Sentencia STC4796-2017 de abril 5 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC4796-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2017-00815-00

(Aprobado en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Miguel Alfredo Maza Márquez contra la Sala de Casación Penal de esta corporación; actuación a la que se ordenó vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso penal conocido con radicado Nº 44312.

I. ANTECEDENTES

A. La pretensión.

El accionante mediante apoderado reclamó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por la autoridad judicial accionada con ocasión a la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2016 que lo declaró responsable de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir por «Violación directa de la Constitución por trasgresión del derecho de impugnación de los fallos condenatorios proferidos por primera vez o principio de doble conformidad judicial»; «Defecto sustancial por aplicación de una norma internacional cuyo supuesto fáctico no se compadece con los hechos declarados como probados a lo largo de la actuación» y «Defecto fáctico por la no valoración e indebida valoración de pruebas con incidencia directa en la decisión» lo que a su juicio hace procedente la intervención del juez constitucional ante las irregularidades advertidas.

En consecuencia, pretende que «se reconozca la vulneración del derecho a impugnar y, en consecuencia, se ordene a la Sala de Casación Penal que habilite un escenario judicial independiente e imparcial en el que mi defendido pueda debatir ampliamente el fundamento fáctico y jurídico de la sentencia condenatoria proferida en su contra por hechos considerados como crímenes contra la humanidad. Tal escenario puede consistir en la integración de una sala de conjueces.

...Que en el evento de considerar que resulta improcedente habilitar por vía judicial un escenario para ejercer el derecho a impugnar y, en consecuencia, debe aguardarse a que el Congreso de la República legisle sobre la materia, se disponga la suspensión de la ejecución de la sentencia que le fue impuesta al general (r) Maza Márquez con la consecuente orden de libertad provisional hasta tanto el legislativo acate la orden impartida por la Corte Constitucional.  

...De considerarse que no se configura una violación al derecho a impugnar, pero sí una vulneración directa del principio constitucional de legalidad, ruego que la Sala de Casación Civil profiera fallo de reemplazo en el que se decrete la prescripción de la acción penal adelantada en contra del general (r) Maza Márquez, por cuanto los hechos por los que se le procesa no constituyen Crímenes Contra la Humanidad.  

...De considerarse que no se ha configurado una violación directa de la Constitución ni un defecto material o sustantivo, comedidamente solicito que la Sala de Casación Civil dicte fallo de remplazo en el que se declare la ausencia de responsabilidad penal del general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, en razón a que el defecto factico denunciado impide arribar el grado de certeza necesario para proferir en su contra una sentencia penal condenatoria.  

...De considerarse que la Sala de Casación Civil no está facultada para adoptar el fallo de que se demanda en el numeral antecedente, ruego que la corporación decrete la nulidad de lo actuado en la causa penal seguida contra mi representado bajo el radicado 44312, desde, e inclusive, el inicio de la audiencia pública de juzgamiento, a efectos que la Sala de Casación Penal se sirva valorar las pruebas cuya valoración pretermitió o inadecuadamente valoró» [fls. 533-534, cdno. 1].

B. Los hechos.

1. La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá designada especialmente, a través de resolución del 21 de diciembre de 2005, al calificar el mérito del sumario dentro del proceso seguido contra Alberto Rafael Santofimio Botero por el homicidio del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, compulsó copias para que se investigaran otros posibles autores o partícipes.

2. En razón de ello, la Fiscalía 25 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con resolución del 17 de junio de 2009, decretó la apertura de la instrucción y ordenó la vinculación del general retirado Miguel Alfredo Maza Márquez, ahora accionante.

3. Agotada la investigación, el 24 de noviembre de 2010 se profirió resolución acusatoria contra el actor, por los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir.

4. La etapa de la causa correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito Adjunto de Descongestión de Cundinamarca, donde surtido el traslado contemplado en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, la defensa del tutelante propuso colisión de competencia, la cual fue resuelta por la Sala de Casación Penal el 14 de diciembre de 2011, declarándose competente para conocer de la actuación adelantada contra el actor, motivo por el cual se remitió el expediente a esta corporación.

5. Mediante decisión del 20 de enero de 2012 la Sala de Casación Penal resolvió decretar la nulidad de lo actuado desde la apertura de la investigación por falta de competencia, tanto del funcionario judicial instructor como del encargado del juzgamiento, en la medida en que se desconoció la calidad de aforado del actor, pues de los hechos objeto de investigación se dedujo la relación funcional que éstos tenían con el cargo que aquél desempeñaba para dicha época como Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

6. La anterior determinación implicó, en ese momento, la libertad inmediata del accionante, por cuanto en su contra pesaba medida de aseguramiento de detención preventiva sin excarcelación.

