Sentencia 2014-00416 de mayo 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC5839-2014

Rad.: 11001-22-03-000-2014-00416-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

(Aprobado en sesión de siete de mayo de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Por consagración constitucional y legal la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario, al alcance de las personas para la efectiva protección de los derechos fundamentales, cuando estos son vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas y, en veces, de los particulares; sin que se erija en remedio sustituto o alternativo de las herramientas previstas en el ordenamiento jurídico para la regular composición de los litigios, a los cuales es menester acudir previamente, a menos que proceda la tutela en la modalidad de amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez.

Del mismo modo, cuando la lesión actual o potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones o providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional desde antes precisa la procedencia del amparo de manera excepcional, es decir solo “cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador” (CSJ ST, 16 jul. 1999, rad. 6621; criterio reiterado en CSJ ST, 8 feb. 2012, rad. 2011-02642-00).

2. Los accionantes cuestionan la sentencia de segunda instancia de 13 de diciembre de 2013, mediante la cual el juez atacado revocó la decisión de primer grado y dispuso seguir la ejecución que en su contra promovió Martha Lucía Lozano Herrera.

3. En el fallo atacado, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá consideró que:

...Es de aclarar que [la] defensa propuesta por el extremo demandado, se asienta principalmente en el pago de la obligación que se le hiciera al primer beneficiario del título valor, es decir, al señor Omar Machuca, pago que no consta en el título valor, sino que tiene como principal soporte el recibo (comprobante de ingreso), militante a folio 1 del cuaderno 3 del proceso, por lo cual a la defensa no puede otorgársele el carácter real, sino personal, únicamente oponible contra dicho beneficiario, o contra terceros que no sean de buena fe exenta de culpa, que debe probarse, y que guarda intrínseca relación con la finalización del negocio jurídico que dio origen a la creación del título.

Así, tales hechos únicamente podrían haber sido alegados en contra del señor Omar Machuca, más no contra la señora Martha Lucía Lozano, pues no existe un medio demostrativo que emita certeza a este juzgador de la mala fe endilgada a la ejecutante, pues si bien entre ella y el señor Omar Machuca (QEPD), existía nexo conyugal, ello no puede constituir el único medio de prueba para presumir que no era tenedora de buena fe, o decir solo por ello que la demandante actuará de mala fe para ejercer el cobro del título, que según el decir de la parte demandada ya fue cancelado, máxime si se tiene en cuenta que la actora afirmó en su interrogatorio que el documento cambiario le fue endosado por el señor Machuca, en razón a las deudas que entre esposos existían, sin clarificar los pormenores del asunto, circunstancias estas que bajo el principio de la sana crítica y libre convicción, solo constituyen un indicio y no plena prueba en su contra.

Respecto de la excepción de prescripción de la acción cambiaria alegada por los ejecutados, estimó que:

En el caso concreto, se observa que el título base de la ejecución tiene como fecha de presentación al banco el día 1º de julio de 2008, lo que quiere decir, que la acción cambiaria derivada del mismo prescribía el 1º de enero de 2009; no obstante, a efectos de verificar si se interrumpió civilmente el término prescriptivo, es necesario verificar que la demanda fue presentada el 28 de julio de 2008, el auto de mandamiento de pago librado el 6 de agosto de la misma anualidad, notificado por estado a la parte demandante el 14 del mismo mes y año, ahora la parte demandada a través de su apoderada judicial presentó escrito a efectos de contestar la demanda el 29 de julio de 2009, antes de que se cumpliera el término del año con el cual contaba para notificar a la parte demandada y que fuera así posible la interrupción al fenómeno prescriptivo desde la presentación de la demanda, conforme lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, únicamente hasta providencia del 25 de septiembre de 2009, notificada por estado el 3 de octubre del mismo año, se reconoció personería jurídica a la abogada demandada y se les declaró notificados mediante conducta concluyente a los demandados, lo que conduciría a determinar que transcurrió más del año previsto por la norma para que operara la interrupción de la prescripción, atendiendo a que de conformidad a las previsiones del inciso tercero del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, cuando se otorga poder a un abogado se entiende surtida la notificación por conducta concluyente de todas las providencias que hayan emitido, inclusive el auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo desde el día en que se notifique el auto que reconoce personería; pero atendiendo las particularidades de la actuación, las cuales dejan ver que no existió negligencia por la parte actora en el ejercicio de su derecho, pues esta se encontraba efectuando las diferentes gestiones para la notificación de la parte demandada, y lo que se entrevé es que el a-quo, que (sic) demoró en tramitar la contestación de la demanda, pues nótese que transcurrió más de un mes y medio para que se profiriera el auto que diera trámite a la contestación de la demanda, presentada desde el 29 de julio de 2009, notificándose el respectivo auto únicamente hasta el 2 de octubre de 2009, por lo que no puede imputarse a la parte actora dicha demora y decirse que no operó la interrupción de la prescripción con la presentación del libelo. Si bien es cierto que para efectos técnicos procesales la notificación por conducta concluyente opera desde el reconocimiento de la personería jurídica, es evidente que ello lo es en aras de garantizarle el pleno derecho de defensa, pero no por ello se puede desconocer que desde el mismo momento en que se presenta el respectivo poder y más si implica contestación de la demanda, se puede afirmar sin lugar a dudas que la parte demandada conocía la existencia del proceso, y por ende, mal se haría en desconocer la interrupción del término de prescripción desde la presentación de la demanda (fls. 3 a 11 del cuaderno del tribunal).

4. Bajo ese entendido, la Sala considera que la determinación censurada carece de arbitrariedad, pues fue el resultado de una hermenéutica que no es caprichosa de cara al ordenamiento vigente y las particularidades del caso. Obsérvese que el juzgado querellado consideró que la excepción de cobro de lo no debido era personal y no fue acreditado que la ejecutante no era tenedora de buena fe exenta de culpa por lo que no era de recibo tal defensa, conclusión que no resulta antojadiza, aun con independencia de que la Corte las comparta o no.

Al respecto, se ha considerado que

[l]o cierto es que no se puede arribar a conclusión diferente a la de que los accionados realizaron una razonable interpretación tanto de la situación fáctica como jurídica, de la cual si bien eventualmente puede disentirse, no se erige en razón suficiente para conceder el amparo, pues como de vieja data lo tiene dicho la Sala ‘no constituye vía de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces’ (sent. 21 jul. 1995, Exp. 2397) (CSJ STC, 13 sep. 2011, rad. 11001-22-03-000-2011-00987-01).

En lo que corresponde a la censura formulada respecto de lo decidido por el ad quem en punto a la excepción de prescripción, destaca la Sala que la misma carece de relevancia constitucional, ya que en estricto sentido la notificación por conducta concluyente de los ejecutados se produjo con la presentación del escrito de excepciones, por resultar de aplicación la hipótesis que prevé el inciso 1º del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, habida consideración de que excepcionar implica reconocer la existencia del mandamiento ejecutivo.

5. En consecuencia, se confirmará el fallo de tutela de primera instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión».