Sentencia STC2795-2017/2016-00598 de marzo 2 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

STC2795-2017

Rad.: 73001-22-13-000-2016-00598-02

(Aprobado en sesión de primero de marzo de dos mil diecisiete).

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil diecisiete.

Se decide la impugnación interpuesta contra el fallo proferido el 13 de enero de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro de la acción de tutela promovida por Dilia Lulieth Sogamoso contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes en el proceso en que se origina la queja.

Antecedentes

1. La promotora, por intermedio de apoderado judicial, pretende protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, que dice vulnerados por el despacho acusado con el proveído de 5 de septiembre de 2016, mediante el cual terminó anticipadamente el trámite de liquidación de la sociedad conyugal iniciado por la gestora en contra de Kenneth Leo Buholtz.

En consecuencia, pidió ordenar al funcionario criticado: (i) anular la providencia referida a espacio, la audiencia de inventarios y avalúos iniciada el 10 de agosto de 2016; (ii) excluir “la prueba ilícita” al momento de dictar el fallo correspondiente; (iii) abstenerse de levantar las medidas cautelares que recaen los lotes 14 y 15 de la manzana M, conjunto Residencial Verdesol, ubicado en el kilómetro 2 vía Carmen de Apicalá (Tolima), identificados con folios inmobiliarios 366-18039 y 366-18040.

También solicitó oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Melgar para que se abstenga de inscribir el levantamiento de las cautelas que recaen sobre los citados bienes raíces (fls. 20 y 21, cdno. 1).

2. En apoyo de tales pedimentos adujo, en síntesis:

2.1. Ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar, Dilia Lulieth Sogamoso incoó la liquidación de la sociedad conyugal que conformó con Kenneth Leo Buholtz.

2.2. El demandado constituyó representación judicial allegando memorial poder el 22 de septiembre de 2015, documento que no debió surtir efectos legales por cuanto no viene autenticado por su otorgante ni apostillado o legalizado, lo que devino en una indebida representación.

2.3. El estrado accionado corrió el traslado de rigor de la demanda al convocado, lapso durante el cual éste guardó silencio, según se hizo constar en providencia de 2 de octubre siguiente, y fijando para el 18 de noviembre del mismo año la audiencia de inventarios y avalúos, la cual fue aplazada en varias oportunidades, hasta su instalación el 28 de enero de 2016.

2.4. En dicha actuación la reclamante presentó y sustentó los inventarios y avalúos, siendo objetados por el demandado, quien suplicó la suspensión del proceso por el término de 2 meses a efectos de que el perito realizara el avalúo de los predios en discusión.

2.5. Presentada dicha experticia, el 31 de mayo de 2016 se reanuda el proceso señalando data para la continuación de la audiencia de inventarios y avalúos para la el 14 de julio de esa anualidad, a las 2:30 p.m.

2.6. El mandatario judicial del convocado allegó de “forma irregular e ilegal” un documento contentivo de unas capitulaciones matrimoniales suscritas por los interesados el 20 de diciembre de 2004, en Estados Unidos de América, convenio que no fue apostillado ni legalizado.

Sostiene la quejosa que tal acuerdo no podía tenerse como prueba en la liquidación, dado que no fue otorgado tal y como lo prevé la normatividad nacional, esto es, frente a un notario, mediante escritura pública; además de que fue aportado en forma extemporánea, pues durante el plazo legal concedido al demandado para descorrer el traslado del libelo, éste guardó silencio y se abstuvo de allegar o solicitar prueba alguna.

2.7. El 14 de julio de 2016 la autoridad judicial accionada continuó la audiencia de inventarios y avalúos, en la que las partes de consuno pidieron el aplazamiento en orden a llegar a un acuerdo, programándola para el 10 de agosto siguiente, fecha en la cual no se pudo concretar convenio alguno; por lo que se dispuso continuar la audiencia el 5 de septiembre de 2016 y practicar como pruebas, a saber, declaración de perito, testimoniales, dictamen pericial, el registro civil de matrimonio en el que apareciera la anotación de las capitulaciones matrimoniales.

2.8. El 5 de septiembre de 2016 el Juzgado criticado reanudó la audiencia de inventarios y avalúos, a la que no asistieron las partes ni la apoderada de la reclamante, sin que ésta justificara su inasistencia, faltando a la ética profesional. En esa oportunidad el estrado judicial no avaló el inventario y terminó anormalmente el proceso con fundamento en las capitulaciones matrimoniales, dándole validez a dicho instrumento que fuera allegado al proceso en forma extemporánea.

2.9. La demandante afirmó que el Registrador del Estado Civil de Melgar fue inducido en error, porque no verificó los requisitos de validez de las capitulaciones celebradas en el exterior, las que ni siquiera fueron inscritas en el registro civil de nacimiento de la actora.