7. Luego de ello, el Fiscal General de la Nación, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Acto Legislativo 04 de 2011, mediante Resolución 0-0207 del 7 de febrero de 2012, asignó el caso al Fiscal Décimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, despacho que en resolución del 11 de julio de 2012 dispuso la apertura de la correspondiente instrucción y ordenó la vinculación del actor mediante diligencia de indagatoria, la cual fue recibida en diez sesiones que comenzaron el 14 de septiembre de 2012 y finalizaron el 27 de febrero de 2013.

8. El 20 de noviembre de ese año, esa Fiscalía le resolvió la situación jurídica y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, como presunto coautor del delito de homicidio con fines terroristas cometido en concurso homogéneo, del cual fueron víctimas el entonces aspirante a la presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento, junto con el concejal de Soacha Julio César Peñaloza Sánchez y el escolta del DAS Santiago Cuervo Jiménez; mientras que tal conducta se predicó tentada respecto de Pedro Nel Angulo Bonilla, por igual escolta del DAS. Lo anterior, en concurso heterogéneo con el ilícito de concierto para delinquir.

9. El 16 de julio de 2014, estando la investigación a cargo de la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte, se profirió resolución acusatoria en contra del tutelante por los delitos endilgados.

10. Con la ejecutoria de la convocatoria a juicio, ocurrida el 25 de julio de ese año, tras haberse negado la reposición de dicha determinación, el proceso fue asignado a la Sala de Casación Penal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000 y en el numeral 4º del artículo 235 de la Constitución Política.

11. En el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000 a los sujetos procesales, el defensor del actor solicitó la nulidad de lo actuado y a su vez cesar el procedimiento por prescripción de la acción penal, pretensión que fue negada en la audiencia preparatoria celebrada el 27 de enero de 2015, tras considerarse que como quiera que respecto de los hechos en que se fundaba la acusación, era dable afirmar que eran constitutivos de crímenes de lesa humanidad y, por tanto, la acción penal estaba vigente.

12. Resuelto el incidente de nulidad, se dio inicio a la audiencia pública de juzgamiento, en cuyo curso se recaudaron los elementos probatorios decretados en la audiencia preparatoria. Una vez se culminó esa labor, el expediente pasó al Despacho para elaborar el respectivo proyecto de fallo.

13. El 23 de noviembre de 2016, se condenó al tutelante a la pena principal de 30 años de prisión al hallarlo responsable de los delitos imputados. Así mismo, le impuso pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 10 años y, le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria [fls. 2-138, cdno. 1].

14. Es de indicar que el condenado se encuentra privado de la libertad desde el 20 de noviembre de 2013 en la Escuela de Postgrados de la Policía y la vigilancia de la sanción le correspondió al Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, autoridad que el 21 de diciembre de 2016 avocó el conocimiento.

15. En criterio del reclamante con la actuación adelantada por la autoridad accionada se vulneraron sus derechos por cuanto se le debe garantizar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, prerrogativa contemplada literalmente dentro del catálogo de garantías del artículo 29 de la Constitución Política y que resulta particularmente relevante en tratándose del juzgamiento de Crímenes Contra la Humanidad aunado a que se incurrió en defecto fáctico absoluto por «la pretermisión de múltiples pruebas legal y oportunamente allegadas a la actuación, que tienen mérito para incidir en el sentido del fallo» [fls. 450-536, cdno. 1].

C. El trámite de la instancia.

1. Por auto del 30 de marzo de 2017, se admitió la acción de tutela y se ordenó correr traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho de defensa [fl. 539, cdno. 1].

2. El Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá informó que le correspondió la vigilancia de la pena impuesta al accionante por la Sala de Casación Penal de esta corporación mediante fallo del 23 de noviembre de 2016, así mismo, solicitó negar las pretensiones de la acción en lo que concierne a esa Sede Judicial por cuanto carece de competencia para pronunciarse al respecto [fls. 553-554, cdno. 1].

Por su parte, el director de la Escuela de Postgrados de la Policía manifestó que mediante Resolución Nº 905493 de fecha 29 de noviembre de 2013, fueron destinadas esas instalaciones como sitio de reclusión del tutelante [fl. 560, cdno. 1].

A su turno, el magistrado ponente de la Sala de Casación Penal de esta corporación, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto señaló que sin lugar a dudas ninguna lesión constitucional puede derivarse de la ausencia de una segunda instancia como lo pretende hacer ver el accionante por cuanto tal hecho procesal que caracteriza los procesos penales adelantados contra los aforados constitucionales, no es motivo para pregonar «desavenencia constitucional alguna en este caso».

Así mismo, expresó que respecto a la crítica de que se haya adoptado la postura de calificar el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento como crímenes de lesa humanidad, con la consecuencia de que la acción penal es imprescriptible, se hizo énfasis en «que para deducir la existencia de un crimen de lesa humanidad no es requisito esencial construir ese concepto sobre la base del conflicto armado o guerra; igualmente, se dejó en claro que con la caracterización de lesa humanidad del comportamiento atribuido a Miguel Alfredo Maza Márquez, era viable atraer al orden interno la convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y, por ende, la negativa de aplicar en este caso los términos de prescripción señalados en la ley penal Colombiana; de la misma forma se dejó en claro que no hubo lesión al principio de legalidad en razón de la aplicación preferente de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, en cuanto se integra a la legislación patria por razón del ius cogens».

Finalmente, en torno al reparo que se realizó una indebida valoración probatoria, manifestó que ninguna duda tuvo la Sala respecto del convencimiento, conforme a las reglas de la sana crítica, sobre la responsabilidad a título de coautor del tutelante en el homicidio con fines terroristas perpetrado contra la humanidad del líder político Galán Sarmiento y del Concejal Julio César Peñaloza Sánchez y los escoltas Santiago Cuervo Jiménez y Pedro Nel Angulo Bonilla [fls. 567- 573, cdno. 1].

II. CONSIDERACIONES

1. La jurisprudencia de manera invariable ha señalado que, por regla general la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.

2. Del análisis de los hechos expuestos en la solicitud de protección, la providencia que cuestiona el accionante es la adoptada el 23 de noviembre de 2016 mediante la cual se le condenó a la pena principal de 30 años de prisión al hallarlo responsable de los delitos de Homicidio con fines terroristas cometido en concurso homogéneo y sucesivo en las personas de Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñaloza Sánchez, Santiago Cuervo Jiménez y Pedro Nel Angulo Bonilla, éste último en grado de tentativa, así como la conducta punible de Concierto para Delinquir y, le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria, entre otras determinaciones, por cuanto a su juicio se le negó la posibilidad de una segunda instancia; se declaró lesa humanidad de los delitos por los que resultó sancionado y se realizó una indebida valoración probatoria.

Realizada la anterior precisión, en el caso sub judice, no se advierte procedente la concesión del amparo, por cuanto la determinación que se tomó en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviación del ordenamiento jurídico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garantías superiores de quien promovió la queja constitucional.

En efecto, la Sala de Casación Penal de esta corporación frente al primer reparo efectuado por el tutelante en el sentido de darle aplicación a la orden contenida en la Sentencia C-792 de 2014, que prevé la impugnación para la condena proferida por primera vez en segunda instancia, le indicó que la misma era improcedente por cuanto:

«La Corte Constitucional en aquella determinación (C-792/14) declaró la “INCONSTITUCIONALIDAD CON EFECTOS DIFERIDOS” de los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, aun cuando “EXEQUIBLE el contenido positivo” de estas disposiciones, al concluir que el legislador procesal penal omitió consagrar medios de impugnación integrales contra las sentencias condenatorias dictadas por primera vez en segunda instancia. 

Ese efecto diferido de la inconstitucionalidad se fijó en un año a partir de la notificación por edicto del fallo, con el fin de que el Congreso de la República “regule integralmente el derecho a impugnar las sentencias que en el marco del proceso penal, imponen una condena por primera vez”, advirtiendo que en caso “de que el legislador incumpla este deber, se entenderá que procede la impugnación de los fallos anteriores ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”. 

