de única instancia, pues aunque pareciera ser un trámite totalmente independiente al proceso concursal, su finalidad indica que es un procedimiento accesorio que impone seguir las reglas del respectivo trámite principal, por lo menos, en cuanto a su apelabilidad”. Es que, adujo, “no puede ser de otra forma, pues lo cierto es que a la mencionada entidad le fueron conferidas facultades jurisdiccionales de manera excepcional para conocer de los procesos de insolvencia consagrados por la Ley 1116 de 2006, los cuales, se insiste, son de única instancia y cobijan la solicitud de revocación, tanto así que, de considerar lo contrario, es decir, dicho pedimento como un proceso independiente de la insolvencia, la Superintendencia carecería de competencia para tramitar esa actuación”.

Elucidó que “abundando en mayores raciocinios, […] la motivación de la ley fue clara en cuanto al carácter accidental de la revocatoria, tanto que al introducir las facultades y atribuciones del respectivo juzgador mencionó que éste podía “adoptar las decisiones que estime pertinentes para proteger y recuperar los bienes que integran el activo patrimonial del deudor, incluyendo la revocación de actos efectuados de mala fe, mediante incidente que no suspende el proceso” [exposición de motivos proyecto de ley régimen general de insolvencia], reafirmándose así, desde los orígenes de la legislación en comento, la accesoriedad de esa petición respecto del procedimiento concursal”.

Relevó, entonces, que “conviene aclarar que si bien el artículo 75 de la mencionada legislación dispuso que la solicitud revocatoria “se tramitará como proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil”, no por ello estableció la apelabilidad de esas decisiones, sino simplemente el trámite que debía seguir el pedimento en mención, que fue variado de incidental hacía el procedimiento abreviado, ahora verbal con la modificación introducida por la Ley 1395 de 2010”.

A título de colofón, esgrimió que “si la ley instituyó el régimen de insolvencia y señaló que ese proceso es de única instancia, significa que esa regla rige para los trámites allí autorizados (reorganización, liquidación judicial, revocatoria o simulación)” (fls. 771 a 776).

3.11. Pronunciamiento de 1º de diciembre ulterior, mediante el que el colegiado accionado definió adversamente el recurso de súplica que promovió la peticionaria.

Ello, al sostener que “la acción que dio origen al asunto de la referencia se encuentra regulada en la Ley 1116 de 2006 —[p]or la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones—, en donde en su artículo 6o se dispuso “[e]l proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia”, señalando a continuación las providencias que admiten el recurso de apelación, sin que se encuentre la que fue objeto de alzada; normativa que se corresponde con lo preceptuado en el numeral 5o, parágrafo 5o, del artículo 24 de la [L]ey 1564 de 2012, que dispone que “[l]as decisiones adoptadas en los procesos concursales y de reorganización, de liquidación y de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización, serán de única instancia, y seguirán los términos de duración previstos en el respectivo procedimiento”” (destacado original, como los demás).

Siguió denotando que “[l]a […] Corte Constitucional refiriéndose sobre el proceso bajo estudio, señaló que “[e]n el caso específico del artículo 74 de la [L]ey 1116 de 2006, consagra la posibilidad de que durante un proceso de insolvencia se pueda demandar ante el juez del concurso la revocación o simulación de ciertos actos o negocios celebrados por el deudor, cuando hayan perjudicado a los acreedores o afectado el orden en la prelación de pagos y el patrimonio del deudor sea insuficiente para cubrir los créditos reconocidos (...) la acción de revocatoria y la de simulación, en el marco del proceso de insolvencia, puede ser adelantada tanto durante la etapa de reorganización empresarial como en la fase de liquidación judicial, ante el juez del concurso, cuando el patrimonio del deudor resulta insuficiente para atender las obligaciones adquiridas y los negocios celebrados hayan afectado a cualquiera de los acreedores...””.

Así que, concluyó, “al iniciarse la acción revocatoria que trata el artículo 74 de la [L]ey 1116 de 2006 en el marco del proceso de insolvencia, la sentencia que ponga fin a dicho asunto, al ser el juicio de única instancia, es inapelable” (791 y 792).

4. Auscultada la censura concerniente con el Auto de 20 de octubre 2015, mediante el cual el tribunal acusado “declar[ó] la nulidad de todo lo actuado en e[s]a instancia” e “inadmiti[ó]” la “apelación” que interpuso la entidad bancaria reclamante frente a la “sentencia” de 20 de mayo de ese año que dictó la Superintendencia de Sociedades, advierte la Corte que cumple otorgar el amparo instado sobre el particular reclamo, mismo que comprende los demás reparos aquí expuestos (tocantes con el no estudio en esta última providencia de las “excepciones de mérito” planteadas por la quejosa, como la falta de pronunciamiento sobre la “prestación mutua” de reintegro a su favor del bien objeto del leasing habitacional, amén de haber sido desestimada la “súplica” con que atacó el proveído ut supra), comoquiera que al no tramitarse la “segunda instancia” del litigio abreviado (hoy día verbal conforme al artículo 21 de la Ley 1395 de 12 de julio de 2010) de la acción revocatoria sub júdice se incurrió en anomalía en tanto que dicho fallo sí está sujeto a alzada, según lo previsto normativamente, siendo que no es dable hacer interpretaciones de reglas procesales de orden público; a más que se defraudó la “confianza legítima” de la entidad apelante. Todo lo anterior, según pasa a verse.

5. Se han planteado divergencias en torno a si los fallos que emiten los jueces del concurso, en punto de las acciones revocatorias, son “apelables” o no, habida cuenta que sobre el particular median dos tesis.

Una pregona que son inapelables por cuanto que, grosso modo, según estipula el artículo 6º de la Ley 1116 de 27 de diciembre de 2006, por la cual “se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”, el “proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia”, y en vista de que esas acciones se surten bajo el cobijo legal de la insolvencia, en calidad de accesorias, esa es la senda que también se impone para ellas. La otra, sostiene que tanto la “acción revocatoria” como la de “simulación”, reguladas por los preceptos 74 y 75 ejúsdem, refieren a una acción autónoma que, por ende, se rige por pautas particulares que autorizan el recurso vertical de las sentencias de primer grado al efecto dictadas.

No obstante, si bien podría pensarse que el juzgador de tutela, al hallarse ante sendos criterios que, ab initio, no se vislumbran abierta y ostensiblemente ayunos de sustento en la normatividad, tendría que predicar que esas posturas resultan “razonables”, esto es, desprovistas de capricho o subjetividad tal que lo obligaran a predicar la existencia de una “vía de hecho”, lo cierto es que ello aquí no ocurre en modo alguno, habida cuenta que, sin rodeos, la Sala deja en claro que las sentencias dictadas al interior de las acciones revocatorias o de simulación, de que tratan los artículos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006, que se surten mediante el procedimiento abreviado, hoy verbal, sí son objeto del recurso de alzada (siempre y cuando se trate de verbales de mayor y menor cuantía), comoquiera que al efecto claramente las mismas demarcaron las pautas del procedimiento a seguir (abreviado, hoy verbal) y, por ende, se impartieron directrices de orden público que devienen invariables al juez o a las partes, por lo que otro entendido no es aceptable a la luz del ordenamiento legal colombiano.

En efecto, el aludido artículo 75 ordena, en el aparte pertinente, que “[l]a acción se tramitará como proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil”.

5.1. Antes que otra cosa, valga aclarar que si bien esta corporación en CSJ STC12055-2015, 11 sep. 2015, rad. 0199-00, sostuvo en un asunto que guarda simetría con el ahora planteado que “los procesos de liquidación que sean tramitados ante la Superintendencia de Sociedades, incluyendo las peticiones de revocatoria que se resuelvan dentro de éstos juicios, son de única instancia, por lo que no pueden concederse recursos de apelación contra las decisiones proferidas en tales controversias”, lo cierto es que tal manifestación se trató de un “dicho al pasar”, o sea, que esa apreciación constituyó un obiter dictum que como tal carece de poder vinculante, por cuanto su naturaleza fue meramente complementaria si no se olvida que en tal providencia el asunto abordado se zanjó conforme al “requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencia judiciales” denominado como “subsidiariedad” o “residualidad”, habida cuenta que al efecto en esa oportunidad se sostuvo, en suma, que no fueron “agotados todos los mecanismos de defensa judicial, previstos en el ordenamiento jurídico”, tópico este que materializó la ratio decidendi de la decisión en tanto que dicho argumento fue el que constituyó la base por la que finalmente se resolvió sobre la materia sometida a conocimiento en esa ocasión.