2.10. La quejosa censura que la decisión de terminar el proceso se hubiese adoptado en audiencia, notificándose en estrados, sin tener la posibilidad de recurrirla; razón por la que acude a la acción constitucional.

Las respuestas del accionado y del vinculado

1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar pidió no acceder al amparo rogado, dado que la decisión de dar por terminado el proceso liquidatorio “por sustracción de materia ante la inexistencia de bien social o bien sobre el cual recayera una compensación social”, la demandante no la recurrió, pues no asistió a la audiencia de inventarios y avalúos en la cual se adoptó la determinación y ni siquiera presentó excusa para justificar su inasistencia.

Señaló que el bien materia de la discusión no era social; fue excluido expresamente en las capitulaciones matrimoniales suscrita por las partes, dado que era de exclusiva propiedad del demandado, quien lo adquirió antes de contraer matrimonio con la reclamante.

Explicó que si se tratara de verificar la posibilidad de recompensas entre los esposos, se advierte que conforme al artículo 1835 del Código Civil, no se pagaron voluntaria o forzosamente deudas personales del otro con bienes propios del cónyuge, resaltó que era evidente que con los bienes propios de la convocante no se colocaron las supuestas mejoras. Razón suficiente para excluir la presunta mejora respecto del bien, por sustracción de materia.

De otra parte, dijo que el registro civil de matrimonio se constituye en prueba imprescindible para las cuestiones del estado civil.

En cuanto a la legalidad de las capitulaciones matrimoniales aportadas, recordó que conforme a precedente de esta Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, los artículos 180 y 1774 del Código Civil, “en nada se oponen a que pactadas unas capitulaciones matrimoniales en el extranjero, se apliquen en Colombia, conforme a la ley de ese territorio”.

Finalmente, sostuvo que el trámite liquidatorio no es un proceso contencioso, por lo tanto, no se seguían las reglas de ese tipo de juicios, en estricto sentido; de suerte que la diligencia de inventarios y avalúos se convertía en el escenario preciso para agotar la actividad probatoria. Así las cosas, en esa audiencia se discute sobre los bienes a inventariar, las compensaciones y avalúos, y por ende, respecto de cualquier medio de convicción que demuestre la inexistencia de causa para demandar; luego, “los resultados que arroje… la inexistencia de sociedad conyugal, de capitulaciones matrimoniales en los términos de la pareja Kenneth – Dilia Lulieth, del registro de las mismas, de la homologación y de las normas internacionales sobre el régimen de derecho privado que ha de aplicarse, se ventila en dicho espacio probatorio” (fls. 92 a 101, cdno. 1).

2. Kenneth Leo Bulholtz fue enterado de la admisión de la acción tuitiva, manifestando que era su voluntad que para los asuntos propios del trámite las notificaciones, que en lo sucesivo tuvieran lugar fueran realizadas a sus apoderados judiciales en Colombia (fls. 164 a 185, cdno. 1).

La sentencia impugnada

El a-quo constitucional negó la protección suplicada tras estimar que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, toda vez que ante la actuación que considera irregular la gestora no hizo reparo alguno al interior del proceso (fls. 151 a 159, cdno. 1).

La impugnación

El apoderado judicial de la accionante apeló el fallo de primer grado sin aducir el motivo de inconformidad (fl. 187, cdno. 1).

Consideraciones

1. Al tenor del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo singular establecido para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o, en determinadas hipótesis, de los particulares.

2. No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial.

Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su función, cuando aquellos incurren en una flagrante desviación del mismo.

Al respecto, la Corte ha manifestado:

…el juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo sólo se abre paso si ‘se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado... (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.).

Así pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto fáctico en el proveído, entre otros, se estructura la denominada “vía de hecho”.

3. En el caso que ocupa la atención de la Corte se cuestiona la decisión de 5 de septiembre de 2016, mediante la cual el Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar terminó el trámite liquidatorio de la sociedad conyugal surgida entre Dilia Lulieth Sogamoso y Kenneth Leo Buholtz, al concluir que no existió comunidad de bienes entre ellos, dado que suscribieron capitulaciones matrimoniales el 20 de diciembre de 2004, en “Richmond, Virginia”, Estados Unidos de América; y por sustracción de materia el juzgador consideró que no había lugar a liquidar nada, habida cuenta que los esposos Sogamoso - Buholtz estuvieron separados de bienes.

La reclamante tilda dicha apreciación como lesiva de sus prerrogativas superiores, si en cuenta se tiene que tal acuerdo prenupcial no se sujetó al cumplimiento de los requisitos ad substantiam actus exigidos para este tipo de convenciones en el territorio colombiano, comoquiera que no fue otorgado ante notario mediante escritura pública; a más de haberlo aportado al trámite liquidatorio en forma extemporánea.