Ahora bien, señaló la autoridad accionada, que en vista que en el sub examine la sentencia se dictó con posterioridad a la fecha límite de exequibilidad diferida, es decir, después del 24 de abril de 2016, en adelante era necesario traer a colación la posición adoptada por esa Sala al respecto, que resolvió negar este tipo de impugnaciones, por los siguientes motivos:

«La primera: el alto Tribunal Constitucional colombiano en la reciente Sentencia SU-215 de 2016, aclaró los alcances del pronunciamiento de inexequibilidad diferida contenido en la Sentencia C-792 de 2014, señalando que el estudio constitucional en dicha oportunidad se limitó a unas pocas normas sobre la competencia de la Corte Suprema de Justicia para resolver en segunda instancia los recursos de apelación contra las sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores, de ahí que la norma base del cuestionamiento fue el ordinal 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, motivo por el cual precisó que su decisión no puede extender sus efectos a procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000 ni a competencias diferentes. Al efecto, la Corte Constitucional puntualizó: 

La interpretación razonable de la Sentencia C-792 de 2014 indica que allí se pretendió algo distinto, y fue precaver una solución para las personas a las cuales el ordenamiento legal no les dispensa un medio de impugnación integral, contra la sentencia que por primera vez en un proceso regido por la Ley 906 de 2004, se impone una condena penal en instancia. 

b) No obstante, en segundo lugar debe resaltarse —en consonancia con lo anterior— que la Sentencia C-792 de 2014 controló la constitucionalidad de las normas legales antes referidas, entre las cuales no se encontraban las atinentes a la competencia de la Corte Suprema de Justicia para emitir condenas, por primera vez, en casación. 

(...) 

También es relevante destacar que, como antes se indicó, el concepto de violación contra la normatividad demandada sostenía que esta era inconstitucional —en palabras de la Corte— porque “no consagra el derecho a apelar los fallos que fijan una condena por primera vez en la segunda instancia en el marco de un proceso penal”. Y al definir los problemas jurídicos, la Corporación se preguntó si la Constitución contempla “un derecho a impugnar las sentencias que en el marco de un juicio penal, imponen una condena por primera vez en la segunda instancia”. En este contexto, la Sentencia C-792 de 2014 se limitó a proteger el derecho a impugnar las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia. 

(...) 

esta Sala concluye que en la Sentencia C-792 de 2014 esta Corte, si bien emitió un exhorto general, solo tomó una decisión aplicable a los casos en que una persona es condenada por primera vez en segunda instancia, en un proceso penal, y esto supone que el derecho a impugnar las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional, que se activa cuando venza el plazo del exhorto sin legislación, solo aplica a las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia 

(...) 

la última duda se relaciona con los efectos de la Sentencia C-792 de 2014 respecto de los procesos penales adelantados conforme a la Ley 600 de 2000, que aún están en curso. Dado que el presente caso se relaciona solo con la posibilidad de impugnar condenas impuestas por primera vez en casación, este pronunciamiento ha de limitarse a definir si la Sentencia C-792 de 2014 controla los asuntos de esa naturaleza, en los cuales las condenas se expidan en un proceso penal reculado por la Ley 600 de 2000. Conforme a las precisiones antes indicadas, ese problema ya fue resuelto con efectos de cosa juzgada en la Sentencia C-998 de 2004. La Sentencia C-792 de 2014 no solo no versó sobre normas de la Ley 600 de 2000, sino que aparte no abordó específicamente una demanda contra las normas de la Ley 906 de 2004 que precisan las competencias de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación. Por lo cual, de acuerdo con lo señalado en las consideraciones anteriores, no puede decirse que los casos de condenas impuestas por primera vez en casación, en el marco de procesos penales regulados por la Ley 600 de 2000, estén controlados definitivamente por la Sentencia C-792 de 2014. (Subrayas fuera de texto)». 

En este orden de ideas, advirtió que siguiendo los parámetros trazados por la misma Corte Constitucional y como el trámite se surte precisamente por la Ley 600 de 2000, no era aplicable lo ordenado en la Sentencia C-792 de 2014 a la situación concreta del accionante.

Así mismo, señaló que la segunda razón para negar su pretensión obedecía a que «De conformidad con el artículo 234 de la Carta Política, la Corte Suprema de Justicia es órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, por tanto, sus decisiones no son susceptibles de ser revisadas por una instancia superior. Ello fue objeto de debate y resuelto por la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996 por medio de la cual estudió la exequibilidad del numeral 6º del artículo 17 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, a raíz precisamente de las facultades dadas por el legislador a la Sala Plena de esta corporación para conocer impugnaciones y recursos de apelación contra decisiones de la Sala Penal.