Expresado en breve, si bien se adujo en la mentada providencia lo arriba anotado, ello se hizo a título de simple opinión que, en ese orden de ideas y dada su precisa connotación, no obliga a los funcionarios, razón por la cual se hace necesario profundizar el tema.

5.2. Las acciones a que viene aludiéndose, históricamente han sido abordadas por el legislador en varios compendios legales, los que por regla general otorgaron a las decisiones definitivas la posibilidad de segunda instancia. Veamos:

5.2.1. Entre los remotos y mediatos, están el Código de Comercio de Panamá, que rigió para toda la República de Colombia desde 1869 hasta los años 1940; el Decreto 750 de 1940; el estatuto mercantil, es decir, el Decreto 410 de 1971; y, el Decreto 350 de 1980.

5.2.2. Los más recientes son las Leyes 222 de 20 de diciembre de 1995, “[p]or la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones”; 550 de 30 de diciembre de 1999, “[p]or la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley”; y, 1116 de 2006, enantes mentada; amén, en el Decreto 1910 de 27 de mayo de 2009, “[p]or el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 4334 de 2008, la Ley 1116 de 2006, y el artículo 2 del Decreto 4591 de 2008 y se dictan otras disposiciones”.

En esos conjuntos normativos, predominantemente, se les otorgó un trámite en donde es factible activar la “doble instancia” que por regla general tiene cabida en toda actuación procedimental. Y, solamente cuando les ha dado la vía de “única”, así lo ha pregonado expresamente conforme es la salvedad que los inhabilita para ser conocidos por el ad quem de cara a lo positivado por los preceptos 31 de la Carta Política, 3º del Código de Procedimiento Civil y 9º del Código General del Proceso.

5.2.2.1. Así se desprende de la Ley 222 de 1995, en sus artículos: 146, correspondiente a la “acción revocatoria concursal” que se surte por el trámite abreviado; 183, que contempla la “acción revocatoria”; 184, que trata de la “acción de simulación”; y, 187 atañedero con el “trámite” que se debe impartir a juntas acciones, correspondiente al “proceso verbal de mayor y menor cuantía que regula el Código de Procedimiento Civil, el cual no suspenderá ni afectará el curso del trámite liquidatorio” (denótase).

5.2.2.2. La Ley 550 de 1999, en sus preceptos: 39, que a título excepcional y explícitamente estipuló que las “acciones revocatorias y de simulación se tramitarán “ante la Superintendencia de Sociedades, en única instancia y a través del procedimiento verbal sumario”; y, 71, que atañe con las “acciones revocatorias y de simulación en los procesos concursales”.

5.2.2.3. Por su parte, la Ley 1116 de 2006, vigente y aplicable al caso, ordenó en las normas: 74, al tratar de la “acción revocatoria y de simulación”, que “[d]urante el trámite del proceso de insolvencia podrá demandarse ante el juez del concurso, la revocación o simulación de los siguientes actos o negocios realizados por el deudor cuando dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos […]”.

Su par 75, reguló lo concerniente con la “legitimación, procedimiento, alcance y caducidad”, contempló que “[l]as acciones revocatorias y de simulación podrán interponerse por cualquiera de los acreedores, el promotor o el liquidador hasta dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que quede en firme la calificación y graduación de créditos y derechos de voto.

“La acción se tramitará como proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil. […]” (sublineado propio).

5.2.2.4. Finalmente, el Decreto 1910 de 2009, en su regla 14, abordó la “acción revocatoria y reconocimiento de los presupuestos de ineficacia”, enseñando que “las acciones revocatorias y de reconocimiento de los presupuestos de ineficacia, se tramitarán de conformidad con lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1116 de 2006 y procederán durante el trámite del proceso de toma de posesión para devolver o de liquidación judicial. […]”.

5.3. Según viene de verse, los artículos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006, que es el compendio normativo que regula el punto objeto del presente pronunciamiento, en manera alguna permiten deducir válidamente que los juicios abreviados (hoy día verbales, de acuerdo al precepto 21 de la Ley 1395 de 2010) en que se debaten acciones revocatorias —como lo es la proferida en el sub examine— o de simulación no sean susceptibles de ser tramitados en doble instancia, esto es, asimismo, que las sentencias dictadas al interior de tales no sean aptas de recurso de apelación (salvedad hecha, eso sí, de los asuntos de mínima cuantía que, entonces, se adelantarán por el procedimiento verbal sumario y bajo las precisas pautas de este), pues si nos remitimos al rito que legalmente está demarcado en el Código de Procedimiento Civil para esa especie de litigios declarativos, surge que los asuntos que se regulan por dicha cuerda procesal (preceptos 408 a 426 de la ley de ritos civiles), salvo aquellos en que puntualmente se ha hecho excepción (verbigracia, ver el trámite de restitución de bien raíz arrendado: artículo 424 ibídem, que ha de armonizarse con el 39 de la Ley 820 de 2003), son dignos, todos, de surtirse ante a quo y ad quem, en este último evento si tempestivamente se activa por los interesados el debido ejercicio del medio impugnativo vertical que al efecto es menester.

Con todo, vale la pena apuntar que no obstante que en algunas épocas, como quedó visto, se les dio “trámite de única instancia” según de ese modo lo prescribió la ley, lo cierto es que esa eventualidad ya no ocurre con las acciones de simulación o revocatorias contempladas en la 1116 de 2006, porque si hoy día se surten por la vía verbal, lo propio lo único que depara es que según la cuantía tengan o no “doble instancia”; es de ver que ese entendido se predica, también, para las “acciones revocatorias de que tratan los artículos 19, 20 y 56 del Decreto 350 de 1989”, según así lo contempla el canon 427-14 del Código de Procedimiento Civil, lo cual refuerza el aserto de marras.

Ello, en tanto que, primeramente, esa prohibición no está contemplada en dichos mandatos, como tampoco en el decreto reglamentario atrás referido, y menos en las normas procesales que regulan los ritos por donde han de transitar las acciones —que regulan los cánones 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006 aquí en comento, con lo cual se impone atender la regla general que prima sobre el punto contemplada, como ya se dijo, en las normas 31 superior, 3º del Código de Procedimiento Civil y 9º del Código General del Proceso, máxime que, valga recordarlo, las de procedimiento son reglas que se erigen como de inaplazable y perenne observancia, a más que no resisten interpretación alguna tendiente a modificar los parámetros por los que debe transitar toda acción.

6. En segundo término, dado que en tales no se sostuvo que las acciones de marras sean de naturaleza subalterna a las demás contempladas en el régimen de insolvencia, lo cual no es un tópico coyuntural sino que, como se vio, el legislador así lo ha venido estableciendo históricamente al punto que ha llegado a relievar, expresamente, que por el hecho de iniciarse una “acción revocatoria” o una “de simulación”, ello “no suspenderá ni afectará el curso del trámite liquidatorio”.

Es decir, observándose la precisa naturaleza de las acciones, sus propósitos sustantivos y el particular sendero procedimental que legalmente se les dio, no emerge que haya sustento valedero para predicar que los procesos por los que transite se erijan en asuntos accesorios al “proceso de reorganización” de que tratan los preceptos 9º a 46 ibid, o al “proceso de liquidación judicial” contemplado en las normas 47 a 66 ibídem, si no que más bien, en cambio, se revelan independientes.

Por supuesto, el legislador las abordó en el título II de las “disposiciones comunes”, de donde surge que si bien tienen como fin que se declaren revocados o simulados los negocios allí aducidos “cuando dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos” y ello en aras de que se “recuperen” bienes para el patrimonio del deudor o se reporten “beneficios” a este, lo propio no comporta que el concreto procedimiento por el que se han de mover en el tráfico jurídico (es decir, en la actualidad según sea el caso, ya verbal —de menor o mayor cuantía— ora verbal sumario —mínima cuantía—, tendiente a lograr un fallo eminentemente “declarativo”) se vea impregnado del de naturaleza “concursal”, que sí se aplica a la “reorganización” o a la “liquidación judicial”.