4. Al respecto, en primer lugar, cumple memorar que en punto del régimen económico del matrimonio el ordenamiento sustantivo colombiano(1) ha previsto reglas que expresamente establecen, salvo pacto en contrario(2), que el matrimonio genera sociedad conyugal. De esta manera, concede la posibilidad a los integrantes de la pareja de convenir autónoma y libremente mediante las capitulaciones, el régimen económico que sea de su conveniencia(3), pero si nada dejaron expresamente dicho, se presume la formación de la comunidad de bienes(4).

Sin embargo, ese privilegio no es absoluto, pues conforme lo sentó la Corte, en SC, 29 jul. 2011, rad. 25/2007-00152-01; reiterada en SC7726-2014, 17 jun., rad. 11/2005-00075-01:

…las partes pueden pactar capitulaciones para variar el régimen supletivo del matrimonio, se trata de un pacto minuciosamente reglado, en el que no pueden contrariarse las buenas costumbres, ni las leyes, como lo ordena el artículo 1773 del Código Civil, convenio que al igual que la renuncia a los gananciales no puede ser supuesto o tácito, sino asentido expresamente.

…Y si bien en este país también es posible pactar un régimen económico para el matrimonio, ajeno a la sociedad conyugal, es menester que ello se haga mediante capitulaciones que exigen el cumplimiento de ciertas formalidades, pues a la luz del artículo 1772 del Código Civil, ellas requieren de la solemnidad, esto es, de la escritura pública. Del mismo modo, se procede en caso de modificación a las capitulaciones, por mandato del artículo 1779 ibídem. Las normas citadas junto con el artículo 1780 de esa normatividad, que impone la presencia del notario, dan cuenta de la solemnidad inherente a las capitulaciones. De esa exigencia de solemnidad se desprenden dos conclusiones basilares. La primera, que de conformidad con el artículo 22 del Código Civil “en los casos en que los códigos o leyes de la unión exigiesen instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en asuntos de competencia de la unión, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas”…

Una segunda consideración emerge de la exigencia de solemnidad y de la intervención del notario. Consiste en que éste debe velar por la conformidad del acto con las reglas de orden público y las buenas costumbres, de modo que hará las admoniciones necesarias como manda, a título de ejemplo, el artículo 1780 del Código Civil. Y el hecho de que las capitulaciones deban observar las reglas de solemnidad de los actos y las “buenas costumbres” (art. 1773 ibídem), pregna de orden público la institución, a la luz del artículo 16 ibídem, según el cual “no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres” (resaltado fuera de texto).

Teniendo en cuenta que en el presente asunto, la pareja Sogamoso – Buholtz celebró capitulaciones matrimoniales en los Estados Unidos de América, en principio, dicho pacto estaría regido por la normatividad imperante en el lugar de su celebración; empero, si el mismo busca surtir efectos en el territorio nacional debe circunscribirse a las reglas previstas en el ordenamiento sustancial patrio, el cual prevé la observancia de solemnidades, tales como, la constitución de escritura pública ante notario, para que dicho acto o negocio jurídico surja a la vida jurídica, por virtud de lo cual en el territorio nacional no valen las escrituras privadas, al margen del efecto que ellas puedan producir en el país en que fueron otorgadas.

Tal conclusión se acompasa con lo que de tiempo atrás ha expresado la doctrina en el derecho comparado, por ejemplo en el caso chileno, que establece que:

De ahí que diga el artículo 1701 que la falta de instrumento público en los casos en que la ley lo exige no puede suplirse por ningún otro medio de prueba, principio que se traduce en este otro: “los actos solemnes no pueden ser probados sino por las respectivas solemnidades, porque si la solemnidad no se ha cumplido, no hay acto, y no puede probarse lo que no existe”.

Consecuente con este principio, que es de sentido común, el artículo 18 establece que cuando la ley exige instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán los instrumentos privados otorgados en país extranjero, cualquiera que sea el valor que éstos tengan en el país de su otorgamiento. 

El precepto del artículo 18 se aplica a los nacionales y extranjeros, porque se refiere a actos que van a producir efectos en Chile, y en Chile sólo rige la ley chilena. Todo extranjero que fuera del territorio de la República ejecuta un acto que haya de tener efecto en Chile, y que según las leyes chilenas debe otorgarse por escritura pública, no valdrá en Chile si no llena ese requisito, aun cuando las leyes del país en que el acto se otorga no exijan escritura pública(5) (resaltado intencional).

Situación que es idéntica en nuestro derecho interno, pues el artículo 22 del Código Civil prevé:

En los casos en que los códigos o las leyes de la Unión exigiesen instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en asuntos de la competencia de la unión, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas.