En esa determinación se dijo: 

En ese orden de ideas, las atribuciones que el artículo 235 de la Carta le atribuye a la Corte, en particular la de actuar como tribunal de casación y la de juzgar a los funcionarios con fuero constitucional, deben entenderse que serán ejercidas en forma independiente por cada una de sus salas, en este caso, por la Sala de Casación Penal. De lo anterior se infieren, pues, varias conclusiones: en primer lugar, que cada sala de casación —penal, civil o laboral— actúa, dentro del ámbito de su competencia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria; en segundo lugar, que cada una de ellas es autónoma para la toma de las decisiones y, por lo mismo, no puede inferirse en momento alguno que la Constitución definió una jerarquización entre las salas; en tercer lugar, que el hecho de que la Carta Política hubiese facultado al legislador para señalar los asuntos que deba conocer la Corte en pleno, no significa que las salas de casación pierdan su competencia o que la Sala Plena sea superior jerárquico de alguna de ellas. En otras palabras, la redacción del artículo 234 constitucional lleva a la conclusión evidente de que bajo ningún aspecto puede señalarse que exista una jerarquía superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha calificado como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”. (Subraya fuera de texto)

Sobre la vigencia de esta decisión, la Sala Penal de la Corte ha señalado (CSJ AP, 18 mayo 2016, rad. 39156): 

Y aunque se trata de una decisión de hace 20 años, durante los cuales han cambiado no solo las instituciones sino la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a la definición del contenido y alcances del derecho a impugnar la sentencia condenatoria, no puede pasarse por alto que la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia mantienen en idénticos términos la estructura de la Rama Judicial y las funciones que le son propias a la Corte Suprema de Justicia en cada una de sus salas y de su cuerpo en pleno, de modo que si en 1996 no se halló ajustado al Estatuto Supremo este mecanismo para posibilitar el ejercicio de ese derecho, menos advierte que en la actualidad sea viable aplicarlo de manera directa e inmediata». 

Así las cosas, advirtió que es claro que se definió y quedó consolidada la estructura jerárquica de la administración de justicia en sus distintas ramas especializadas y, por ende, se estableció que por encima de la Sala Penal de esta corporación no existe un órgano superior.

De otra parte, respecto de la implementación de un mecanismo que garantice el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, conforme lo pretende el accionante, la autoridad accionada señaló que «tal como se encuentra diseñado nuestro sistema procedimental es imposible de cumplir, dada la naturaleza sustancial y estructural que comporta un recurso de esas características, cuya operatividad exige necesariamente su previa reglamentación legal y constitucional por parte del Congreso de la República, lo que no se ha hecho hasta este momento. Tal criterio se plasmó en el comunicado de prensa 08 del 28 de abril del año en curso, a través del cual se dijo:

4. ...no está al alcance de la Corte Suprema de Justicia, que es máximo tribunal de la justicia ordinaria y órgano de cierre, la creación de un superior jerárquico que revise las sentencias de sus Salas especializadas.  

5. ...es simplemente imposible para la Corte Suprema de Justicia, en razón de lo anterior, definir las reglas que habiliten el recurso de apelación contra las sentencias condenatorias que en casos de única instancia profiera su Sala de Casación Penal o respecto de la primera condena que dicte en segunda instancia o en desarrollo del recurso extraordinario de casación.  

6. Se quiere destacar, para finalizar, que el diseño de la justicia penal en Colombia no consagra un tribunal por encima de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que resulta un despropósito, en esa medida, que la Corte Constitucional concluya que los fallos de un órgano límite, que es el máximo tribunal en materia penal en el país, se puedan impugnar ante un superior jerárquico que lógicamente no puede existir.» 

Así las cosas, concluyó que ante la persistencia de la omisión legislativa y hasta tanto el Congreso de la República no legisle en tal sentido, ese tipo de recursos o impugnaciones en sede de los procesos de única instancia adelantados por la Sala Penal de esta corporación, acorde con la Constitución Política y la ley vigente, son improcedentes y, fue legítimo adelantar la acción penal objeto de censura en única instancia y por ende, contra el fallo proferido no procederá recurso alguno.

3. De otra parte, en torno a la censura efectuada por el actor respecto a que la accionada adoptó la postura de calificar el homicidio del aspirante presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y otros como crímenes de lesa humanidad, lo que genera que la acción penal sea imprescriptible, el Alto Tribunal manifestó:

«Amplias fueron las razones expuestas por esta corporación para catalogar el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, sucedido el 18 de agosto de 1989, como de lesa humanidad, las que se extendieron a los delitos conexos que lo rodearon, esto es, los homicidios de Santiago Cuervo Jiménez, Julio Cesar Peñaloza Sánchez y Pedro Nel Angulo Bonilla —en este último caso en grado de tentativa—, y concierto para delinquir.» 