Valga decirlo, si bien es cierto se estipuló que tales acciones “podrá[n] demandarse ante el juez del concurso”, también lo es que lo así dicho no implica que ello sea causa de amalgama alguna en el procedimiento a seguir. Dicho con otras palabras: no por darse el caso de avocarlas el mismo funcionario judicial (ya sea de la Rama Judicial o del sector administrativo desempeñando funciones judiciales) ante quien se lleva a cabo el trámite de “insolvencia”, es dable colegir que dicha circunstancia implique que él les deba imprimir el rito —de única instancia— por el que este último asunto transita, ya que, itérase, aquellas, en cuanto a los postulados procesales a que atienden, se orientan por las pautas del Código de Procedimiento Civil a que expresamente las normas en cuestión hacen referencia y remiten claramente.

Con la anotada expresión, en cambio, lo que meramente se contempló fue un “fuero de atracción”, que es el acontecimiento que, con fines prácticos, opera por mandato legal para atribuir a un juez, desplazando a otros que serían los originalmente competentes, la potestad de conocer asuntos que ordinariamente corresponderían a otros administradores de justicia; lo propio con el fin de que el funcionario que asuma la insolvencia también avoque las acciones de que se viene hablando, pero llevando estas bajo la tramitación adjetiva que legalmente les corresponde y, aquella, por el específico curso que le ha de imprimir.

7. En tercer lugar, comoquiera que las apuntadas acciones detentan unas connotaciones que las perfilan como totalmente autónomas e independientes del proceso de insolvencia.

Es decir, al momento de regularlas fueron establecidos ciertos supuestos que menester hay que observar, con los que se perfilaron separadas y distintas a las de reorganización o liquidación judicial, que la misma Ley 1116 de 2006 también contempla; lo dicho, habida cuenta que, entre otras cosas, para diferenciarlas, se estableció, para su caso en particular, cuáles son los actos jurídicos sobre los que pueden gravitar; se indicó con precisión quiénes son los sujetos activos —calificados— que las pueden promover; se contempló el lapso durante el que es dable su proposición, so pena de caducidad; se determinó el juez que las puede conocer; y, vuelve a decirse, se explicitó, por vía de envió normativo al Código de Procedimiento Civil, el puntual “trámite” por el que han de cursar: abreviado (hoy día verbal).

8. Aparte de lo anterior, otro aspecto pone de presente que los fallos dictados al interior de dichas acciones son apelables: no puede olvidarse que en tales está de por medio la contingente intervención de terceros extraños a la actuación de insolvencia que paralelamente cursa, por lo cual de ser sometidos a un trámite de única instancia, se verían vulnerados en su derecho al debido proceso pues sólo a ellos se les sometería a litigar en un juicio de naturaleza abreviada (hoy verbal) en que, sin que el legislador hubiere hecho excepción, así se les impusiere, cuando sabido es que sólo los ritos en que expresamente se contempla aquella connotación está restringida la apelabilidad de las decisiones que se adopten.

9. Al margen de lo anterior, cabe relevar que en el puntual y específico asunto otra circunstancia también impone el otorgamiento de la salvaguardia peticionada, según ya se dijo, o sea, la sorpresiva manera como, mediante la resolución de 20 de octubre de 2015, la colegiatura querellada declaró “inadmisible” la alzada enfilada contra la sentencia de 20 de mayo de esa anualidad que en el sub lite emitió la Superintendencia de Sociedades, pese a que previamente admitió dicha apelación por proveído de 21 de agosto del año pasado, luego corrió “traslado a las partes para presentar sus alegaciones en esta instancia, en la forma y por el término previsto en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil” por determinación de 2 de septiembre ulterior, y después precisó que era del caso señalar hora y fecha “para llevar a cabo la audiencia a la que refiere el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil” el día 10 del mismo mes y año, con lo que, abrupta y sorpresivamente, tras dar a entender, como así se venía haciendo en otros casos de similar connotación, que sí era viable desatar el medio impugnativo vertical interpuesto y emprender sendas actuaciones judiciales tendientes a ello, cambió de parecer jurídico y declaró la ilegalidad de lo actuado aduciendo la inapelabilidad al efecto apuntada, con lo cual quebrantó la confianza legítima de la entidad reclamante.

9.1. En cuanto al “principio de confianza legítima”, ha dicho esta Sala que tal postulado:

“[P]rocura garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias”, ya que el proceder inicial puede generar legítimas expectativas en los usuarios de la administración de justicia, que deben ser respetadas (Auto de 4 de febrero de 2008, exp. 2002-00537-00).

En efecto, sin perjuicio de reafirmar que las normas procesales son de orden público y de interpretación estricta, existen casos excepcionales en los que la determinación de una autoridad judicial genera una expectativa legítima en el particular respecto del mantenimiento de una situación determinada o sobre la manera como una solicitud debe ser planteada ante los jueces, circunstancia ésta en la que la administración de justicia no puede con posterioridad adoptar decisiones contradictorias, desconociendo las expectativas que dicho particular, de buena fe, se haya formado. Por esa razón, se ha señalado, por ejemplo, que las consecuencias de un error judicial no pueden afectar negativamente a la parte procesal que lo padece al punto de socavar su derecho a la defensa o el acceso a la administración de justicia (CSJ STC 18 dic. 2012, rad. 00119-01; reiterada en CST STC2410-2015, 5 mar. 2015, rad. 00384-00).

Asimismo, sobre el tópico en comento la Corte ha expresado que:

El principio de confianza legítima tiene origen en la buena fe con que se presume que los particulares obran frente a la administración; se halla interrelacionado con el de seguridad jurídica que reclama estabilidad en las decisiones de la jurisdicción, y guarda tensión con el de legalidad que implica apego irrestricto a las leyes.

Decantado en un comienzo para asegurar que ciertas situaciones creadas a favor de las personas no pudieran ser alteradas inopinadamente por el Estado, la sugestiva dinámica de su predicamento ha permeado y anidado en el campo del litigio civil, en donde ya no se trata del individuo a merced del Leviatán, sino contrapuesto a otro con la inmediación de éste (CSJ STC5160-2015, 30 abr. 2015, rad. 2014-00660-02).

9.2. Por supuesto, el proceder desplegado, es decir, la concesión de la apelación y su posterior admisión, aunada a las demás gestiones desarrolladas en torno a lo propio, atrás enunciadas, creó para el banco actor, allí impugnante, la fundada convicción de que su accionar se ajustaba a la ritualidad exigida y, por tanto esa seguridad le permitió creer confiadamente en que su disconformidad sería examinada por el ad quem, el que, una vez estudiara sus argumentos, tomaría la decisión de revocar, confirmar o modificar la sentencia de primer grado que en tiempo cuestionó.

Empero, como finalmente ese entendido, de improviso, se trastocó, surgió afrenta a los intereses de la entidad bancaria peticionaria, lo que resquebraja sus prerrogativas, ya que, como ha apuntado la Sala, “[c]uando el juez o magistrado acepta o admite el cumplimiento de unos requisitos, como los indispensables aquí para conceder un recurso, no puede so pretexto del apego hermético, plano y literal a la legalidad y a los ritos del proceso, apartarse motu proprio de lo ya resuelto en detrimento, menoscabo y desconocimiento de la confianza legítima de la parte” (CSJ STC14182-2014, 17 oct. 2014, rad. 02260-00).

10. Así las cosas, surge que la Sala recriminada vulneró a la entidad suplicante el derecho fundamental al debido proceso al dictar el pronunciamiento objeto de reparo constitucional, es decir, el de 20 de octubre de 2015, a través del que “inadmiti[ó]” la “apelación” que esta interpuso frente a la “sentencia” de 20 de mayo de ese año que dictó la Superintendencia de Sociedades, por lo que, entonces, emerge próspera la reclamación extraordinaria, como efectivamente se dispondrá, y en consecuencia, se dejará sin valor y efecto el aludido proveído, así como las actuaciones que del mismo se desprendan, ordenando a la colegiatura accionada, que en el término de un (1) día, contado a partir del momento en que tenga conocimiento de esta determinación, tome la decisión que corresponde en ese puntual aspecto, a fin de que se siga surtiendo el trámite de ley en la segunda instancia según se venía haciendo, para luego definir la controversia, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, de conformidad con lo plasmado en la parte motiva de este pronunciamiento.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Banco de Occidente S.A., conforme a la motivación exteriorizada, por lo que se resta valor y efecto al Auto de 20 de octubre de 2015, dictado dentro del juicio sub júdice de acción revocatoria referido en los antecedentes, así como las actuaciones que de este se desprendan.

2. ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil que, dentro del término de un (1) día computado a partir de la fecha en que reciba notificación de la presente resolución, dicte providencia que sobre el exclusivo punto de marras tome la decisión correspondiente, a fin de que se siga surtiendo el trámite de ley en la segunda instancia, para luego definir la controversia, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, de conformidad con lo plasmado en la parte motiva de este pronunciamiento.

Envíesele copia de esta decisión.

3. Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados y, de no ser impugnada, oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Dora Consuelo Benítez Tobón—Margarita Cabello Blanco—Rafael H. Gamboa Serrano—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo respeto por los magistrados que conforman la Sala mayoritaria que profirió la sentencia mediante la cual se concedió el amparo invocado por el Banco de Occidente frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá y la Superintendencia de Sociedades, me permito exponer los fundamentos del salvamento de voto que he señalado en la Sala, en los siguientes términos:

1. Es claro que la intención del legislador al establecer los procesos de insolvencia empresarial buscó la agilidad de los procesos y evitar las dilaciones que se venían presentando tradicionalmente en los concordatos y las quiebras, lo que es contrario al derecho comercial que busca agilidad y eficacia para bien de los negocios. Por eso en el parágrafo 1º del artículo 6º de la ley 1116 de 2006 se establece: “El proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia”.

Lo anterior quiere decir que será así el proceso como tal y todas sus incidencias, pero además, que no considero adecuada la interpretación que se ha dado a la posibilidad que confiere el artículo 74 de demandar dentro del mismo proceso la revocación y la simulación de ciertos actos que afecten la masa de la empresa insolvente, pues lo dicho en esa norma no se refiere a acumulación de procesos como se está entendiendo en la providencia y mucho menos que aquéllos puedan calificarse como de procesos principales lo mismo que aquel a que acceden, aunque tampoco considero que pueda hablarse de que el proceso de insolvencia sea principal y los citados en el artículo 74 sean accesorios, pues en esta facultad que confiere el legislador debe entenderse con una simple lectura del texto, que no son procesos independientes sino simples pretensiones que se pueden proponer dentro del proceso y por tal motivo se conocerán también en única instancia como el proceso en el que se pueden proponer.

Para el efecto, el artículo 75 citado establece: “Durante el trámite del proceso de insolvencia podrá demandarse ante el juez del concurso, la revocación o simulación de los siguientes actos o negocios realizados por el deudor cuando dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos”. En la misma norma puede verse con una simple interpretación gramatical, que no se trata de otros procesos diferentes sino de pretensiones que se pueden tramitar al interior del proceso de insolvencia por expresa concesión del legislador, que con razón práctica o sin ella señaló que dicho proceso era de única instancia.

Lo anterior no quiere decir que sea partidario de los procesos de única instancia y mucho menos cuando no se tramitan ante los jueces ordinarios, pero contra la ley nada puede decirse si ella es clara.

Por lo antes dicho, también considero inadecuado que se traiga a colación el fenómeno de la legítima confianza, pues el hecho de haber admitido la apelación y adelantado parte de la instancia, no puede invocarse para mantener un error si la providencia de que se trata no admite tal recurso. Una equivocación no puede generar derechos hasta el punto de mantenerse una vez advertida, por lo tanto, la actuación del tribunal que dejó sin efectos lo tramitado y procedió a inadmitir el recurso no configura una causal de procedencia de la acción de amparo porque no está contra la ley, y a lo sumo puede constituir una interpretación diferente y no desenfocada o arbitraria, que por esa misma razón no será atacable por la vía de la tutela.

En ese sentido, reiterando que respeto la decisión mayoritaria, dejo expuestos los planteamientos del salvamento de voto, haciendo énfasis en que considero que no ha debido concederse el amparo invocado.

Álvaro Fernando Garcia Restrepo. 

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente me permito expresar las razones por las cuales discrepo de la decisión que adoptó la mayoría de la Sala Civil en la acción de tutela de la referencia.

1. El parágrafo 1o del artículo 6o de la Ley 1116 de 2006 establece: “El proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia”.

En un sentido similar, el parágrafo quinto del artículo 24 del Código General del Proceso dispone: “Las decisiones adoptadas en los procesos concúrsales y de reorganización, de liquidación y de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización serán de única instancia y seguirán los términos de duración previstos en el respectivo procedimiento”.

A su turno, el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006 señala: “Durante el trámite del proceso de insolvencia podrá demandarse ante el juez del concurso, la revocación o simulación de los siguientes actos o negocios realizados por el deudor cuando dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos: (...)”.

A partir de la lectura de los preceptos citados se evidencia que la solicitud de revocación o simulación no es un procedimiento independiente y distinto del trámite de insolvencia sino una pretensión que se ventila dentro de éste, en la medida que una vez iniciado dicho trámite, deben acumularse al mismo las acciones que podrían afectar el patrimonio que es prenda común de todos los acreedores.

En efecto, la anulación o revocatoria de los actos previos a la iniciación de un proceso de insolvencia es una medida propia del derecho concursal que han adoptado varios ordenamientos jurídicos y ha sido acogida por la guía legislativa de 2006 de la comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional.

El aludido mecanismo tiene como finalidad recuperar los bienes que el deudor haya enajenado con anterioridad a la iniciación del trámite concursal, es decir durante el “período de sospecha”, lo cual evita la disminución del patrimonio que se erige en garantía de los acreedores considerados en conjunto. La facultad de anular tales operaciones responde al principio de igualdad y distribución equitativa de los bienes del deudor entre los acreedores y desincentiva la proliferación de acciones individuales de estos últimos durante el período previo a la insolvencia.

“La acción revocatoria concursal —ha dicho la Corte Constitucional— tiene como propósito brindar a los sujetos allí indicados un instrumento para recomponer el patrimonio del deudor, derivado de los actos celebrados dentro del período calificado como “de sospecha”, incrementar las posibilidades de reactivación de la empresa y potenciar con ello los derechos de los acreedores” (C-527/13).

Como la crisis de la empresa es lo suficientemente grave como para ameritar la apertura del concordato, la ley parte de la presunción de que por lo menos durante los 18 meses anteriores al inicio del proceso de reorganización el declive financiero fue de tal magnitud que la empresa se vio forzada a aceptar condiciones económicas desfavorables respecto a ciertos actos patrimoniales que en otras circunstancias no habría consentido. De ahí que la eventual revocatoria de dichos actos celebrados durante el “período de sospecha” es un instrumento ágil y expedito para reincorporar a la masa concordataria el valor real de bienes que salieron de su patrimonio en circunstancias presuntamente onerosas para la empresa.

La acción revocatoria constituye un instrumento que incrementa las posibilidades de supervivencia económica de la empresa y defiende, al mismo tiempo, los derechos del deudor y de los acreedores; todo lo cual se realiza atendiendo los objetivos del régimen de insolvencia, tales como la protección del crédito, el amparo de la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general, y la sanción de las conductas que le sean contrarias.

De ahí que todas las acciones encaminadas a asegurar los fines de la insolvencia obedecen a la consecución de tales objetivos, para lo cual el querer del legislador fue evitar largas e inútiles dilaciones en la decisión de los asuntos concernientes al referido régimen. Así se evidencia en la exposición de motivos de la aludida Ley, en la cual se advirtió sobre la necesidad de dar especial importancia a la buena fe contractual y suprimir “todo aquello que exija o requiera la validación de autoridades judiciales o notariales para confirmar, soportar o validar conductas o declaraciones de ellas”.