Por consiguiente, el acuerdo prenupcial ajustado en el exterior por colombianos, o entre un colombiano y un extranjero, si pretenden hacerlo valer en el territorio nacional éste debe observar los requisitos previstos en la normatividad patria, atinentes a las solemnidades ad substantian actus que necesariamente deben ser cumplidas al momento de su otorgamiento, esto es, debe constar en escritura pública autorizada ante notario.

5. Las anteriores premisas descendidas al presente asunto, ponen de manifiesto que el funcionario judicial incurrió en un desafuero que fuerza la intervención del juez constitucional, aun pasando por alto la actitud incuriosa de la quejosa en el uso de los remedios procesales puestos a su disposición al interior de la causa, pues se han desconocido de forma palmaria normas de orden público, lo cual trasciende al ámbito ius fundamental.

En efecto, las piezas procesales allegadas a esta sede tutelar, dan cuenta de que el documento privado, con fundamento en el cual el cognoscente terminó el trámite liquidatorio al concluir que entre los cónyuges Sogamoso – Buholtz no existió comunidad de bienes, no se aviene a la solemnidad exigida por el artículo 1772 del Código Civil, esto es, que hubiese sido autorizado mediante escritura pública ante notario.

Ahora bien, no se desconoce que en el registro civil de matrimonio indicativo serial 04707609 aparece asentada la inscripción de capitulaciones matrimoniales acordadas por los futuros esposos el 20 de diciembre de 2014, en Richmond, Virginia, Estados Unidos de América, por escritura pública nº “2859597-6” de la Notaría nº “252066” (fl. 26, cdno. Corte); no obstante, contrastada esa anotación con el contenido del acuerdo prematrimonial, se observa que éste no fue suscrito ante notario y menos fue protocolizado por instrumento público.

A dicha inferencia se llega comoquiera que el supuesto número del acto protocolario corresponde al de la apostilla que legalizó la firma de la Notaria que autenticó la copia de las capitulaciones matrimoniales (fls. 51 y 60, cdno. 1); aunado al hecho de que aparece que el acuerdo prematrimonial fue rubricado ante dos testigos en el Condado de Prince George, Mancomunidad de Virginia, Estados Unidos de América (fls. 62, 66 y 67, cdno. 1).

De suerte que el despacho criticado desatendió el contenido de los precedentes jurisprudenciales vigentes sobre el cumplimiento de las solemnidades ad substantian actus que deben verificarse en las capitulaciones matrimoniales, ya sean suscritas entre nacionales, ora entre un nacional y un extranjero, cuyo contenido pretendan hacer valer en territorio colombiano, pues como quedó visto, se reitera, este es uno de los casos en que se exceptúa la aplicación de la ley del lugar de creación del contrato; dando, además, alcances que no tenía el documento privado aportado, pues como acertadamente lo aduce la inconforme en su demanda de tutela, éste no fue autorizado ante notario y elevado a escritura pública.

6. En ese orden de ideas, la impugnación formulada por Dilia Lulieth Sogamoso frente a la decisión de primer grado está llamada a prosperar, ante la evidente vulneración de su prerrogativa superior, por lo que se concederá el resguardo implorado, ordenando al Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar dejar sin efecto la providencia de 5 de septiembre de 2016 y todo lo que de ella dependa, para que examine nuevamente los documentos arrimados al trámite liquidatorio, contentivos del acuerdo prenupcial, específicamente frente a la ausencia de los requisitos formales; lo que deberá atender la autoridad judicial observando los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, acorde con lo aquí consignado.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia apelada y, en su lugar, concede la protección solicitada por Dilia Lulieth Sogamoso respecto a su derecho al debido proceso, ordenando al Juzgado Promiscuo de Familia de Melgar (Tolima) que en el término de diez (10) días, contados a partir de que sea notificado de esta providencia, deje sin valor su proveído de 5 de septiembre de 2016 y lo que de él se derive, y proceda a pronunciarse nuevamente sobre las capitulaciones matrimoniales, atendiendo la naturaleza solemne de esa acto jurídico, las normas aplicables al asunto y los precedentes jurisprudenciales vinculantes sobre la materia.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 ART. 180, Código Civil. Sociedad conyugal. Artículo modificado por el artículo 13 del Decreto 2820 de 1974. “Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, según las reglas del título 22, libro IV del Código Civil.
Los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia, se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron se hallen sometidos a un régimen patrimonial diferente”.

2 Artículo 1774 ídem. Presunción de constitución de sociedad conyugal. “A falta de pacto escrito se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título”.

3 Artículo 1771 ibídem. Definición de capitulaciones matrimoniales. “Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que aportan a él, y a las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro, de presente o futuro”.4 CSJ SC, 29 jul. 2011, rad. 25/2007-00152-01.

5 Alessandri R., Arturo; Somarriva U., Manuel; Vodanovic H., Antonio, Tratado de Derecho Civil, Partes Preliminar y General, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 1998, pág. 287.