No obstante se pronunció nuevamente para dejar claro que el concepto de lesa humanidad, contrario a lo que sostiene el defensor del actor, no siempre se ha ligado al estado de guerra o conflicto armado, pues aun cuando algunos de los estatutos citados en el fallo definieron el crimen de lesa humanidad dentro de contextos bélicos, ante la cruel realidad mundial ese concepto se ha venido modificando hasta el punto de admitir que este tipo de agresiones contra la humanidad también pueden suceder en tiempo de paz o por fuera de la guerra.

En este sentido, frente al caso particular y para fundamentar su decisión, la Sala Penal hizo un recorrido histórico por los antecedentes normativos de lo que hoy en día se concibe como crimen contra la humanidad o de lesa humanidad, comenzando por los preámbulos de los Convenios de La Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907, la conocida como cláusula Martens, las leyes de 1915 sobre la protección del pueblo armenio, y los tribunales de Núremberg, Tokio, Yugoslavia y Ruanda.

Igualmente, reiteró que en la audiencia preparatoria se dejó en claro que con la caracterización de lesa humanidad del comportamiento atribuido al tutelante era viable atraer al orden interno la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y, por ende, la negativa de aplicar en este caso los términos de prescripción señalados en la ley penal colombiana.

Así las cosas y frente a esta inconformidad, la autoridad accionada ultimó que «no se transgredió principio fundamental alguno, por el contrario, se honraron compromisos internacionales encaminados a procesar con mayor rigor las conductas catalogadas como de lesa humanidad, pues frente a ese tipo de comportamientos la comunidad internacional de manera unánime propende por impedir su impunidad, generando confianza en la población civil de un mayor ámbito de protección respecto a este tipo de criminalidad.

(...)

Corolario de todo lo anterior, mantiene la Sala de Casación Penal su postura de calificar el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento y los conexos a él, como crímenes de lesa humanidad con la consecuencia de que la acción penal es imprescriptible, por tanto, se niega una vez más la nulidad impetrada por la defensa». 

4. Finalmente respecto al reproche efectuado por el quejoso en el sentido que en el fallo cuestionado se incurrió en defecto fáctico absoluto «por la pretermisión de múltiples pruebas legal y oportunamente allegadas a la actuación» y que tenían mérito para incidir en el sentido de la decisión, se observa que el accionado luego de realizar un estudio del abundante material probatorio allegado al expediente llegó al convencimiento que la persona que designó a Jacobo Torregroza Melo como jefe del esquema de seguridad del líder político asesinado fue el actor con miras a debilitar su protección y facilitar el atentado, conclusión a la que arribó luego de examinar varias pruebas y de determinar la capacidad suasoria del incriminado como director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para esa época y no de la sencilla comparación entre la versión de los testigos Miguel Antonio Gómez Padilla y Manuel González Henríquez, como lo afirma el quejoso.

De igual modo en torno a los reparos efectuados por la defensa del actor indicó «A este respecto es necesario aclarar que la Corte evaluó todo el cúmulo de pruebas aportadas a este trámite, incluso aquellas que mostraban a Miguel Alfredo Maza Márquez ajeno a las autodefensas del Magdalena medio o excluido de participar en el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, no obstante lo anterior, además de lo señalado a lo largo de esta sentencia, se precisa que por el hecho de que tales declarantes no hubieran visto o percibido algún hecho particular o sus nexos con los ilegales, no se descarta o anula la abundante prueba que lo incrimina y lleva al convencimiento de la Sala sobre su responsabilidad en esos hechos».

5. Así las cosas, surge palpable que la pretensión del gestor del amparo se circunscribió, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se basó para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el ámbito de la tutela, con independencia de que la Corte prohíje o no la tesis que se reprocha.

Lo anterior, porque está claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciación autónoma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jurídico, sin incurrir, desde luego, en desviación ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la temática de la discusión procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le está vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonomía e independencia que demarcan la función judicial.

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretación, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta vía, la decisión que considera lo desfavoreció, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acción de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia más dentro de los juicios ordinarios.

Al respecto, la Sala ha sostenido «que al sentenciador de tutela le está vedado reexaminar si el juzgador acusado realizó la más convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea está por fuera de sus facultades, ya que “...independientemente de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho». (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),

6. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto fáctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuación caprichosa que la autoridad accionada tomó su decisión, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretación judicial válida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violación a los derechos fundamentales del demandante.

7. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.