En dicha exposición de motivos se enfatizó que aunque el proceso de insolvencia tiene carácter judicial, “mantiene la agilidad y celeridad que brinda el trámite de los acuerdos de reestructuración por la vía contractual”, tendiendo ese trámite a la disminución de la litigiosidad que presentaba el anterior procedimiento previsto en la Ley 550 de 1999.

Asimismo se recalcó: “El carácter judicial del trámite no podrá ser aprovechado por apoderados y poderdantes expertos en desfigurar la naturaleza del problema, generando costos ajenos a la definición de la suerte de los activos productivos vinculados al negocio del deudor, por esa razón fue establecido un trámite único para las controversias, cuya solución no esté regulada en el proyecto, señalando un trámite único, expedito, respetándose el derecho de contradicción”. De igual modo se destacó que las reglas del derecho concursal “desplazan y sustituyen la aplicación de las disposiciones legales que aplican para situaciones comunes”.

Es claro, entonces, que la intención del legislador fue establecer un trámite único para las controversias concúrsales, caracterizado por ser ágil, expedito y de única instancia.

Con el fin de dotar de celeridad y transparencia al proceso de reorganización, velar por la protección del crédito, preservar las empresas económicamente viables, liquidar rápidamente las inviables y aprovechar el patrimonio del deudor, en la exposición de motivos se señalaron los poderes de instrucción y ordenación que habría de tener el juez del concurso, entre los cuales se encuentra el de “adoptar las decisiones que estime pertinentes para proteger u recuperar los bienes eme integran el activo patrimonial del deudor, incluyendo la revocación de actos efectuados de mala fe, mediante incidente que no suspende el proceso” [se resalta].

La redacción del artículo definitivo varió un poco: “Ordenar las medidas pertinentes a proteger, custodiar y recuperar los bienes que integran el activo patrimonial del deudor, incluyendo la revocatoria de los actos y/o contratos efectuados en perjuicio de los acreedores, (...)” (art. 5º, numeral 2º). Sin embargo, la voluntad del legislador se preservó en el sentido de que la pretensión de revocación de los actos y contratos efectuados en perjuicio de los acreedores es una ‘medida’ que se adopta dentro del proceso de reorganización y no un procedimiento distinto como lo entendió la Sala [destacado no es del texto original]

Por consiguiente, el querer inequívoco de la ley es que todos los actos procesales que surgen en razón y con ocasión del proceso de insolvencia —incluida la acción de revocación—, se guíen por los principios de celeridad y seguridad de las decisiones, “evitando dilaciones de un proceso cuyo contenido es eminentemente económico-financiero, que requiere rápidas y prontas soluciones”.

De todo ello se concluye que bien pudo el legislador dotar al proceso de insolvencia del beneficio de la doble instancia, mas su voluntad no fue esa, como se deduce del tenor del parágrafo 1o del artículo 6o de la Ley 1116 de 2006, que señala de manera expresa que las providencias dictadas en el referido proceso sólo tienen recurso de reposición, a excepción de algunas enlistadas en ese precepto contra las cuales procede apelación, sin que en tal lista se encuentre la que decide la acción de revocación o simulación.

Atendiendo a la filosofía y fines propios de la ley de insolvencia, al tenor literal de los preceptos constitutivos de dicho régimen, y al postulado elemental de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, se impone la conclusión de que la solicitud de revocación y simulación que se adelanta dentro del aludido proceso es de única instancia, sin que sea válido inferir conclusiones que desconocen tanto el espíritu como la finalidad práctica de un régimen caracterizado por la celeridad, la transparencia, la buena fe, la evitación de la litigiosidad y la prevalencia de la voluntad contractual de las partes, respetando su derecho de contradicción. Una postura distinta supondría desnaturalizar el querer del legislador y generaría una dilación injustificada e inútil de una controversia que es esencialmente ágil y expedita, tornando en litigioso un trámite que por su naturaleza y principios no lo es.

2. Esta conclusión fue asumida por esta Corte en sentencia de 11 de septiembre de 2015, en la que clara e inequívocamente se afirmó que “las decisiones adoptadas en los procesos... de liquidación..., serán de única instancia y seguirán los términos de duración previstos en el respectivo procedimiento. De ahí que los procesos de liquidación que sean tramitados ante la Superintendencia de Sociedades, incluyendo las peticiones de revocatoria que se resuelvan dentro de estos juicios, son de única instancia, por lo que no pueden concederse recursos de apelación contra las decisiones proferidas en tales controversias, tal como lo advirtió el tribunal al inadmitir el recurso de alzada.” (CSJ STC12055-2015) [se resalta].

La anterior conclusión no fue un obiter dictum como de manera subrepticia se indicó en la providencia que es objeto de este salvamento de voto, sino que fue uno de los argumentos medulares para negar la protección constitucional que se invocó en aquél entonces. En efecto, además de considerar que la solicitud de amparo no cumplió con el requisito de la subsidiariedad, esta corporación estimó que el criterio que adoptó la entidad accionada para sustentar su determinación fue razonable.

El carácter de ‘ratio decidendi’ está dado por la aptitud de un argumento para ser el sustento de la determinación y no por el orden de su presentación en el texto; por lo que no es acertado concluir que la demostración del criterio razonable fue un simple ‘dicho de paso’ sin ningún poder vinculante, toda vez que fue uno de los pilares esenciales de la decisión.

El aludido precedente no ha sido el único en que esta Sala ha afirmado que la revocación de un acto dentro de un proceso de reorganización es de única instancia. De hecho, el criterio de inapelabilidad de dicha decisión fue el motivo principal para negar una tutela con fundamentos de hecho similares, en la que se afirmó:

“Se desprende de lo expuesto, que la decisión que se reprocha por esta vía [la negación de la apelación de una revocación en un proceso de reorganización] se motivó adecuadamente, y en la misma se hizo una razonada interpretación que con independencia de que se comparta o no por la sociedad tutelante, no se muestra irrazonable y por ende no quebranta las garantías reclamadas”. (STC14373-2014)

Estas decisiones —como resulta fácil comprobar— analizaron la situación en el fondo y concluyeron clara e inequívocamente que los procesos de liquidación que adelanta la Superintendencia de Sociedades, incluyendo las solicitudes de revocación o simulación de actos realizados en perjuicio de los acreedores, son de única instancia. Este fue el motivo principal que sirvió de ratio decidendi a las providencias reseñadas, las cuales se dictaron por unanimidad y sin conjueces. De manera que no había ninguna razón para revocar la decisión del tribunal, puesto que al estar sustentada en la citada jurisprudencia, no fue en modo alguno irrazonable o arbitraria.

3. Sostuvo la Sala que aunque la solicitud de revocación prevista en el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006 se adelanta ante el funcionario que conoce del trámite de insolvencia, ello no significa que se trate de un mismo proceso sino de un simple tuero de atracción’ en virtud del cual el juez del concurso avoca también las aludidas acciones, “pero llevando estas bajo la tramitación adjetiva que legalmente les corresponde y, aquella, por el específico curso que le ha de imprimir”.

Es cierto que el proceso concursal, por ser universal y atrayente, produce la acumulación de los que se siguen contra el deudor común, en cuanto éstos están vinculados al patrimonio que se considera una universalidad jurídica. La vis atractiva se justifica porque el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores y porque la liquidación de dicho patrimonio debe ser realizada por un mismo juez en un mismo proceso, atendiendo al principio de economía procesal y para evitar decisiones contradictorias sobre un mismo asunto.

Según la tradición procesalista que se remonta hasta Caravantes, la acumulación (de procesos y de pretensiones) supone siempre una unión de acciones en el mismo proceso, al mismo tiempo, para que se resuelvan por el mismo trámite mediante una misma sentencia. (Tratado, tomo I, pp. 510 y ss.) Este mecanismo, que según el reseñado autor ya existían en el derecho romano (Digesto, libro XI, título II), se ha caracterizado siempre porque las acciones acumuladas se tramitan en la misma cuerda del proceso atrayente; razón por la cual la doctrina procesalista ha afirmado de manera unánime que ahí donde no sea posible ventilar los procesos o pretensiones por el mismo trámite no puede haber acumulación. (Eduardo Payares, Diccionario de derecho procesal, p. 55).

Tratándose de acumulación de pretensiones, el numeral 3o del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil impone como requisito “que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento”. Mientras que si la acumulación es de procesos, el artículo 157 del referido estatuto se refiere a la igualdad de procedimiento como una de las condiciones de ese mecanismo. Luego, sea lo que fuere aquello a lo que la Sala hizo alusión, no es cierto que exista en nuestro ordenamiento adjetivo una acumulación de acciones que se puedan adelantar por trámites distintos, pues ello entrañaría una evidente contradicción jurídica.

Precisamente porque en materia de concursos la ley impone la acumulación forzosa de todos los asuntos relacionados con el patrimonio del concursado, tales cuestiones se deben llevar al proceso universal y resolver dentro de éste bajo el mismo procedimiento, por lo que faltó claridad a la afirmación de la Sala según la cual los asuntos accesorios al proceso concursal se adelantan y deciden por trámites distintos.

Frente a tan novedosa tesis procesal, esta Sala debió explicar, al menos, cómo es posible este fuero de atracción en el que los ‘asuntos accesorios’ se adelantan y deciden por trámites diversos, pues si se considera que son procesos diferentes entonces el simple hecho de que tales asuntos sean decididos por el mismo funcionario que adelanta la reorganización no les atribuye el carácter de procesos acumulados ni mucho menos de pretensiones acumuladas, toda vez que se trataría más bien de procesos autónomos y distintos sin nada en común con la figura de la acumulación. Si, en cambio, la Sala quiso decir que se trata de un mismo proceso, entonces es inexplicable cómo en éste se pueden ventilar distintos procedimientos: unos de doble instancia y otros de única instancia.

Desde luego que un mecanismo que establezca el conocimiento por un mismo juez de asuntos distintos por trámites distintos será cualquier cosa menos una acumulación en virtud del fuero de atracción. Por lo demás, si el fin de esta figura es lograr la economía procesal y la coherencia de las decisiones, no se entiende cómo podría lograrse esto si la ‘acumulación’ en vez de agilizar el proceso concursal termina ralentizándolo y dilatándolo en virtud de una supuesta doble instancia que el legislador nunca previo.

4. Según mi entender, la Sala estimó que la ley no establece que la acción revocatoria prevista en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1116 de 2006 es inapelable, por lo que dedujo que es apelable.

Al parecer, la Corte pasó por alto que en materia de apelaciones no rige la máxima según la cual ‘lo que no está prohibido está permitido’, sino todo lo contrario, porque sólo son apelables las providencias que la ley señala de manera expresa.

Tratándose de medios de impugnación, el legislador tiene la exclusiva potestad para determinar los recursos que proceden contra las decisiones judiciales, por lo que es constitucional y legalmente admisible que no todas las providencias sean susceptibles de apelación, dado que no existe un mandato superior que imponga de manera obligatoria el mecanismo de la doble instancia para todas las decisiones; asimismo se ha dicho que la doble instancia no es un principio absoluto ni hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso. (Corte Constitucional, C-319/2013)

En idéntico sentido, esta corporación ha señalado que en materia de apelaciones “rige el principio de taxatividad o especificidad, según el cual solamente son susceptibles de ese remedio procesal las providencias expresamente indicadas como tales por el legislador, quedando de esa manera proscritas las interpretaciones extensivas o analógicas a casos no comprendidos en ellas (...)” (SC, 13 abr. 2011, rad. 2011-00664-00; 3 feb. 2012, rad. 2011-01712-01).

Así, el artículo 351 de la ley adjetiva enlista las providencias que son susceptibles de alzada; en tanto que en materia de reorganización empresarial, específicamente, el parágrafo 1o del artículo 6o de la Ley 1116 de 2006 dispone que las providencias dictadas en dicho trámite solo tienen reposición, a excepción de las que expresamente señala esa norma, entre las cuales no se encuentra la medida de revocación.

5. Se afirmó en la sentencia de tutela que la acción revocatoria prevista en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1116 de 2006, que antes se adelantaba por el proceso abreviado, pasó a ventilarse por el trámite verbal por disposición del artículo 21 de la Ley 1395 de 2010, de suerte que al tener los procesos verbales dos instancias por regla general, aquella acción también debía tener dos instancias.

La anterior argumentación no puede ser de recibo porque la Ley 1395 de 2010, al ser norma general, no introdujo ninguna variación respecto de la norma especial que regula la medida de revocación prevista en la Ley 1116 de 2006, por lo que aquélla no derogó de manera expresa ni tácita la disposición que ordena que todos los asuntos que se deciden dentro del proceso de reorganización son de única instancia.

De conformidad con el principio hermenéutico de la especialidad, la norma específica predomina sobre la general por ser más concreta respecto de un determinado tema, esto es por regularlo en su integridad. De ahí que si la norma general es modificada o derogada, ello en nada afecta la vigencia de la norma especial en tanto aquélla no varía los presupuestos a los que ésta se refiere.

El artículo 3o de la Ley 153 de 1887 dispone: “estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería.”

Para que la norma especial sea modificada se requiere, entonces, que la disposición posterior así lo declare de manera expresa; o tácitamente, si esta última trae disposiciones incompatibles o regula íntegramente la materia de aquélla.

La norma posterior es incompatible con la norma especial y, por lo tanto, la deroga tácitamente únicamente cuando además de los temas generales a los que ella se refiere contiene una nota agregada o un elemento específico que coincide con el que trata la norma especial.

Como resulta fácil advertir, la Ley 1395 de 2010 no regula la misma materia que la Ley 1116 de 2010, ni tampoco contiene un elemento particular que coincida con los presupuestos de ésta. Luego, ni la deroga ni la modifica, por lo que no hay ninguna razón para afirmar que la nueva ley volvió de doble instancia un trámite que según la ley especial es de una sola instancia.

El único cambio que introdujo la Ley 1395 de 2010 frente a la acción revocatoria fue señalar que se tramita por el proceso verbal; mas ello no incide en el carácter de única instancia que posee dicha acción, toda vez que este carácter obedece a la especialidad de la materia y no a la cuantía, como erróneamente creyó la Sala. Independientemente de que el interés de la revocación sea de mínima, de menor o de mayor cuantía, sigue siendo de única instancia porque ese fue el querer del legislador en razón de la naturaleza ágil, expedita y no litigiosa del proceso de reorganización.

6. Finalmente, la Sala consideró que el tribunal vulneró el ‘derecho fundamental a la confianza legítima’ del tutelante al revocar la providencia que admitió el trámite del recurso de apelación, sin tener en cuenta que la sede tutelada tomó esa decisión para corregir un error y evitar incurrir en una nulidad insaneable por falta de competencia funcional. El tratamiento que la Corte dio en esta oportunidad al supuesto ‘principio’ de la confianza legítima se apartó de los precedentes establecidos por la jurisprudencia nacional y de todo cuanto hasta ahora la doctrina autorizada había dicho respecto de dicho concepto.

Con relación a la teoría de la confianza legítima, la jurisprudencia nacional ha sido bastante profusa e igual de difusa, sin que hasta el momento se haya dictado un solo fallo que aclare de manera satisfactoria los fundamentos y el alcance de dicha figura, su relación de identidad, implicación o diferencia con la buena fe, la seguridad jurídica, el deber de coherencia, la teoría de los actos propios, la máxima venire contra factum proprium no valet, entre otros conceptos similares a los que los jueces han acudido excepcionalmente cuando la aplicación del derecho positivo genera la apariencia de una decisión injusta en una situación vista aisladamente, pero que si se analiza en su debido contexto tiene su fundamentación en otros principios o normas interpretadas de manera sistemática.

No menos clara ha sido la posición de la doctrina, tanto nacional como extranjera, que aunque ha realizado ingentes esfuerzos en proporcionar una explicación analítica de las referidas ideas, no ha logrado ofrecer una conceptualización satisfactoria acerca de su fundamentación fenomenológica, ni menos de su necesidad, pertinencia y utilidad para ser consideradas como verdaderas instituciones jurídicas.

Específicamente, aún no se ha respondido por qué la confianza legítima no ha sido incorporada al ordenamiento positivo como fuente formal de derecho o como entidad jurídica autónoma; cómo es su relación con los principios y normas jurídicas; si la aplicación de la confianza legítima es residual, excepcional y restrictiva ¿es posible que se la considere un principio general del derecho?; si es una excepción y, de hecho, una negación del ordenamiento positivo ¿cuál es la línea divisoria entre la aplicación de tal figura y su restricción?; ¿tiene un rango, valor o posición dentro de la escala de las fuentes del derecho, o su aplicación queda reservada al inextricable ámbito de la ponderación?; ¿cuál es el criterio de corrección racional de una decisión judicial que se funda en la noción difusa de la confianza legítima en detrimento del ordenamiento legal vigente?

Éstas y otras preguntas que surgen de la formulación de la teoría de la confianza legítima aún no han sido resueltas por la doctrina y han quedado indefinidamente postergadas por la jurisprudencia, sin que sea posible entrar a dilucidarlas en esta oportunidad, pues ello excedería la finalidad de este salvamento de voto. No obstante, es necesario dejar en evidencia los problemas que suscita la aceptación desprevenida de aquella tesis cuando se utiliza para fundamentar providencias que no se detienen a analizar sus repercusiones en el desconocimiento de los mecanismos procesales que hacen posible la materialización de los derechos sustanciales de las personas.

Al margen de tales interrogantes, lo cierto es que existe consenso generalizado respecto de la aplicación excepcional y residual de dicha figura; la cual debe partir de una confianza fundada y razonable que no comprende expectativas ingenuas o temerarias, ni mucho menos creencias fundadas en la violación de la ley. La regla general es, sin duda alguna, que el simple cambio de propósito o perspectiva de las autoridades no genera ninguna situación jurídica a favor de los administrados, y quienes se forman falsas ilusiones frente a tal manera de proceder deben atenerse a su propia ingenuidad (o malicia en algunos casos).

La variación de una determinación de la autoridad no constituye una conducta vinculante ni genera per se una tutela judicial porque no define una situación jurídico-sustancial. En ese orden, las autoridades de la República no solo pueden, sino que están obligadas a ajustar sus actuaciones al imperio de la ley, aun cuando ello suponga un cambio de su conducta anterior, siempre y cuando no lesionen los bienes jurídicos de los administrados o sus posibilidades objetivas de adquirirlos.

De igual modo cabe recalcar que dicha figura se restringe, en principio, al ámbito del derecho administrativo, y opera cuando las entidades u organismos del Estado expresan objetivamente un cambio de actitud actual frente a una situación jurídica de carácter particular y concreto que fue previamente valorada como relevante, generando de ese modo un daño cierto y resarcible en el titular de un interés jurídico que, aunque no es aún un derecho adquirido, sí se patentiza en una expectativa legítima en razón del cumplimiento de los requisitos legales para ser merecedor de tal derecho, al cual habría accedido de no haber sido por el cambio intempestivo e irrazonable del comportamiento de la autoridad. La confianza legítima, en suma, surge de su potencialidad contenciosa, pues aunque la persona no cuenta todavía con un derecho adquirido, sí tiene una máxima probabilidad de acceder a él, no tanto porque la administración le haya ‘prometido’ un derecho, sino porque objetivamente el sistema legal le ha atribuido esa expectativa.

En idéntico sentido la jurisprudencia constitucional ha recalcado que la confianza legítima deriva de la seguridad que genera la conducta de las autoridades estatales, en virtud de la cual las personas no pueden ser sorprendidas por actuaciones que resultan contrarias al ordenamiento jurídico considerado como unidad, aun cuando aisladamente podrían parecer legales. (Corte Constitucional, sentencia C-836 de 2001).

Mas, lo que no había ocurrido hasta el momento, y no ha sido aceptado por la doctrina ni la jurisprudencia nacional ni comparada, es el uso de una teoría de borrosos contornos y aún en construcción, para desconocer las normas de orden público que regulan el proceso civil y que son la única garantía de legalidad e imparcialidad con que cuentan las partes que intervienen en las actuaciones judiciales.

En ningún caso la ‘confianza legítima’ puede utilizarse para proteger comportamientos temerarios e infundados, ni mucho menos para generar expectativas equivocadas que vulneran el respeto al derecho ajeno protegido por las normas jurídicas. Si en algo ha sido clara la jurisprudencia de esta Corte ha sido en señalar que la confianza legítima no procede contra los actos que corrigen errores (CSJ SC de 24 de enero de 2011); de suerte que si la función de esta figura es proteger la confianza suscitada en los demás, entonces sería un contrasentido aplicarla para desconocer una actuación que corrige los errores cometidos, puesto que no es posible que la confianza se afiance en la violación de la ley, dado que ello iría en contra de los postulados de buena fe, honestidad, honradez, coherencia y seguridad que son, precisamente, la fuente moral de la aludida teoría.

La confianza objetiva general es un presupuesto esencial de la seguridad jurídica en tanto mecanismo de reducción de la complejidad del sistema normativo, por lo que todas las instituciones jurídicas se fundamentan en el propósito de generar y preservar la confianza legítima de los asociados, que para el caso de las acciones judiciales se circunscribe a la observancia de las normas procesales. La ley procesal es, entonces, la premisa de contraste que hace factible la objetivación de la confianza que las partes pueden depositar legítimamente en el ordenamiento jurídico.

La concepción de justicia que ha de materializarse en el caso concreto es la expresada en los principios y normas constitucionales y legales, y no en la particular idea que de ella se llegue a figurar el juez con base en nociones extrajurídicas. El ordenamiento jurídico vigente es el único parámetro con que cuentan los particulares para conocer hasta dónde pueden ir sus legítimas expectativas. De lo contrario, no habría ningún criterio racional para atribuir a las creencias subjetivas de una de las partes mayor peso que a las de la otra. Una confianza tal —se reitera— no sería legítima sino una inocua y trivial esperanza.

La teoría de la confianza legítima no podía aducirse en este caso para proteger ilusiones dudosas, irracionales e ilegales que contradicen la asignación improrrogable de la competencia funcional, porque ello se tradujo en el inestimable e irremplazable costo de socavar la seguridad que está a la base de todo el sistema jurídico y que es la razón de ser de las normas procesales en tanto son el resultado de una histórica lucha por garantizar los derechos fundamentales al debido proceso, la legalidad y la defensa, que se erigen en pilares esenciales del Estado Social de Derecho.

El mensaje que va implícito en la sentencia de la referencia no es otro que decirle a los jueces de la República que de llegar a cometer errores están conminados a persistir en ellos, aun a riesgo de incurrir en prevaricato, pues corregir las actuaciones equivocadas o ilegales significaría —según el fallo objeto de este salvamento— violar la ‘confianza legítima’ de quienes se crean falsas ilusiones a partir de la incorrecta aplicación de la ley.

7. En todo caso, si el descontento del tutelante se concretó, al fin de cuentas, en que la sentencia dictada por la Superintendencia no se pronunció sobre uno de los extremos del litigio, toda vez que declaró la revocatoria del contrato de leasing y ordenó la devolución del dinero sin pronunciarse sobre la restitución del inmueble, tal falencia se superaba con la simple solicitud de adición del falló, en la forma y término previstos en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil; sin que fuese necesario valerse del uso inapropiado de una acción constitucional para llegar al nefasto resultado de violentar las normas de orden público que consagra el estatuto procesal, sobre todo cuando la decisión terminó por desconocer el sistema de las nulidades insaneables, que hasta el momento habían sido absolutas.

En los términos que anteceden, dejo expresado mi disentimiento.

Ariel Salazar Ramírez 

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo el respeto que profeso por quienes suscriben la providencia, debo señalar las razones de mi voto disidente en la tutela STC2595-2016, radicación 11001-02-03-000-2016-00092-00, en los siguientes términos:

1. La sentencia no debió conceder el auxilio deprecado porque la acción de tutela, por su carácter residual y excepcional, no es instrumento para variar los criterios hermenéuticos del juez natural, máxime cuando aquéllos tienen asidero legal y jurisprudencial válido, como pasa a explicarse.

2. Lucen razonables los argumentos utilizados por el tribunal accionado para declarar la nulidad de lo actuado en esa sede e inadmitir la apelación promovida contra el auto dictado por la Superintendencia de Sociedades el 20 de mayo de 2015, tras inferir: “(…) si la ley instituyó el régimen de insolvencia [y] señaló que ese proceso es de única instancia, significa que esa regla rige para los trámites allí autorizados (reorganización, liquidación judicial, revocatoria o simulación) (…)”.

Adujo la Sala acusada que, no obstante, el trámite revocatorio subexámine regirse por las normas del proceso abreviado, hoy oral, en virtud de la remisión llevada a cabo por el canon 75 de la Ley 1116 de 2006, no por esto se abre paso a una segunda instancia para ese tipo de procedimientos accesorios, pues los mismos deben sujetarse en lo pertinente a las reglas del asunto principal, esto es, la insolvencia, que para el caso en concreto, estatuye solo, una única sede para su resolución cuando se adelanta ante la Superintendencia de Sociedades, desgajando la posibilidad de apelar las determinaciones allí adoptadas (parágrafo 1º del artículo 6º ibídem).

Por tanto, las conclusiones adoptadas se observan lógicas; de su lectura, prima facie, no refulge vía de hecho o atropello; la colegiatura efectuó una juiciosa valoración normativa que llevó a la decisión ahora atacada. Lo realmente perseguido en este amparo por el Banco de Occidente es reabrir un debate fenecido, pretensión sin asidero en esta sede constitucional, por cuanto no constituye una posibilidad revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario.

Desde esa perspectiva, debió haberse convalidado la providencia examinada, pues no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Según lo ha expresado esta Corte, “(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho (…)”(1).

Téngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.

3. Como colofón de lo antelado, corresponde precisar que el régimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006, tiene como finalidad “(…) la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo (…)”; y para el efecto, diseñó una arquitectura compatible con los “procesos de reorganización y de liquidación judicial” (art. 1º).

De esta manera, todos los trámites y herramientas, “en su integridad”, contenidas en ese compendio normativo, se encuentran encaminadas a lograr la recuperación económica y reactivación de la empresa, garantizando su viabilidad cuando sea posible, y, en caso contrario, adelantar la liquidación pertinente. Lo antelado, entendiendo el papel preponderante de las empresas dentro del sistema financiero y en la estructura económica de la sociedad.

Por tanto, para alcanzar los cometidos precedentes, el legislador entendió indispensable crear un procedimiento caracterizado por la eficiencia y la celeridad, en el cual, las autoridades cognoscentes adoptarían sus decisiones en el menor tiempo posible, preservando los intereses y derechos, tanto de la sociedad intervenida como de sus acreedores y, por esa senda, impedir el estancamiento del aparato económico o la aniquilación de las compañías, con la promoción de procesos extenuantes.

La persona jurídica mercantil sometida a esta actuación judicial se infiere, atraviesa un período crítico para su normal funcionamiento, por causa de insolvencia o de cualquier otro fenómeno, atentatorio inclusive de su existencia; por ende, requiere para su recuperación de la estructuración de institutos procesales que procuren resolver sus incumplimientos obligacionales eficazmente, los cuales no pueden convertirse en mecanismos de destrucción, sino en medios para apalancar su resurgimiento, el empleo y la generación de riqueza para todos los que intervienen en el ciclo económico.

4. Una de las principales medidas para llevar a cabo este cometido, en procura de un salvamento pronto es el ya citado parágrafo 1º del canon 6 ejúsdem, según el cual, “(…) el proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia (…)”, como instrumento para evitar un litigio interminable.

Asimismo, las normas anteriores que regulaban la materia, también atendían el mismo cometido: lograr un trámite preferente, eliminando expresamente o limitando la posibilidad de apelar las determinaciones adoptadas, en actuaciones tan relevantes.

La Ley 550 de 1999 estatuyó en el parágrafo 1º del artículo 39: “(…) Las acciones revocatorias y de simulación (…) se tramitarán ante la Superintendencia de Sociedades, en única instancia y a través del procedimiento verbal sumario (…)” (destacado fuera de texto).

En sentido análogo, la Ley 222 de 1995 consignó que en el trámite concordatario adelantado por la Superintendencia de Sociedades, las siguientes providencias, entre otras, sólo podrán controvertirse a través de reposición: i) lo resuelto en la audiencia preliminar (art. 129); la calificación y graduación de créditos (art. 133); y iii) la declaratoria de cumplimiento del acuerdo (art. 141). Además, la decisión que fija fecha para la audiencia final “no tendrá recurso alguno” (art. 130). En lo concerniente a la acción revocatoria dispuso que se surtirá conforme al proceso abreviado (art. 146).

El Decreto 410 de 1971 estableció, las “(…) acciones de revocación, de simulación y de disolución se tramitarán y decidirán como incidente dentro del proceso de quiebra (…) se fallarán en la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos, para lo cual el juez estimará todas las pruebas que obren tanto en el proceso civil como en el penal (…)” (art. 1972), fallo que en esa oportunidad podía apelarse en el efecto devolutivo (art. 1981).

En la controversia de ahora y donde salvo voto, se pretende utilizar como argumento, el hecho de que algunas de las leyes precedentes permitían la doble instancia, empero, tal aseveración no halla asiento fértil, pues no todas esas normas la autorizaban. Por el contrario, la última vigente antes de entrar en vigor la actual, la Ley 550 de 1999, la prohibía expresamente; claro, sin olvidar que esos compendios se encuentran derogados al día de hoy.

Además, todas esas leyes, al unísono, dejan entrever el ánimo muy razonable por construir recursos, concordatos o insolvencias ágiles y expeditas, en las cuales las apelaciones son excepcionales o inexistentes para mantener la productividad, pero también para proteger las fuentes de empleo.

5. Ahora bien, al interior del trámite de insolvencia, regido en la actualidad por la Ley 1126 de 2006, se incluyó la posibilidad de iniciar las acciones de revocatoria y de simulación (art. 74 ídem.), con el fin de proteger el éxito mismo de ese procedimiento, ceñidas a las reglas especiales del trámite principal, mediado éste por la celeridad y prontitud, y ajustado en un todo a la única instancia, sin importar que las acciones accesorias deban evacuarse “como proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil”. Lo contrario desvertebra el fuero de atracción y el principio de universalidad.

Por tanto, carece de fundamento la providencia adoptada mayoritariamente por la Sala. La orientación de la norma es la de propender por un proceso de única instancia, y la remisión efectuada al procedimiento civil para las acciones precedentes, no implica la posibilidad de permitir apelar lo allí decidido, pues ello va en contravía de dos principios, a saber: i) lo accesorio sigue la suerte de lo principal; y ii) la norma especial prima sobre la general.

Además, no es admisible avalar contradictoriamente que una determinación parcial adoptada dentro de la insolvencia pueda ser impugnada verticalmente, mientras la decisión definitoria y central del asunto en su totalidad, y la más relevante en ese procedimiento revista plena horizontalidad al no admitir apelación, por tratarse de única instancia.

Así lo ha entendido esta Corte en reciente jurisprudencia:

“(…) [L]os procesos de liquidación que sean tramitados ante la Superintendencia de Sociedades, incluyendo las peticiones de revocatoria que se resuelvan dentro de esos juicios, son de única instancia, por lo que no pueden concederse recursos de apelación contra las decisiones proferidas en tales controversias (…)”(2).

En síntesis, la sentencia de la cual me aparto, desconoce la normativa, la jurisprudencia y los principios aplicables al caso concreto, abriendo una brecha injustificada en contravía del espíritu mismo del régimen de insolvencia, defenestrando la seguridad jurídica, y todos los demás principios previstos en el artículo 4º de la Ley 1116 de 2006, los cuales resulta necesario iterar: i) universalidad; ii) igualdad; iii) eficiencia; iv) información; v) negociabilidad; vi) reciprocidad; y vii) gobernabilidad económica.

Fecha, ut supra

Luis Armando Tolosa Villabona. 

(1) CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.

(2) CSJ. Civil, STC12055 de 12 de septiembre de 2015, rad. 2015-01993-00.